Siete días en la ciudad
Política de precios
El país y Santa Fe dieron una vuelta de página. Ya es ley el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el gobernador Omar Perotti pudo promulgar, por fin, el presupuesto provincial para este año. No se trata de cuestiones idénticas, por supuesto, pero sí se parecen en cuanto al consenso que hubo que conseguir para lograrlas. Las cosas que hubo que ceder. Y la otra relación es la deuda en dólares que tiene Santa Fe que en nada se parece a los 44 mil millones que tomó Mauricio Macri como presidente y que se fueron por la canaleta de la fuga de divisas. Aquí hay que afrontar 500 millones de dólares destinados a obras de infraestructura provincial y que, como dijo el gobernador “hay que cumplir”.
La sola mención de la deuda contraída por la administración de Miguel Lifschitz (que en realidad quería que sean 1.000 millones) desató el enojo de los representantes del socialismo que quisieron ver en la cita de Perotti, una crítica hacia la gestión del Frente Progresista. “Al gobernador (Perotti) le gusta inaugurar las obras que dejó Lifschitz”, retrucó el diputado Joaquín Blanco. Es cierto que el gobernador había asegurado que “me hubiese gustado que me dejaran algo para empezar a pagar” esa deuda en dólares. Pero más que nada lo que hacía -en el marco de las negociaciones por el acuerdo con el FMI- era citar la obligación del Estado en cumplir con sus compromisos.
Esta semana, el ministro de Economía de Santa Fe Walter Agosto tranquilizó a los senadores que debían aprobar las modificaciones que los diputados le introdujeron a la ley de presupuesto 2022. “Los pesos para pagar los primeros 125 millones de dólares este año, están”, les dijo. Entre otras cuestiones, éste fue un tema de fondo en la extensa reunión que mantuvo el gobernador con el presidente Alberto Fernández: La autorización a Santa Fe para comprar esos millones de dólares. Tener los fondos no es un tema menor sobre todo teniendo en cuenta las permanentes críticas de un sector de la oposición sobre los “plazos fijos” que tenían “pisados” Perotti y Agosto.
Respecto del entendimiento con el FMI, se sabe, no hay nada para festejar pero sí para poner conceptos en claro. Como dijo el senador nacional por Santa Fe Marcelo Lewandowski tras la votación “el problema no es el acuerdo, el problema es la deuda que nos dejó Macri. Hoy estamos ante el mejor acuerdo que pudimos conseguir”, sintetizó.
Más allá del quiebre interno que el debate generó en el Frente de Todos, el entendimiento ya huele a pasado porque como dijo el vocero del FMI Gerry Rice, Argentina “empieza a sentir los efectos de la guerra en Ucrania como les pasa principalmente a las economías emergentes del mundo”. En criollo, va a ser difícil cumplir como sospechaban desde La Cámpora que pedía más dureza en las negociaciones aunque nunca explicó bien con qué.
El presupuesto provincial de 851 mil millones de pesos destina 116.898 millones a obras de infraestructura, equivalente al 14% del gasto total. Se contemplan 12 mil millones de pesos para la continuidad de Billetera Santa Fe y 5 mil millones para el Boleto Educativo Gratuito, además del inicio de una fuerte inversión en las obras del Plan de Conectividad que aprobó este año la Legislatura. Estas partidas y el cierre de la paritaria con docentes y estatales ponen al gobierno provincial, ahora sí, en la etapa post pandemia para ocupar las hojas de la agenda con otros temas. Eso sí, el contexto volvió a ensombrecerse.
