Sonia Alesso: "El ministro se comprometió en que no habrá ajuste en inversión educativa"
"La semana que viene continuamos la discusión. En lo salarial decimos que los salarios no pueden estar debajo de la inflación, y habrá una comisión específica que aborde ese tema", aseveró Alesso en declaraciones formuladas este viernes a El Destape Radio.
En este sentido, especificó: "Ayer no hablamos de números pero planteamos dos criterios. Uno, es que tenemos que tener una paritaria abierta como el año pasado, y, por otro lado, que las autoridades deben advertir la situación del salario docente que vino perdiendo contra la inflación durante cuatro años".
"Es todo un trabajo recuperar lo perdido durante los cuatro años del Gobierno de Mauricio Macri, en los que se canceló la paritaria docente, como así también retomar la ley de financiamiento y la inversión educativa"
Sin embargo, indicó que desde Ctera saben que "es todo un trabajo recuperar lo perdido durante los cuatro años del Gobierno de Mauricio Macri, en los que se canceló la paritaria docente, como así también retomar la ley de financiamiento y la inversión educativa".
"El ministro se comprometió en que no habrá ningún tipo de ajuste en inversión educativa", afirmó la dirigente.
El jueves Perczyk, y los cinco sindicatos docentes con representación nacional inauguraron la paritaria federal del sector, ocasión en la cual consensuaron una agenda de trabajo que comenzará a ser analizada la semana próxima.
"La discusión salarial no empezó todavía y es un tema difícil", sostuvo Alesso esta mañana y valoró el hecho de que tanto el año pasado como en el actual la discusión paritaria se haya iniciado "temprano".
Incluso, detalló que tanto el año pasado como ahora se puso énfasis "en el protocolo" por la pandemia de coronavirus.
El jueves se debatió en particular, sobre "las condiciones de trabajo, escuelas seguras, vacunación, formación docente y un tema que venimos trabajando del año pasado que es el convenio colectivo", detalló.
"Vimos en Europa que, con la variante Ómicron, hubo muchos chicos contagiados en las escuelas y los casos graves son los que no están vacunados" por lo que también se evalúan "tener una previsión sobre los contagios"
Respecto del tema de "escuelas seguras, la semana que viene habrá una reunión del ministerio de Salud con Educación para acelerar la vacunación lo más posible, también para tener alternativas para los niños y jóvenes que tienen comorbilidades y no puedan tener presencialidad plena, así como para tener una previsión de contagios".
"Vimos en Europa que, con la variante Ómicron, hubo muchos chicos contagiados en las escuelas y los casos graves son los que no están vacunados" por lo que también se evalúan "tener una previsión sobre los contagios", añadió la tittular de Ctera.
Por otra parte, Alesso contó que "los docentes mayoritariamente se han vacunado, quedan algunos pendientes de tercera dosis".
"También hablamos de la inversión en escuelas, se aumentó la inversión en computadoras y va a haber un número muy alto de computadoras que se entreguen este año y también un compromiso de inversión en barbijos de calidad, de alcohol en gel", puntualizó.
En el temario estuvo incluída además "la inversión en infraestructura" ya que "nos preocupan que tenemos edificios precarios en algunos lugares, y eso evita la ventilación cruzada, el espacio entre chicos y eso es problemático", dijo.
Además, se anunció que "también habrá entrega de libros escolares".
Impacto del consumo adictivo en los barrios populares de Rosario
Ahí donde la edad de la inocencia no existe
Fabián Belay, de la Pastoral de Drogadependencia, reveló que en Rosario el consumo de sustancias empieza "a los 9 o 10 años". Crítica a la gestión municipal.
La intoxicación letal con cocaína adulterada en el conurbano bonaerense reinstaló debates sobre el consumo problemático de sustancias, y en ese contexto una de las voces autorizadas que ayer transitó la mesa de noticias de distintos medios fue la del sacerdote Fabián Belay, responsable de la Pastoral de la Drogadependencia de Rosario: afirmó en base a su experiencia que hay niños en la ciudad que se inician en el consumo de drogas duras "a partir de los 9 o 10 años" de edad. Dijo que el drama se percibía de antes, pero que la pandemia lo agravó ante la falta de espacios de contención como la escuela o los predios recreativos. En rigor, cargó contra el Estado municipal, como primera línea de atención en la salud pública.
