HOY nuevo PARO de 24hs en Página/12
El Grupo Octubre sigue sin dignarse a responder el legítimo pedido de sus trabajadoras y trabajadores para negociar una recomposición salarial.
#ElSueldoNoAlcanza
Página/12 no está en la calle por segundo día consecutivo. Tal como ocurrió el domingo pasado, el Grupo Octubre a cargo de Víctor Santa María y la “dirección” del diario guardan silencio: no explican los motivos a lxs lectorxs.
Página/12 no está en la calle porque sus trabajadorxs llevamos adelante un plan de lucha por salarios dignos: exigimos empezar a recuperar la brutal pérdida de poder adquisitivo que se inició en 2016 y que sigue profundizándose.
Página/12 no está en la calle porque sus trabajadorxs paramos 48 horas y la única respuesta del Grupo Octubre, que no dialoga con delegadxs genuinos, es meter notas por la ventana desde “GO Noticias”, flamante creación de Mariano Blejman para informar sobre elefantes y delfines.
Las y los lectores merecen saber por qué Página/12 no está en la calle. Las y los trabajadorxs de prensa con conciencia gremial no tenemos ninguna razón para ocultarlo: contamos luchas ajenas y protagonizamos las propias.
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Trabajadores de la salud: Medidas de fuerza de delegaciones de Fesprosa en distintas provincias
Ante la falta de respuesta de los distintos gobiernos provinciales, las delegaciones de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) de Neuquén, Chaco, Río Negro y La Rioja convocan a diversas medidas de fuerza, que confluirán en una jornada nacional de lucha el próximo 24 de mayo.
Ante el silencio y falta de respuestas del gobierno provincial, la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública de la Provincia del Chaco (APTASCH) ratificó su plan de lucha, iniciando una serie de medidas de fuerza que incluyen un paro los días 17 y 19, con movilización este jueves a partir de las 10 en la ciudad de Resistencia. Los centros sanitarios del interior provincial realizarán también concentraciones y manifestaciones en los diferentes servicios.
La Asociación Sindical de la Salud Pública de Río Negro (ASSPUR), por su parte, continúa con medidas para exigir la devolución inmediata de lo adeudado, para rechazar el 24% de aumento salarial establecido por el gobierno, exigir una recomposición salarial no menor al porcentaje inflacionario y reclamar por el reconocimiento de ASSPUR como representante del sector, con plena capacidad de negociación. En ese marco, se irá al paro este martes 17, con movilizaciones en distintos puntos de la provincia.
Finalmente, en La Rioja la masividad de las medidas de protesta de la Asociación de Profesionales de la Salud de La Rioja (APROSLaR) sigue creciendo, por la evidencia de la pauperización del salario de los trabajadores del sector. En ese contexto, se realizará un nuevo paro de actividades este jueves 19 y otro el próximo 24.
Todas estas medidas confluirán el 24 de mayo en una Jornada Nacional de Lucha de la Salud encabezada por Fesprosa, enmarcada en el paro decretado por la CTA Autónoma contra el FMI y en defensa del salario.
“Marchamos por la victoria de las provincias en lucha, por la Paritaria Nacional de Salud, por el ingreso inicial de $140.000 para las y los trabajadores de la salud, por el fin del trabajo precario, y por la reapertura de las negociaciones salariales en todas las jurisdicciones”, señalaron desde el Consejo Ejecutivo Nacional de Fesprosa.
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Un centenar de sindicatos presionan a Guzmán para que no ajuste más “el bolsillo de los trabajadores”
Son gremios nucleados en la Confederación General del Trabajo y la Central de los Trabajadores que, a pocas horas de las audiencias públicas convocadas por el gobierno nacional para definir incrementos en las tarifas de los servicios de gas y electricidad por redes, emitieron un comunicado en el que piden al Ejecutivo “evitar un nuevo aumento tarifario contra el bolsillo ciudadano».
Paralelamente, desde el Gobierno ya anticiparon que no habrá marcha atrás en la segmentación de las tarifas para quitar los subsidios al 10% más rico de la población que todavía goza de ellas.
En ese punto y según informó la Secretaría de Energía de la Nación, el 10% de usuarios residenciales de los Servicios de Gas y de Electricidad, con mayor capacidad de pago de la sociedad, dejará de recibir el beneficio prontamente.
