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El peligro del agua
Por Patricio Eleisegui, Resumen Latinoamericano 21 de marzo de 2022.
Año tras año, se multiplican las experiencias científicas que confirman la contaminación con plaguicidas que sufren las redes en las zonas donde impera el agronegocio. Vacío legal, pautas obsoletas y una dirigencia política cómplice de otra tragedia sanitaria argentina.
“Al haberse confirmado la sospecha de presencia agroquímicos en el agua de red de Rufino, creemos es imprescindible se realice un estudio más riguroso, que incluya muestreos de los pozos de origen, muestreos en diferentes sectores de la ciudad y, al menos, un seguimiento bimestral que muestre la fluctuación a lo largo del año. Esto último, porque la presencia de agroquímicos en el agua de red puede verse afectada por el régimen de lluvias y por los períodos de fumigaciones más concentradas”.
El comunicado lleva la firma del Centro de Estudios Rufinense Scalabrini Ortiz (CERSO). Organización con base en una de las tantas triple fronteras –Rufino se haya muy cerca del límite de Santa Fe con Córdoba y la provincia de Buenos Aires– diseñadas por el agronegocio en los territorios de la Argentina profunda.
A principios de esta semana, el CERSO divulgó los resultados de un monitoreo llevado a cabo por el doctor Damián Marino y su equipo de científicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), quienes midieron la potencial presencia de plaguicidas en el agua local.
Los hallazgos fueron tan contundentes como preocupantes: presencia de acetoclor –herbicida que se aplica en soja, maíz y girasol, entre otros cultivos–, atrazina –herbicida de usos múltiples–, epoxiconazol –fungicida–, imidacloprid –insecticida–, metolacloro –herbicida– y tebuconazol –fungicida–. Un combo de moléculas capaces de provocar, según el caso, desde cáncer hasta malformaciones, pasando por los abortos espontáneos, las enfermedades en la piel y problemas severos como el trastorno de tiroides, entre otros males.
“La toma de muestras de la red de agua potable de Rufino se llevó a cabo en el mes de octubre de 2021, en la Escuela Nro. 669 y en el Club Social y Deportivo Belgrano”, precisó el CERSO, a la par de señalar que el Concejo Deliberante de la ciudad desatendió los pedidos de apoyo para realizar una experiencia de relevancia comunal.
Lo constatado en esa ciudad representa el último ejemplo de una condición que es característica fija en nuestros territorios fumigados: la presencia de agrovenenos en el agua que consume la población. Año tras año, se multiplican las evidencias de contaminación. Tanto que ya es una rareza dar con un pueblo o ciudad arrinconado por los transgénicos que no evidencie trazas de agrotóxicos en sus redes de suministro.
En la Argentina de la soja, el maíz, la papa, la alfalfa, el trigo y el algodón genéticamente modificados para resistir plaguicidas, dar con fuentes de agua sin presencia de moléculas de agrotóxicos podría decirse que es cosa del pasado. Al menos, allí donde se lleva a cabo la agricultura de exportación basada en el paquete tecnológico –transgénicos (OGMs) + pesticidas + siembra directa–.
A escasas jornadas de ocurrir otra edición del Día Mundial del Agua, el nuestro es un mapa de certezas en cuanto al desastre ambiental que provocan estas sustancias. En el llamado corazón productivo del país, abrir la canilla y llenar un vaso es un auténtico peligro.
Esto que ahora se probó en Rufino es una continuidad antes que una rareza. Otra pieza más de una figura nociva que se agiganta con el correr de las décadas. O las cosechas.
Lobos o el sabor del veneno
El hallazgo en la ciudad santafesina sucede a menos de un año de constatada la presencia de cancerígenos como el herbicida 2,4-D en las aguas que nutren a los hogares de Lobos, en la provincia de Buenos Aires. En ese caso, la comprobación corrió por cuenta de los científicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Balcarce.
El monitoreo, otra vez, fue impulsado por una acción vecinal antes que por las autoridades de la política distrital. El colectivo que motorizó la experiencia lleva por nombre Aporte Por el Ambiente de Lobos (APAL).
Voy con algunos extractos del documento que emitió la organización tras los resultados obtenidos por el INTA Balcarce: “Encontramos 11 plaguicidas en aguas subterráneas a diferentes profundidades, incluso las utilizadas por las estaciones de bombeo municipales (a 50 metros de profundidad)”.
“Para que entendamos la gravedad de esta situación tomemos como ejemplo uno de los herbicidas encontrados, el 2,4-D. En la bomba 19, perteneciente a la red de agua corriente de Lobos encontramos niveles del herbicida 2,4-D, que están 45 veces por arriba de lo aceptado por la Unión Europea, que es la referencia tomada por el INTA en estos casos”, añade la organización.
Hay más: el equipo del INTA, encabezado por Virginia Aparicio, también constató contaminación con plaguicidas en muestras de agua de lluvia. “En el informe se registra el hallazgo de 10 plaguicidas en la muestra de agua de lluvia tomada en la plaza principal de Lobos el 8 de abril. Nos llueven en la cabeza herbicidas e insecticidas, las mayores concentraciones fueron de atrazina, fipronil y, otra vez, 2,4-D”, expone APAL.
“Se tomaron muestras, además, en los árboles cercanos para medir el impacto de estas aguas y vapores contaminados en el material vegetal. Nos encontramos para nuestra sorpresa con 6 plaguicidas a pesar de que esperábamos encontrar 1 o 2”, agrega el texto del colectivo.
La presencia de los venenos también se corroboró en los establecimientos educativos del distrito. “Tomamos muestras en la Escuela N°3 de Chacras y en la plaza 1810. Allí también encontramos 5 plaguicidas. Debajo de los juegos de la Escuela N°3 registramos importantes cantidades de glifosato y también en la plaza principal de Lobos”, se expone en el documento que refleja los hallazgos del INTA.
El desastre en Exaltación de la Cruz
La ruta funesta del agua con agrotóxicos tiene en Exaltación de la Cruz, también en el ámbito bonaerense, otra parada obligada. El caudal de la red que abastece a Los Cardales y Capilla del Señor está contaminado con clorpirifos, atrazina, epoxiconazol, imidacloprid, metolacloro, tebuconazol e imazetapir.
Nómina casi idéntica a la cotejada en Rufino. El análisis de las muestras corrió por cuenta, nuevamente, del doctor Marino y su equipo.
En agosto del año pasado, el Concejo Deliberante local se pronunció respecto de la situación ambiental en el distrito. Pero no del modo en que esperaba la población, atenta a la supervivencia antes que a las regalías que dicen generar las 30.000 hectáreas de soja, maíz y trigo que se siembran en el municipio: rechazó la modificación a la ordenanza que proponía aumentar a 1.000 metros la distancia de las fumigaciones respecto del ejido urbano.
La política municipal consideró como mejor decisión sanitaria habilitar el uso de venenos a una cuadra y media de las casas. Y a tres de las escuelas rurales. De la probada batería de agrotóxicos disueltos en el agua que toman todas las personas en el distrito, ni una sola mención oficial.
Tres años y nada cambió en Pergamino
En abril de 2019, el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, ordenó suspender las aplicaciones de agrotóxicos en el partido de Pergamino, en el norte bonaerense, tras constatarse una epidemia de personas afectadas por problemas respiratorios y erupciones en la piel en barrios linderos a lotes sembrados con soja transgénica.
La decisión del magistrado llegó tras un reclamo ante la Justicia que se inició un año antes. Sabrina Ortiz, mamá fumigada de Fiama y Ciro y abogada ambientalista, fue pieza clave en ese proceso.
El relevamiento científico que acompañó la decisión judicial arrojó que las napas que abastecen a los barrios de Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida presentan trazas de al menos 18 plaguicidas. Villafuerte Ruzo mencionó algunos compuestos en su pronunciamiento: atrazina, triticonazol, metolaclor, acetoclor, clorpirifos, glifosato, imidacroplid, desetil, y 2,4-D.
Sí, varios de los hallados en Lobos. Unos cuantos de los constatados en Rufino.
Mismo paquete tecnológico.
