20 de marzo de 2022

ROSARIO - SANTA FE.

 


Caso Sain. Denuncian a los fiscales por manipulación de pruebas

Delitos de acción pública

Lewis que defiende a Nadia Schujman denunció a los fiscales Hernández y Jiménez por la supuesta manipulación de pruebas en la causa por supuesto espionaje.

Por Juan carlos Tizziani
Lewis cree que la manipulación de pruebas púeder "cerrar la causa".

Desde Santa Fe

El ex ministro de Justicia Juan Lewis, que defiende a la abogada Nadia Schujman en la investigación a Marcelo Sain y a su equipo, denunció esta semana ante el Ministerio Público a los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jimenez, entre otros, por la supuesta manipulación de pruebas en la causa. Es la segunda denuncia penal para que se investigue a los investigadores. Su colega Hernán Martínez -que asiste a Sain-, ya había denunciado que el 10 de marzo, en Rosario, en un peritaje de dispositivos electrónicos secuestrados en el Ministerio de Seguridad el 26 de noviembre, se descubrió que la notebook de Schujman “no poseía ningún tipo de disco de almacenamiento en su interior”. Ahora, Lewis reveló otro hecho: que en ese mismo peritaje su delegado técnico, Leonardo Gianzone, también descubrió que se había incorporado a la “cadena de custodia” un registro del supuesto traslado de los equipos el 15 de diciembre, que “no existía” en la primera apertura de los dispositivos –controlada por la defensa-, que se realizó el 3 de enero, en Santa Fe. ¿Qué pasó entre el 3 de enero en Santa Fe y el 10 de marzo en Rosario? Es lo que Lewis pidió que se investigue ante la sospechas de que los dispositivos peritados el 10 de marzo en Rosario –entre ellos la notebook de Schujman- ya habían sido “manipulados, alterados y accedidos” antes de esa fecha.

Lewis presentó la denuncia ante el fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti, que es el jefe de Hernández y Jiménez. Al identificar a los “denunciados”, Lewis señaló al “personal que intervino en la confección y posterior alteración y/o destrucción de la cadena de custodia” de los dispositivos que se peritaron el 10 y 11 de marzo en Rosario. Entre ellos, agentes de la unidad fiscal de Delitos Complejos de Santa Fe y de la sección de Análisis Digital Forense (ADF) del Organismo de Investigaciones y “los propios fiscales Hernández y Jiménez”, quien es la jefa de Delitos Complejos.

El denunciante anotició a Arietti de “hechos acaecidos” en la investigación que consideró de la “mayor gravedad”. Porque, por un lado “denotan severas irregularidades en personas que trabajan bajo su dirección”, “revisten potencial para invalidar seriamente la causa” y “podrían constituir delitos de acción pública”. La denuncia describe los hechos:

*26 de noviembre. Hernández y Jimenez allanan el Ministerio de Seguridad, donde secuestran dispositivos electrónicos, entre ellos la notebook de Schujman y la asignada al ex secretario de Seguridad Germán Montenegro, tablet, celulares y unidades de almacenamiento de datos. La medida se realizó sin testigos. Y los requisadores del Organismo de Investigaciones dispusieron la cadena de custodia de los equipos.

*30 de noviembre. La cadena de custodia registra un “pasaje de evidencia”. Los requisadores entregan equipos al abogado Fabián Nardi de la unidad de Delitos Complejos que dirige la fiscal Jiménez.

*3 de enero. Apertura de los dispositivos en Santa Fe. Por la defensa de Schujman asistió su delegado técnico, Leonardo Gianzone, quien confirmó que el último movimiento en la cadena de custodia era el 30 de noviembre, cuando los equipos fueron recibidos por Nardi. Gianzone documentó –incluso con fotos- que “no se consignaba ningún traspaso de los efectos secuestrados” desde el Ministerio Público a la sección Análisis Digital Forense (ADF). “Los formularios de custodia no identificaban” que Nardi hubiera entregado los dispositivos a otra persona, dice la denuncia.

*10 de marzo. Segunda apertura de equipos en la sede de la ADF, en Rosario. Y ahí defensa descubrió un cambio en lo que había documentado su delegado técnico: que el 15 de diciembre, Nardi “entregó los dispositivos” al jefe de la ADF, Fabián Ferrero. Un “dato que no existía en el formulario de custodia del 3 de enero”, revela la denuncia. El 24 de febrero, el comisario Ferrero se los habría pasado a un chofer del MPA, Marcos Andreoli y éste se los entregó a un agente de la ADF de Rosario, Martín Juárez, “sin registrarse en qué fecha se produce esta entrega ni el detalle de lo qué se entregaba”.

