La conducción de la Unión Ferroviaria cuestionó el paro realizado por la seccional Oeste en el Sarmiento
El secretario general, Sergio Sasia, expuso que “los trenes están funcionando por la tarea responsable del personal de la Unión Ferroviaria, porque la gente tiene que tener acceso al transporte público”.Feb 16, 2022 | Gremiales |
La conducción nacional de la Unión Ferroviaria, encabezada por Sergio Sasia, cuestionó este miércoles el paro que realiza la seccional Oeste del sindicato y que afecta parcialmente el servicio del ferrocarril Sarmiento, al asegurar que se trata de una medida de fuerza “no oficial”.
“Los trenes están funcionando por la tarea responsable del personal de la Unión Ferroviaria, porque la gente tiene que tener acceso al transporte público”, argumentó Sasia al repudiar la medida de fuerza convocada para hoy y por 24 horas por la seccional Gran Buenos Aires Oeste del mismo sindicato, referenciada en el dirigente gremial Rubén «el Pollo» Sobrero.
Sasia informó al Ministerio de Trabajo en distintas notas que “no se ha dispuesto la realización de una medida de fuerza alguna para el día 16 de febrero de 2022”.
Asimismo, la conducción del gremio informó a Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria que “la realización de cualquier medida de acción directa general o parcial dentro del ámbito de representación de la Unión Ferroviaria es una facultad exclusiva del Secretariado Nacional de Unión Ferroviaria, en un todo de conformidad con las normas estatutarias que rigen a esta organización sindical”.
De esta manera, Sasia sostuvo que “la conducción protege a los trabajadores y garantiza el servicio esencial», y afirmó que el paro de este miércoles es «una medida política”.
Ante la medida de fuerza que lleva adelante esta seccional, el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, indicó que circulan «ocho formaciones» conducidas por personal que «no se adhirió» al paro convocado hoy por ese sector, y remarcó que desde la empresa están «abiertos al diálogo».
La seccional Oeste conducida por Sobrero había decidido la medida de fuerza al no llegar a un acuerdo con la empresa respecto a los protocolos de aislamiento para los trabajadores afectados por coronavirus.
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Gremio de trabajadores marítimos reclama mayor acceso a la salud en embarcaciones
Este pedido concreto, que se inició en la ciudad de Mar del Plata para el sector pesquero en general, es extensivo a todos los sectores que conforman la actividad marítima.Feb 15, 2022 | Gremiales |
Luego de tres audiencias virtuales mantenidas en el ámbito de la Delegación Regional Mar del Plata del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social -los días 31 de enero, 3 y 10 de febrero-, el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA), informó la negativa de las cámaras empresarias al pedido de WiFi con acceso a internet a bordo por cuestiones de salud.
Desde el sindicato afirman que se trata de un reclamo institucional expresado con anterioridad, pero que aún no recibió una respuesta positiva, no entendiéndose el motivo de la negativa toda vez que se trata de una acción tendiente a la protección del capital humano de las empresas.
Según sostiene el comunicado, durante los tres encuentros virtuales «las cámaras patronales, en especial la Cámara de la Industria Pesquera Argentina, CAIPA, que representa a las empresas más importantes que operan en ese puerto, demostraron una absoluta falta de interés en promover acciones que permitan dar respuesta en salud a distancia a través de O.S.Co.Na.R.A. Nunca se sentaron a discutir la problemática».
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La Asamblea y Comisión Interna de Clarín/AGEA exigen modalidad mixta de trabajo: «la pandemia aún no terminó»
Foto: Facebook Delegados Clarín.
La Asamblea y la Comisión Interna de Clarín/AGEA, nucleadas en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) rechazaron el anuncio de la Gerencia de Redacción del retorno a la presencialidad plena de quienes trabajan en Clarín, suplementos, revistas y publicaciones de esa gerencia y exigen una mesa de negociación para establecer una modalidad mixta de trabajo en las redacciones que combine presencialidad y teletrabajo. Asimismo, dieron plazo hasta el jueves 17 de febrero para abrir esa instancia de diálogo y, en caso de no recibir respuestas, anunciaron que realizarán nuevamente una asamblea para «evaluar medidas de fuerza y los pasos a seguir, incluida la no vuelta al trabajo presencial». Por ANRed.
Así se expresaron la Asamblea y Comisión Interna de Clarín/AGEA, nucleadas en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) en un comunicado conjunto: «tras el anuncio de la Gerencia de Redacción del retorno a la presencialidad plena quienes trabajamos en Clarín, suplementos, revistas y publicaciones de esa gerencia nos reunimos en Asamblea virtual. De forma unánime votamos expresar que creemos que la decisión no solo es arbitraria, sino que va a contramano de los cambios sanitarios, sociales, culturales y económicos atravesados durante los últimos dos años de una pandemia que aún no terminó».
En la misma línea, agregan: «además, pretende imponer una inexplicable diferencia con la política de todo el resto de la empresa. Ignora, por último, la crisis salarial a la que se nos somete y por la que reclamamos desde hace años».
Por todo lo señalado, resolvieron «repudiar el anuncio del Editor General de la Gerencia de Redacción de retomar un esquema de trabajo ‘prepandémico’ «; «reclamar a la Gerencia de Redacción que brinde argumentos para explicar la decisión, siendo que hasta el propio CEO de AGEA, Héctor Aranda, reconoció los logros en un mail en el que destacó que ‘Clarín papel sigue siendo el diario de mayor circulación de habla hispana’ y que ‘es el primer diario en suscripciones digitales del mundo ibero parlante’, todos resultados laborales que se sostuvieron, o incluso superaron, desde marzo de 2020 a la actualidad»; y «emplazar a la cúpula periodística a tener una mesa de negociación sobre un esquema híbrido de trabajo para las redacciones que combine presencialidad y teletrabajo«.
Para dar respuesta a estas demandas, la asamblea y la comisión interna dan plazo hasta el jueves 17 de febrero para abrir esa instancia de diálogo y, en caso de no recibir respuestas, anunciaron que realizarán nuevamente una asamblea para «evaluar medidas de fuerza y los pasos a seguir, incluida la no vuelta al trabajo presencial», remarcan.
Ya en diciembre del 2021 desde la Asamblea y Comisión Interna de Clarín/AGEA habían realizado un balance anual donde denunciaron varias de las malas condiciones laborales que viven en las redacciones del multimedio, bajo el hashtag #TrabajarEnClarin.
