GRITOS Y SUSURROS
ABR 24, 2022
En un estilo que no se le conocía, el Presidente Alberto Fernández gritó ante un plenario del partido justicialista del municipio de José Paz: “Necesito de todos y cada uno de ustedes que estén convencidos. Porque el que quiera hacerles creer que en el 2023 estamos perdidos, ¡un carajo estamos perdidos!”
En el mismo municipio, que Mario Ishii gobierna desde 1999, salvo dos años en los que fue senador bonaerense, Alberto había anunciado el 8 de marzo que el año que viene buscará un segundo mandato presidencial. Y Santiago Cafiero venía de declarar que el único imprescindible es el Presidente y que nadie está obligado a formar parte de un gobierno con cuyo rumbo no coincide. Una senadora le recordó que también la Vicepresidenta CFK fue electa por el voto popular. Cafiero ha sufrido otra enmienda: como si fuera una devolución de la gentileza que padeció Felipe Solá, el papa Francisco le hizo saber que cancelaba la audiencia programada, cuando el canciller ya había emprendido el viaje. Peor fue el motivo alegado: un dolor en la rodilla. Maestro de la ambigüedad, el Pontífice había recibido días atrás a Wado de Pedro.
También le envió una carta a Gustavo Sylvestre en la que le dijo que los periodistas suelen caer en los pecados de “la desinformación, las calumnias, la difamación y la coprofilia” y que algunos lo hacen por paga. Pero a Joaquín Morales Solá le dijo que le había pedido a Sylvestre que no publicara la carta, en la que sólo quiso “marcar las tentaciones a las que puede verse expuesto un periodista. De la misma manera, marco las tentaciones a las que pueden verse expuestos los sacerdotes, los obispos y ¡hasta los papas!” Lo de las tentaciones es un agregado que no está en el texto.
En apariencia, el carajeo presidencial fue la respuesta al vaticinio de Cristina, de que con la actual política económica no hay forma de ganar una elección. Pero ella lo viene advirtiendo en público desde diciembre de 2020, cuando en presencia del Presidente exhortó a alinear precios y tarifas con salarios y jubilaciones. Alberto, en cambio, pensaba que el Frente de Todos se impondría en los comicios de medio término, si bien por un margen menor que en los presidenciales de 2019. ¿Por qué, entonces, tanto enojo recién ahora?
Tal vez la explicación de estos gritos pueda hallarse en los susurros cada vez más audibles por parte de gobernadores, intendentes y hasta ministros del Poder Ejecutivo Nacional, que reclaman al Presidente respuestas enérgicas, no contra Cristina sino para domar la inflación que hace estragos en el poder adquisitivo de los salarios. Las provincias, además, temen por la poda a las transferencias discrecionales de recursos del Estado Nacional que exige el FMI. Hasta la CGT reclamó por escrito medidas efectivas para defender el salario contra el avance de los precios al consumidor.
Cristina 2023
Las pintadas aparecieron en La Plata. Sólo dicen Cristina 2023. No tienen firma y nadie las ha reivindicado como propias. Desde el camporismo, ante una consulta para esta nota, alegaron desconocimiento. “Debe ser una respuesta a Tolosa Paz”, fue lo más específico que dijeron, una sentencia que no puede desvincularse del acto que Alberto Fernández encabezó el 23 de febrero en el lanzamiento de una agrupación universitaria que responde a la diputada de la sonrisa inmutable. Desde las oficinas del Senado con acceso a la Vicepresidenta, la negativa es rotunda: Cristina no piensa en regresar al puesto que ocupó entre 2007 y 2015 y sólo le preocupa que la actual gestión no termine en forma catastrófica. En las redes antisociales, autodenominados Cibermilitantes del FDT lanzaron los hashtags #Hay2023ParaElPueblo, #CristinaPresidenta y #Cristina2023. Pero no sólo ellos: lo mismo hicieron el dirigente de la CGT Walter Correa, del gremio de curtidores, y Carlos Bianco, el jefe de asesores del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Al mismo tiempo, otros muros de la misma ciudad de La Plata (gobernada por los Cambiantes) comenzaron a postular la reelección de Kicillof, todo lo cual revela que el año electoral ya comenzó. En realidad, lo inauguró el Presidente el 17 de noviembre, al anunciar su disposición a participar en una elección primaria y lo único que debería sorprender es que no hayan surgido antes las respuestas públicas, ya que las privadas abundan. Hasta queda espacio para el humor: Luis D’Elía afirmó que la fórmula para 2023 no podrá ser otra que Alberto y Cristina.