Mismo modelo productivo.
Mismo agronegocio.
Mismo desastre ambiental.
En ese abril de 2019, el juez exhortó al municipio a que garantice de manera inmediata la provisión de agua potable. Esta semana consulté a Ortiz respecto del estado de situación de la causa y qué ha ocurrido con el suministro desde entonces. Su respuesta es otra confirmación de la desidia con que los sistemas político y judicial abordan las tragedias ambientales que atentan contra la vida en Argentina.
“Desde la gestión política no se ha hecho nada al respecto. Sigue vigente la cautelar que, por por orden del juez Villafuerte Ruzo, establece la entrega de agua envasada en los barrios investigados”, afirmó. Ortiz señaló que el municipio no ha impulsado plan alguno para mejorar la calidad del agua.
El veneno sigue estando ahí.
De Areco a Trenque Lauquen
Una de las primeras confirmaciones de cuán extendida está la presencia de los plaguicidas en el agua que consumen nuestras poblaciones tuvo lugar en agosto de 2015. Distintos análisis efectuados en la escuela N°11 de San Antonio de Areco, por entonces dirigida por Ana Zavaloy –docente fumigada que falleció en junio de 2019–, ubicaron glifosato y otros agrotóxicos en el agua del molino del que se abastecía el establecimiento educativo.
Allí midieron, también, los científicos de la Universidad Nacional de La Plata. En 2019, otra experiencia similar ubicó al herbicida cancerígeno en las escuelas rurales N°6 y N°14, ambas en el mismo distrito.
Un año más adelante trascendió la situación en Trenque Lauquen, en el oeste de la misma provincia. En ese distrito, el colectivo de Vecinxs Autoconvocxadxs por la Salud Ambiental informó los resultados de un muestreo llevado a cabo en noviembre de 2019 por especialistas del INTA Balcarce.
El agua que se analizó fue recolectada en zonas en torno a las rutas 5 y 33 y en áreas de la ciudad como Barrio Parque y la Ampliación Urbana. Las moléculas de venenos detectadas: los herbicidas imazetapir, metsulfuron metil, atrazina y 2,4-D, el insecticida imidacloprid, y fungicidas como el tebuconazol. Las concentraciones más elevadas de agrotóxicos fueron constatadas dentro del ejido urbano. En la red que provee a los hogares.
Al día de hoy, la municipalidad de Trenque Lauquen no tomó una sola decisión para cambiar semejante atentado a la salud comunitaria.
Entre el vacío legal y las pautas obsoletas
Este escenario de contaminación preponderante es inseparable de, por ejemplo, la decisión política de mantener fuera de marcos y pautas regulatorias a determinados plaguicidas. A tono con esto, la dirigencia también ha operado con firmeza para frenar la actualización de criterios como los límites permitidos de presencia de residuos de agrotóxicos en el agua.
Hablé con Damián Marino al respecto. El investigador de la UNLP y el CONICET señaló que la información científica “cargada” en el Código Alimentario vigente presenta al menos 20 años de atraso. “La última actualización de datos se dio entre 1998 y el año 2000. Argentina está al menos dos pasos por detrás de las normas establecidas en el bloque europeo”, afirmó.
“En el Código Alimentario aún figuran límites para productos antiguos, como es el caso de los organoclorados, que llevan años de uso prohibido en el país. El DDT, el endrin, siguen teniendo lugar pero no se han incorporado a los herbicidas, los insecticidas o los fungicidas actuales. No están contemplados ni el glifosato ni el clorpirifos, por poner dos ejemplos”, añadió.
Destacó Marino que, “en tanto estos productos no están incluidos, cualquiera podría decir que no se está infringiendo ninguna norma. La omisión al glifosato en el Código Alimentario hace que no rija un marco regulatorio que regule su presencia, al menos no para el agua de consumo. Es una situación de vacío tan preocupante como particular”.
En cuanto a los criterios vigentes en términos de límites permitidos, el experto reconoció que “se están discutiendo algunos niveles de referencia para la protección de la biota acuática”, pero enseguida aclarar que “no se está hablando de aplicar cambios a los parámetros vigentes para nuestro consumo de agua. La legislación en este aspecto también acumula al menos 25 años de atraso”.
“Podemos decir que, en cuanto a la calidad del agua que se consume en los hogares, estamos por lo menos a ciegas”, concluyó.
Sobre lo que no hay dudas es de la acumulación de plaguicidas en el líquido vital. Y que los vestigios de estas bombas químicas han aparecido siempre que se efectuaron exámenes para determinar la presencia o no de las sustancias. La discusión sobre los límites de residuos es otra arista del problema. Un aspecto de otro nivel.
Lo esencial es no perder de vista que los agrotóxicos no tienen por qué estar ahí, en nuestra agua. No hay justificativo sanitario para tal presencia.
Beber agua con glifosato o 2,4-D, con insecticidas o fungicidas, no tiene ni debe naturalizarse. Que el envenenamiento dosificado no se vuelva otra mala costumbre.
Fuente Sudestada
Retenciones a la exportación de granos: ¿Qué país queremos?
Por Eduardo Azcuy Ameghino, Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2022.
En tanto “la realidad es la única verdad”, el impuesto a las exportaciones de granos —comúnmente conocido como “retenciones”— es pagado por el conjunto de los productores en actividad. O sea que todos pagan, cualesquiera puedan ser las consecuencias posteriores de ese hecho. El Estado —más precisamente los diferentes gobiernos que operan el poder político— suele cobrar este impuesto para reforzar los ingresos fiscales, teniendo en cuenta las ventajas que entrega, entre otras: la seguridad de su cobro y que se devenga sobre precios de productos fijados en dólares en el contexto de una economía inflacionaria.
Quienes deben tributar no acuerdan —y resisten— con ser objeto de dicho impuesto, al cual consideran “confiscatorio” de su rentabilidad, lo cual, en diferentes medidas, es cierto. En este sentido, se hace notar que la situación resulta aún más gravosa en circunstancias de sobrevaluación del peso al cambio oficial, en virtud de la cual el pago por cada tonelada vendida es al valor del dólar oficial —por estos días con una brecha de cerca del 100%— menos las retenciones.
Unos y otros —los que quieren cobrar y los que no quieren pagar—, en principio, coinciden en identificar a quienes deben tributar el impuesto como el “sector”, el “campo”, los “productores”. Dicha uniformización induce una idea de homogeneidad respecto a un conjunto signado por una profunda heterogeneidad. En virtud de esta operación el Gobierno le cobra y disputa con “el campo”, y “el campo” paga y protesta, reafirmándose en ambos casos la conceptualización estandarizante.
Por cierto, el resto de la sociedad, que sigue mediante la información periodística el tema de las retenciones, también absorbe y asimila el contenido —la carga ideológica— de dichos discursos. Las retenciones disminuyen el precio que los “productores” (todos los vendedores de granos) reciben por sus mercancías. Al momento de escribir estas notas las retenciones son del 33% para soja, 12% para trigo, maíz y sorgo, y 7% para el girasol.
Ahora bien, en líneas generales, y salvo momentos y circunstancias excepcionales: ¿existe en la agricultura argentina de cereales y oleaginosas, en especial en la pampeana, una ganancia extraordinaria —más allá de la ganancia normal del capital invertido— que habilita el cobro de las retenciones?
En buena parte de las tierras cultivadas con granos extensivos, la fertilidad del suelo, el clima favorable, y el relativo bajo costo de la mano de obra, entre los principales factores concurrentes, determinan que los precios individuales de producción se ubiquen por debajo (en diferentes grados) de los que regulan el comercio mundial de los respectivos productos. Junto con este fondo de ganancias, podría decirse “estructural”, suelen sumarse fenómenos coyunturales —a veces de duración prolongada— como fuertes aumentos del precio internacional de los granos o grandes devaluaciones del tipo de cambio, que incrementan la rentabilidad de los productores de mercancías transables sin que estos realicen ningún esfuerzo adicional. O sea que la respuesta a la pregunta formulada, en general, es que sí: por eso las retenciones se pagan y la agricultura continúa con su actividad.