Allí, enumeraban, entre los principales problemas, la mala comunicación de la empresa con sus trabajadores y trabajadoras, «redacciones sin techos como la de Olé, una gotera que nadie detecta por días, una descarga de electricidad de un dispenser, sillas partidas o un lago debajo de las máquinas de café»; «microondas y heladeras que no funcionan serían lo de menos si hubiera computadoras de esta década con las que hacer nuestro trabajo«; espera de «horas para volver a casa después de una cobertura periodística, una entrevista o un partido, porque la empresa decidió ajustar su servicio de transporte y cambiarlo por una app que constantemente rechaza los viajes»; haber «perdido más de 500 valiosos compañeros/as desde 2016, pasando por 65 violentos despidos en 2019″; y las «trabas y destratos permanentes de sus empleadores«, entre otras malas condiciones laborales.
Sin embargo, a pesar de este contexto, también remarcaban que «#TrabajarEnClarin también es defender la organización colectiva, que tanto esfuerzo y compromiso nos llevó recuperar, reconstruir y consolidar» y que, «aunque tengamos cansancio, unas paritarias a la baja y una pandemia encima, podemos defendernos, reclamar lo que nos corresponde y lograr estar, paso a paso, mejor y más cerca de lo que merecemos. Juntos y con el @sipreba».
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Chubut: comenzó el juicio a docentes por protestar en 2018
A partir de este martes 15 en la provincia sureña se dio el puntapié inicial al juicio por «entorpecer» la actividad de un yacimiento petrolero en Cerro Dragón, Comodoro Rivadavia, y que fuera reprimida por la policía local en 2018. Daniel Murphy, el actual secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH) – el mayor sindicato docente de la provincia de Chubut – y el secretario gremial del mismo, Carlos Magno, son los denunciados en el proceso judicial. El motivo de la imputación fue por reclamar contra el ajuste promovido por el entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el gobernador Mariano Arcioni. La causa está a cargo del juez federal de Esquel Guido Otranto. Los investigados están acusados de violar el artículo 194 del código penal, cuya condena abarca de tres meses a dos años. Aunque la audiencia inicial fue prevista de manera virtual, una concentración concurrida por diferentes sectores sociales se llevó a cabo en las puertas del juzgado. «Estos hechos no pueden verse desde un punto de vista judicial penal porque está claro que la única intención del Estado es disciplinar», sentenció Silvia De Los Santos, defensora de Murphy. Por Máximo Paz, para ANRed.
«En la actualidad, para que el sueldo de bolsillo del docente recupere el poder adquisitivo del año 2019, que fue el mejor de los últimos años, debería incrementarse a por lo menos 70.000 pesos por cargo y de esa manera volvería a cubrir el 82% de una canasta familiar. Luego quedaría pendiente el mecanismo de actualización y recomposición salarial para lo que resta del 2022, donde la inflación oficial se anuncia que rondaría el 40% y las consultoras privadas la proyectan por encima del 50%», expresa un artículo reciente de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH) a propósito de las discusiones paritarias que se vienen dando entre el gobierno de Mariano Arcioni y las y los docentes chubutenses.
En ese marco, donde hay mucha tela para cortar entre un cuerpo de educadores y educadoras retrasadas en sus haberes y una provincia quebrada, se dio inicio ayer, martes 15, el juicio contra Daniel Murphy y Carlos Magno, ambos dirigentes de la ATECh, quienes junto a otras dos personas se encuentran inculpadas de obstaculizar las operaciones petroleras en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
La acción ocurrió en 2018, cuando dirigieron una caravana y protagonizaron un acto en las adyacencias de la empresa Pan American Energy (PAE), locación donde se encuentra el mayor yacimiento de crudo del país, con el objetivo de reclamar contra los recortes presupuestarios promovidos por el entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el gobernador, Mariano Arcioni. Aquél plan de lucha se dilató por 70 días y, ante la denuncia de la empresa, la Justicia Federal lo concibió como un delito.
Además de ayer, las jornadas legales tendrán lugar hoy miércoles y mañana jueves, también de forma virtual. La investigación deberá determinar si los acusados incurrieron en la violación del artículo 194 del Código Penal, el cual estipula que «el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años».
Ante el suceso, el gremio Atech convocó a las distintas organizaciones sociales, sindicales, políticas y, a su vez, a la comunidad en general, a una concentración en las puertas del Juzgado Federal para repudiar el hecho.
«Este martes 15 de febrero del 2022 inicia el juicio oral y público contra Daniel Murphy (secretario general) y Carlos Magno (secretario gremial), en otra de las causas de persecución a los trabajadores que luchan hace tres años contra la política de ajuste del gobierno de Mariano Arcioni», lanzó el comunicado.
«En este caso, el juicio que llevará adelante el Juez Federal Otranto de Esquel se debe a las manifestaciones del día 19 de abril del año 2018 y la caravana a Cerro Dragón – señalando el saqueo que sufre esta provincia- el día 23 de mayo del 2018. La misma fue resuelta por la Mesa de Unidad Sindical (MUS), luchando contra el pago escalonado y el ajuste», también expresó.
«Convocamos a todas las organizaciones sociales, sindicales, políticas y a la comunidad en general a repudiar la criminalización a la protesta. Los esperamos el día martes 15 a partir de las 10 horas frente al Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia», concluyó el comunicado convocante.
Fue así que en plena mañana, se encontraron distintos actores sociales en las afueras del juzgado federal, ubicado en la calle 2 de abril de la ciudad, manifestando su repudio en el accionar de la Justicia para ratificar, a partir de la movilización, que nadie debería ser enjuiciado por luchar por sus derechos.
“Es la primera vez que se eleva a juicio dos causas acumuladas por criminalización de la protesta en donde se acusa a Carlos y Daniel por cometer delitos, cuando en realidad se estaban manifestando”, cuestionó Silvia De Los Santos, abogada de Daniel Murphy, en declaraciones efectuadas al medio local LaCienPuntoUno.
“En el 2018 comienzan los pagos escalonados a personal estatal. Llegaron a deber cuatro meses de salario. Entonces las manifestaciones empezaron en febrero del 2018 y continuaron prácticamente todos los días. Nosotros hemos manifestado que estos hechos no pueden abstraerse del contexto, porque justamente es la provincia de Chubut que deja de cumplir con sus obligaciones en violación de los derechos humanos«, sentenció la letrada.