“La cadena de custodia de los dispositivos abiertos el 10 de marzo no se completó adecuadamente” o se lo hizo “de manera irregular con posterioridad” al 3 de enero, que es lo que documentó Gianzone. “De modo que no se mantuvo intacta e inalterable la secuencia de cada dispositivo, como debería ser”, agregó Lewis.

A las “inconsistencias” en la cadena de custodia, Lewis sumó otro “conjunto de anomalías” en los equipos: el 3 de enero, “el embalaje consistía en una bolsa de nylon y anexa una faja de seguridad”. Y el 10 de marzo, ya era “una bolsa de papel madera color marrón, sin precinto y cerrada con cinta adhesiva blanca”. “No hay registro del cambio”.

“En conclusión, los dispositivos” abiertos el 10 de marzo en la sede de ADF en Rosario “fueron manipulados, alterados y accedidos con anterioridad a esa fecha”, precisó Lewis.

“Un claro ejemplo de la manipulación, sin control alguno” –precisó-, es la notebook de Schujman, que el peritaje del 10 de marzo reveló que “no poseía ningún tipo de disco de almacenamiento en su interior”. El hecho motivó la primera denuncia penal que presentó el abogado Hernán Martínez, testigo del hallazgo.

Después de la denuncia de Martínez, los fiscales Hernández y Jiménez ratificaron que “todas las diligencias ordenadas” en la causa se habían realizado con “previa notificación a las partes” y “el control de los abogados defensores y sus delegados técnicos”. “Lo mismo ocurrió con la pericia” de la notebook de Schujman que “fue filmada y fotografiada. De la filmación del acto se advierte la presencia del dispositivo de almacenamiento (de la computadora) en el lugar correspondiente”.

“Sin embargo, pese a los esfuerzos de los fiscales de restar trascendencia a la gravedad institucional de lo acontecido el 10 de marzo o antes, lo cierto es que el acta del peritaje revela que la notebook secuestrada en la oficina de Schujman ‘no posee ningún tipo de disco de almacenamiento en su interior’. Y firman: el oficial de policía Leonel Gómez, quien desarmó la computadora, el abogado Hernán Martínez y el perito de parte Leonardo Gianzone. “Desconocemos cuál será el video que habrán observado los fiscales Hernández y Jiménez que pueda documentar algo tan distinto a lo percibido por las personas intervinientes en el acto y contrario a lo documentado en el acta”, refutó Lewis.

Incluso, en las “etiquetas” de los dispositivo abiertos el 10 y 11 de marzo “se advirtió que ya habían sido manipulados a partir del 3 de enero” porque tenían cintas adhesivas con “leyendas” en las que se podía leer “bloqueado”, “no se pudo desbloquear”, “tiene PIN y no se pudo desbloquear”.

“Evidente, entre la apertura de los equipos el 3 de enero en Santa Fe y la misma medida realizada el 10 y 11 de marzo en Rosario, alguien intentó, al menos, encender los dispositivos para extraer su información, sin control alguno de la defensa y sin documentación alguna de dicho intento”, señaló Lewis. "La cadena de custodia omitió consignar datos elementales, como qué funcionario responsable manipuló los elementos en cada oportunidad en todo este tiempo". De hecho, la notebook de Schujman "carecía de disco rígido, los terminales correspondientes se encontraban prolijamente fijados con cinta y sin embargo nada de eso estaba consignado en la cadena de custodia”.

“Los hechos relatados, además de constituir una severa irregularidad que genera consecuencias invalidantes en eventuales disposiciones probatorias de lo que se obtenga, importan la comisión de delitos de acción pública de la máxima gravedad”, dijo Lewis. Y citó el artículo 255 del Código reprime hasta con cuatro años de prisión a quien sustraiga, altere, oculte, destruya o inutilice “objetos destinados a servir de prueba” en una causa judicial.


Afuera

Desde el gremio de Dragado y Balzamiento salieron al cruce del gobierno nacional al considerar que no fueron tenidos en cuenta para la inauguración de la sede del Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable que tuvo lugar esta semana en Rosario. “Convocan fundamentalmente a referentes políticos y muchos de ellos no saben nada de la Hidrovía. Ahora a los trabajadores los dejan afuera”, disparó Edgardo Arrieta, secretario General del sindicato.



