Nación incrementó el precio mayorista de la energía
La tarifa eléctrica tendrá aumento extra
Además de la actualización del 25% en dos tramos prevista por la EPE (febrero y abril), el Gobierno central agrega otra suba del 7% en promedio para el usuario final.
El incremento en este caso se origina en la generación eléctrica.A la mesa de los aumentos que van condimentando la presión inflacionaria 2022 arribó uno más, y esta vez estaba fuera de cálculo. Es que Nación comunicó ayer que incrementa el precio de la generación de energía eléctrica a partir de marzo, y eso significará un aumento de 7% en promedio para los usuarios de la Empresa Provincial de la Energía. Aumento extra que se suma al cronograma que el Ejecutivo santafesino había autorizado a la distribuidora en enero pasado: 15% de aumento en febrero y 10% en abril.
La noticia llegó en el mediodía de ayer. La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación emitió la Resolución 105/22 por la que incrementó el precio estacional para las tarifas de energía que las distribuidoras de todo el país deban comprarle a Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Eléctrico SA) a partir de este mes.
El aumento se aplica en la generación de energía y con fuerte impacto: 50% para la energía destinada a usuarios no residenciales (industria, comercio, estado), y 34% para la energía que consumen usuarios residenciales. Desde la EPE se explicó que estos porcentuales no se trasladan por entero a la boleta del consumidor final, sino que entre Cammesa y las distribuidoras absorben una diferencia. El aumento extra para los usuarios, entonces, será de un 7,1% en promedio.
Desde la Secretaría de Energía explicaron que el aumento es de 7 puntos y no del total del encarecimiento por el compromiso del gobierno a que "las adecuaciones tarifarias siempre serán menores que los aumentos de los salarios de las y los trabajadores".
Lo singular es que este aumento se comunicó en el mismo día en que la Cámara de Diputados de la Nación aprobó y dio media sanción al acuerdo del Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional, entre cuyas exigencias está la actualización de tarifas.
Al comunicarlo, el gobierno provincial puso énfasis en el universo de los clientes de la EPE: son 1.150.000 usuarios residenciales, de los cuales 220.000 reciben el servicio con tarifa subsidiada, tarifa social, tarifa de jubilados y de electrodependientes. Asimismo, se remarcó que el Ejecutivo evalúa la posibilidad de incluir a otros 150.000 usuarios en el conjunto de los beneficiados con alguna de las bonificaciones referidas, lo que alcanzaría el 37% del total de clientes. Esto salió de las conclusiones de la audiencia pública que se realizó en enero pasado, y donde se había resuelto el cronograma de aumentos para este año.
El directorio de la EPE había solicitado al Ejecutivo provincial una actualización tarifaria global a lo largo de 2022 que se definió finalmente en 25% en dos tramos. Omar Perotti había prometido que el aumento no superaría el índice de inflación previsto. Tras el debate expuesto en la audiencia pública de enero, se autorizó a aumentar 15% el precio final de la energía en febrero, y otro 10% en abril, siempre en relación al precio que había en diciembre. En algunos casos, el aumento podrá ser mayor pero nunca por encima de 35% total.
Ahora se suma el 7% resuelto por Nación. Y cabe recordar que en la audiencia pública se contempló una revisión de precios a mitad de año con facultades para ajustar hasta un 15% más la tarifa ante la posibilidad de que haya "cálculos no previstos", tal lo firmado por la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana.
Santafesinos
Relevamiento de infraestructura escolar de Amsafe y ATE Rosario
"Faltan servicios elementales"
Según el informe, 60% de las escuelas consultadas no tiene gas y hay problemas con luz, agua y aulas. Habló la ministra Cantero.