"El inicio de consumo de drogas duras lo vemos en los 9 o 10 años. Lo vemos en los barrios, es triste, también es una consecuencia de la pandemia, cuando la escuela y los clubes de barrio no estuvieron presentes. Esto se venía dando en los barrios, pero lamentablemente se agravó. Se suma la falta de políticas del Estado municipal en cuanto a prevención y asistencia. Hay un vacío terrible. Se intenta tener respuesta en los hospitales, donde también están ocupados por la atención del covid y la atención de salud mental y adicciones ha quedado relegada", marcó Belay ayer en LT8.
"No hay freno en cuanto a la edad para el inicio de consumo, e incluso para la iniciación en la venta (de estupefacientes). Es una realidad de todos los barrios, cada vez hay más chicos involucrados, y cada vez son de menor edad. En los barrios populares, zonas marginales, el gran problema de gente son las secuelas psiquiátricas crónicas que sufren a causa de estas adicciones. Vemos gente muerta, adolescentes, jóvenes que no pasan los 25 años y que para entonces ya viven en situación de calle, ya sin vínculos con una familia que lo contenga. Pareciera que algunos sectores de la política se quedaron con privilegios y han dejado su deber de ocuparse", señaló el religioso que integra el Foro de Adicciones Rosario, al portal RosarioPlus.
Propio de quien convive a diario y en los barrios con las consecuencias de la exclusión social y su impacto en la población más vulnerable, Belay relata lo que ve y su voz es desesperanzada.
"Hace más de 6 años que pedimos que haya una guardia de salud mental por adicciones en hospitales, pero eso no está en la agenda de gobierno", recriminó.
"Los chicos que mueren en las balaceras no empezaron a consumir a los 15. Creo que se naturaliza que mueran adolescentes como parte de las noticias, y detrás de cada muerte hay chicos involucrados desde antes. Tenemos ya la tercera generación de familias de consumidores", describió.
La Pastoral que Belay integra mantiene en funcionamiento centros de día para niñez y juventud en barrios Tablada, Las Flores, San Martín Sur, Las Delicias, Ludueña, La Lata y Tío Rolo, y un refugio. Pero no alcanza. En cada efector hay lista de espera para jóvenes y madres que acuden en ayuda.
"Yo tengo esperanza de ayudar a un pibe, a dos, pero no alcanza si la política no lo toma en su agenda seriamente. No podemos lograr ni una guardia hospitalaria que atienda a un chico drogadicto. No hay una campaña de prevención como la hubo con el tabaco. Pero el alcohol y la droga no se toca", marcó.
La mirada sobre el centro municipal La Estación, en Tablada, es crítica: “Cuando abrió teníamos expectativas de que articule en redes, y hoy sólo es de asistencia, y no tenemos ningún vínculo con la Municipalidad sobre este tema. La ayuda a los jóvenes pobres que consumen droga, que son los más vulnerables, no es un tema de agenda hoy, y tampoco de las gestiones anteriores”.
El reclamo de Belay apunta solo al gobierno local: "Hoy en Rosario un joven que consume drogas no tiene un lugar para recuperarse. En el ámbito privado tampoco: los que hay están colapsados. Pedimos que fortalezcan los centros de alojamiento que tenemos, ampliar plazas", dijo.
Y concluyó: "Mientras la pandemia se fue calmando y reabrieron espacios, la Municipalidad hoy invierte en arreglar peatonales y arterias del centro, en calles recreativas, mientras los barrios están prendidos fuego. Necesitamos que se invierta en los chicos de los barrios”.
Vacunas
Una investigación que nadie ve
Es por la investigación al ex ministro Sain por supuesto espionaje. Pidió un plazo “razonable” para que tramite la causa.