Pero la situación de quienes pagan, como no se trata del “campo”, “el sector” o “los productores”, es diferente según las circunstancias de cada momento concreto y la envergadura económica de cada explotación y de sus titulares. Desde nuestra perspectiva esta puntualización resulta clave.
Si un aumento del impuesto a la exportación de granos se aplica indiferenciadamente, a todos los vendedores de esa mercancía por igual —sin distinguir entre tiburones y pejerreyes—, lo más probable, y lógico si se lo mira sin prejuicios, es que golpear al “campo”, genere como consecuencia que el “campo” se uno en la protesta. Siendo este el caso, no cabe reprochar a los chacareros —y demás pymes agrícolas— que rechacen una medida que, al realizarse sin segmentación, contribuye a incrementar sus dificultades para mantenerse competitivos en un mercado donde se expande el gran capital.
Retenciones o la pelea por las ganancias extraordinarias del “campo”
La ganancia extraordinaria emergente de la producción de cereales y oleaginosas es objeto de fuertes disputas en un juego de varios participantes, indirectos y directos. Más allá de la conflictividad que puede estimular con los dueños de empresas agrícolas la maximización de la rentabilidad de los negocios que procuran la agroindustria, la logística, la banca y otros proveedores de bienes y servicios, hay tres actores que protagonizan la pelea de fondo: los representantes del capital (titulares de explotaciones), los terratenientes y el Estado.
Nótese que suponiendo a la renta como equivalente a un tercio de la cosecha, a la retención a la soja como otro tercio, resta un último tercio que reúne los costos y los beneficios de los organizadores de la producción. Dicho en clave de disputa: los “productores” hacen todo lo posible por sumar a su ganancia normal la mayor porción posible de la utilidad extraordinaria; los terratenientes procuran que la ganancia extraordinaria se transforme en su totalidad en renta de la tierra; y el Estado cobra un impuesto que implica restringir las aspiraciones de los dos anteriores.
Con la salvedad de que el Estado le cobra aquí y ahora al “productor”, y este debe disputar con la propiedad territorial el traslado de parte del impuesto bajo la forma de disminución del monto del arrendamiento en la siguiente campaña agrícola, si su contrato vence ese año, pues sino deberá esperar su finalización u obtener una renegociación.
En este punto se ve operar la tradicional contradicción entre el capital —incluimos aquí, al efecto de ilustrar en plenitud el contraste, a las unidades familiares capitalizadas y de base familiar— y la propiedad territorial. Vale recordar que tradicionalmente la relación entre arrendadores y arrendatarios fue muy asimétrica, desbalanceada a favor de los terratenientes, quienes solían quedarse no solo con la ganancia extraordinaria —renta en sentido estricto— sino también con partes variables de la mismísima ganancia normal de los chacareros, lo cual impedía su capitalización y progreso (recordar Grito de Alcorta y afines).
En las últimas décadas eso ha cambiado, existen más matices, y ahora hay muchos grandes arrendatarios (incluidos pooles) que alquilan a pequeños y medianos propietarios, lo cual agrega notas a las disputas por la renta y crea condiciones favorables para que los megaproductores puedan retener una parte de la ganancia extraordinaria, que de otro modo se transformaría en renta. Esto es, por ejemplo: se paga 12 quintales —unidad de medida de los rendimientos de las cosechas— por el alquiler, pero podría pagarse 16, por lo tanto me estoy quedando con 4 a favor, además de mi utilidad normal. También el gran arrendatario —que suele ser además propietario de tierra— tiene más probabilidades de trasladar con éxito parte del peso de las retenciones a la renta, presionando para la disminución del canon de arriendo.
El modelo de “campo” para los megaproductores
En la suma de las provincias pampeanas de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, en los últimos treinta años (1988-2018) resultó eliminada (“desaparecieron”) casi la mitad de las explotaciones: había 179.534 y quedan 90.907. De las 88.627 que hace un par de años ya no existían, la inmensa mayoría contaba con menos de 200 hectáreas.
La rentabilidad depende, en gran medida, de la escala de producción: no es lo mismo sembrar en 200 hectáreas que varios miles: diferentes costos determinan desiguales rentabilidades. El menor precio obtenido por la compra en grandes cantidades de combustible, semillas, fitosanitarios y otros insumos e incluso la posibilidad de organizar licitaciones para seleccionar contratistas de labores, explican los costos sustancialmente menores al promedio que benefician a las grandes explotaciones.
Sobre esta base afirmábamos que pagan 12 quintales de renta —aproximadamente el alquiler normal, medio, en la zona núcleo— pudiendo pagar 16, y ahora agregamos: podrían pagar 13 o 14 para asegurarse el arriendo de la tierra desplazando a otros competidores, y aun seguir reteniendo 2 o 3 quintales extras.
Dependiendo del momento —el estado del mercado mundial y la coyuntura económica y financiera local—, y hablando en general, ante la imposición de las retenciones unos dejan de ganar y otros pierden. Dejar de ganar puede significar, según el tamaño del “productor”, cosas muy diferentes: a medida que disminuye la escala de las explotaciones y su grado de rentabilidad, el impuesto puede implicar ceder parte de la ganancia normal sobre el dinero invertido en el cultivo, complicando la estabilidad económica de muchas pymes agrícolas.
Lo que estamos diciendo, y esta es la tesis principal que sostenemos, es que retenciones iguales y, en general, políticas iguales aplicadas sobre rentabilidades y sujetos sociales diferentes producen efectos divergentes. Todos pagan, pero algunos igual acumulan; mientras en el otro extremo los económicamente más débiles —incluida la mayoría de los productores familiares capitalizados— pueden quedar ubicados en el plano de la reproducción simple, o sea, se salva la ropa, sin ganancias o caen en el quebranto.
Y aquí volvemos a recordar a las explotaciones pampeanas que ya no están; fenómeno que forma parte de las consecuencias del avance de la concentración de la producción, el capital y el uso de la tierra en una cantidad decreciente de unidades productivas, fenómeno que constituye una dimensión fundamental de la cuestión agraria en curso en Argentina.
“El campo”, “el sector” y “los productores” no existen
Entre un Estado que busca recaudar a costa del “campo”, y un “campo” que resiste la imposición tributaria, elegimos ubicarnos en un tercer punto de vista, que sobre la base de afirmar que “el campo” no existe, procura pensar el problema a partir de las necesidades de las mayorías sociales rurales y urbanas, el pueblo del país. Este punto de vista presupone una visión democratizadora de la vida en comunidad.
Desde la perspectiva que exponemos, es posible afirmar taxativamente que en el marco del predominio del modo de producción capitalista —en nuestro caso en un país dependiente— la tendencia histórica, universal, absolutamente comprobada en términos estadísticos, es que el pez grande se come al pez chico: la eliminación de explotaciones y la marcha hacia la concentración y centralización del capital constituyen una realidad incontrastable.
En Estados Unidos en 1930 existían 6.300.000 farms o pequeños productores, actualmente son menos de 2.000.000. Entre 1970 y 2013, la cantidad de explotaciones pasó en Alemania de 1.074.000 a 285.000, en Francia de 1.587.000 a 472.000, en Italia de 2.800.000 a 1.010.000, en Inglaterra de 327.000 a 185.000. Y se multiplican los ejemplos.
Esta es una conclusión fundamental: el régimen de producción determina y define en última instancia lo que ocurre con la evolución del número de establecimientos agrarios (y con tantas otras cosas). Y esto ocurre y ha ocurrido bajo las diferentes políticas puestas en práctica a lo largo del tiempo, incluidos los precios sostén y los subsidios norteamericanos, la conservación del paisaje rural francés, las regulaciones proteccionistas de la Comunidad Económica Europea (CEE), entre otras.
Más allá de los efectos de una política radical y revolucionaria apuntada a quebrar el modo de producción capitalista, lo cual no es tema de estas notas, la política interviene en general por acción u omisión sobre la evolución de la estructura social agraria, generalmente contribuyendo a configurar una realidad —en lo que juega un rol central la ideología— consistente con las tendencias espontáneas del régimen de producción que organiza el trabajo y la sociedad.