Pero la complejidad del tema energético, supera al valor de las tarifas y tiene que ver también con la capacidad de abastecimiento y exportación. A tal fin, el presidente, Alberto Fernández busca inversiones en Europa que permitan terminar el gasoducto, Néstor Kirchner y poner al 100% el funcionamiento el yacimiento de Vaca Muerta.
En tanto, para la mayoría de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur, que son beneficiarios de tarifa social, recibirán una corrección en promedio del 17%, mientras que para la mayoría de los usuarios de Gas del país el incremento será del 21,5% con leves variaciones según las regiones.
Ante estos anuncios, los gremios consideraron que “quitar subsidios para realizar un aumento de tarifas sin analizar de forma minuciosa los costos reales de las empresas implica consolidar una política que ha sido perjudicial para el pueblo argentino”.
Los sindicatos recordaron la política energética de Mauricio Macri, quien “aplicó” durante su presidencia tremendos “tarifazos” que consistieron en la dolarización de los precios del gas y la electricidad” y que generaron “una fabulosa transferencia de recursos desde la ciudadanía y el aparato productivo hacia un pequeño puñado de empresas».
Esas ganancias se generaron mientras se producía un fenomenal deterioro en el poder adquisitivo de las familias, en el entramado productivo PYME y en los niveles de actividad económica en general”, remarcaron en el documento y pretenden evitar que éste gobierno no lleve el mismo rumbo, y atado a las políticas del FMI, deba reducir el déficit fiscal de tal modo que haya que ajustar más el salario del trabajador.
Eso significaría un “retroceso” en la política de recomposición de ingresos a los sectores medios y populares que el Gobierno intenta llevar a cabo para morigerar los efectos de la inflación en los bolsillos de las y los argentinos” que de permanecer con éstos porcentajes de inflación continúan cayendo bajo la línea de pobreza pese a tener trabajo, en muchos casos, trabajo formal.
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En 24 municipios y de manera simultánea
El gobierno bonaerense realizó un mega operativo para controlar condiciones de trabajadores de apps de delivery
El ministerio de Trabajo bonaerense realizó un mega operativo de inspección, en 24 municipios y de manera simultánea, con el fin de controlar la registración, condiciones laborales y de Seguridad y Salud de las y los trabajadores de plataformas digitales de delivery. Afirman que es una de las actividades donde se registra mayor vulnerabilidad de los derechos laborales.
“Este operativo, inédito por su alcance territorial, es una acción más de la cartera laboral provincial que busca avanzar en el reconocimiento de los derechos laborales de miles de bonaerenses que trabajan con estas aplicaciones de reparto en toda la Provincia”, señala el comunicado y afirma que los “trabajadores y trabajadoras, a pesar de cumplir con todas las obligaciones de cualquier empleado en relación de dependencia, en su mayoría no están registrados y no cuentan con ningún tipo de protección en materia de Salud y Seguridad, dejando en evidencia la imposibilidad de acceder, por ejemplo, a los beneficios previsionales”.
Desde el Ministerio de Trabajo bonaerense observan que: “Las apps de delivery se autodefinen como empresas de tecnología que únicamente proporcionan una herramienta informática que conecta individualmente a proveedores de servicios con los consumidores, encubriendo de esta manera la relación laboral que tienen con decenas de miles de personas que deben registrarse como monotributistas o autónomos. De esta manera no cuentan con un sueldo básico, pero deben cumplir un horario estipulado, una cierta cantidad de horas diarias y, aunque no tengan lugar físico ni fijo de trabajo, deben concentrarse en zonas específicas en donde reciben los pedidos para realizar”.
Los y las inspectoras del Ministerio realizaron los relevamientos en zonas de concentración de locales gastronómicos y en centros de distribución de las empresas en los distritos de Almirante Brown, Avellaneda, Lanús, Quilmes, Berazategui, Lomas de Zamora, La Plata, La Matanza, Morón, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Campana, José C. Paz, San Miguel, Zarate, Pilar, Pinamar, Azul, Junín, Mar del Plata, Necochea, Tandil y Bahía Blanca.