A su vez, sobre la determinación de que el juicio se efectúe bajo la modalidad virtual, De Los Santos formuló en una entrevista al programa Tarde Para Miles que “lo llamativo es que se argumenta que es virtual por la pandemia, pero en todos los lugares hay aforo del 100%. Un juicio oral que debe ser público se hace en forma virtual pese a que todas las instancias del Poder Judicial ya están trabajando en forma presencial.”
“Estos hechos no pueden verse desde un punto de vista judicial penal porque está claro que la única intención del Estado es disciplinar«, concluyó la letrada.
Con al menos 7.600 afiliados, Atech se trata del sindicato educativo más significativo e importante en Chubut. Entre permanentes y temporarios, la provincia cuenta con 18 mil trabajadores y trabajadoras de la educación. El 41% de las y los docentes se encuentran afiliados a dicha asociación sindical.
Los mismos acontecimientos que derivaron en los procesamientos, fueron los que permitieron que los ahora imputados Daniel Murphy y Carlos Magno, a través de la Lista Lila, le ganaran la dirección a la desgastada agrupación Celeste, alineada con Roberto Baradel de SUTEBA y Hugo Yasky de la CTA y con el Frente de Todos, aunque también, en su momento, la nueva dirección apoyó la candidatura presidencial de Alberto Fernández y, en consecuencia, el sostenimiento del gobernador Mariano Arcioni.
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Misiones: la policía reprime una protesta y detiene a seis manifestantes en Campo Viera
Foto: El Diario de Misiones.
Un nuevo episodio represivo contra la protesta social se da en la provincia gobernada por Oscar Herrera Ahuad: la Policía de Misiones reprimió hoy por la mañana una movilización de trabajadores y trabajadoras contra el hambre, el ajuste y los tarifazos en la localidad de Campo Viera, en el departamento de Oberá, que se daba en el marco de la jornada nacional de lucha de la Unidad Piquetera. «Desde antes de que empezara la jornada de lucha un importante contingente policial comenzó a ocupar las rutas y hostigar a nuestros compañeros y compañeras. En este marco, detuvieron a seis compañeros y compañeras de nuestra organización. Llamamos a la solidaridad de todas las organizaciones para exigir la inmediata libertad», denunció el Movimiento Argentina Rebelde (MAR). El hecho se suma al allanamiento policial y detención de una militante del MTR Votamos Luchar junto a sus hijos la madrugada del domingo, y la represión que sufrió MAR la semana pasada, en una clara escalada represiva gubernamental y criminalización de la protesta social. Por ANRed.
Así lo denunció en un comunicado el Movimiento Argentina Rebelde (MAR): «Hoy, 15 de febrero, en Campo Viera, Misiones, se realizó una convocatoria de movilización contra el hambre, el ajuste y los tarifazos. Desde antes de que empezara la jornada de lucha un importante contingente policial comenzó a ocupar las rutas y hostigar a nuestros compañeros y compañeras. En este marco, detuvieron a seis compañeros y compañeras de nuestra organización. Llamamos a la solidaridad de todas las organizaciones para exigir la inmediata libertad. Exigimos: ¡Libertad a todas y todos los presos por luchar! ¡Basta de criminalizar la protesta! ¡No al acuerdo del Gobierno con el FMI!», expresó MAR sobre este nuevo hecho represivo que se dio en la provincia gobernada por Oscar Herrera Ahuad.
La protesta que realizaba la organización en la localidad de Campo Viera, cuyo intendente Germán Burger, intentaba movilizarse y realizar un corte de la Ruta Nacional 14, a la altura del acceso Barrio Oeste. Se daba en el marco de la jornada nacional de lucha de la Unidad Piquetera – integrada por 26 organizaciones sociales de izquierda no alineadas con el gobierno nacional – por «trabajo genuino», la «apertura y aumento en los programas sociales», «asistencia integral a comedores populares», «ningún salario por debajo de la canasta básica», por «el derecho a organizarse libremente», por «abajo el ajuste» y «no al pacto con el FMI».
En tanto, las protesta y movilizaciones se replican en otros puntos de la provincia. En Posadas, desde la mañana la agrupación Tareferos Unidos de Oberá concentran en la Plaza 9 de Julio y realizan una manifestación pacífica frente a la Casa de Gobierno en reclamo de alimentos.
En Apóstoles el Polo Obrero concentró en el Monumento “La Muela” y luego movilizará hacia la plaza San Martín.
En Leandro N. Alem el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) realizaron por la mañana un corte total sobre el cruce de la Ruta Nacional 14 y la Avenida Julio Hepnner, en reclamo por la «falta de trabajo y alimentos».
Mientras, en Caraguatay empleados municipales del sector de obras públicas nucleados en el gremio ATE cortaron desde antes de las 7 la ruta provincial 212, a la altura del arroyo Itacuruzú.
En Montecarlo las organizaciones MAR, MTR, 12 de Abril, CUBA M.T.R. y 17 de noviembre, concentraron desde las 8.30 en la Plaza San Martín, donde llevaron adelante una asamblea en el marco de la jornada nacional de lucha.
A su vez, MAR comenzó a las 8 una movilización en el paraje Dos Hermanas hasta la rotonda de ruta provincial 17 y ruta nacional 14, en apoyo a sus compañeros y compañeras de la localidad de Montecarlo que no percibieron sus salarios del mes de enero.
En San Pedro, el Polo Obrero moviliza por la zona céntrica en reclamo de la apertura de los planes sociales y solicitando mercaderías para los merenderos.
En Eldorado el Polo Obrero concentró en la plaza El Colono del kilómetro 6, desde donde iniciaron una marcha por la avenida San Martín obstaculizando media calzada (sentido Oeste-Este), hasta arribar a la Plaza Sarmiento del kilómetro 9, para realizar junto a Barrios de Pie, una asamblea en el marco de la Jornada Nacional de Lucha.
En esa misma localidad, integrantes de la agrupación Barrios de Pie se encuentran concentrados en la Plaza Sarmiento kilómetro 9, donde encabezarán una protesta en el marco de la “jornada Nacional de Lucha”, en reclamo al “No al pago del FMI”, “No al ajuste”, y “Trabajo genuino”.
En Gobernador Roca columnas de Barrios de Pie iniciaron pasadas las 8.20 una caminata por la colectora de la ruta nacional 12, dirigiéndose hasta el cruce con la ruta provincial 6.
También en Wanda el Polo Obrero inició una caminata pacífica por la calzada de la ruta provincia 19 en dirección a la avenida Hipólito Yrigoyen.