Pero, también, en determinadas circunstancias —para cuya vigencia resulta clave algún grado de influencia de los sectores populares sobre quienes gobiernan—, la política puede moderar, atemperar y, en alguna medida, interferir la dinámica de la concentración económica, lo cual implica limitar a los “concentradores” y auxiliar a los “concentrados”.
El “campo”, “los productores”, el “sector” no existen. No existen en el sentido y la medida que entre los titulares de explotaciones agropecuarias rige una estratificación socioeconómica asimétrica, heterogénea y contradictoria, que incluye desde chacareros que trabajan una pocas decenas de hectáreas hasta terratenientes capitalistas, grandes arrendatarios y pooles de siembra, que operan desde miles a decenas de miles de hectáreas.
A estos los hemos nombrado como los “concentrados” y los “concentradores”. Un ejemplo: según datos oficiales un 10% de las empresas agrícolas controla el 75% de la soja comercializada. Esto significa que el 90% de las explotaciones dan cuenta apenas del 25%.
Por una ocupación democrática del territorio, retenciones segmentadas
Ilustremos la cuestión con imágenes tan conocidas como opuestas: desierto verde, agricultura sin agricultores, éxodo rural, pueblos fantasma, un país vacío con un 91% de su población amontonada en las islas urbanas, y la naturaleza y el ambiente deteriorados; o una ocupación democrática del espacio, un campo con un millón de nuevas chacras, una ruralidad donde chacareros, campesinos y pueblos originarios vivan, trabajen y prosperen, una sociedad más justa. ¿Qué país queremos?
Los elementos de juicio están expuestos, el análisis del problema es factible, y según las conclusiones que se extraigan se puede profundizarlo o atemperarlo. Consolidar lo que hay o comenzar a cambiarlo. ¿De qué depende la elección? Como siempre, del punto de vista, de la perspectiva, de los intereses a los que se que se procure expresar y representar. Si la opción es democrática y popular, la voz de orden será entonces segmentar. Segmentar las políticas en tanto operan sobre una sociedad inexorablemente segmentada, reconocer las diferencias y actuar sobre ellas.
En el caso puntual de las retenciones —en principio una política impositiva—, segmentarlas significa cargarlas sobre el gran capital agrario, aquel que acapara las tres cuartas partes de la soja producida, y eliminarlas o reducirlas, según el caso, para los pequeños y medianos productores. Dirán algunos que así ya no es tan rentable la inversión de capital en la agricultura, que se les está confiscando la ventaja de escala, y que de ese modo no van a producir más. Pues esa es la idea.
Ese es uno de los resultados de segmentar el impuesto. Que el gran arrendatario o el pool de 10.000 o 40.000 hectáreas las deje en manos de los miles de pymes a las que previamente despojaron de la posibilidad de acceder al cultivo de esas tierras.
Y dicho sea al pasar, no es el tema puntual de esta nota, se podría segmentar el impuesto a la propiedad inmobiliaria, entre otras medidas de intervención virtuosa en la cuestión agraria. El impuesto inmobiliario podría ser progresivo en relación al latifundio, lo que conllevaría efectos en la misma dirección que lo propuesto para las retenciones.
Cuando se segmenta —cuando “el sector” y los “productores” no son considerados todos lo mismo— “el espanto” deja de reunir a la cúpula agraria con los sectores populares. O debería hacerlo. Pero nada es fácil. A veces los pies están clavados en la crisis e iluminados por un futuro oscuro, y sin embargo la cabeza ignora esos datos —o los tergiversa, los disimula— y determina un actuar consistente con una realidad que no existe. Pero así suele funcionar la ideología, y como se dijo alguna vez, la ideología dominante es la de los sectores dominantes: pies de trabajador y cabeza de burgués, ese es el ideal al que el orden establecido propende, y no sólo entre los pequeños y medianos productores agrarios.
Fuente: Agencia Tierra Viva
Alfredo Moffatt logró reabrir su
escuela de psicología social
Por Mercedes Camli, Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2022.
El año pasado se había dado a conocer la comprometida situación económica del hombre que dedicó su vida a la solidaridad. Recibió apoyos y en abril vuelven las clases de su escuela que había cerrado en la pandemia.
Alfredo Moffatt es psicólogo social y dedicó su vida a la labor académica y la ayuda solidaria. El año pasado se encontró en la ruina económica; hasta la escuela de Psicología Social que había fundado debió cerrar. Sus amigos salieron a pedir que la ayuda, esa vez, le llegara a él. Página 12 contó entonces la historia de ese hombre de reconocido compromiso social y el drama que estaba viviendo. La solidaridad le llegó pronto y pudo empezar a recuperarse. Ahora, ese volver a vivir escaló un peldaño más: en abril reabrirá la escuela con un nuevo programa académico y una mirada «renovada» que busca traer los conceptos del psicólogo social al tiempo actual.
Las paredes recién pintadas de la escuela, que estará dirigida por su hija Malena, están llenas de fotografías de Moffatt. Cuentan su trayectoria, sus múltiples premios y la cantidad de amigos que recolectó a lo largo de su vida.
Un cuadro enorme muestra montones de alumnos riendo exaltados luego de una clase en Rosario en la que el psicólogo social había criticado el psicoanálisis y la formación académica. Otras tantas fotos dejan en evidencia su ayuda en manicomios, penitenciarías, villas y su trabajo solidario por «los más lastimados», como le dijo a este diario en un recorrido por su casa-escuela.
«Apuntamos a un buen nivel de formación que tenga una mirada comunitaria, social, de grupo para potenciarse entre todos», explica Malena Moffatt sobre la reinauguración de la escuela, ubicada en el barrio de Once.
Luego de la colecta realizada el año pasado para ayudar a «sobrevivir» al también arquitecto y psicodramatista Alfredo Moffatt, se acercaron exalumnos y docentes que extendieron su mano y ahora formarán parte del nuevo plantel poniendo no solo su trayectoria sino también compartiendo la enseñanza popular y comunitaria.
«Todos los docentes que van a venir están en la misma línea del pensamiento de mi viejo, que en medio de tanta crisis se revaloriza», destaca la directora. «Alfredo siempre se dedicó a las personas que estaban en mayor emergencia, los más vulnerados del sistema, creando herramientas para ayudarlos», añadió Malena Moffatt, que también es psicóloga.
La carrera de psicólogo social dura 3 años y cierra la inscripción el martes 31 de marzo. «Necesitamos formar personas que puedan ayudar, hay gente que tiene ganas de hacer pero no sabe cómo y no es necesario pasar por una carrera universitaria», explicó.
Entre los nombres que componen el cuerpo de docentes se encuentran Nora Cortiñas, Alicia Stolkiner, Marcelo Percia, Joaquín Pichon Revière, Fernando Fabris y Fabio Lacolla, entre otros psicólogos sociales y psicoanalistas.
Moffatt le pidió a su hija que asumiera la dirección académica pero él continuará participando de algunas clases. «Confío en ella, tiene una formación legal, además, ella aprendió de mí», se ríe Moffatt, a sus 88 años.
Lo que buscan padre e hija es una fusión entre la educación de calidad y el trabajo en territorio que están acostumbrados a realizar, por eso también firmaron un convenio con la Sedronar para que los estudiantes del tercer año puedan ir a hacer prácticas. Malena Moffatt asegura que «más allá de que tengo un marco teórico basado en el psicoanálisis, mamé la ideología de ‘sin plata y sin permiso’ de mi padre».
La enseñanza tendrá una perspectiva inclusiva y las personas que encuentren una barrera estructural para poder ingresar a la universidad podrán descubrir en este espacio un lugar, afirman.
En los ’90, Moffatt fundó la Escuela de Psicología Social a partir de la experiencia de El Bancadero, una mutual de ayuda psicológica. Siempre encabezada por Moffatt, el funcionamiento de la escuela entró en crisis con la pandemia de covid-19 y por la falta de cercanía con los dispositivos tecnológicos. Ahora, con los fondos conseguidos, también pudieron comprar una computadora.