Desde Santa Fe
La jueza de garantías Rosana Carrara aceptó ayer el pedido de los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez de mantener en secreto las supuestas pruebas en la investigación al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y su equipo, pero les ordenó que utilicen “con máxima prudencia y extrema rigurosidad” las facultades de ley para que la causa tramite en “tiempo razonable” y les exigió el “máximo esfuerzo” para “no estigmatizar a las personas que se encuentran sospechadas” y no vulnerar “su buen nombre, dignidad y honor” que garantizan las “normas constitucionales” y la “presunción de inocencia”. Carrara hizo lugar a la solicitud de Hernández y Jiménez para duplicar el plazo de “reserva” del legajo antes de abrirlo a las defensas para que puedan saber qué reprochan a sus defendidos y por qué. Pero en la resolución de ocho páginas llamó la atención el imperativo de la magistrada a los fiscales, a quienes demandó “máxima prudencia”, “extrema riguridad” y “máximo esfuerzo” para que la causa tramite en plazo “razonable” y no estigmatizar a los investigados, “vulnerando” no sólo su “buen nombre, dignidad y honor” sino también el principio de inocencia. Carrara decidió también “tener presente” la impugnación del abogado de Sain, Hernán Martínez, quien planteó que si los fiscales investigan una presunta violación a la ley de Inteligencia Nacional 25.520 son “incompetentes” para hacerlo, por lo tanto, la causa debería pasar a la justicia federal.
El requerimiento de Hernández y Jiménez de duplicar los plazos de “reserva” de las supuestas pruebas se discutió en audiencia pública, el martes, en Tribunales, donde quedó a la vista que lo único que impera en la causa es el secreto. Los cuatro abogados defensores, entre ellos Martínez, que asiste a Sain y su colega Juan Lewis rechazaron el pedido de los fiscales con argumentos que éstos no pudieron rebatir. Lewis desmintió la presunta “complejidad” de la causa que invocan los fiscales. “No existe pluralidad de imputados atento que son once, repartidos en dos causas que no tienen relación entre sí”, dijo. “No existe pluralidad de hechos, pues sindican solamente delitos y artículos del código y eso no basta para referenciar un hecho”. “No está determinada la magnitud del daño. Y si bien existen medidas en ejecución e información sensible, la causa no es compleja y la defensa puede tener acceso” al legajo.
El defensor de Sain coincidió con su colega. Pero también impugnó la “competencia” de Hernández y Jiménez si es que investigan una supuesta violación a la ley 25.520 de Inteligencia Nacional. Si esto es así –porque hasta ahora no lo dijeron-, la causas debería pasar al fuero federal. Sain ya pidió la intervención del fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez, pero está pendiente la “certificación de la causa del MPA”, que en el gran secreto. El juez federal Nº2 Marcelo Bailaque se apartó –porque Sain lo denunció ante el Consejo de la Magistratura por frenar el allanamiento a un narco que aún sigue prófugo-, así que el expediente quedó en manos del juez federal Nº 1 Reinaldo Rodríguez, que aún no resolvió sobre la competencia.
Los fiscales Hernández y Jimenez dijeron en la audiencia que investigan una supuesta “asociación ilícita”, identificaron dos causas, que tienen “pluralidad de imputados, que hasta el momento son once personas”. Y recordaron que el legajo se inició por una denuncia del ex número dos de Sain en el Organismo de Investigaciones, Víctor Moloeznik, quien “comenzó a investigar si funcionarios del Organismo y del Ministerio de Seguridad recopilaban información de manera ilegal respecto de personas físicas y/o jurídicas", con personal y recursos del Estado. Declarantes en la causa –citó la jueza Carrara- “dieron información de relevancia, confirmaron la realización de perfiles de personas” y “entregaron algunos" de ellos "elaborados", a partir de consultas en "Google, BCRA, RENAPER, DNRPA, NOSIS, VERAZ", que eran “las base de datos”.
“Preliminarmente, existe una lista de 661 probables víctimas y/o damnificados de la inteligencia ilegal. Se solicitó a jueces y fiscales federales y provinciales que informen si existen investigaciones en trámite y si habían requerido algún tipo de medida investigativa en relación a dichas personas”. Pero hasta ahora, ninguno de los magistrados respondió la consulta.