Finalmente, en Puerto Iguazú, la organización MAR concentró en la Plaza San Martín en acompañamiento a la Jornada Nacional de Lucha de la Unidad Piquetera.
Una escalada represiva y criminalización de la protesta social en Misiones
El hecho represivo se suma a otros dos que se dieron en la provincia en menos de una semana, que demuestra una clara escalada represiva gubernamental y criminalización de la protesta social.
Las familias ligadas a la organización MAR también fueron reprimidas el martes 8 de febrero en la localidad misionera de Montecarlo, cuando mujeres y hombres que se disponían a realizar un corte de ruta por trabajo, salud y educación fueron echados con empujones y golpes de efectivos de la policía misionera, según se pudo ver en un video que circuló en las redes sociales.
En tanto, la madrugada del domingo 13 de febrero la Policía de Misiones allanó el hogar de Roxana Mencia, militante del MTR Votamos Luchar, y la detuvo junto a sus dos hijos de 12 y 13 años, en la localidad misionera de Campo Viera, departamento de Oberá.
«No hay otro motivo para su encierro que estar organizada y luchar por los derechos del pueblo misionero. Esto se enmarca en la disposición judicial qué a nivel provincial impide los cortes de ruta por manifestaciones, lo cual está llevando a situaciones de gran tensión frente a todos los planes de lucha por trabajo genuino, obra pública en los barrios, salud y educación. Esta respuesta represiva es impulsada directamente por el intendente Germán Burger, así como por el gobernador Herrera Ahuad, quienes representan los intereses más poderosos de la provincia«, expresaba el MTR Votamos Luchar.
Luego, este lunes 14 la organización social realizó una gran movilización en el departamento, gracias a la cual logró que la militante sea liberada, quien así contaba sus padecimientos y el de sus hijos en un video que se viralizó en las redes sociales.
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Gobierno Nacional
Paritaria docente: continúan las negociaciones y los gremios son optimistas
El Gobierno y los cinco sindicatos docentes nacionales mantuvieron este martes una segunda reunión en el marco de la paritaria del sector, sobre la cual los gremios se mostraron optimistas en cuanto a la posibilidad de llegar a un acuerdo salarial en próximas audiencias.
Foto: El Cronista
Desde la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) valoraron como «absolutamente positivo» el encuentro de hoy, ya que firmaron un acuerdo de capacitación y formación docente. Mientras que la Unión Docentes Argentinos (UDA) se mostró «optimista» en cuanto a un resultado satisfactorio de la paritaria, que continuará la semana próxima.
Además de UDA y Amet participan de las negociaciones Sadop (docentes particulares) y las confederaciones CTERA y CEA.
Por parte del Gobierno nacional estuvo presente el ministro de Educación, Jaime Perczyk, acompañado por los representantes del Consejo Federal de Educación: Alberto Sileoni (Buenos Aires), Aldo Lineras (Chaco), José Thomas (Mendoza) y Juan Pablo Lichtmajer (Tucumán).
La secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, planteó «la necesidad de una recomposición salarial con cláusulas de revisión a los efectos de monitorear la evolución de la inflación y de los futuros aumentos de servicios, para que los salarios docentes no pierdan poder adquisitivo», informó en un comunicado esa central. Además, CTERA propuso «mejorar el piso salarial que se vio mermado durante el gobierno anterior».
La secretaria general de Amet, Sara García, dijo a Télam que el encuentro fue «absolutamente positivo» y que se buscó «darle continuidad a la agenda de trabajo de la primera reunión que fue el 3 febrero».
«Centralmente lo que hicimos fue ultimar detalles, firmar y aprobar el documento que se trabajó unos cuantos meses respecto a la formación y capacitación docente», explicó.
En la misma línea, el secretario general de la UDA, Sergio Romero, explicó a esta agencia que el acta acuerdo firmado fue relativo al «Programa Nacional de Formación Permanente, Nuestra Escuela» y que ese punto ya «quedó confirmado».
Ese acuerdo reconoce las jornadas institucionales para la formación colectiva y las líneas de formación específica sobre temáticas educativas relevantes brindadas por los Ministerios, los sindicatos docentes y las Universidades Públicas.
Sobre las definiciones salariales, García dijo que pasaron «a un cuarto intermedio para la semana que viene» pero «sin fecha confirmada aún».
Y Romero aseguró que «en cuanto a números y negociación salarial hubo un recorrido muy superficial» pero sostuvo que «se va en línea recta final» y afirmó:
«Estamos confiados en que la oferta del Estado empleador será satisfactoria. Nuestro Presidente de la Nación dijo que va a disponer del dinero que haga falta para todo el sistema educativo argentino». Y agregó: «nos sentimos optimistas para superar la inflación y para que la familia de la educación pueda cumplir sus necesidades indispensables».
La titular de Amet explicó que se repasaron algunos puntos del «compromiso que ya manifestó el ministro de Educación (de la Nación, Jaime Perczyk)» relativos a la cláusula de revisión y la reconstrucción salarial, con miras a «recuperar el poder adquisitivo».
«El ministro de Educación se comprometió a hacer los esfuerzos tratar de conseguir la plata», valoró.
Además comentó que en noviembre pasado el Gobierno nacional se había comprometido a reunirse en el mes de febrero «para empezar a participar» de las reuniones conjuntas del Consejo Federal de Salud (Cofesa) y el Consejo Federal de Educación (CFE) del que participó «el jueves pasado» y donde tomó definiciones sobre el protocolo para el comienzo del ciclo lectivo 2022.
«Nosotros desde UDA propusimos no solo ganarle a la inflación sino también tener un programa para sacar a los docentes de la línea de pobreza», dijo a su turno Romero. También aseguró «no tener dudas de que la oferta que haga el Ejecutivo será de excelencia».
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Movimiento Popular La Dignidad
Proponen crear una Empresa Nacional de Alimentos para combatir la inflación
Ante el anuncio del índice inflacionario del mes de enero, el referente del Movimiento Popular La Dignidad, Rafael Klejzer, señaló la necesidad de crear una Empresa Nacional de Alimentos (ENA), que permita combatir los abusivos aumentos de precios que sufren las familias argentinas y en especial los sectores más vulnerables.
Foto: Radio Gráfica
“Una Empresa Nacional de Alimentos, directamente asociada con los productores, permitirá impulsar el rol activo del Estado, en cuanto a la planificación, regulación, control, producción, análisis de costos y comercialización de los alimentos, en un mercado que hoy está fuertemente concentrado y en manos de grandes corporaciones”, explicó Rafael Klejzer.