Primereando
El eje que en forma obsesiva instala la trifecta mediática, a la que se suma la declinante señal de cable de Cristóbal López y Fabián de Sousa, es el antagonismo entre el Presidente y la Vice. Las diferencias entre ellos respecto de la política económica son explícitas, pero no agotan el catálogo de contradicciones dentro del Frente de Todos.
La amenaza de adelantar la fecha de las elecciones provinciales, para que no coincidan con la presidencial, es tan grave como si se plantara el motor de un helicóptero en medio del vuelo. Las constituciones provinciales de Santa Fe, Tierra del Fuego y Chaco prohíben que se vote el mismo día para la gobernación y la presidencia, y varias provincias estudian sancionar el desdoblamiento, entre ellas Formosa, Buenos Aires, Santiago del Estero, Catamarca y Córdoba. Muchos alcaldes del FdT presionan en la misma dirección.
El colaborador presidencial Julio Vitobello consiguió que los gobernadores anunciaran la suspensión del segundo encuentro en el Consejo Federal de Inversiones, pero no que desistieran de realizarlo. En esa cita, que se realizó sin publicidad, hubo un fuerte reclamo al Poder Ejecutivo, en demanda de la continuidad en sus cargos del jefe de gabinete, Juan Manzur, y del Ministro del Interior, Eduardo de Pedro, señalados por medios que se nutren del entorno presidencial como candidatos al relevo. Manzur y De Pedro son los interlocutores de la Nación con las provincias.
El malestar entre los gobernadores no se expresa sólo según intereses económicos y líneas ideológicas, como lo sugiere el diálogo entre Coqui Capitanich y El Gringo Schiaretti, el más cercano y el más distante de la Vicepresidenta. Un eje que no goza de buena prensa pero que se manifiesta con mucha fuerza es el fastidio de los provincianos con un gobierno que perciben como definidamente porteño, pese a la insistencia presidencial por manifestarse como abanderado del federalismo. Hace diez días, en un viaje a Tucumán dentro del programa de capitales alternas, Alberto repitió que la Capital Federal debería mudarse al Norte Grande. Alfonsín, como algunos aún recuerdan, llegó a anunciar el traslado al sur y al frío. Brasil hizo realidad la idea de la mudanza, de Río a Brasilia. La Argentina la acaricia en forma viciosa, desde que Artigas lo planteó por primera vez hace 209 años.
Un ministro de mucha confianza del Presidente dice que ya no sabe qué hacer para disuadirlo de la idea de una interna con el kirchnerismo. “Si nuestros votos son el 30% del electorado, 28% siguen a Cristina”, alega. Muy cómodos en su rol de administradores de la pobreza, los eviteros mantienen la ficción contraria, a pesar de la experiencia que ya hicieron hace cinco años. Lo ven como una opción win-win, porque han aprendido a medrar bajo administraciones distintas. Ahora anuncian una marcha para el 1° de mayo, en apoyo al Presidente y al anunciado tributo a la renta inesperada, de cuya existencia real hay más que dudas.
El modo en que Guzmán lo introdujo, sentado junto a Fernández, fue tan vago como el de la guerra contra la inflación: el ministro dijo que “en las próximas semanas” iniciaría consultas con las cámaras patronales para elaborar el proyecto.
Más aún, en una nota de opinión titulada “Los tropiezos de Cristina”, el matutino Clarín narró el presunto diálogo entre Guzmán y el CEO de una poderosa cerealera.
—Vos sabés que ese proyecto no pasa el Congreso— habría dicho el hombre de negocios.
—No se va a aprobar. Pero nosotros primereamos y le sacamos la bandera a Cristina— habría sido la respuesta ministerial.
Un verbo bergogliano. ¿Alguien se lo habrá sugerido?