El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, les solicitó que armaran una capacitación para trabajadores sociales, en la que están trabajando «con mucho entusiasmo», explica Malena.
Informe: Mercedes Camli.
Imagen de portada: Marisela Mengochea
Movilizaron por Mica Morales: lesbiana,
hostigada por la Policía y atropellada por
un camionero
Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2022.
Desde las redes sociales de Mica Morales Presente anunciaron una concentración este lunes desde las 9.30 en el Juzgado N°1 de los Tribunales de San Justo, en el partido bonaerense de La Matanza, para reclamar justicia por Micaela Morales, quien falleció tras ser atropellada el 13 de agosto de 2020 por el camionero Héctor Jorge Gandolfo y cuya causa está rodeada de irregularidades. Además, de acuerdo a lo que indican sus familiares y amigxs, Mica fue hostigada más de una vez por la Policía, por ser lesbiana.
«En el año 2020 -Mica- fue arbitrariamente detenida en Villa Gesell donde sufrió del abuso policial desde su odio nombrado misógino y patriarcal, bien llamado lesbofobia. A su regreso, siguieron los hostigamientos policiales hasta el 13 de agosto del mismo año, donde es asesinada por Héctor Jorge Gandolfo, quien sigue impune hasta el día de la fecha. Desde la Colectiva abrazamos a su familia quien espera que se haga justicia. Se reciben adhesiones y apoyo para el juicio próximo», manifestó en un comunicado la Colectiva de Disidencias y Mujeres La Matanza, que acompaña a los familiares de Mica, junto a la Asamblea por la Absolución de Higui.
Durante las audiencias realizadas la semana pasada por Higui en el Tribunal de San Martín, en el que finalmente la Justicia, que la acusaba de homocida por defenderse de un intento de violación, la absolvió, también estaba presente el reclamo por Mica.
Una publicación en la cuenta de Instagram de Mica Morales Presente, de noviembre pasado, indica que Gandolfo «tiene dos causas por homicidio y una por violación , por eso denunciamos que fue un femicidio porque hay dos testigos que denuncian que el asesino subió el camión que manejaba a la vereda para atropellar a Mica y se dió a la fuga».
Luci, integrante de la Colectiva de Disidencias y Mujeres La Matanza, relató a la radio comunitaria La Colectiva «cómo en el año 2020 Mica Morales fue detenida arbitrariamente en Villa Gesell, donde sufrió hostigamiento por ser lesbiana y abuso por parte de la policía, y que el 13 de Agosto del mismo año fue asesinada por el camionero Héctor Jorge Gandolfo, quien sigue impune hasta el día de hoy».
Llamamiento por la libertad de un
chavista detenido tras los incidentes
de Plaza del Congreso
Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2022.
Esta nota es un llamamiento urgente para que la palabra solidaridad no se quede en un término hueco y sin sentido. Es fundamental que tanto en Venezuela como en Argentina anudemos la cuerda para que entre todos podamos presionar a fin de rescatar de la prisión a un compañero que hizo precisamente de la solidaridad internacionalista una forma de existencia. Me refiero a Jaru Alexander Rodríguez, venezolano, chavista para más datos, un militante de la Patria Grande que desde el 14 de marzo se halla detenido en Argentina.
Como suele pasar con la amañada “Justicia” en la mayoría de los países de nuestro continente, se lo acusa, montaje previo, de haber participado en las protestas que cientos de miles de argentinos y argentinas protagonizaron el jueves 10 frente al Parlamento, para repudiar el espúreo acuerdo que el Gobierno de Alberto Fernández firmó con el tristemente célebre Fondo Monetario Internacional.
Aquí vale hacer un obligado paréntesis: desde muy chicos enseñan que cuando la Patria peligra es obligación defenderla, cuando un enemigo exterior pretende acorralar y dominar a nuestros pueblos, no caben medias tintas ni excusas baladíes. Eso es precisamente lo que ocurre en esta Argentina devastada por los malos gobiernos que abrevan en el capitalismo y que endeudan de manera brutal al país, como ocurriera con la gestión de Mauricio Macri, pero también mucho antes, y con la nula voluntad política del actual gobierno de tomar el toro por las astas y plantarse con dignidad frente a quienes pretenden seguir saqueando y apoderándose de lo que aún resta de territorio y riquezas. De allí, que lo más lógico y lo mínimo que se puede hacer es ejercer la protesta. No hacerlo, sería convertirse en cómplice de semejante atraco como es el de pagar una deuda no contraída por el pueblo, o sea una vulgar estafa. Y las estafas, se sabe, no se pagan.
Por eso, muchos y muchas que tiene el sentido común de no seguir siendo colonia de los yanquis, algo que sin dudas les falta a los diputados y senadores oficialistas y opositores que firmaron el acuerdo, marcharon en dos oportunidades a la Plaza del Congreso, a decir rotundamente: “en nuestro nombre, no”. Entre ellos estaba Jaru, un migrante venezolano de 29 años, proveniente de la zona caraqueña de La Candelaria, que llegara al país en 2015 y que además de estudiar Sociología en la Universidad de Buenos Aires, desde el vamos se vinculó con otros compañerxs ligados a la Economía Popular, trabajando duro y parejo en proyectos comunitarios barriales. Así, se vinculó a una organización social y como uno más concurrió a la Plaza ese jueves en que decenas de miles gritaron su repudio al Fondo Monetario, otros arrojaron unas piedras al Parlamento donde se estaba consumando la entrega del país, y los de siempre, con sus uniformes, escudos y armas largas disolvieron a la multitud con balas de goma arrojadas “al bulto”, con esa idea de que “al que le toca, le toca”.
Jaru Alexander no tiró ninguna piedra ya que con muchos de sus compañeros consiguió replegarse y parapetarse de la represión policial detrás de un contenedor de basura. Estos hechos que en cualquier país hubieran sido un incidente más, en el cual los detenidos (porque hubo varios) recuperarían su libertad a las pocas horas, en este caso se transformó en un “atentado”. Esto ocurrió, por obra y gracia de denuncias conspiranoicas, más la consabida carga acusatoria de los medios amarillos, más las peleas internas del oficialismo y la oposición. Y claro, para semejante escenario, donde unos y otros de los de arriba se echaban la culpa por no actuar con dureza contra lo que ellos caracterizaban como “grupúsculos lúmenes”, se necesitaban “chivos expiatorios”, y en esa rodada cayeron Jaru y otros militantes.
Como bien dice su abogado, “no hay elementos de prueba en contra de él”, pero no faltaron acusaciones desorbitadas de altos funcionarios del gobierno, que incluso usando un lenguaje racista, se le fueron encima por ser venezolano y cobrar un subsidio que se les otorga a los más pobres. Para dar “ejemplo” y evitar los embates de la oposición, a cada uno de los detenidos se les retiró el mísero subsidio mensual que recibían.
Conclusión: Jaru está detenido producto de una situación equívoca, y es urgente que tanto la solidaridad popular como la de quienes tienen elementos para presionar, lo hagan ya, para así reparar lo que a todas luces es una injusticia. En Venezuela y en Argentina, es importante que se escuche el reclamo por la libertad de Jaru Rodríguez y de todos los presos políticos por luchar contra el FMI. Lista a la que agregamos a Facundo Molares, luchador internacionalista al que el gobierno argentino amenaza extraditar a Colombia, con todo lo que ello significa.
Censo 2022: organizaciones indígenas
denuncian «invisibilidad estadística»
Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2022.
Adriana Jerez, socióloga e integrante del Pueblo Diaguita y de la organización Tejido de profesionales indígenas en Argentina dialogó con Penélope Moro sobre la negativa del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina a sumar las preguntas de la pertenencia a la identidad indígena y a la lengua que se habla en el cuestionario censal 2022, preguntas 23 y 24 respectivamente.
Los argumentos oficiales se basan en cuestiones técnicas. Sin embargo las organizaciones indígenas que desde hace tres años consideran que de este modo se mantiene «la invisibilidad estadística» y prometen seguir adelante con su reclamo y su derecho.