“De esta forma, será posible generar un precio de referencia en los productos de consumo masivo y ponerle freno a la avaricia de las empresas que entienden al alimento como una mercancía y no como un derecho social”, sostuvo.
“Normalmente el aumento de precios de los alimentos está por encima de la media inflacionaria, eso quiere decir que hay un ensañamiento con los hogares argentinos y una enorme transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores concentrados de la economía”, afirmó el dirigente social.
“Revertir esta situación es también parte de la construcción de soberanía: el acceso democrático y federal a los alimentos de calidad y a precio justo”, concluyó Klejzer.Rafael KlejzerMovimiento Popular la DignidadEmpresa Nacional de AlimentosInflación
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Desde Desarrollo Social afirman que trabajan en reconvertir planes en trabajo: «Del plan social al trabajo genuino. Ese es el camino que queremos recorrer»
El secretario de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera, afirmó hoy que el Gobierno nacional «trabaja para generar empleo» al ratificar la decisión del Ejecutivo de reconvertir los planes sociales en puestos laborales, y consideró que algunas organizaciones sociales «tienen una mirada distinta» sobre esta problemática.
«Estamos trabajando en reconvertir planes en trabajo. Del plan social al trabajo genuino. Ese es el camino que queremos recorrer. Pero hay algunas organizaciones que entienden que hay que dar más planes sociales. Para nosotros, la Argentina sale adelante con generación de trabajo», señaló Aguilera en declaraciones a Télam Radio.
Aguilera, quien se reunió ayer con los representantes de las organizaciones de izquierda y piqueteras que se movilizaron hacia el Ministerio de Desarrollo y cortaron el tránsito en la avenida 9 de Julio, sostuvo que esos sectores «están en contra del acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional con el FMI y esa es una discusión que va por otro lado».
«Hay gente que puede opinar y tiene el derecho a hacerlo, pero nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar. Estamos planteando con mucha claridad que no hay ajuste», destacó.
«El Ministerio (Desarrollo Social) está enfocado en fortalecer políticas que generen empleo y en ese sentido se están invirtiendo en los últimos tres cerca de 40 mil millones de pesos en ese sentido, por medio de todos los programas que están ejecutándose», agregó el funcionario.
Aguilera remarcó que en plena pandemia de coronavirus el Estado, a través de esa cartera, «garantizó la asistencia alimentaria a cada familia del país», y al respecto mencionó iniciativas como «el Banco de materiales y herramientas; los playones multideportivos y ‘mi pieza’, que es un plan que llega a 105 mil familias de los barrios populares».
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Controladores aéreos retoman medidas de fuerza y habrá cancelaciones de vuelos
Fracasaron las negociaciones entre el gremio ATEPSA y la EANA por problemas dotacionales y de operaciones que afectan la seguridad de los vuelos.
Los controladores aéreos retomarán este viernes las medidas de fuerza en todos los aeropuertos y aeródromos del país y habrá suspensiones y cancelaciones de vuelos.
Así lo resolvió la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) tras fracasar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación el pasado 10 de enero y agotadas todas las instancias de negociación en el conflicto por problemas dotacionales y de operaciones que afectan la seguridad de los vuelos.
La organización -que nuclea a los controladores aéreos, servicios de información aeronáutica, de búsqueda y salvamento y técnicos de la aviación, entre otros profesionales- anunciaron que «a partir del 18 de febrero retomarán de manera progresiva las medidas legítimas de acción gremial que incluirán la suspensión de las autorizaciones de despegue de vuelos comerciales, carga y aviación en general en todo el territorio nacional».
Si bien las acciones gremiales no afectarán los servicios durante el inicio y el fin del Carnaval para garantizar esta importante fuente de ingresos para los sectores vinculados con el turismo y el descanso esperado por quienes planificaron sus viajes durante estas fechas, de no existir una respuesta a las demandas por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), las protestas se intensificarán hasta que se brinde solución a las demandas.
«El cronograma de acciones ya fue comunicado a todas las líneas aéreas para que puedan reprogramar sus vuelos y notificar a los pasajeros con suficiente anticipación para que las mismas afecten lo menos posible a los usuarios. Sin embargo no se descarta un efecto en cadena que pueda ocasionar demoras y cancelaciones», explicaron desde el gremio.
El secretario general de ATEPSA, Jonatan Doino, señaló que el sindicato “asistió a todas las reuniones convocadas por el Ministerio de Trabajo con la voluntad de encontrar puntos de acuerdo, pero la empresa no ofreció ninguna respuesta que permita resolver los problemas dotacionales y de operaciones que afectan la seguridad de los vuelos”.
Y agregó: “EANA se niega a reconocer los problemas del sector que atraviesa una crisis agravada por la pandemia en la falta de personal que obliga a trabajadoras y trabajadores a realizar tareas con dotaciones muy por debajo de los mínimos de seguridad establecidos internacionalmente para los aeropuertos del país. A inicios de esta semana denunciamos además que toda la región sur del país se quedó varias horas sin comunicaciones y sin radar”.
“Si bien la empresa ofreció un incremento del 10 por ciento, las demandas exceden lo salarial. La oferta resulta insuficiente ya que no aporta ningún tipo de soluciones a los problemas que afectan gravemente a la seguridad operacional y que no tienen un valor económico sino el de cuidar la vida de los pasajeros», explicó Doino.
Y agregó: «Desde hace años reclamamos sin ningún tipo de respuestas cuestiones que afectan las condiciones operativas y técnicas que están vinculados con las herramientas de trabajo. Por ejemplo, se instalan sistemas de comunicación que son incompatibles con otros que están en funcionamiento y luego deben ser desinstalados; frecuencias aeronáuticas que se ven interferidas y que son de las que depende la comunicación entre pilotos y controladores y que son indispensables, solo por mencionar algunos de los puntos que reclamamos».
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Las mujeres recuperaron el nivel de participación laboral previo a la pandemia pero advierten que «sólo 1 de cada 10 en edad de jubilarse tiene más de 30 años de aporte»
La directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, Mercedes D’Alessandro, afirmó hoy que la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral regresó a los niveles previos a la pandemia, y destacó las políticas realizadas desde el Estado, como el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado efectuado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
«Las mujeres, en los primeros meses de la pandemia, retrocedieron en el mercado laboral a niveles de 2002; y eso tardó mucho en revertirse ya que veíamos que los varones volvían al mercado más rápido que las mujeres», explicó D’Alessandro a FM La Patriada.