Carteles
Lo único concreto hasta ahora son los bonos que el gobierno anunció para compensar la mengua de los ingresos de trabajadores precarios, informales y jubilados por la aceleración de los precios al consumidor. Pero reúnen lo peor de dos mundos: para el Estado son muy onerosos desde el punto de vista fiscal que monitorea el FMI, y para quienes los reciben no pasan de ser un paliativo, que apenas modera durante un mes la verticalidad de la pendiente por la que se desliza el ingreso popular. Así lo reconoce incluso Emmanuel Álvarez Agis, uno de los economistas de consulta del Presidente, quien había pensado en él para el ministerio antes de que Kristalina Georgieva le hiciera saber, por medio de la directora de CEPAL, Alicia Bárcena, su preferencia por Guzmán. No obstante, el Partido Justicialista, que preside Alberto Fernández, imprimió y pegó unos carteles gigantescos de agradecimiento al gobierno del Presidente Alberto Fernández, porque “el crecimiento es para todos”. Otra curiosidad es la foto que los ilustra: acompaña al Presidente agradecedor y agradecido la diputada Tolosa Paz, cabeza de la lista derrotada en la provincia de Buenos Aires hace 150 días.
El dictamen
El miércoles, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General del Senado aprobaron el dictamen de creación de un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, mediante un tributo sobre “bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten desde la entrada en vigencia de la presente Ley y no hayan sido declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos”.
Luego de escuchar a especialistas invitados, las comisiones introdujeron varias modificaciones al proyecto. Uno de los expositores fue el director del centro de investigaciones y formación de la CTA, Pablo Manzanelli.
Lo primero que hizo fue comparar el incremento de la deuda externa pública en el último medio siglo. Para eso expresó las cifras del INDEC y de la balanza de pagos en dólares constantes de 2020. Salta a la vista la primacía del macrismo, con un promedio de 25.000 millones de dólares por año, seguido por la dictadura militar y el gobierno radical que la sucedió. El mínimo se registró en los doce años del kirchnerismo, con menos de mil millones anuales.
Luego Manzanelli cotejó la progresión de la deuda pública del gobierno nacional en moneda extranjera, que durante la gestión de Cambiemos se incrementó en 100.000 millones de dólares, y la formación de activos externos del sector privado, que en el mismo periodo llegó a 86.000 millones de dólares. Su paralelismo es inapelable.
Estos son datos de contexto, pero sin relación directa con el cobro del impuesto en ciernes, que sólo se percibirá sobre bienes no declarados a la AFIP. El Título III crea la figura del colaborador, que podrá reclamar un tercio de la imposición que se obtenga por los datos que suministre. El artículo 36 deja sin efecto cualquier acuerdo de confidencialidad entre las partes debido a la supremacía del interés público sobre el acuerdo entre privados, pero contradictoriamente excluye a escribanos, abogados y contadores, lo cual reduce en forma excesiva el universo alcanzado.
El Senado podría tratar la ley el miércoles 27 y luego remitirla a la Cámara de Diputados. En cambio, se postergó el tratamiento del proyecto que complementa al anterior, para levantar el secreto fiscal y bancario porque, según sus impulsores, deben pulirse con precisión sus alcances y profundidad.
El haka maorí
Antes de que uno de los proyectos sea redactado y el otro convertido en ley, las cámaras patronales y la oposición política lanzaron su intimidatorio haka maorí. No pasarán.
Horacio Rodríguez Larreta dijo que se opondrían a cualquier nuevo impuesto, y María E. Vidal que “el impuesto a la renta inesperada se llama ganancias. Dejen de tomarnos el pelo. Ya lo pagamos junto con otros 164 impuestos más”. La misma cantinela entonaron la Sociedad Rural, la Cámara de la Industria Aceitera, el Centro Exportador de Cereales, la Cámara de Comercio y Servicios, la Unión Industrial y la Asociación Empresarial (AEA). Emplean tres tipos de argumentos:
- Que no hay ganancias excepcionales;
- Que los impuestos son un freno de mano a la producción y la inversión que crean trabajo;
- Que ya se pagan 164 impuestos, con una de las presiones impositivas más altas del mundo.
Son todos refutables:
- Sólo lo pagarían quienes hubieran tenido rentas inesperadas, por encima de 1.000 millones de pesos.
- El leve aumento de la presión impositiva con el actual gobierno no impidió que crecieran la producción y la inversión.
- Y los 164 impuestos son un cuento de hadas, no existe tal cosa.
El argumento de los 164 impuestos se origina en un paper del economista Nadin Argañaraz, quien preside el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). En otra nota de esta edición, Guillermo Posada cuenta la causa en la cual el juez federal Ricardo Bustos Fierro procesó a Nadin Argañaraz por administración fraudulenta (acusado de adquirir facturas truchas a una asociación ilícita para evadir impuestos) y le secuestró 700.000 dólares termosellados.