Compartimos la entrevista producida por Penélope Moro a la sociologa Adriana Jerez de la organización Tejido de Profesionales Indigenas
Convocan a una vigilia y acampe
este 23 de marzo frente a Casa
Rosada
Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2022.
El pasado 23 de febrero se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires un encuentro nacional de voceros del movimiento autoconvocado de los ex presos y presas, ex exiliados y exiliadas, hijas e hijos y familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado con la finalidad de avanzar en la lucha por los reclamos en el cumplimiento de las Leyes Reparatorias.
COMUNICADO DE LA REUNIÓN NACIONAL DE VOCEROS AUTOCONVOCADOS POR LAS LEYES REPARATORIAS
El pasado 23 de febrero se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires un encuentro nacional de voceros del movimiento autoconvocado de los ex presos y presas, ex exiliados y exiliadas, hijas e hijos y familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado con la finalidad de avanzar en la lucha por nuestros reclamos en el cumplimiento de las Leyes Reparatorias.
Debatimos varias cuestiones y tomamos resoluciones a discutir en las provincias que aquí enunciamos y en otros escritos desarrollaremos en cada cuestión específica.
1) VIGILIA Y ACAMPE CON PEÑA PARA EL 23 DE MARZO EN LAS PUERTAS DE LA CASA ROSADA Y MOVILIZACIÓN EL 24 DE MARZO. 2) SOLICITUD MASIVA POR ESCRITO DE LAS LIQUIDACIONES DE TODOS LOS COMPAÑEROS QUE COBRARON AL MINISTERIO DE ECONOMÍA. DESNUDEMOS LA ESTAFA. 3) CONSTRUCCIÓN DE PRUEBAS CIENTÍFICAS PERSONALIZADAS DE LOS DAÑOS PARA PRESENTAR NUESTRAS PRUEBAS INDEPENDIENTEMENTE DE LOS ESTUDIOS QUE HAGA EL ESTADO
Caracterizamos en la reunión la necesidad imperiosa de seguir ejerciendo la movilización y lucha, dado que ya pasó lo más grueso de la pandemia, teniendo en cuenta que es evidente y claro que el actual gobierno continúa ninguneando, cajoneando o negando causas con todas las pruebas.
Una dilación que expresa una clara política de Estado de aplicarnos el ajuste como a todo el conjunto de la clase obrera y el pueblo.
Pero como todos sabemos, porque así es nuestra historia, las conquistas de nuestros derechos solo se consiguen con la lucha, no hay otra alternativa. De hecho, cada movilización que hemos realizado los incomoda, pero aún nos falta dar el salto necesario. Por otro lado, donde les aflojamos hacen oídos sordos, lo cual no empuja irremediablemente a seguir estando en la calle.
Por ello tomamos la decisión del 23 de marzo hacer una concentración en la puerta de la casa Rosada y llevar adelante un festival/peña con acampe, haciendo la vigilia toda la noche para luego el 24 de marzo sumarnos a la movilización y columna del Movimiento Verdad y Justicia. La variante en esta ocasión, después de dos años de pandemia, es que exhortamos a todas y todos las y los compañeros del país, que le demos un carácter nacional y que en lugar de movilizarnos en las provincias lo hagamos en Buenos Aires, que tiene un carácter nacional, incluso internacional.
Somos conscientes que el sacrificio es grande, pero debemos hacer el esfuerzo y haremos de esto la alegría que nos proporciona la lucha.
Estamos vivos y no nos han vencido, lo demás no importa nada
Toda propaganda (más allá de la hagamos como movimiento) que espontáneamente se quiera hacer para generar el entusiasmo y la masividad citando el evento e invitando a sumarse, bienvenida sea.
Lo mismo a todos los artistas que se quieran solidarizar con nuestra lucha y acompañarnos la noche del 23 con su música y demás, bienvenidos también y agradecidos estaremos.
¡A movilizar y movilizarnos!
¡¡¡¡AUTOCONVOCARSE COMPAÑERAS, COMPAÑEROS!!!
¡¡¡ VIVA NUESTRA LUCHA!!!
La cita: el 23 de marzo en las puertas de la casa Rosada, a partir de las 17 horas estaremos preparando todo. Ahí estaremos
Los puntos 2 y 3 saldrán en otro escrito para poder desarrollarlos ampliamente.
VOCEROS DEL MOVIMIENTO DE EX PRESAS Y PRESOS, EX EXILIADAS Y EXILIADOS, HIJAS E HIJOS, FAMILIARES Y SOBREVIVIENTES DEL TERRORISMO DE ESTADO
Chaco fumigado: la sangre que sabe
Por Claudia Rafael, Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2022.
Los aviones del agronegocio los rociaron de veneno cuando el viento llevaba la deriva lejos, hasta las vidas inermes. Hasta los huesos. Fueron noticia en algunos medios y luego el silencio. Hoy la comunidad chaqueña de Presidencia Roca no sólo intenta evitar las lluvias malditas sino que tiene que demostrar ante la Justicia que el veneno envenena. El poder económico los dio de baja de una vida saludable. Y el estado los abandonó a su suerte: los análisis que demostrarían agroquímicos en sangre son costosísimos y tienen que pagarlos de sus flacos bolsillos. Por eso apelan a una colecta solidaria.
La campaña qartago’q (nuestra sangre) les permitirá afrontar económicamente los análisis de plaguicidas en sangre en un laboratorio marplatense. A 1500 kilómetros de distancia. Simplemente para demostrar ante la Justicia lo que sus cuerpos claman a gritos. Aquello que los viene atravesando con una sistematicidad cruel desde que en el último tramo de la década del 90 comenzaron a profundizarse las fumigaciones. En episodios que llegaron en octubre pasado a una intoxicación masiva que atravesó los cuerpos de 700 niñas y niños y adultos. Vómitos, diarreas, alergias, fiebre fueron los síntomas en los habitantes del lugar tras la lluvia de venenos que lanzó un avión aplicador sobre las plantaciones de algodón, arroz y soja.
Como tantas veces le ocurrió a la maestra entrerriana Estela Lemes cuando el poder político le cuestionaba el origen de su polineuropatía aguda, ella se solía plantar diciéndoles mientras señalaba su propio cuerpo: “acá está la prueba de mi enfermedad”. Los 700 chaqueños de Presidencia Roca llevan también en sus cuerpos la prueba del envenenamiento por pesticidas. Envenenamiento directo o hijo de las derivas que afectaron sus huertas y el agua del pozo. Que en lo inmediato, quedaron al desnudo con esos síntomas molestos pero que en el largo plazo suelen tener otros efectos. Nada de lo que se utiliza en las aplicaciones aéreas o terrestres es natural. Se trata de bombardeos químicos con glifosato, 2,4D e inclusive paraquat bajo el paradigma de un modelo productivo anclado en la necesidad de rentabilidad.
Presidencia Roca es un pueblo sobre la margen derecha del río Bermejo, en el límite del Chaco con Formosa, fundado hace 138 años por el general Benjamín Victorica en lo que bautizaron para ese tramo de la historia escrita por los vencedores como conquista al desierto verde. El pueblo se transformó en un homenaje de tantos en las múltiples geografías al entonces presidente Julio Argentino Roca, del que Victorica llegó a ser ministro de Guerra y Marina. Hoy pueblo fumigado, ayer parte de las colonias civilizadoras de un proyecto de país capaz de borrar de un plumazo a los pueblos originarios que quedaron arrinconados casi sin tierra en la que ser. Fue precisamente esa etapa histórica en la que el mismo estado traspasó más de 40 millones de hectáreas a poco más de 1800 privilegiados, dueños de los destinos y de las vidas.
Hoy el poblado llega apenas a 5000 habitantes. Y la metáfora de aquella conquista del siglo XIX hoy se respira en los pulmones y en la piel con los venenos de los mismos dueños de la tierra con otros nombres y otras producciones.
El establecimiento agroindustrial Don Panos, dueño de los aviones aplicadores, es parte del holding Eurnekian que arrendó esa tierra a Alberto María, dueño de Marfra. Que en 2018 adquirió en 8 millones de dólares el negocio de desmote de Alpargatas (de capitales brasileños) que abarca desde el algodón crudo al proceso de embalaje de la fibra.