“Es una buena noticia que ahora exista una verdadera discusión sobre la situación muy precaria de estos trabajadores que salen a la calle sin una cobertura de nada y que algunos se pagan ellos mismos un seguro de accidentes personales porque si les pasa algo nadie los cubre”, afirmó al respecto la ministra Mara Ruiz Malec. Y agregó: “el Estado debe estar protegiendo a los trabajadores frente a estas apps que a pesar de ser millonarias les niegan los derechos más básicos. Ser registrado es un cambio sustancial en las condiciones laborales y de vida de cada uno porque no es lo mismo tener obra social que no tenerla, saber que estás aportando a una caja para tu futura jubilación que no hacerlo”.
Estas inspecciones del ministerio de Trabajo comenzaron en 2020, cuando se realizó un primer relevamiento de 172 trabajadores y trabajadoras y se intimó a las empresas a presentar la documentación laboral de los mismos, las cuales desconocieron la relación de dependencia.
Esa acción culminó con sanciones aplicadas por el Ministerio ante la falta de registración y otros tipos de incumplimientos a la normativa laboral.
Las multas fueron ratificadas por la Justicia de La Plata, confirmando la existencia de relación de dependencia y validando el accionar de la cartera laboral. Por esto, con esta doble jornada de inspecciones lo que se buscó fue profundizar el alcance de aquella primera intervención en pos de reconocer los derechos laborales que le corresponden a estos trabajadores y trabajadoras bonaerenses.
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Docentes de la Universidad Nacional de Moreno continúan con jornadas de protesta
Este lunes 16 de mayo, en la Universidad Nacional de Moreno, las y los docentes universitarios nucleados en el gremio ADUNM-CONADU impulsan una jornada de protesta, que contará con una radio abierta en el predio de la universidad a las 17.30 hs.
Las demandas a nivel nacional de ADUNM, se integran al reclamo de CONADU y el resto de la docencia universitaria por la reapertura de paritarias. “El grave crecimiento de la inflación volvió a dejar por atrás a los salarios docentes”, que de no recomponerse perderían al menos unos 20 puntos frente a la inflación este año, afirman en un comunicado.
A nivel local, desde ADUNM reclaman por la realización de concursos que fueron congelados; la estabilidad de los cargos docentes regulares; la regularización de las condiciones de trabajo de las y los docentes del curso de ingreso y el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo.
Para avanzar promueven el establecimiento de una mesa paritaria en la universidad, en cumplimiento de la normativa vigente, que hasta el momento no ha sido puesta en funcionamiento por las autoridades universitarias.
Desde la Asociación de Trabajadores Docentes de la Universidad Nacional de Moreno adherida a CONADU confirman que la jornada de reclamo que se inició el viernes 13, se extenderá durante todo este lunes 16, y contará con una radio abierta el lunes a las 17.30 hs.
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Ciudad de Buenos Aires
Una familia porteña necesitó en abril $95.268 para no ser pobre
Una familia de cuatro miembros que habita en la Ciudad de Buenos Aires necesitó en abril por lo menos $52.169,48 para no estar en condiciones de indigencia, $95.268,16 para no revestir en la pobreza y $147.135,81 para ser considerada de clase media, de acuerdo con los datos dados a conocer por la Dirección General de Estadística y Censos porteña.
De esa forma, los gastos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marcan el límite de la indigencia tuvieron el mes pasado un aumento del 5,17%, que llegó al 59,06% en el acumulado de los últimos doce meses.
En el caso de la Canasta Básica Total (CBT), que establece el tope de la pobreza, el incremento mensual fue de 5,31% y el interanual del 54,70%, mientras que la Canasta Total (CT), que en diferentes proporciones delimita al sector medio frágil, la clase media y los sectores acomodados, subió 5,30% en el mes y 56,73% en relación con marzo del año pasado.
Los montos señalados no incluyen el pago de alquiler de vivienda ni de expensas comunes, por no ser considerados gastos de consumo.
La franja más vulnerable tuvo en abril el menor incremento porcentual, lo que refleja una suba mayor en los precios y tarifas de servicios y bienes no básicos respecto de los alimentos de primera necesidad.
A diferencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que reconoce solamente las categorías de pobres e indigentes, la Dirección porteña dispone de seis estratos sociales en su clasificación.