El gobernador se posicionó una vez más en contra del gobierno nacional respecto del cierre de exportaciones de harina y aceite de soja y la posterior suba de retenciones a esos rubros. Como cuando fue el tema del cierre de exportación de carnes, Perotti discrepó con el presidente públicamente. Pero fiel a su estilo, le encanta encontrar siempre una tercera posición en el debate: esta vez le propuso al presidente un plan para ampliar la superficie de trigo sembrada en Santa Fe y de esta manera aprovechar el contexto adverso que plantea la guerra en Ucrania. Suena muy bien, pero el tiempo que un programa de ese tipo demandaría está desacompasado de las urgencias que impone el conflicto bélico al igual que el rigor que debe plantear el Estado para evitar que distintos sectores se le sigan fugando de los acuerdos de precios. Está claro que tanto los precios internacionales como la presión que ejerce el concentrado mercado de los alimentos en el país, requieren de medidas más profundas. Sí es más real e inmediato el programa "Santa Fe Siembra Más" que, con una línea de financiamiento de 7.000 millones de pesos para la compra de fertilizantes, tiene por objetivo aumentar la producción de cereales, oleaginosas, forrajeras y otros cultivos regionales y frutihortícolas en un 30%.
La ciudad de la furia
Las declaraciones del jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria sobre el crimen organizado en Rosario, deben llevar por lo menos a reflexiones más profundas. José Glinski le dijo esta semana al periodista de Rosario/12 José Maggi que las bandas criminales de Rosario parecen estructuras “paramilitares, fuertemente armadas y con una organización de jerarquías” que las asemeja. De hecho, ya han demostrado que pueden golpear donde quieren y han entrado en un abierto desafío a las estructuras del Estado. Por eso el Jefe de la fuerza que creó Marcelo Sain llamó a “cortar la dinámica económica y dejar de folclorizar a sus líderes” y advirtió que habría que revisar actividades “legales e ilegales” para entender también “cómo se llegó a este punto”. Por supuesto, no desvincula para nada las relaciones con la política en la evolución de este fenómeno.
Hablando de eso, la Asociación de Fiscales de Santa Fe que preside la doctora Gisella Paolicelli llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington, una denuncia por los “ataques sistemáticos” a la “independencia” del Ministerio Público de la Acusación de la provincia y uno de los casos más resonantes que planteó es el de la “persecución” del senador Armando Traferri a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery que lo investigan en una causa por corrupción, concretamente la causa por juego ilegal que terminó con dos fiscales presos en Santa Fe.
Pero Traferri, que viene de obtener el respaldo a sus “fueros absolutos” de parte de la Corte Suprema provincial, lejos de amilanarse por figurar en una denuncia internacional respondió contraatacando 24 horas antes de la presentación en los Estados Unidos. El senador amplió su denuncia contra los fiscales en la Comisión de Acuerdos de la Legislatura e insistió básicamente en que investiguen a los fiscales que lo investigan. Los fiscales querían “ensuciarme a como diera lugar sin reparar en los métodos que usaban”, dijo el senador desde su banca en la sesión del jueves.
El poderoso senador del departamento San Lorenzo parece no correr peligro mientras permanezca sentado en su escaño. Y si bien la mayoría respalda y entiende las denuncias del MPA, muchos penalistas se preguntan por qué “no denuncian también cómo la Legislatura con una ley amañada les arrebató nada menos que al titular de la Oficina de Investigaciones”, dijo una fuente a este periodista en relación a la escandalosa salida de Sain de ese cargo que había ganado por concurso antes de ser ministro de Seguridad de Santa Fe.
Fuente:Rosario12
Lawfare, transporte y debate político
Para el ex ministro de Justicia y actual abogado defensor de Nadia Schujman; Juan Lewis la causa que se sigue contra el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y su equipo por supuesto espionaje es “un gravísimo escándalo institucional”, como le dijo a radio Sí98.9 al formalizar la denuncia por irregularidades en lo actuado por los fiscales de Santa Fe que llevan adelante la parte acusatoria.
Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, a instancias de su jefe Carlos Arietti; secuestraron en noviembre pasado en Rosario phones celulares, tablets y notebooks del personal del ministerio pero “no conservaron la cadena de custodia de esos elementos que fueron manipulados y hasta se le extrajo el disco rígido a la computadora de mí defendida”, apuntó Lewis.