Esa metáfora que trasciende los tiempos ubica hoy en el sitial de los vencedores a Marfra o al multiempresario Eduardo Eurnekian (con un salario diario según Forbes de $ 84.167.287,12). Mientras los vecinos abren una cuenta para juntar aportes solidarios de a 100, 200 ó 300 pesos para sostener estudios de laboratorio que den cuenta de los venenos que les pueblan la sangre y el cuerpo.
Presidencia Roca es un pueblo sobre la margen derecha del río Bermejo, en el límite del Chaco con Formosa, fundado hace 138 años por el general Benjamín Victorica en lo que bautizaron para ese tramo de la historia escrita por los vencedores como conquista al desierto verde. El pueblo se transformó en un homenaje de tantos en las múltiples geografías al entonces presidente Julio Argentino Roca, del que Victorica llegó a ser ministro de Guerra y Marina. Hoy pueblo fumigado, ayer parte de las colonias civilizadoras de un proyecto de país capaz de borrar de un plumazo a los pueblos originarios que quedaron arrinconados casi sin tierra en la que ser. Fue precisamente esa etapa histórica en la que el mismo estado traspasó más de 40 millones de hectáreas a poco más de 1800 privilegiados, dueños de los destinos y de las vidas.
Hoy el poblado llega apenas a 5000 habitantes. Y la metáfora de aquella conquista del siglo XIX hoy se respira en los pulmones y en la piel con los venenos de los mismos dueños de la tierra con otros nombres y otras producciones.
El establecimiento agroindustrial Don Panos, dueño de los aviones aplicadores, es parte del holding Eurnekian que arrendó esa tierra a Alberto María, dueño de Marfra. Que en 2018 adquirió en 8 millones de dólares el negocio de desmote de Alpargatas (de capitales brasileños) que abarca desde el algodón crudo al proceso de embalaje de la fibra.
Esa metáfora que trasciende los tiempos ubica hoy en el sitial de los vencedores a Marfra o al multiempresario Eduardo Eurnekian (con un salario diario según Forbes de $ 84.167.287,12). Mientras los vecinos abren una cuenta para juntar aportes solidarios de a 100, 200 ó 300 pesos para sostener estudios de laboratorio que den cuenta de los venenos que les pueblan la sangre y el cuerpo.
Fuente: Pelota de trapo
Cristina Kirchner se presentó como
querellante en la causa del ataque
al Congreso
Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2022.
La Presidencia del Senado se presentó como querellante en la causa por el ataque al Congreso, ocurrido durante la movilización de rechazo al acuerdo con el FMI, el 10 de marzo, en el que el despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue vandalizado a fuerza de piedrazos.
La presentación, realizada ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°5, estuvo a cargo de la directora de asuntos jurídicos Graciana Peñafort, quien señaló que el ataque tuvo como “claro objetivo” el despacho de la expresidenta y de otros senadores cercanos a su entorno.
“Pese a la mayoría pacífica que se manifestó libremente, pudo verificarse un grupo de personas que, apostados sobre la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, de forma coordinada, comenzaron un violento ataque sobre el Congreso de la Nación, específicamente sobre las ventanas que dieran al despacho de la Presidencia del H. Senado de la Nación”, sostuvo el escrito.
La solicitud recordó que quienes participaron del ataque “marcaron” con pintura roja el sector de la fachada del Congreso donde se encuentran las ventas del despacho de CFK y que esa “señalización” probaría que el ataque fue planificado.
«Los daños producidos en el frente del edificio, el despacho de la presidenta del Senado de la Nación y el peligro al que fueran sometidas las personas que se encontraban en su interior, recién pudieron ser evitados a partir de las 15.21 aproximadamente, cuando un cordón policial avanzó sobre la zona y dispersó al grupo de manifestantes que, incesantemente, tuvo por objetivo atentar directamente contra dicho sector del Congreso Nacional», agregó Peñafort.
En las imágenes capturadas por cámaras de seguridad de la zona, se puede ver cómo las pedradas comienzan entre en un grupo de manifestantes, le siguen los disparos con pinturas y, luego, más de 20 minutos sin presencia policial.
Incendiaron una cabaña de ATE en
El Bolsón
Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2022.
Las pérdidas son totales y, desde ATE, denunciaron que «la violencia del poder siempre queda impune». Sostienen que el ataque se vincula a la intervención en Lago Escondido.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció el incendio de una cabaña del camping que gestiona en la localidad rionegrina de El Bolsón. «Se trata de un atentado: en el lugar ni siquiera había luz eléctrica», enfatizaron mediante un comunicado.
El secretario general de ATE Rodrigo Vicente acusó directamente del hecho a personas allegadas al magnate Lewis, al considerar que es una represalia por los pedidos y acciones del gremio para acceder a Lago Escondido.
El hecho ocasionó pérdidas totales y se produjo en horas de la madrugada a la vera de la Ruta 40 Norte, en proximidades de la Planta de Gas Coopetel, un predio cedido por el municipio a la seccional para un emprendimiento de camping. Hasta allí llegaron los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, que fueron alertados a las 2 de la madrugada.
«Esperamos que el Gobierno y la Justicia actúen rápidamente. La violencia del poder siempre queda impune en Río Negro. Quieren sembrar miedo para que cesen los reclamos por la soberanía y eso no va a suceder», sostuvo el secretario adjunto de ATE Nacional y secretario general de la CTA Autónoma Río Negro, Rodolfo Aguiar.
Desde ATE aclararon que ya asentó la denuncia en la comisaría 12 de El Bolsón y que se evalúan las medidas a seguir frente a este nefasto suceso. Además, aseguran que el hecho está íntegramente relacionado a los reclamos que mantienen por la liberación del acceso al Lago Escondido.
Fuertes críticas al tribunal que
absolvió a los tres acusados de
violación, en una carta de las
abogadas de la víctima
Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2022.
En una carta con fuertes críticas al tribunal que absolvió a los tres «hijos del poder» acusados de violación grupal en Chubut, el 19 de marzo pasado, las abogadas de la víctima denunciaron que se mantuvo «más vigente que nunca en el proceso penal los estereotipos, la misoginia, la iglesia, el clasismo, el patriarcado, todo en su máxima expresión.» Las abogadas Verónica Heredia, Florencia Piermarini y Marisol Carmona, sostuvieron que las juezas (Ana Karina Breckle, Marcela Alejandra Pérez y María Laura Martini) mantuvieron una posición empática con los acusados, que convalidaron que todas las mujeres que declararon propuestas por la víctima «fueron sometidas a interrogatorios violentos por más de 2 horas», y que las juezas sostenían que “estas son las reglas del debate, debe responder”. También indicaron que aguardan los fundamentos, que serán publicados el 28 de marzo, para luego «presentar la impugnación ante el Superior Tribunal de Justicia.»
El texto de la carta:
El veredicto dictado el pasado 19 de marzo de 2022 por las 3 juezas del Tribunal de Rawson en el caso de la violación grupal ocurrida en una fiesta de la primavera en 2012 en Playa Unión, es el resultado del proceso iniciado en enero de 2019 que mantuvo el pacto de silencio e impunidad desde entonces.
Cuando pareciera que estuviéramos en vísperas de la tercera guerra mundial en el siglo xxi, se mantienen más vigente que nunca en el proceso penal los estereotipos, la misoginia, la iglesia, el clasismo, el patriarcado, todo en su máxima expresión. Escuchamos “desahogo sexual”, “la vida sexual posterior es un indicio”, “si no se investiga la vida sexual de la que denuncia abuso sexual no se puede hacer el juicio”, “como dice el Génesis”, “como dice Mateo 18”, “es el mejor hijo”, “es tan bueno que es un pollerudo”, “es tan bueno que junto a su novia les daban comida a los indigentes”, “conocí a mi novia donando ropa”, “las ex novias lo re quieren”, “la víctima soy yo”, “ella estaba con mi amigo”.