En abril, los recursos necesarios para revestir en cada categoría fueron los siguientes: en situación de indigencia, hasta $ 52.169,47; de pobreza no indigente, de $ 52.169,48 hasta $ 95.268,15; y no pobres vulnerables, de $ 95.268,16 hasta $ 117.708,64.
En el caso del sector medio frágil, de $ 117.708,65 hasta $ 147.135,80; clase media, de $ 147.135,81 hasta $ 470.834,59; y sectores acomodados, $ 470.834,60 o más.
El Indec dará a conocer la medición de las canastas de indigencia y de pobreza de abril el próximo martes 17 de mayo.
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La UTA va a la huelga por 72 horas: «Vamos al paro a partir de las 00:00 de mañana. Levantamos por el censo y lo continuamos jueves y viernes»
El líder de la UTA, Roberto Fernández, confirmó la huelga de 72 horas desde esta medianoche. Explicó que prestarán servicio el miércoles, para no entorpecer el censo. Volverán a la huelga el jueves y el viernes. Impacta en todo el interior del país.
Roberto Fernández, titular de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), confirmó la huelga de 72 horas que tenía pendiente por la conciliación obligatoria y que afectará a todo el interior del país.
«Vamos al paro desde las 00:00 de mañana, martes, hasta las 24 horas. Levantamos el 18 por el censo. Vamos a colaborar y trabajar. Continuamos el paro el jueves y viernes», explicó Fernández.
«Estamos dispuestos a dialogar y conversar. En cualquier momento nos llaman y nos sentamos de vuelta, pero no podemos aceptar discriminaciones», aseguró el gremialista en diálogo con Radio 10.
El reclamo, concretamente, es que en todas las provincias se paguen los mismos salarios que en la zona metropolitana donde el gremio ya puso la firma en sus paritarias.
«Queremos dejar expresado que responsabilizamos de todas las consecuencias de cualquier medida de acción gremial, a la total negativa a acordar los sueldos de los trabajadores del transporte de pasajeros del interior del país, y a pretender negociar salarios diferentes a los del Área Metropolitana de Buenos Aires», remarcó un comunicado de la organización.
«Continuaremos poniéndonos a disposición de todas las partes intervinientes en la negociación, durante el transcurso de la presente medida de acción gremial, a efecto de lograr el acuerdo salarial que los trabajadores del transporte de pasajeros del interior merecen», concluyó.
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Tras el paro por tiempo indeterminado, la UOM Tierra del Fuego a un paso de firmar una paritaria 20 puntos superior a la que dejó Caló
La cámara empresaria de las empresas electrónicas fueguinas envió una nueva propuesta de aumento salarial a los integrantes de la UOM Río Grande. La oferta fue del 65% a pagarse en tres veces con una suma no remunerativa de $45000 pesos, que supera en 20 puntos el acuerdo que había alcanzado Caló y en 10, la primera oferta empresaria a este reclamo.
Tras la audiencia del viernes pasado, los representantes de los trabajadores metalúrgicos deben decidir si aceptan la nueva propuesta salarial de la cámara empresaria AFARTE que fue elevada a la comisión directiva de la UOM o no.
La parte empleadora dejó atrás el discurso conflictivo que había dejado entrever la semana pasada Federico Hellemeyer, titular de la cámara, y mejoró la oferta a una suba del 65% a pagarse en tres veces, 35% de abril, 15% en julio y el restante 15% en el mes de octubre con una revisión en noviembre. A esto se suman 45 mil pesos no remunerativos a pagar en dos cuotas, serían 25 mil pesos en mayo y 20 mil en junio.
Esta oferta se acerca a lo pretendido por la UOM Río Grande en un comienzo por lo que hay grandes posibilidades de que se cierre la negociación paritaria.
En un breve resumen, recordemos que el sindicato de metalúrgicos reclamó que se abra la negociación paritaria para superar el aumento que cerró el exsecretario general a nivel nacional Antonio Caló de 45%. El sector empresario lo rechazó y el «Zurdo» Martínez, muy presionado por las bases que reclaman por el deterioro salarial, con una elección ganada con lo justo y con el cambio de época en la UOM a nivel nacional, dictó un paro por tiempo indeterminado.