Un relevamiento realizado por Amsafé y ATE Rosario en las escuelas públicas del departamento arrojó que de un total de 223 establecimientos relevados en 137 no funciona el servicio de gas, en 81 hay problemas con las instalaciones eléctricas y en 13 directamente no tienen servicio eléctrico. Además, el informe difundido ayer reveló que en 71 escuelas la provisión de agua no es adecuada y en 9 es nula, 92 establecimientos no cuentan con ventilación cruzada, mientras que 91 no tienen aulas suficientes para los alumnos matriculados. "Nos encontramos en un nivel de precarización edilicia y educativa tremenda", dijo a Rosario/12 el titular de la delegación local de Amsafé, Gustavo Terés. En tanto, la ministra de Educación provincial, Adriana Cantero, precisó que entre julio de 2021 y marzo de este año destinaron más de 190 subsidios para reparaciones de edificios. "Aún en tiempos de pandemia hubo más respuestas que en otros años", afirmó la funcionaria.
Los gremios presentaron ayer los datos del relevamiento sobre las condiciones en las que se encuentran las escuelas públicas del departamento, la mayoría de Rosario y Villa Gobernador Gálvez al inicio del ciclo lectivo. Además de los datos mencionados anteriormente, el trabajo realizado por los gremios estatales rosarinos mostró otros números preocupantes: en 81 escuelas no hay baños en condiciones y actualmente hay 67 establecimientos en obra. Cabe aclarar que de las escuelas relevadas, 88 tienen comedor escolar y 169 copa de leche,
"El relevamiento muestra claramente que no están garantizadas las condiciones mínimas de enseñanza/aprendizaje en un importante número de escuelas del departamento Rosario, o que tienen serias falencias. Sobre todo en las zonas que crecieron exponencialmente (oeste y norte de nuestra ciudad) que no se adecuaron los servicios esenciales, con consecuencias que se manifiestan diariamente con baja presión de agua, cortes de luz, falta de gas para calefaccionarse o poner en funcionamiento los comedores escolares tan necesarios en un escenario post pandémico de crisis social y económica", señala el informe.
"Nos encontramos ante una situación de emergencia educativa, por lo que se necesitan políticas de emergencia, esto es un aumento significativo del presupuesto educativo, y es lo que no vemos", consideró Terés. "El ministerio a veces anuncia obras que llegan siempre tarde. Permanentemente son las comunidades las que tienen que organizarse para reclamar. Es incomprensible que una escuela (la 659) cumpla un año con baños químicos y no lo hayan podido resolver. No pueden dar cuenta de las situaciones concretas que se están presentando. Hay un ministerio que abandona a la educación pública", agregó.
El secretario general de Amsafé Rosario fue más allá al señalar que en el informe presentado ayer no están incluidas otras carencias de la escuela pública, como internet y el material didáctico: "Estamos hablando de servicios elementales, agua, luz, gas, disponibilidad de salones, ventilación cruzada. Escuelas donde se están usando los comedores como salones, después de una batalla muy grande de los asistentes escolares y de las comunidades educativas para crear los comedores y que se dejara de comer en las aulas; ahora hay un retroceso".
Los gremios exigieron que el Ministerio de Educación y el gobierno provincial pongan en marcha un plan integral de mantenimiento y refacción de los edificios escolares y que garanticen los servicios esenciales para el pleno funcionamiento de cada institución. "Esto es imprescindible para que haya igualdad de las condiciones educativas para los alumnos, así como condiciones de trabajo dignas para docentes y asistentes escolares", plantearon.
Durante la presentación del informe, la titular de ATE Rosario, Lorena Almirón, planteó que "tiene que haber un Comité Mixto de Seguridad e Higiene en cada lugar de trabajo, y tienen que estar los cargos de porteros y porteras que han sobrecargado sus tareas durante la pandemia". Por su parte, la secretaria de Asuntos Sociales de Amsafé Rosario, Paula Nardini, expresó: "La escuela es uno de los pocos lugares que resiste en las barriadas, es la posibilidad para muchos chicos que no tienen club, no tienen talleres".
En la previa de la presentación del relevamiento en las escuelas, la ministra de Educación, Adriana Cantero, sostuvo en LT8: "Venimos con un trabajo sostenido en el aspecto de infraestructura en las escuelas. En la Región VI, que es la que corresponde a Rosario, entre julio de 2021 y marzo de este año se han destinado más de 190 subsidios para reparaciones de edificios".