El cuarto juicio a Brusa. La querella le pidió 15 años de prisión

"Tormentos agravados" en el "contexto del genocidio" 

Por Juan Carlos Tizziani
El ex juez Brusa era parte del poder judicial en la dictadura.. Imagen: Andres Macera

Desde Santa Fe

El Tribunal Oral de Santa Fe clausuró esta semana la etapa de pruebas en el cuarto juicio a Víctor Brusa y en el primer alegato, la querella le pidió que condene al ex juez federal de Santa Fe a 15 años de prisión por “tormentos agravados” a tres militantes peronistas “en el contexto del genocidio”. En el “entramado criminal” de la dictadura, “el Poder Judicial no era ajeno, no era ni siquiera cómplice, era parte integrante y fundamental” del terrorismo de estado para “la legitimación de esos crímenes y garantía de impunidad de sus perpetradores”, dijo la abogada querellante Lucía Tejera. La “patota de saco y corbata” –como la llamó uno de los denunciantes de Brusa, Francisco Klaric- formó parte del “plan sistemático de la represión ilegal”. Tejera solicitó también al Tribunal que Brusa cumpla la condena en “cárcel común” y no en su casa, como hasta ahora, donde convive con una sentencia unificada a 23 años de prisión por “apremios ilegales” a nueve perseguidos políticos y “asociación ilícita”, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le anuló el beneficio de la “prisión domiciliaria” en octubre de 2021.

En el juicio, están imputados también dos policías: la ex carcelera del Area 212 que operaba en la Guardia de Infantería Reforzada, María Eva Aevi y un oficial del Comando Radioelectrico, Juan Eduardo González. El miércoles, el Tribunal indagó a González, cerró la etapa de pruebas y escuchó el alegato de la querella que representa a Klaric. El miércoles próximo están previstos los alegatos de la fiscal Jimena Caula y de la defensa. El veredicto del Tribunal, integrado por los jueces de Rosario Mario Gambacorta, Germán Sutter Schneider y Eugenio Martínez Ferrero, se conocería el 30 de marzo.

En el debate, volvió a quedar a la vista que el Juzgado Federal de Santa Fe operaba como “parte integrante y fundamental” del terrorismo de estado, dijo Tejera. El juez era Fernando Mántaras, un orgánico de la dictadura. Una de las secretarías estaba a cargo de Víctor Montti, quien después ascendió a juez y a la otra escaló Brusa. Los denunciantes señalan a otro empleado: Jorge Ciriaco Nuñez, ya fallecido. El único que llegó a juicio fue Brusa. A Montti lo volvieron a denunciar nuevamente en este juicio tres testigos: Klaric, Orlando Barquín y Carlos Raviolo. Pero ya se sabe, que en 2011 zafó con una falta de mérito de la Cámara Federal de Rosario, por los mismos casos; en 2015 y 2016, los fiscales Walter Rodríguez y Martín Suárez Faisal pidieron su indagatoria y detención, pero eso no ocurrió.

Klaric fue secuestrado el 20 de noviembre de 1975, en la calle, junto con su compañero Orlando Barquín. De la cárcel de Coronda lo sacaron “en numerosas oportunidades para ser sometido a interrogatorio bajo torturas y en esas condiciones obligarlo a firmar declaraciones que luego sería utilizadas en su contra”, relató Tejera.

En abril de 1977, el juez Mántaras le arma una causa. “Qué podía decir yo si hacía dos años que estaba preso, nuestra organización casi destruida, la mayoría de los compañeros que no estaban en la cárcel estaban muertos, desaparecidos o en el exilio. Era la tortura por la tortura misma”, dijo Klaric en el juicio. “La maquinaria criminal estaba en marcha y era necesario blanquearla a través de expedientes judiciales”, agregó Tejera en el alegato. “Por eso, Klaric y tantos testigos hablan de la patota judicial, de un grupo de funcionarios y empleados del Poder Judicial dispuestos a encontrar justificativos aparentes para dar legitimidad judicial, de manera sistemática, a esa privación de la libertad”. “El Juzgado Federal de Santa Fe era un engranaje más de esa maquinaria”, señaló la abogada.