Las electrónicas fueguinas respondieron con una seria amenaza de despidos masivos «con causa justa» y entonces intervino el ministerio de Trabajo que dictó la Conciliación Obligatoria. Los metalúrgicos en asamblea decidieron acatarla y se volvieron a sentar a negociar pero desde la cámara realizaron declaraciones que parecían alejar la posibilidad de lograr un acuerdo en buenos términos en el corto plazo. Sin embargo, más allá de la entrevista, en la audiencia las cosas cambiaron. Ahora le toca decidir al gremio.
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La CGT planea realizar una movilización ante la sostenida suba de los precios
Apunta a empresarios pero también le reclama medidas al Gobierno
Por Luis Autalan
En medio de un escenario social y económico marcado por la inflación, y a distancia resolutiva del paro nacional convocado por la Unidad Piquetera, la CGT debate sobre convocar a una movilización de trabajadores y trabajadoras contra el alza de precios. Con el eje en la defensa del poder adquisitivo, el titular de la Uocra, Gerardo Martínez, deslizó esa posibilidad horas después de manifestar que no necesitaba enseñanza política alguna para cerrar paritarias.
El triunviro Carlos Acuña también avizora una movilización, apuntando al empresariado por el incremento sostenido de precios. «Si es necesario se va a tomar alguna medida de fuerza contra los empresarios», dijo. Los responsabilizó incluso por la no existencia de «una inflación normal» y de «joder al pueblo, no al Gobierno». La óptica no es novedad, el también triunviro Héctor Daer había puesto dicho foco a fines de 2019 en declaraciones a BAE Negocios sobre los formadores de precios. Sin embargo la versión actual además exige «políticas antiinflación efectivas» desde la Casa Rosada.
Los sindicalistas mencionados integran el ala cegetista que tomó postura, después de las PASO 2021, a favor del presidente Alberto Fernández y ese respaldo abarca al ministro Martín Guzmán dentro de la interna del Frente de Todos. Ahora, no resulta sencillo vislumbrar una movilización cegetista, sobre todo desde las decisiones asumidas por Azopardo de no marchar el 10 de diciembre de 2021 y el pasado 1 de Mayo.
Tampoco asoma con facilidad la convocatoria en cuanto a la grieta expuesta en materia salarial respecto a «bonos y aumento de emergencia no, paritarias sí». El mismo Acuña revindicó horas atrás la postura negativa al aumento de emergencia, al considerar que «nos opusimos al aumento por decreto porque perjudicaba a las pymes y porque hay sectores, como el bancario, que pueden negociar mejor», según lo manifestó a El Destape Radio.
Empero para todo el arco de organizaciones gremiales que responden al también triunviro Pablo Moyano y las incondicionales al kirchnerismo, la necesidad de sumas fijas en estado de emergencia, como las que se pagaron en el Congreso y la Anses, son necesarias y urgentes.
Gracias, no totales
El sábado en Lanús el diputado y titular del PJ Bonaerense Máximo Kirchner le agradeció al Poder Ejecutivo el adelantamiento de los tramos del Salario Mínimo, que requirió vía proyecto de resolución en Diputados. «Gracias a Dios el presidente Alberto Fernández escuchó con buen tino y acompañó esa idea por lo cual no le agradezco yo en mi nombre sino en el nombre de trabajadoras y trabajadores», dijo el hijo de la vicepresidenta en sugestivo mensaje.
La CGT mientras tanto avaló en forma pública el pedido de titular de Diputados, Sergio Massa, al ministerio de Economía para la modificación de los topes correspondientes al impuesto a las Ganancias. Y en reuniones cerradas se quejan por la falta de actualización de la asistencia a las obras sociales, que recalcan como diezmadas por las enfermedades complejas y todo lo que sobrellevó y sobrelleva la pandemia.
Todo en el escenario donde la CGT es testigo y parte de la interna oficialista, mientras según pasan los años se mantiene allí en grado de indiscutible el precepto de Juan Perón respecto a que «la organización vence al tiempo» y aunque esa frase hace la supervivencia de la central, bajo el Gobierno que fuere, no es menos cierto es que la organización también pierde por goleada ante la inflación.