La funcionaria, que se mostró optimista respecto a la nueva propuesta salarial presentada ayer en la mesa paritaria, amplió: "Llevamos una inversión en todas las regiones para miles de obras de reparaciones y actualizaciones edilicias. Seguimos haciéndolo y no creo que sea un sector donde uno pueda decir que no hay respuestas. Aún en tiempo de pandemia, hubo más respuestas que en otros años".
La jueza lo admitió en la investigación sobre Sain
Pullaro será querellante
Diputado provincial Maximiliano Pullaro.Desde Santa Fe
La jueza Susana Luna admitió ayer como querellante al diputado radical Maximiliano Pullaro en la investigación a su sucesor en el Ministerio de Seguridad, Marcelo Sain. Una de las supuestas pruebas que los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez ofrecieron en la audiencia para adjudicarle al legislador el rol de “víctima” es una transcripción de una escucha telefónica entre Pullaro y un policía condenado por narcotráfico: el ex jefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas Alejandro Druetta, que fue encontrada en una oficina del Ministerio de Seguridad, en el allanamiento del 26 de noviembre. Los fiscales presumieron que la filtraron para “perjudicarlo”. Pero el audio en el que uno lo llama “maestro” y el otro le dice “máquina” era público: se reveló en el juicio ante el Tribunal Oral Federal 3 de Rosario, que condenó a Drueta a 10 años de prisión por “tráfico de estupefacientes doblemente agravado”, en marzo de 2021.
El abogado de Sain, Hernán Martínez, y su colega Juan Lewis, que defiende a Nadia Schujman coincidieron que los “elementos que aportaron ayer los fiscales” para justificar la querella de Pullaro “son cosas que no constituyen espionaje y ni siquiera son delito”.
“Seguimos en un estado de incertidumbre absoluta” acerca de los supuestos hechos que se investigan, dijo Martínez a Rosario/12. “Sin embargo, el único que sabe exactamente lo que pasó, se considera víctima y ahora justamente se lo reconoce como víctima, es Pullaro. Uno para saber que es víctima tiene que saber cuál fue el hecho, si no es imposible saber que es víctima. Parece que él lo sabe demasiado bien y la jueza le ha dado sustento a ese pedido”, ironizó.
“Hasta el propio fiscal de Estado, Rubén Weder –que representó a la provincia- manifestó que es necesario conocer qué se investiga” en esta causa. “El doctor Weder expresó que no está claro cuál es el hecho que se investiga. Entiendo que ahora, debería producirse en algún momento alguna imputación, si realmente hay un hecho con origen delictivo”, agregó Martínez.
Lewis recordó que Pullaro había pedido ser querellante por una noticia que se publicó en un portal de Rosario el 3 de enero. “Recién ayer fueron incorporadas algunas precisiones, pero que las trajeron los fiscales”, no el abogado de Pullaro. “Y los elementos que aportaron” Hernández y Jiménez “son cosas que no constituyen espionaje y ni siquiera son delitos”.
“Por ejemplo, los fiscales dijeron que encontraron –en el allanamiento del 26 de noviembre- la transcripción de una escucha telefónica” entre Pullaro y el policía condenado por narcotráfico, Alejandro Druetta. “Es un audio que se ventiló en un juicio federal a Druetta”, donde se lo condenó a 10 años de prisión. “Un juicio federal es público, entonces es información pública”, se indignó Lewis.
“Lo mismo ocurrió con los otros elementos que aportaron los fiscales. Y uno de los testimonios que se aportó es de un agente del Organismo de Investigaciones del MPA que ya está demostrado que pertenece a la agrupación política de Pullaro, y dijo que había un interés en buscar y encontrar algo en contra de Pullaro. Esa es toda las prueba en contra y cosas por el estilo”, agregó.