En su relato, Klaric dijo que Montti y Brusa tramitaban los expedientes. "Brusa se encargaba de un grupo de detenidos y Montti de otro”. Por eso, en diciembre de 1983, junto con Barquín, denunciaron a ambos secretarios porque “esa división de tareas” formaba parte del mismo operativo. “No actuaban separadamente, sino todo lo contrario”, explicó Tejera.

Brusa operaba en la cárcel de Coronda y en comisarías. “En los interrogatorios, presionaba con volver a llamar al grupo de torturadores para que ratifiquen las declaraciones donde las víctimas ‘confesaban’ determinados hechos que eran utilizados para fundar las condenas”. “Lo dijo Klaric, que en una piecita de la cárcel de Coronda, Brusa le anunció: ‘Con vos, lo vamos a arreglar de otro modo’. Y días después, fue sacado del penal para someterlo a interrogatorio bajo tortura”, recordó la abogada. En el chupadero, “lo ataron a un elástico de una cama con las manos muy extendidas y las piernas atadas en la punta y comenzaron a torturarlo con picana y golpes. Reconoce a una persona que leía una ayuda memoria o una declaración ya escrita que tenía que firmar”. “Esa persona tenía una voz aflautada que leía mientras me torturaban y estaba acompañado de otra, que luego identifica con Nuñez, empleado del Juzgado Federal y el doctor Castiglioni”.

“Brusa, como representante del Juzgado Federal de Santa Fe era parte de los mecanismos de poder que reproducían el terror fuera del campo de concentración”. Su tarea, “como las del juez Mántaras, Montti, Nuñez, Castiglioti y el resto del aparato judicial a disposición del plan criminal era obtener las firmas necesarias para utilizar esas declaraciones como fundamento de una condena. No sólo se negaba a tomar las denuncias de torturas de las víctimas, que en muchos casos eran evidentes, sino que las amenazaba con volver a ellas. Y se burlaba de la situación que detentaba, lo que de por sí ya era degradante, presentándose en nombre del Poder Judicial, violando principios jurídicos y de humanidad básicos, actuando convencido de sus hechos y sabiendo que gozaba de plena impunidad”, concluyó Tejera.


Las dificultades de las mujeres para compartir roles

Trabajo profesional y maternidad

Las mujeres estudiadas pertenecen a distintas profesiones y trabajan en organizaciones de Rosario y zonas aledañas.

Por Victoria Arrabal
Es muy complicado para mujeres profesionales con jornadas extendidas.. Imagen: Camila Casero

La antropóloga de la UNR Tania Corsetti investiga la relación entre el trabajo profesional y la maternidad y da cuenta de las dificultades que atraviesan muchas mujeres para poder conciliar estos dos mundos. “El régimen actual capitalista, caracterizado por la flexibilización, configura un escenario laboral que dificulta ejercer la maternidad, una contradicción con una intensidad como nunca antes en la historia occidental” afirma la investigadora. A raíz de esto, se está viviendo un proceso incipiente pero en ascenso que es la existencia de mujeres profesionales no madres. Corsetti analiza la incidencia que el desarrollo profesional tiene en la vida de este grupo de mujeres y que estaría configurando un nuevo tipo de identidad femenina, distinta a la hegemónica.

Las mujeres estudiadas pertenecen a distintas profesiones, egresadas en su mayoría de la UNR, trabajan en organizaciones de Rosario y zonas aledañas y, con muy pocas excepciones, pasaron a constituir la primera generación de profesionales, donde su situación laboral actual significa un progreso económico con respecto a sus familias de origen

Para este grupo, el trabajo profesional es condición de autosustento, estén solas o en pareja, es un estructurador de tiempos y espacios, el eje vertebral de todas las demás actividades. Asimismo es percibido como espacio de realización personal y de relaciones sociales consideradas como propias.

Esto demuestra que el trabajo profesional es central en cuanto a su importancia económica pero también a nivel subjetivo, social y de configuración de la identidad. Es decir que “más allá de una cuestión financiera, hay un componente moral que da cuenta del carácter emancipador que tiene la participación femenina en el mundo del trabajo”, reflexiona la antropóloga.

Las Superpoderosas

¿Qué posibilidades hay de compatibilizar el trabajo profesional con la maternidad? se pregunta la investigadora. Aquí surgen dos escenarios: por un lado aquellos trabajos con jornadas laborales no mayores a 6 horas o que tienen una serie de licencias y pueden modificar los horarios. En este caso, no resulta incompatible.