Todas las mujeres que estuvieron en esa fiesta y tenían entre 16 y 17 años, declararon lo que vieron y escucharon esa noche; otras lo que escucharon días después. Acreditaron lo que sucedió e identificaron a los responsables. Dijeron que el terror de lo que pasó esa noche les cagó la vida a todas; que tuvieron y tienen temor pero que era su obligación como mujeres, algunas madres, de declarar ante la justicia por fin.
Todos los varones que tenían entre 16 y 22 años se ampararon en el tiempo para no recordar nada o algo que los beneficiara a ellos y a los imputados.
Todas las mujeres que declararon fueron sometidas a interrogatorios violentos por más de 2 horas. Ante las oposiciones que hacíamos junto a las fiscalas, incluso ante el reclamo de las propias declarantes, las juezas repetían: “estas son las reglas del debate, debe responder”. Las “reglas”, explicadas continuamente por los abogados defensores, eran que los “testigos no tienen derecho”, “que las reglas de contra interrogatorio permiten ser agresivos con los testigos”, “que los testigos deben responder por si o por no”. Una testigo se quejó ante las juezas: “las preguntas están hechas para tergiversar ¿por qué tengo que contestar eso?”. La respuesta fue “conteste señorita”.
Los imputados jamás se sometieron a ninguna pericia ni respondieron a ninguna pregunta.
Ella declaró al momento de hacer la denuncia y se sometió a una pericia durante tres días de 6 horas cada día, ante 7 peritos de los defensores y la fiscalía; debió responder más de 567 preguntas y a evaluaciones sobre su personalidad.
Ellos declararon ante las juezas y dijeron lo que quisieron sin responder a ninguna pregunta; también dijeron sus últimas palabras. Nosotras los escuchamos respetuosamente. Las juezas se conmovieron.
Ella se presentó ante el tribunal para decir sus últimas palabras, para ser escuchada por primera vez ante las juezas. Pedimos que se retiraran los imputados de la sala. Los abogados se quejaron y las juezas deliberaron para decidir si hacían lugar a nuestro pedido cuando está expresamente establecido en la ley. Los abogados y las juezas la interrumpían para decirle “eso no lo puede decir señorita”. Las juezas la maltrataron.
Todas las testigos afirmaron que ella, esa noche, estaba “muy borracha”, “muy ebria”, “más borracha que todas”, “se tambaleaba”, “vomitó en la pieza”, “le lavábamos la cara en el baño”. Seis profesionales de la salud que la atendieron desde 2012 hasta 2021, pediatra, psicólogas y psiquiatra, afirmaron que padece estrés pos traumático producto del abuso sexual. Las juezas sostuvieron que ella consintió.
Ella pidió por su libertad y por todas las mujeres que mueren en estos casos.
Las juezas la condenaron por estar viva, ser profesional, trabajar, ser bella y brillante.
Al escuchar el veredicto lloró de bronca e impotencia “por este mundo tan injusto”. Pero recibió el llamado y el abrazo de miles y de todas partes del mundo. Gracias. Gracias.
“Me levanté con más fuerzas que antes. Sigamos”.
Y vamos a seguir. El 28 de marzo se conocerán los fundamentos. El 11 de abril presentaremos la impugnación ante el Superior Tribunal de Justicia.
Como dice Norita: “Esto recién empieza”.
Verónica Heredia – María Florencia Piermarini – Marisol Carmona Abogadas
21 de marzo de 2022
#22M: «movilizamos en defensa
del agua para los pueblos, para la
vida»
Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2022.
El martes 22 en el marco del Día Mundial por el Agua se realizará la marcha plurinacional en defensa del recurso esencial para la vida en diferentes ciudades del país. En la ciudad de Buenos Aires la cita es a las 16 hs frente al Congreso, para marchar hasta Plaza de Mayo. «Seremos cardumen para concientizar sobre las problemáticas actuales del agua, proclamando la sinergia, inteligencia y la biomimesis colectiva como respuesta en defensa del agua» explicaron desde el Colectivo Basta de Falsas Soluciones.
Este 22 de marzo, en el día Mundial del Agua diversas organizaciones ambientalistas , sociales y políticas convocan a manifestarse en las principales ciudades del país en defensa del agua.
En la Ciudad de Buenos Aires la cita es a las 16 hs frente al Congreso de la Nación, y marcharán a partir de las 17.30 por la Avenida Callao, luego Corrientes pasando por el Obelisco hasta Plaza de Mayo. Allí Nora Cortiñas, titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora recibirá a las columnas y darán lectura a la Declaración preparada por la red de asambleas y comunidades de todo el país, que conforman la Marcha plurinacional del Agua para los Pueblos.
«En el año 2020, durante el Juicio Popular a la Deuda y al FMI realizado en nuestro país, fueron numerosas las denuncias que dieron cuenta de la estrecha relación del agua con la deuda. Testimonios del norte al sur del país, de la cordillera hacia el mar, señalaron el rol del Fondo Monetario y de los grupos económicos vinculados que desde siempre buscan imponer este modelo productivo basado en la destrucción de la naturaleza, la exportación de nuestros bienes comunes, la reprimarización de la economía y su extranjerización» explicaron desde la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda.
Agregaron «el aumento exponencial del uso de agrotóxicos a costa de nuestra salud y de los ecosistemas, el avance de la frontera petrolera y megaminera, las represas, el desmonte, son algunas de las consecuencias de este modelo, que tienen como hilo conductor la destrucción de las fuentes de agua que necesitamos los pueblos y la naturaleza misma, para la Vida. El nuevo préstamo del FMI, contraído ahora para pagar la estafa que armó Macri en 2018, condiciona explícitamente los futuros desembolsos al incremento del extractivismo exportador»
«Este 22 de Marzo en el marco del Día Mundial por el Agua seremos cardumen para concientizar sobre las problemáticas actuales del agua, proclamando la sinergia, inteligencia y la biomimesis colectiva como respuesta en defensa del agua»
Fuente: ANRed
Conferencia de prensa de Encuentro
Memoria Verdad y Justicia: Basta de
criminalización de la protesta
/Exigieron libertad a los presos del
FMI y a Facundo Molares
Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2022.
Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia convocaron a una conferencia de prensa para denunciar reclamar la libertad de lxs compañerxs detenidos en las movilizaciones del jueves 10 de marzo. La misma se realizó este lunes, en la sede del SerPaJ (Piedras 730, CABA). Alli estuvieron presentes las defensas de los acusados y referentes políticxs y de DDHH.
Luego de la movilización del 10/3 al Congreso, donde miles repudiaron el acuerdo con el FMI, los gobiernos nacional y de Ciudad desataron una verdadera cacería sobre las organizaciones sociales y políticas, que incluye detenciones, allanamientos, prisiones preventivas y operaciones de prensa contra manifestantes y referentes sociales.
Encuentro Memoria Verdad y Justicia transmitió en vivo la conferencia de prensa a través de sus redes sociales.
En el comunicado sostienen:
«Esta persecución tiene como objetivo desviar el eje del verdadero problema: las consecuencias nefastas para el pueblo trabajador de este nuevo acuerdo con el Fondo, a la par de amedrentar a quienes luchamos contra ellas»
Y agregan: «La quita de la ayuda social a los detenidos habla de un escarmiento sin precedentes. A su vez, la acusación de «asociación ilícita» abre una puerta muy peligrosa en términos de persecución política, ya que ataca el derecho a organizarse». Los y las abogadas cuestionaron también la idea de ilegalizar a las organizaciones sociales, sobre varias de las cuales se aplica la fórmula de ser una «asociación ilícita para delinquir», cuando dichos agrupamientos funcionan en la más absoluta legalidad y representan a cientos de miles de personas humildes.
En la conferencia de prensa hablaron por la Gremial de Abogadxs, Rosario Fernández y Gustavo Franquet (defensores de Oscar Santillán), por la CORREPI, María del Cármen Verdú (defensora de Julián Lazarte) y por CADEP, Martín Alderete (defensor de Jaru Rodríguez). Todos ellos explicaron la situación de sus defendidos, señalando que sufren un «montaje político» acompañado de la presión mediática, y que las pruebas son ínfimas o en algunos casos inexistentes.
Conferencia completa:
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