Asociar una escucha telefónica que se ventiló en un juicio oral y público con “algo tan escandaloso como un espionaje como plantean, tanto los fiscales como Pullaro, demuestra que acá hay una voluntad de instrumentar esto políticamente, tal vez en alguna carrera política o eleccionaria. Y que hay fiscales y jueces que se someten a esa manipulación. Esto es lo que nosotros encontramos en la audiencia de hoy”, denunció Lewis.
Los fiscales apelaron el fallo que respaldó los fueros del senador de San Lorenzo
El caso Traferri golpea las puertas de la Corte nacional
Erbetta (a la izquierda) fue el único de los 6 jueces de la Corte provincial que votó en disidencia.Desde Santa Fe
El Ministerio Público de la Acusación apeló ayer la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que consagró los “fueros absolutos” en la provincia y salvó al senador Armando Traferri -el único que ostenta ese privilegio en la Argentina en una causa penal concreta- de afrontar una audiencia imputativa como supuesto “organizador de una organización criminal”. Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery presentaron un recurso extraordinario para que revoque el fallo a medida de Traferri y puedan acusarlo ante un juez, como ocurre con cualquier legislador en el país, menos en Santa Fe. El obstáculo es la sentencia de la Corte santafesina del 22 de febrero, que convalidó por 5 a 1 la “inmunidad de proceso” de Traferri. El voto del presidente del tribunal, Rafael Gutiérrez, anunció que el legislador recién podría ser llevado a juicio cuando termine su mandato, en diciembre de 2023, pero si lo reeligen en su banca en el Senado, la “inmunidad” se extendería hasta diciembre de 2027.
La apelación fue presentada ante la propia Corte Suprema de la provincia, que ahora deberá evaluar si admite o no el “recurso extraordinario”. Si lo acepta, lo elevará a la Corte nacional, pero si lo rechaza, Schiappa Pietra y Edery podrán recurrir en queja ante el máximo tribunal.
Los fiscales pidieron el desafuero de Traferri en diciembre de 2020, que el Senado rechazó. A partir de ahí, comenzó una larga batalla judicial para declarar “inconstitucional” una parte del artículo 51 de la Constitución de Santa Fe que consagra la “inmunidad de proceso” de los legisladores. En marzo de 2021, la jueza Eleonora Verón rechazó el planteo de los fiscales. Sin embargo, tres meses después, en julio, el camarista José Luis Mascali lo admitió. La defensa apeló. Y el 22 de febrero último, la Corte de la provincia anuló la resolución de Mascali con una sentencia a medida de Traferri.
Schiappa Pietra y Edery pretenden imputar a Traferri por “su probable participación en una asociación ilícita” que “usufructuaba dinero de un sistema de captación de juegos de azar”, según el pedido de desafuero que rechazó el Senado. "El rol" que le atribuyeron era "organizar la protección judicial de la asociación ilícita, que consistió en favorecer y generar acuerdos de impunidad entre el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal” y el empresario Leonardo Peiti. Este último se encargaba de la "organización de los sistemas de captación de juegos de azar" y era "responsable de la recaudación y reparto del dinero producido por la organización criminal”. En diciembre de 2021, Peiti fue condenado a seis años de cárcel, que se redujo a tres por sus aportes a la investigación como imputado colaborador.
El recurso ante la Corte nacional coincide con el único voto de la Corte, del juez Daniel Erbetta, que rechazó los “fueros absolutos” de Traferri porque vulneran el principio de “igualdad ante la ley”. Y recordó que Mauricio Macri asumió la presidencia en 2015 “estando sometido a proceso” y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “se ha sometido a numerosos procesos e incluso compareció en audiencias de juicio”. “A esta altura de los tiempos, donde tanto se declara la necesidad de transparencia pública, la inmunidad de proceso ha quedado fuera de toda justificación”, agregó.
“La ‘inmunidad de proceso’ ha perdido esencia y razón de ser”. Por lo tanto es “irrazonable” impedir que Traferri sea sometido a una “investigación penal”, cuando también tiene “inmunidad de arresto”. Es más, sostener “tal inmunidad, a la luz del nuevo paradigma constitucional e internacional, implicaría un verdadero privilegio antirrepublicano con seria afectación a principios de jerarquía superior”, alertó Erbetta.