Pero en aquellos trabajos con jornadas extensivas e intensivas, de más de 9 horas y que requieren una disponibilidad full time, la maternidad resulta incompatible, para buena parte de las profesionales estudiada. Esto pudo observarse en empresas de capitales extranjeros y multinacionales que se concentran en el gran Rosario.

En ese contexto, algunas mujeres terminan renunciando o deben reconvertir su trabajo, generalmente con algún emprendimiento. “Pero hay muchas que no están dispuestas a pagar un ‘impuesto reproductivo’ y renunciar a su trabajo profesional porque les da satisfacción y además le dedicaron mucho tiempo biográfico, de preparación y de inserción laboral”. Para estas profesionales, la renuncia a su desarrollo, a no poder crecer, genera mucha frustración y significa la renuncia a la libertad y a una vida propia.

Corsetti retoma la perspectiva de Nancy Fraser en relación a que este sistema capitalista, por un lado promueve que la mujer salga al mercado laboral con jornadas extensas o pluriempleo por los bajos salarios pero por otro lado, nadie se hace cargo del cuidado de los hijos, ni el Estado, ni las empresas, ni los sindicatos. Esta desigual distribución de los cuidados que implica la maternidad y no así la paternidad, en el mercado laboral se traduce en que las trabajadoras están en un plano de desigualdad con respecto a sus compañeros varones y por eso dificulta el desarrollo profesional.

De hecho, las mujeres entrevistadas reconocieron que no ejercer la maternidad les permitió disponer de un tiempo y una libertad para realizar determinadas trayectorias que implicaron un crecimiento profesional, desde irse al exterior, tomar cargos jerárquicos a estudiar otra carrera.

Lo cierto es que este modelo promueve una figura de mujer contradictoria. “Debe concentrar los valores altruistas de la mujer moderna: entrega, dependencia, ser para otros, pero a la vez desplegar los valores de mujer posmoderna: libertad, independencia, profesionalismo”, cuestiona la docente de la UNR.

La antropóloga considera que este es un modelo de mujer que se aparta del terreno de lo humano y se inscribe más en el de la ciencia ficción: las superpoderosas, con habilidades especiales, mujeres malabaristas para conciliar el mundo productivo y el maternal o mujeres pulpo con tantos brazos como actividades a realizar simultáneamente.

“No todas las mujeres quieren ser así y al ver esta contradicción se distancian del modelo hegemónico construido sobre los pilares de la maternidad y la conyugalidad y empiezan a construir una identidad de manera reflexiva en la que los mandatos empiezan a ser vividos más como opciones que como obligaciones”, reflexiona Corsetti.

Será deseada o no será

El proceso de decidir no ejercer la maternidad no responde a una única causa. Existen una diversidad de condicionantes que se van relacionando y que cada mujer experimenta de una manera singular. Aquí también influyen las representaciones que se tienen hoy sobre la maternidad. “Una se inscribe en el eje de los cuidados, con un alto contenido moral y afectivo y otra es la que subraya el carácter repetitivo, obligatorio, agotador, full time, cuya frase de cabecera es ‘Lo que llaman amor es trabajo no pago’”, explica.

Si bien hay diferentes formas de maternar la antropóloga afirma que persiste el modelo de maternidad intensiva que se consolidó hace más de un siglo, una actividad de crianza por parte de madres individuales centrada en las necesidades de la niñez, sin precio, con métodos determinados por expertos (el saber médico, el saber pedagógico) y que implica una atención costosa, intensiva y muy afectuosa.

“A pesar de que la maternidad continúa siendo un mandato social, hoy empieza a ser pensada como una opción, una elección”, sostiene. La mujer profesional como figura social que surge en Argentina a partir de la década del 60, 70 cuando empieza a feminizarse la matrícula universitaria, está ganando terreno en la constitución de la identidad femenina. A diferencia de generaciones anteriores en las que ser madre era la esencia de la mujer.

“En este momento histórico surge un proceso de reflexión acerca de la maternidad en el que las mujeres están habilitadas para interrogarse, decidir y actuar. Y en esto es innegable la incidencia de los feminismos y el lema “la maternidad será deseada o no será”, expresa.