La otra causa que Hernández y Jimenez acumularon al legajo es un intento de compra de armas de fuego en el Ministerio de Seguridad, en la gestión de Sain, que no se concretó.
“La decisión de llevar adelante la investigación penal contra una persona es facultad” del Ministerio Público –dijo la jueza Carrara-, “mientras no invada ninguno de los derechos garantizados constitucionalmente, por lo que no puede admitirse que se aspire a que se exhiban antecedentes o tareas de investigación que se encuentren inconclusas y con riesgo de fracasar si son anticipadas, ya que se pondría en riesgo la propia investigación”.
“En razón de ello, es importante señalar” que los fiscales Hernández y Jimenez deberán “utilizar con máxima prudencia y extrema rigurosidad las facultades que le brinda la ley en cuanto al tiempo razonable para la investigación”, dijo la jueza. Y les demandó a ambos “el máximo esfuerzo en su accionar para respetar dichos extremos, a los fines de no estigmatizar a las personas que se encuentran sospechadas, vulnerando su buen nombre, dignidad y honor, que detentan por la garantía constitucional de presunción de inocencia”.
Una amenaza telefónica al 911 invocó a los Monos
La voz prometió "tumbar a siete"
La persona que llamó se identificó como "Rubén Cantero" y habló de "vuelto". La Unidad Regional II de policía en alerta.
El gobierno reforzó la vigilancia y control policial en puntos críticos.A las 21.30 del miércoles, un llamado ingresó a la línea de emergencias 911 y alertó a la Unidad Regional II. Un hombre que se identificó como “Rubén Cantero” pidió hablar con “el uno” de la Policía, y luego lanzó: "Informale a tu jefe que los Cantero (apellido de los líderes de la banda de Los Monos) lo llamaron, que se aguante el vuelto… Esta noche tumbamos a siete". Tras ello, el interlocutor cortó la comunicación. El hecho que se advirtió como una amenaza está siendo investigado por la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación y por la Agencia de Investigación Criminal. En tanto, el subsecretario de Prevención y Control Urbano del Ministerio de Seguridad, Claudio Brigioni, confirmó que se reforzó la vigilancia en puntos críticos.
La advertencia puso en alerta a las autoridades y al personal de la policía rosarina. En ese marco, el subsecretario de Prevención y Control Urbano del Ministerio de Seguridad provincial, se refirió a la llamada telefónica, que según se indicó anunciaba algún tipo de ataque o "vuelto" contra efectivos de la URII.
“Recibimos esa llamada, registrada en el sistema del 911, y dispusimos un alerta con precisas instrucciones para el personal policial que trabaja en la calle y estaremos abocados a eso, independientemente de la investigación que lleve adelante el fiscal en turno y la Agencia de Investigación Criminal”, sostuvo Brigioni. Esa situación de alerta implica “mayor presencia y actividad policial en los puntos críticos y mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad e intercambio permanente de información”, dijo al móvil de LT8.
Además, el jefe de la Policía de Rosario, Natalio Marciani, hizo declaraciones a Canal 5. "Hacen mención de hablar 'con el uno' y suponemos que querían hablar conmigo ya que soy el jefe de la fuerza", dijo. Y al mismo tiempo aclaró: "Ni yo ni el personal recibió un llamado ni otro tipo de amenaza".
En ese contexto, señaló que la advertencia telefónica "es materia de investigación. Estamos tomando las medidas de seguridad (ante la situación de alerta generada). Estamos trabajando bien y suponemos que puede ser por eso. Creemos que la amenaza es señal que cabalgamos", aseguró.
Por otro lado, algunas versiones que trascendieron ayer agregaron que el hombre que llamó también habría dicho que “tengan cuidado en autopista con los colectivos que llevan polis al norte”.
Con todo, desde el MPA indicaron que tras tomar conocimiento del hecho, se dio aviso a la Unidad de Flagrancia. Y señalaron que se está trabajando en corroborar la veracidad del mensaje, con medidas en curso.