Tras dicho retroceso, la funcionaria señaló que las mujeres «recuperaron los niveles de pre pandemia en octubre del año pasado».
«Esta recuperación es muy importante porque no sólo se recuperó el nivel pre pandemia, sino que se superó, con niveles de actividad y empleo de la mujer récord en la Argentina», subrayó D’Alessandro, quien es la primera en ocupar el cargo en el Ministerio de Economía, pionero a nivel latinoamericano y creado a principios de 2020.
En ese sentido, destacó algunas de las políticas públicas llevadas adelante en los últimos meses, como el Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidados de la Anses.
Dicho beneficio, según anunció el último martes la directora ejecutiva de la entidad previsional, Fernanda Raverta, ya alcanzó a más de 100.000 mujeres, y permite acceder a una jubilación a aquellas mujeres en edad de hacerlo (con 60 años o más), que sean madres y no cuenten con los 30 años de aportes.
El reconocimiento es de un año de aportes por cada hijo o hija; dos por hijo adoptado siendo menor de edad; uno adicional por cada hijo con discapacidad y dos adicionales en caso de que por el hijo haya accedido a la Asignación Universal por Hijo (AUH) por al menos 12 meses.
«Según los cálculos que hizo Anses serían 150.000 mujeres las que cumplen con los requisitos y podrían recibir esta jubilación por cuidados; y que ya hayan accedido 100.000 quiere decir que se viene avanzando muy bien», sostuvo D’Alessandro.
Además explicó que debido a la «inserción más precaria en el mercado laboral», a las mujeres «les cuesta más llegar a los 30 años de aportes».
Precisó que, de acuerdo a datos de principios de 2020, «sólo una de cada diez mujeres en edad de jubilarse tiene más de 30 años de aporte».
Y señaló que únicamente «el 10% de las mujeres que hoy están cercanas a la edad de jubilación puede realizarlo a través de la vía de aportes de 30 años».
«Los cuidados, al ser una parte central de cualquier persona o familia, también tienen que ser reconocidos como trabajo y eso forma parte del sentido más profundo de esta medida», agregó la funcionaria.
También remarcó otras políticas como el programa Acompañar para víctimas de violencia de género y Registradas que permite solicitar a los empleadores un beneficio de entre 30% y 50% del salario de las trabajadoras de casas particulares que sean formalizadas.
«Estos programas tienen que ver con entender que hoy el Estado tiene una mirada sobre la economía de los cuidados y una mirada diferente sobre el rol de las mujeres en el sistema económico y productivo», concluyó D´Alessandro.
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La deuda a las obras sociales vuelve a concentrar la atención de la CGT
Con la mira puesta en los reclamos por la deuda del Estado por las obras sociales, la CGT podría volver a reunirse la semana próxima.
Por Emiliano Russo
Tras el típico receso veraniego y en medio de la tensión del triunviro Pablo Moyano con un sector del gobierno, en la central obrera apuestan a un concretar un cónclave en la sede de calle Azopardo.
Quitando el reclamo sectorial del dirigente camionero la principal preocupación de la central es el sempiterno retraso en la liquidación del fondo de reintegro para las obras sociales.
Según se pudo averiguar, el gobierno adeuda unos $4 mil millones de los $11 mil millones que se había comprometido a desembolsar como asistencia para la cobertura de los gastos por discapacidad. «Faltan los documentos de respaldo de ese dinero», alerta una calificada fuente gremial consultada.
Los recursos son girados por la Superintendencia de Servicios de Salud. En medio de la negociación con el FMI, esos retrasos preocupan a los jefes sindicales. «Tenemos un rojo en las cuentas importante. Y vemos como aumentan los medicamentos importados y los costos por discapacidad, añadió la fuente consultada.
En la esperada reunión de CGT no obstante, se tratarán otros temas como el alza de la inflación y el acuerdo con el Fondo que busca cerrar el Ejecutivo.
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Con la inflación del mes en 3.9%, ATE Indec pidió un aumento de emergencia de 48%Con la inflación del mes en 3.9%, ATE Indec pidió un aumento de emergencia de 48%
La Junta Interna de ATE en el INDEC difundió su análisis sobre la variación de precios del mes de enero 2022 con el que visibiliza el deterioro del poder adquisitivo de los salarios estatales ante la variación de precios. Piden un salario mínimo de $128.832.-, número en el que calculan el calor de la canasta básica de una familia tipo.
Las y los trabajadores de ATE Indec abren la actualización mensual de su ejercicio de pérdida del poder adquisitivo y canasta de ingresos mínimos a enero 2022 con una breve contextualización de cara a las revisiones paritarias: «no alcanza con que el incremento de la última pauta salarial le gane por unos puntos a la inflación», sostienen.
Sobre el tema remanido de que los salarios le ganaron a la inflación, desde la Junta Interna de Indec argumentaron: «Es necesario recuperar el poder de compra perdido en los últimos años de nuestros salarios .
El último dato oficial del IPC sobre la variación de precios, que ubicó en un 3,9 % el nivel general para el mes de enero respecto a diciembre 2021 y con un interanual de 50,7%, dio la pauta de la urgencia. Los precios de los alimentos y bebidas aumentaron un 4.9%.
«Un Hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijxs en edad escolar necesitó, en enero de 2022, de $128.832.- para satisfacer sus necesidades. Este valor se compone de $43.452.- necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $85.380.- para acceder a otros bienes y servicios básicos.», afirmaron desde ATE Indec.
Con el comunicado, exigieron:
• Aumento de emergencia del 48% para empezar a recomponer nuestro salario
• Urgente convocatoria a la mesa de negociación
• Paritarias 2022/23 sin techo y con clausula gatillo
• Pase a Planta Permanente con estabilidad laboral inmediata sin perdida salarial para todxs lxs trabajadorxs
• Pago de horas censales
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Tras el acuerdo de Camioneros, la CGT resuelve directamente con el gobierno por las ART: «El Covid-19 es enfermedad profesional»
A minutos de que la Federación de Camioneros anunciara que llegó a un acuerdo con la cámara empresaria FAETyL para que acepte liquidar la licencia de los trabajadores por Covid-19, la CGT comunicó que llegó a un acuerdo con el gobierno «de compensación a las obras sociales sindicales por parte de las ART».