Algo quizás controversial, que se vive también con culpa, es el deseo de tener determinado tiempo y espacio para dedicarlo a actividades del ocio, placer y disfrute y que estas mujeres no están dispuestas a sacrificar en pos de la maternidad.

La investigadora actualmente está analizando qué ocurre con las mujeres que deciden seguir trabajando en esas grandes empresas y también ser madres. Se pregunta cómo es la jerarquía en el mercado laboral, qué incidencia tiene la maternidad en el desarrollo profesional, qué estrategias utilizan para conciliar y de qué modo esta estrategia de vivir en simultaneidad ambos trabajos, incide en la salud mental y el bienestar subjetivo de estas trabajadoras, un aspecto que no es muy tenido en cuenta en materia de seguridad laboral. Por otro lado, también indaga de qué modo el trabajo profesional incide en la forma de maternar, cómo son las experiencias de estas mujeres trabajadoras profesionales de nuestra región.

Tania Corsetti es Licenciada y Profesora Universitaria en Antropología de la UNR y Magister en “Poder y Sociedad desde la Problemática del Género” Es becaria doctoral de CONICET. Su investigación “Trabajo profesional y maternidad. Un estudio relacional acerca de mujeres profesionales que trabajan en empresas del Gran Rosario”, radicada en el ISHIR, está dirigida por la Dra. Laura Pasquali. Es docente de la materia “Psicología en el Trabajo” de la Facultad de Psicología de la UNR.



Los comercios de proximidad piden estar dentro de las medidas

"Nosotros a lo sumo trasladamos precios"

Así lo dijo Juan Milito del Centro Unión Almaceneros de Rosario y aseguró que "las listas con aumentos que nosotros estamos recibiendo son semanales".

Los comerciantes hace mucho no veían tanta aceleración de precios.

Referentes almaceneros reclaman mayor apoyo del Estado para garantizar abastecimiento y una mejor oferta al público, en medio de las dificultades para estabilizar los precios de los alimentos y también garantizar el abastecimiento. En ese sentido, el referente local de la Unión de Almaceneros, Juan Milito, pidió que las medidas nacionales que anunció el presidente Alberto Fernández, incluyan a los comercios de proximidad, y consideró que la mayor parte de los beneficios están dirigidos a las grandes firmas.

A propósito de los continuos incrementos que se ven reflejados en las góndolas, Milito detalló a Sí 98.9 los ajustes que recibieron durante febrero. “Las listas de precios son semanales. Hay empresas a las que uno las considera medianamente serias que la semana pasada pasaron incrementos del 15%, y esta semana agregaron un 12%, en el acumulado debemos estar en el 30%”, precisó.

Desde el sector mantienen una profunda preocupación al respecto, ya que ante esa aceleración en los precios no cuentan con demasiado margen para evitar un traslado a góndolas. De hecho, sostienen que desde el gobierno los apuntan como parte del problema. “Necesitamos que no se caiga sobre el comerciante de proximidad, nosotros a lo sumo trasladamos precios, esto parece una caza de brujas”, reconoció Milito, y agregó: “Hace mucho que no veo una aceleración de precios como la de estos días.

Hace algunos días los almaceneros fueron recibidos por el secretario de Comercio Interior, Roberto Felletti, y durante la charla le solicitaron que el fideicomiso del trigo ayude también a los pequeños comercios a estabilizar los precios del pan. “Ellos mostraron buena voluntad pero también demostraron que están más solos que perro malo. La secretaría de comercio está aniquilada”, confesó el referente almacenero.

La declaración se da en medio de las internas que acechan al Frente de Todos, y parte de esas divisiones se ven reflejadas en el manejo de algunas carteras nacionales y en la falta de controles. En ese sentido, el líder de Unión de Almaceneros explicó que por ejemplo, en el caso de la leche, hay tres o cuatro supermercados a los que el gobierno nacional "les subsidio 5 mil millones de pesos" devolviéndole el IVA. “Eso es un error, no se puede subsidiar a los más grandes, hay que pensar en la gente”, consideró.

Por último, Milito deslizó: “Los grandes formadores de precios no están dispuestos a resignar, parece que hay miedo de levantar un teléfono y hablarles. Hay veces que se extraña a Moreno”.

Fuente:Rosario12


POLÍTICA SANTA FE

Perotti y el relanzamiento solapado

El gobernador, sin hacerlo explícito, teje pensando en 2023 y se mueve evitando frentes de tormenta y construyendo más allá de su espacio.

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