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Crear dos, tres, muchos Bridgestone
En febrero pasado, la empresa de neumáticos Bridgestone informó que sus 1500 trabajadores recibirían un ingreso de 730 mil como participación en las ganancias. ¿Es posible replicar este esquema? ¿Existen otros casos similares?
por Emiliano Correia
Desde que en febrero pasado la empresa de neumáticos Bridgestone informó que sus 1.500 trabajadores recibirían un monto de 365 mil pesos cada uno en concepto de “anticipo de participación de las ganancias” y que en mayo se pagaría una suma idéntica para totalizar un saldo de alrededor de 730 mil pesos mediante un bono extraordinario, se reavivó un debate que no es nuevo pero que fue virtualmente archivado por las sucesivas crisis económicas que se produjeron en nuestro país.
La incorporación de esta cláusula al convenio colectivo de la compañía fue negociada en plena crisis del 2001, por Pedro Wasiejko, actual Secretario General de la Fetia, y que por aquel entonces se encontraba al frente del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático y Afines (SUTNA). En palabras del dirigente gremial, el acuerdo “establece que si la ganancia de la empresa supera el 6% neto sin impuestos, un tercio va a los trabajadores, otro tercio para comprar capital y otro a mejorar la redistribución que así queda en el país”. Este acuerdo, junto a otro paquete de medidas, permitió a las y los trabajadores surfear la reestructuración de la empresa, logrando que a partir del año 2004 -producto del crecimiento económico- se hiciera efectivo.
Algo similar implementaron los bancarios desde 2015: al incorporar una cláusula de participación en las ganancias atada a la rentabilidad financiera o beneficios después de impuestos (ROE por su sigla en inglés), Axel Kicillof, por aquel entonces ministro de Economía, planteaba que “si los bancos ganan más, los trabajadores van a cobrar más, y si ganan menos, van a cobrar menos”. Suena lógico.
Sin embargo, no abundan los proyectos en esta materia. “Las empresas deben cumplir con el Art. 14 bis de la Constitución para que los trabajadores participen de la distribución de las ganancias”, disparó Wasiejko en una entrevista reciente. Y algo de razón tiene. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los 16 conglomerados empresariales que pertenecen a las familias más ricas del país durante 2021 y 2022 han visto crecer su patrimonio a pesar de la pandemia. Solo por nombrar algunos casos, el informe señala que Paolo Rocca (Techint) sumó 648 millones de dólares en sólo un año (de un patrimonio comercial de u$s 12.209 millones pasó a tener U$S 12.857 millones), Luis Pagani (grupo Arcor) incrementó su capital en U$S 723 millones también en un año (de U$S 4.996 millones subió a U$S 5.719 millones), Rubén Cherñajovsky (grupo Newsan) tuvo un crecimiento de U$S 583 millones (de U$S 2.003 millones a U$S 2.586 millones), y Alejandro Bulgheroni y herederos de Carlos Bulgheroni (Pan American Energy) U$S 335 millones (de U$S 1.404 millones en 2020 a U$S 1.739 millones en 2021).
Este desproporcionado crecimiento de las fortunas de nuestro país no ha derramado una sola gota sobre las y los trabajadores. Por el contrario, según el INDEC, durante el segundo trimestre de 2020 Argentina se convirtió en un país más desigual. El 10 por ciento de la población más rica pasó a percibir 19 veces más ingresos que el 10 por ciento más pobre. Y a pesar de que el ministro Martín Guzmán hace algunos días en Salta haya manifestado en un encuentro con empresarios que la Argentina sigue creciendo, el debate por mejorar el poder adquisitivo de las y los asalariados se vuelve también una oportunidad para discutir cómo generar una distribución equilibrada de la riqueza y, claro está, de los ingresos. Algo que por el momento el Gobierno no ha podido garantizar con firmeza y parece lejos de conseguir.
En este escenario existen algunos antecedentes que podrían llevar este punto a un nuevo nivel al menos en lo que se refiere al ámbito laboral, y tomando como referencia las ganancias exuberantes de algunos grupos económicos.