El nuevo femicidio en Las Parejas se produjo tras días de agonía
Piden justicia por Liliana en su pueblo
Durante enero, la provincia de Santa Fe registró tres femicidios y un travesticidio, según diferentes relevamientos que dieron a conocer en los últimos días organizaciones transfeministas. Apenas iniciado febrero, anteayer Liliana Dellara, de 62 años, se sumó a las cifras que en los primeros días del año sacaron a la calle, en más de una oportunidad, a familiares de víctimas y agrupaciones de mujeres y diversidades sexuales, para reclamar justicia y políticas de prevención. El femicidio de Liliana ocurrió en Las Parejas, a unos cien kilómetros de Rosario, donde la recordaron tanto personas allegadas como instituciones en las que la mujer, que tenía un hijo y una hija, acostumbraba estar presente.
El femicidio de Liliana le fue imputado a un hombre de 36 años, primero en grado de tentativa, ya que la mujer estuvo internada más de dos semanas, desde el 16 de enero, por el ataque a puñaladas la dejó en grave estado, y que Fiscalía le atribuyó a Franco Moyano, con quien ella mantenía una relación relativamente reciente.
"No esperábamos esto, pensamos que Lili iba a salir adelante, pero su cuerpo dijo 'basta', no daba más y falleció a causa de lo que hizo este ser humano", lamentó Julián, amigo de Liliana, en Canal 3. Si bien Moyano era la pareja actual de la víctima, desde su entorno aclararon que "no era algo formal". Además, lamentaron que aunque ella no denunció ni contó a sus allegades situaciones violentas, sí dijeron que en Las Parejas "se sabía que él era una persona violenta. Hace un par de años intentó robar una estación de servicio con un arma blanca, intentando herir a los playeros, pero lamentablemente todavía estaba caminando por la calle", agregó el amigo de la mujer.
Sobre el ataque, Julián relató que ella estaba por salir ese domingo a la tarde a dar una vuelta por el pueblo, como es costumbre de sus habitantes, y un rato después "se encontró con este hombre. Después de una discusión, él terminó hiriéndola con un cuchillo. Es impactante", aseguró sobre la consternación que viven por estas horas les habitantes de Las Parejas.
En cuanto a la familia de Liliana, tenía una hija, que actualmente está embarazada, y otro hijo. "Ellos y su expareja no tienen consuelo", aseguró. Al mismo tiempo, sumó que la mujer "participaba activamente en instituciones como los Bomberos, el club del pueblo, siempre activa. Tenía su propio trabajo, una lavandería con una socia, y era una persona que todo el pueblo conocía y quería".
El amigo de la víctima fue contundente: "Que la Justicia tome las medidas que tiene que tomar, que dejemos de tanta burocracia y que se pudra en la cárcel. Esperemos que día a día haya justicia para que se terminen los femicidios".
El 19 de enero, el fiscal le atribuyó a Moyano el hecho cometido en Avenida 17 entre Calle 24 y Calle 26 de la ciudad de Las Parejas, cuando interceptó a Liliana en plena vía púbica y le asestó puñaladas por todo el cuerpo. También se le endilgó "haberse apoderado ilegítimamente del automóvil de propiedad de la víctima, dándose a la fuga". Luego fue arrestado y el arma, secuestrada.
En ese momento, el juez Carlos Gazza dictó prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días; sin embargo, Tosco ya solicitó a la Oficina de Gestión Judicial de Cañada de Gómez que fije una nueva audiencia a fines de agravar la acusación, ante la muerte de la víctima.
El femicidio de Liliana se sumó a los casos de Melani Juárez, la joven de 21 años que fue apuñalada en una pensión de 9 de Julio al 500, en barrio Martin; Celia Acosta, de 29 años, asesinada en Carcarañá luego de haber realizado denuncias por violencia de género; Marina Espíndola, baleada por su expareja policía, en la localidad de Murphy. En los primeros días de enero también se conoció el travesticidio de Alddana Lorens, en la capital santafesina.
Fuente:Rosario12


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