En lo que importa para esta nota, el mago Argañaraz enumera tanto impuestos nacionales como tasas, derechos, contribuciones, regímenes laborales, aportes y contribuciones que suelen tener asociada una contraprestación. Ningún actor de la economía paga todos esos rubros, que no se superponen. Así lo demuestra un riguroso análisis conjunto realizado por el Centro de Economía Política (CEPA) y la Fundación alemana Friedrich Ebert.
Además, el 71% corresponde a impuestos. Y nueve de cada diez pesos recaudados corresponde a cinco de ellos, de modo que los 159 restantes del listado son insignificantes. Los que importan sobre el IVA, Ganancias, el Impuesto a los débitos y créditos, Combustibles y los recursos aduaneros (donde están los derechos de exportación e importación), según este detalle.
El barullo con el número de disposiciones oculta que la presión impositiva en la Argentina es menor que en países vecinos como Brasil y Uruguay y del promedio de la OCDE. Por último, el dato clave no es la cantidad de los impuestos sino su calidad: es decir si son progresivos, como ganancias o bienes personales, o regresivos, como el IVA. El estudio de CEPA y la Ebert sostiene que en los países seleccionados de Europa, entre 2008 y 2019, el 55% de la recaudación provino de impuestos progresivos, mientras en América del Sur no pasó del 39%. En la Argentina los impuestos a los que más tienen o más ganan en 2019 sólo explicaban el 38,8% de la recaudación total, por debajo de Uruguay, Chile, Reino Unido, España, Italia, Alemania, Francia y Dinamarca. En la actualidad, con las decisiones del gobierno de Alberto Fernández esta regresividad se ha revertido levemente, alcanzado los impuestos progresivos una participación de 41% al 2020, revirtiendo el incremento de regresividad el cuatrienio anterior. “Este debate resulta central: los sectores populares son los que reciben mayor presión fiscal. Para revertir esta situación el camino no es menos impuestos sino impuestos que reviertan esta relación”, concluye el revelador informe. Quien desee verlo completo, puede hacerlo aquí. En una apurada respuesta, IARAF dijo que su informe es de 2020, que distingue entre impuestos, tasas y contribuciones y que no se hace responsable de las interpretaciones (de la oposición política, la trifecta mediática y las cámaras patronales, pero no lo dice así). «Enhorabuena que se termine con la confusión que se intentó instalar», replicó CEPA.
La opacidad como norma
La presencia en Washington del Ministro de Economía Martín Guzmán está rodeada de misterio, y no hay transparencia informativa sobre las reuniones mantenidas con Ilan Goldfajn, el banquero israelo-brasileño responsable de Subamérica (que en la nomenclatura estadounidense se denomina Hemisferio Occidental) y con la directora gerente, Kristalina Georgieva. Guzmán no revela cada paso de esas negociaciones ni siquiera al Presidente, porque teme las filtraciones a la prensa.
El predecesor de Goldfajn en ese cargo, el mexicano nacido en la Argentina Alejandro Werner, quien junto con Christine Lagarde fue responsable del préstamo de 57.000 millones de dólares a la Argentina, dijo que el acuerdo al que Guzmán llegó con el FMI no es el plan económico del gobierno. Esto es lo contrario a la afirmación del ministro en la última entrevista que concedió antes de viajar, en la que dijo que el 25 de marzo el Congreso había aprobado el plan económico del gobierno, con el que todos los funcionarios debían alinearse. En realidad, ese día el directorio del Fondo aprobó el acuerdo de Facilidades Extendidas para refinanciar la deuda que tomó el macrismo. Guzmán pretende que ese es el plan económico del gobierno y agrega que lo aprobó el Congreso, pero la oposición argentina lo desmiente y el Fondo no le cree.
Werner fue tan elogioso con Guzmán como crítico con el gobierno: El ministro “fue efectivo en lo suyo, siguió órdenes [no dijo de quién]. Por otro lado, es una contraparte que el FMI respeta”. Pero el gobierno, al que considera de un populismo que atrasa medio siglo, no tiene convicción para implementar lo firmado. “¿Cómo van a bajar la inflación? No se sabe. Toman medidas aisladas, nada más. El presidente del Banco Central y el ministro de Economía están ausentes en la explicación de cómo van a dejar de subir los precios”.
Que lo diga un capitoste del FMI no le quita veracidad. El gobierno se anota en el casillero que los encuestadores nominan como NS/NC.