La Faetyl fue la primera cámara empresaria que aceptó continuar liquidando la licencia de los camioneros por Covid-19 como lo venían realizando hasta el vencimiento del decreto presidencial que finalizó el 31 de diciembre y que el gobierno nacional se negó a prorrogar.
«Luego de la lucha que hemos mantenido estos últimos 15 días a los compañeros que en el mes de enero tuvieron descuentos por tener la mala suerte de contagiarse, donde se descontaron viáticos, comida y otros items, que ese dinero va a ser reitegrado en los próximos haberes y a partir de este momento no se le va a descontar», afirmó el Secretario Adjunto de Camioneros en el marco de ese logro.
A los pocos minutos, la CGT circuló un comunicado firmado por el Consejo Directivo Nacional en el que informan que en el marco de la reunión del Comité Consultivo Permanente de carácter tripartito en el ámbito de la Ley de Riesgos de Trabajo se «ha planteado con fuerza los inconvenientes que arrastra la designación del COVID 19 como “Enfermedad No listada”.
De esta forma expresaron que «la enfermedad COVID 19 posee la posibilidad de ser reconocida como Enfermedad Profesional en todas las actividades con la denuncia pertinente ante las ART y su consecuente seguimiento por parte de las asociaciones sindicales.»
«Del mismo modo se ha logrado un sistema de compensación hacia las Obras Sociales sindicales, por parte de las ART, que son aquellas que en la emergencia, y en primera instancia, dan atención a esta enfermedad y hasta tanto se ratifique en el caso particular del trabajador como Enfermedad profesional.», explicaron.
Y concluyeron enfatizando sobre la Covid-19: «no caben dudas que es una enfermedad adquirida por, y en, ocasión del trabajo.«
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ATE Neuquén: «Se cansaron de decirnos que había récord de recaudación pero para discutir salarios siempre les falta guita»
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Neuquén marchó este mediodía por las calles céntricas de la capital provincial y realizó un acto en las puertas de la Casa de Gobierno, en el marco de un paro de 24 horas para exigir al Gobierno neuquino que presente en la mesa paritaria que se realizará mañana una propuesta salarial retroactiva al 1° de enero y de forma semestral.
«La marcha y el paro de hoy tiene que ser la antesala para que aparezca esa propuesta salarial», manifestó el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, en el acto realizado este mediodía frente a la Casa de Gobierno, y dijo que «para comenzar a discutir, tiene que ser retroactiva al 1° de enero y tiene que ser por el semestre, que son las condiciones que fijamos».
Asimismo, reclamó a la Provincia respuestas sobre «la apertura de las convenciones colectivas, tanto de los compañeros de Salud, de Educación, de Rentas, del Tribunal de Cuentas», y «una cuestión central que es para nosotros, que es la finalización de la convención colectiva del escalafón general».
«Esta marcha tiene que ver con demostrarle al Gobierno que estamos dispuestos a más si mañana no empezamos la discusión», señaló el dirigente gremial y aclaró «no es que mañana vamos a empezar y terminar».
En ese sentido, sostuvo que «lo que queremos es empezar y sin apuro poder discutir cómo recuperamos ese salario del 2020 que tuvimos congelado», y «cómo hacemos para que este año vayamos al ritmo de la inflación en la recomposición salarial».
Quintriqueo manifestó que se «cansaron de decirnos que había récord en producción de petróleo, que había récord en recaudación propia, pero a la hora de sentarse a discutir salarios siempre les falta guita».
«Nosotros estamos dispuestos a hacer las cosas que haya que hacer», destacó el dirigente y dijo que «tiene que entender (el gobernador Omar) Gutiérrez y sus ministros, que si no aparecen esas propuestas nosotros vamos a profundizar las medidas de fuerza».
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A los médicos se les acaba la paciencia, se declararon en «estado de alerta» y le piden a Kicillof la apertura de paritarias
El gremio de los trabajadores de salud bonaerenses reclamó una convocatoria para negociar un aumento de salarios y mejores condiciones laborales. Se declaró en estado de Alerta. Además pidió el fin de la precarización laboral.
La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud bonaerense (Cicop) declaró el «estado de alerta y asamblea» y pidió la apertura de paritarias.
Desde el gremio de los trabajadores sanitarios de la provincia reclamaron una convocatoria para negociar un aumento de salarios y mejores condiciones laborales con la administración de Axel Kicillof.
«Apremia la necesidad de continuar con la negociación paritaria en la provincia con propuestas salariales, que no solo nos protejan de la inflación, sino que, además permitan una recomposición de nuestro poder adquisitivo», expresó el sindicato en un comunicado.
Y precisó que realizarán reuniones en los lugares de trabajo para discutir el curso de las negociaciones y los reclamos que elevarán.
De esta manera, Cicop pidió por la «apertura de la paritaria ley 10.471 para discutir salarios y condiciones laborales».
«La propuesta salarial para nuestro sector debe contemplar la sobrecarga laboral que venimos sufriendo desde que comenzó la pandemia y el atraso salarial histórico que tiene el sector de la salud pública», reclamó el gremio, y agregó que «además debe ser instrumento para mejorar las condiciones laborales y seguir avanzando en la regularización del personal que aún sigue con formas precarias de contratación».
En tanto, desde la organización señalaron que «la precarización laboral, en el ámbito de la salud, es un problema central en numerosos municipios en donde persisten formas ilegales de contratación como el monotributo para la incorporación de profesionales a los planteles estables»
En la misma línea, indicaron que «es una realidad que preocupa en los hospitales regidos bajo la ley SAMIC en donde, en la mayoría de ellos, los trabajadores están bajo contratos de trabajo precarios».
Y concluyeron: «La contratación precaria también subsiste a nivel provincial en la figura de becarias y becarios (que ingresaron durante los dos años de pandemia), y que venimos reclamando que pasen a planta como interinas e interinos».
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¿Cuánto debería ser nuestro salario?Según el último informe de la Junta Interna de ATE Indec, un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijxs en edad escolar necesitó, en enero de 2022, de $128.832 para satisfacer sus necesidades. Este valor se compone de $43.452 necesarios para adquirir una #CanastaAlimentariaMínima y de $85.380 para acceder a otros bienes y servicios básicos.“A pocos minutos de haber conocido el dato del IPC de enero del 2022, que además de brindar la variación de precios respecto a diciembre del año pasado, que fue del 3,9%, nos indica que el acumulado de precios interanual sigue siendo alto (del 50,7%)”, expresa el mismo.“Para lxs trabajadores estatales no alcanza con que el incremento de la última pauta salarial le gane por unos puntos a la inflación. Es necesario recuperar el poder de compra perdido en los últimos años de nuestros salarios, sostienen desde ATE Indec, además de advertir que “la perdida del poder adquisitivo desde diciembre del 2015 a la fecha, es de un 35,3%”.