Mantener “esa prerrogativa injustificada” de Traferri “vulneraría, en primer término, el principio de igualdad ante la ley" porque implicaría “reconocer lisa y llanamente que el legislador no puede siquiera ser convocado por la justicia penal”.
Lo paradójico del caso Traferri –señaló Erbetta- es que “no se procura proteger” a un ciudadano “frente al poder estatal, sino todo lo contrario". Se amplían sus privilegios "de de modo irrazonable e injustificado", mientras se cercena “el derecho de la sociedad a conocer los actos del poder político y, eventualmente, su interés en que se investiguen y, de corresponder, se sancionen hechos que comprometen precisamente a quienes, por su condición de funcionarios públicos, tienen el especial deber de “cumplir el deber”.
El juicio a Esteban Alvarado y su banda
El pez por el teléfono muere
Los fiscales destacaron el valor de las evidencias surgidas de los celulares de los imputados y reveladas en las audiencias.
Fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery."Ojalá que no salte más nada porque estamos hasta la p...". La frase es parte de uno de los audios que conforma la acusación contra Esteban Alvarado y otras seis personas que están siendo juzgadas por homicidios, asociación ilícita, balaceras y lavado. La tercera semana del debate oral fue calificada como "importante" para el fiscal Matías Edery, ya que "se empezaron a ver los mensajes que comprometen a todos los imputados", dijo sobre lo que llegó a la sala de audiencias a través de peritos ingenieros que desbloquearon y abrieron el celular de Alvarado. "En gran parte las evidencias surgen por estos mensajes", dijo Edery.
Luego de reproducirlos en la sala de audiencias del juicio que comenzó a fines de febrero pasado, los fiscales Edery y Luis Schiappa Pietra, a cargo de la acusación, dieron a conocer algunos mensajes de cruces de comunicaciones entre los acusados, que forman parte de la evidencia por hechos de homicidios, asociación ilícita, balaceras y lavado, de los que están acusados.
En ese contexto, el crimen del prestamista Lucio Maldonado, a fines de 2018, aparece como la punta del ovillo por el que fue avanzando la investigación. Esta semana desfilaron los ingenieros que desbloquearon el iPhone 8 que Alvarado tiró a un lago cuando fue detenido, en Córdoba, en febrero de 2019, pero que fue rescatado y se pudo recuperar la información. Para los fiscales, allí hay buena parte de las evidencias en su contra.
"Vimos mensajes del teléfono de Alvarado, de Laferrara, y fueron muy importantes porque en gran parte la evidencia que apunta a ellos, sobre todo por los homicidios, surge de los mensajes que fuimos pasando".
"A mí no se me escapó nada, si vos sabés cómo soy yo... se les escapó a los boludos estos"; "sí, aparte nos han sacado los papeles de facturas... nos mandó al bombo el mismo allanamiento también eh"; "Ojalá que no salte más nada... porque si llegan a saltar más cosas, estamos hasta la pija", son algunas de las referencias que hicieron los imputados a los procedimientos en relación a la investigación.
Para el fiscal Edery, "lo que se puede ver es cómo ellos se iban preocupando, a medida que avanzaba la investigación, cómo las constancias y todo lo que íbamos secuestrando y descubriendo a ellos los iba preocupando, porque se daban cuenta que estábamos más cerca de obtener los elementos para detenerlos", dijo. "Y son muy gráficos, porque estos audios vienen a colación de un audio que también se pasó (durante la audiencia) en el que Alvarado hace todo un resumen de lo que nosotros habíamos secuestrado en (la quinta) Los Muchachos, y termina diciéndole a (el también imputado Facundo) Almada 'ojalá que no crucen los teléfonos porque vamos a tener más problemas'; y lo que vimos en esta audiencia fue eso, cómo cruzamos los teléfonos para obtener información", cerró el fiscal.
Fuente:Rosario12
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