Para el abogado los hechos relacionados además de constituir una grave irregularidad, pueden generar consecuencias invalidantes en el proceso. Es decir, podrían ser suficientes para cerrar la causa que filtró extensas listas de supuestos “espiados” pero que nunca terminan de constituir la prueba acusatoria contra Sain y sus colaboradores. Además, Lewis cree que se está ante un “delito de acción pública” y registró que ese delito está penado con hasta cuatro años de cárcel para quien sustraiga, altere, oculte, destruya o inutilice objetos destinados a servir de prueba en una causa judicial.
Como sea, ya la provincia se constituyó en querellante para que los fiscales responsables dejen de estirar una investigación que se muerde la cola permanentemente y que sólo parece buscar resultados políticos. Para muchos, es el mayor caso de lawfare que se ha visto en Santa Fe.
Por eso resulta curioso también que la Asociación de Fiscales que preside Gisela Paolicelli presente tan diligentemente en Washington ante la CIDH la presión que sufren los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra a manos del senador Armando Traferri que se niega a ser investigado; pero no se lleva a estos estrados escándalos judiciales como el narrado o el mismo caso Sain cuando fue echado con una ley amada por la Legislatura de la Oficina de Investigaciones del propio Ministerio Público de la Acusación de la provincia. La independencia del poder judicial se ve afectado en todos los casos y no sólo en algunos.
Chispas acá cerca
El cruce de esta semana entre las concejalas Norma López (FdT) y la presidenta del cuerpo María Eugenia Schmuck (Arriba Rosario) por el estado del transporte de pasajeros en la ciudad; reveló que es uno de los principales problemas no resueltos durante esta administración, víctima directa de la extensa pandemia que golpeó de lleno al servicio de colectivos.
Lo expuso con crudeza y profundidad la edila peronista pero sobre todo la respuesta de Schmuck es la que pone de relieve lo mucho que el tema impacta en esta administración. “(Pablo) Javkin se lava las manos y el transporte está cada vez peor”, dijo López y pidió que el intendente “haga su parte, como nos pidió a nosotros” en la apertura de sesiones hace pocas semanas.
La crítica impactó sobre todo porque es cierta: El servicio está muy afectado y el propio municipio ya no está dispuesto a permitirle a la empresa privada única que recorre la ciudad, sacar más coches para estirar aún más las largas frecuencias y financiar así su déficit.
Y abundó López que el concejal Ciro Seisas (“la voz del intendente en el Concejo”, aclaró) le echa la culpa a la ex intendenta Mónica Fein “como si ellos no hubieran tenido nada que ver” en ese gobierno y recordó que Javkin fue “concejal y luego secretario general de esa administración”.
Seisas es nuevo en estas lides por lo que fue directamente la presidenta del Concejo la que salió con los tapones de punta: “Parece que el peronismo gobernara otro país, hablan como si no fueran responsables de nada”, tiró por elevación y repartió para provincia y nación. “Fracasan en solucionar la crisis de inseguridad y fracasan en frenar la inflación”, dijo y pidió que los peronistas de Rosario “pidan con más énfasis” los recursos necesarios para financiar el transporte de pasajeros. “Ni una gestión se hizo en estos dos años en esa dirección” cerró Schmuck. La bala había entrado.
Se celebra el intercambio porque el gobierno municipal no está muy acostumbrado a las críticas y sobre todo porque cuando las hay, no cree necesario responderlas en virtud del acuerdo político extendido que se tejió en el Concejo y del que sólo quedó afuera un sector del peronismo y otro del PRO. El resto, encuentra contención en el ingenioso esquema político pero es el vecino el que ve reducido así su representación en los debates.
Y el tema es de estricta responsabilidad municipal por más que provincia y nación tienen que cumplir con los acuerdos. Es, además, de lo más urgente que tienen por delante los ediles rosarinos que ya hace años cedieron sus facultades al intendente sobre la tarifa del servicio más importante que desarrolla la ciudad junto con la recolección de residuos y la atención primaria de la salud.
Fuente:RosarioPlus
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