El triunfo de la voluntad
Horacio Rosatti, ex intendente de Santa Fe durante la gobernación de Carlos Reutemann (sí, durante la inundación de 1998 que ingresó por la defensa Oeste que ambos habían inaugurado meses antes) se dio el gusto y desde la semana pasada preside el Consejo de la Magistratura.
El más político de los jueces de la Corte Suprema de Justicia lo logró a pura voluntad, una virtud en su actividad. En su Tratado de Derecho Constitucional, Rosatti advirtió que la designación de jueces en comisión fue un procedimiento contemplado en la Constitución del siglo XIX cuando el receso parlamentario se extendía desde octubre hasta abril, pero que no se justifica en la actualidad. Sin embargo, tanto él como Carlos Rosenkrantz aceptaron que en el siglo XXI Macrì los designara en comisión por un decreto de necesidad y urgencia, aberración que Micky Vainilla intentó subsanar luego, ofreciendo para convalidarla los votos del bloque del Frente para la Victoria en el Senado. Entre los apoyos que recibió estuvo el del presidente de la Iglesia Católica de entonces, José María Arancedo, complacido por la lectura del candidato sobre la Constitución que, a su juicio, prohibe el aborto.
En 2018, en una entrevista con Carlos Pagni en la señal de cable de La Nación, Rosatti dijo que los jueces no podían reemplazar a los legisladores en el dictado de las leyes. Se refería en forma específica a la del Consejo de la Magistatura.
Pero en diciembre de 2021, junto con Rosenkrantz y Juan Maqueda, firmó exactamente eso: declararon inconstitucionales varios artículos de la ley que en 2006 fijó en 13 los miembros del Consejo, convocaron al Congreso a sancionar otra en 120 días y, en caso contrario, dispusieron reponer la de 1997, derogada quince años atrás. La Constitución no dice que la Corte debe integrar el Consejo, ni presidirlo. Sólo que deben estar representados jueces de todas las instancias, y la Corte es una de ellas. La ministra legal del Poder Ejecutivo, Vilma Ibarra, destacó que entre los artículos de aquella ley nulificados está el que disponía que el Consejo elegirá a su presidente por mayoría de votos y preguntó cómo se fundamentaba la inconstitucionalidad de esa previsión tan razonable. La respuesta (que nadie le dio) es que esa norma hubiera impedido que el propio Rosatti presidiera el organismo. Su complejo de superioridad no le permite someterse a la opinión de sus pares.
El fallo de diciembre decía que todos los consejeros debían asumir al mismo tiempo. Pero como el senador cambiante Luis Juez impugnó en el fuero contencioso administrativo la designación de Martín Doñate por la tercera minoría, y Germán Martínez la de la diputada radical Roxana Reyes, la Corte modificó su propia decisión y tomó juramento a los demás. Por vía de apelaciones, ambos casos llegarán a la Corte, donde Rosatti volverá a decidir lo que más le convenga.
Sería un escándalo que no aceptaran a Doñate, dicen los bloques senatoriales del Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana. Cuesta creer tanta ingenuidad. También es un escándalo que la jueza federal Alicia Vence (que antes fue secretaria y algo más del Doctor Glock) haya sobreseído a un gerente de Mercedes Benz procesado por la desaparición de 14 operarios. Una mancha más, ¿qué le hace al tigre?
La necesidad de un acuerdo
Esta semana el Senado comenzará a analizar varios proyectos que aumentan el número de miembros de la Corte Suprema, entre ellos uno de Adolfo Rodríguez Saá. Como no se trata de una ley constitucional, puede aprobarse por mayoría simple, lo cual es difícil aunque no imposible. Pero una vez promulgada la designación de los nuevos integrantes requiere los dos tercios del Senado. Con paridad de fuerzas en el Consejo y en ambas cámaras del Congreso, y en una compleja situación económico-social, la única manera de impedir una peligrosa parálisis institucional es la búsqueda de acuerdos políticos, tanto para la integración de la Corte como para cualquier otro proyecto. La experiencia nacional y la comparada indican que los acuerdos políticos no se negocian con los amigos. Sólo una persona tiene iniciativa y capacidad para proponerlo. Lo que no está claro es quién podría ser su interlocutor en el conventillo de múltiples bloques de la oposición, donde la única realidad es la capacidad de veto. Al alcalde porteño no le disgustaría, pero es dudoso que se anime sin que los maurizios, las patricias, las lilitas y los cornejos le salten a la yugular.
Fuente:ElCohetealaLuna
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