El proyecto de Héctor Recalde de 2010 y el confeccionado para la misma fecha por su partenaire en la Cámara de Diputados, Eduardo Macaluse, contemplan algunos aspectos que tienen sus similitudes con el acuerdo alcanzado en Bridgestone. En términos generales, el proyecto del abogado y ex representante de la CGT estipulaba distribuir entre los trabajadores un 10 por ciento de las ganancias de las grandes empresas.
Esta norma se haría extensiva a las Pymes recién luego de tres años de entrada en vigencia. Además, establecía la reinversión de utilidades por parte de la compañía, un fondo solidario para auxiliar a los trabajadores informales y la creación de un organismo tripartito entre el Estado, la representación empresarial y gremial cuya función sería fijar el monto mínimo de ganancias a repartir. Ninguna de las iniciativas logró tener estado parlamentario.
Sin embargo, ante el grosero enriquecimiento de algunos sectores y el devastador panorama inflacionario que sacude el bolsillo de millones de trabajadores y trabajadoras, aquellas iniciativas que fueron promovidas en tiempos de expansión económica podrían incluso ser mejor usadas en situaciones donde se acentúa la desigualdad, como el actual escenario que atraviesa nuestro país. En Chile, México y Perú, la normativa ya se aplica. ¿Qué o quién impide hacerlo en la Argentina?
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La Integración del Sistema de Salud estaría en el último tramo y la CGT en alerta por el manejo de las obras sociales
Por Redacción EDA -16 de mayo de 2022
Con la idea de tener un sistema más eficaz, a partir de la pandemia de Coronavirus, el tema se metió en la agenda y después de un año, estaría en su última etapa, según confirmó la titular de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.
Esta fue una idea que propuso la ex presidenta, Cristina Kirchner y que impulsaron fuertemente desde el Ministerio de Salud de la Provincia, hoy a cargo de Nicolás Kreplak. La propuesta tendría como eje central la creación de un Sistema Nacional Integrado de Salud que reúna al sector público, privado y las obras sociales.
Esto no cayó bien en la Confederación General del Trabajo, ya que todo pareciera «alejar» más su relación con la Superintendencia de Salud, quien administra los fondos de las obras sociales sindicales, hoy en su mayoría con los números en rojo, producto de un viejo arrastre de déficit económico que se agravó con la pandemia.
Justamente, a partir de un encuentro de mesa chica en Azopardo, el miércoles, se comenzó a gestionar una actualización de los fondos de las obras sociales, pero aunque notaron buena predisposición en la SSS, la negativa vendría de parte de la ministra Carla Vizotti de liberar los recursos para asistir a las entidades de salud gremiales, probablemente por estar enfocada en la modalidad integrada.
Con todo, tanto desde la Rosada como desde el Instituto Patria e, incluso, desde el sindicalismo, coinciden en que es necesario reestructurar un sistema sanitario que consume una enorme cantidad de recursos y que la pandemia dejó en evidencia que no abarca a todos los sectores de manera equitativa.
Respecto a las obras sociales, el punto en cuestión con las organizaciones sindicales, entre otras cosas, plantea la necesidad de modificar el sistema de libre elección, de manera de evitar que se desfinancien y así garantizar la mejor cobertura para los afiliados.
«Debe existir una organización central desde el Estado que administre y coordine, porque lo que termina sucediendo es que las obras sociales se quedan sin recursos aunque tengan muchos afiliados», de otro modo «o aumentamos los aportes o ajustamos el servicio», eran los primeros argumentos del proyecto, que intenta «recuperar el carácter solidario que supo tener».
En síntesis, estos lineamientos fueron redactados para la campaña del Frente de Todos en 2019, pero lo que actualmente se pone en la letra definitiva no difiere demasiado de aquello.
Aún no está definido de qué manera se va a implementar: “Trabajamos con la Secretaría Legal y Técnica para definir las herramientas y normas que se requieren, sin duda algunas son leyes, pero también puede ser otro tipo de normas”, insistió Vizzotti, que parece haber quitado del medio la feroz interna del Gobierno, y avanzar pese a los desencuentros.
Más allá de eso, “estamos en el último tramo”, aseguró la ministra, sobre la Integración del Sistema de Salud en el que su estructura trabaja, con idea de generar los consensos necesarios, a través de mesas de diálogo, en las que participan todos los actores del sistema de salud.
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