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Jornada de protesta bancaria contra despidos, tercerizaciones y cierre de sucursales del Santander
Este miércoles trabajadores del Banco Santander llevaron adelante una jornada de protesta contra el cierre de sucursales, los despidos encubiertos y la creciente tercerización de puestos de trabajo que lleva adelante la entidad prácticamente desde el inicio de la pandemia.
Desde Estado de Alerta dialogamos con Matías Gorostarzu, delegado de la Comisión Gremial Interna del Santander, quien explicó que, aunque el conflicto con la empresa tiene factores que vienen sin resolverse “desde hace tiempo”, estos “terminaron encontrando un punto límite” en agosto del año pasado, cuando el banco “tomó la desafortunada decisión de no pagar el bono anual que se venía cobrando desde 2019”. En diciembre de 2021, la Asociación Bancaria, gremio conducido por Sergio Palazzo, llevó adelante un paro en todas las sucursales del banco denunciando esta dinámica, sin que desde la empresa se revisara la actitud.
Gorostarzu añadió que además la empresa pretende avanzar con el cierre de 105 sucursales (más de un 25% de las 400 que tiene declaradas a nivel nacional), con la reducción de personal que eso implica. Frente a ese escenario, la Comisión Interna se planteó una serie de medidas de fuerza para buscar que el banco “cese en esa conducta y comience a incorporar personal en lugar de expulsarlo”.
En ese sentido, el delegado denunció que en los últimos dos años Santander “se deshizo de aproximadamente unos dos mil trabajadores”. Luego explicó que esto no se logró mediante despidos sin causa, una dinámica que “prácticamente no existe en la actividad bancaria (algo que no tiene que ver con la buena voluntad de los banqueros sino que es un mérito del sindicato)” sino por medio de retiros voluntario”. Al respecto, aclaró que “muchas veces no son tan voluntarios, porque se dan en el marco de ciertas presiones que terminan induciendo al empleado a ponerle el gancho a su propio despido”.
La jornada de protesta de este miércoles exige, entonces, que el Banco “pague el bono que adeuda desde el año pasado con las correspondientes actualizaciones, defina un valor para ese bono para el período 2022 y que no sólo cese con el cierre de sucursales sino que disponga la reapertura de algunas de las ya cerradas con incorporación de más personal para recuperar los números que tenía previamente”, detalló Gorostarzu.
Luego explicó que esta política empresarial repercute directamente en la atención al público, que es “cada vez peor”, porque la empresa sigue sumando clientes y reduciendo el personal para atenderlos. Esto, además, repercute negativamente en el salario de los trabajadores ya que “una parte de los esquemas de comisiones en casi todos los lugares de trabajo, sobre todo en las sucursales, está sujeta a la valoración que los clientes hacen del servicio”, por lo que este empeoramiento del servicio constituye “un recorte de sueldo encubierto”.
Finalmente, el dirigente explicó que otra problemática que se deriva de esta situación es el aumento de la tercerización, ya que el banco achica la planta de empleados propia y terceriza servicios a un grupo de “empresas satélite”, que en muchos casos son sociedades anónimas “propiedad del mismo banco” (Sociedades Anónimas Santander Valores, Santander Consumer, Santander Merchant, Getnet Santander, Santander Tecnología y otras). “Todas esas empresas son fundadas, financiadas y controladas por el banco pero increíblemente para la ley no son el banco y entonces todos esos trabajadores están fuera del convenio 1875, lo que es otra de las cuestiones que denunciamos, buscando la incorporación de esos trabajadores al convenio colectivo bancario, que en muchos casos les ofrece beneficios que hoy no tienen y por eso el banco utiliza tanto este mecanismo de tercerización”, concluyó Gorostarzu.
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Observatorio Gremial
Se mantiene la carga horaria
Bélgica aprueba la semana laboral de cuatro días
El Gobierno belga presentó una reforma laboral que permitirá a los empleados concentrar sus jornadas en cuatro de los cinco días de la semana, aunque este cambio no supondrá una reducción de las horas trabajadas, las cuales podrán ser de hasta 10 horas por día.
Foto: Xataca.com
Entre sus puntos más salientes, el proyecto establece que los empleados podrán reducir un día de trabajo si aumentan el número de horas diarias trabajadas, de tal manera que podrían pasar de trabajar cinco a cuatro días. También podrán trabajar más horas una semana para compensarlo con menos tiempo durante la siguiente.
A su vez, la reforma contempla una condición máxima de 9,5 horas de trabajo diarias ampliables a 10 horas, previo acuerdo entre empresa y sindicatos, informó la agencia de noticias Europa Press.
El objetivo de la reforma es «fortalecer a los trabajadores y las empresas», según indicó el presidente del Gobierno belga, Alexander De Croo, en una rueda de prensa ante los medios locales.
La reforma también propone que las empresas de más de 20 empleados deberán ofrecer a sus plantillas el derecho a la desconexión tras las horas de trabajo, lo que implica que no tendrán que contestar a las llamadas o responder a los emails entre las 11 de la noche y las 5 de la madrugada.
«No puede haber presión para leer y responder mensajes fuera del horario laboral», dijo el ministro de Trabajo belga, Pierre-Yves Dermagne, informó el medio local Le Soir.
Además, el proyecto busca mejorar los procesos de despidos, posibilitando que los asalariados puedan trabajar para otro empleador durante el periodo de preaviso.
En tanto, las compañías de más de 20 empleados deberán presentar planes de formación para desarrollar competencias de los trabajadores.
Por otro lado, la reforma contempla un apartado para las plataformas de ‘delivery’ por el que facilitará el trabajo nocturno para el sector del comercio electrónico y que los trabajadores de empresas de reparto de comida a domicilio cuenten con mejor protección.
Con estas medidas el Gobierno pretende establecer una «economía más sostenible, innovadora y digital» y conseguir que el país llegue al 80% de la tasa de empleo para 2030, ya que actualmente es del 71%.
BélgicaReforma Laboraljornada de cuatro díasAlexander De Crooreducción de días
Envio:RL
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