Pedido al presidente Alberto Fernández y al gobernador Omar Perotti
Una salida política para salvar a Vicentin
Lo pidió la Comisión especial de Diputados que cree que es el momento de una intervención del Estado. Reunión con los fiscales que investigan al directorio.
La Comisión de Seguimiento de Vicentin volvió a pedirle ayer al presidente Alberto Fernández y al gobernador Omar Perotti que se involucren en una “salida política” para la agroexportadora en default, como llamó al “salvataje” con participación del Estado y los acreedores que asuma el control de la empresa y desplace a catorce directivos imputados por supuestas “estafa, defraudación y balances falsos”, entre ellos Omar Scarel, el ex síndico que hoy preside el directorio. “Desde la Legislatura siempre hemos planteado la necesidad de una salida política para Vicentin. Este es el momento”, dijo el diputado Luis Rubeo, al insistir que los tiempos han cambiado desde julio de 2020, cuando Alberto decretó la intervención de la cerealera, pero después se arrepintió y anuló su propio DNU. “Me da la sensación de que hoy ya nadie saldría a la calle con el cartelito: ‘Todos somos Vicentin’” para oponerse a que Estado evite la caída de la empresa más importante de Santa Fe y la desnacionalización del comercio de granos en la Argentina. “Necesitamos que Perotti tome cartas en el asunto”.
La comisión adoptó ayer dos decisiones. Mañana, las 10, recibirá en el anexo de la Cámara de Diputados en Rosario a los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos, Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, que imputaron a los directores de Vicentin y hace tres semanas ordenaron la detención de Scarel. Y el 10 de agosto, en la Legislatura, convocará a una audiencia pública para debatir el destino de Vicentin con todos los actores: “los directivos de la empresa, los acreedores, la banca pública y privada y los sectores cooperativos para llevar claridad a esta situación. Para nosotros es vital el funcionamiento de Vicentin”, dijo Rubeo. La convocatoria a la audiencia pública fue propuesta por su colega del bloque Igualdad, Rubén Giustiniani y se descuenta que será aprobada por la Cámara, en la próxima sesión, el 7 de julio.
Uno de los temas del plenario fue el “pedido de avocamiento” a la Corte Suprema de la provincia en el concurso preventivo de Vicentín que hizo uno de los acreedores: la empresa Comnmodities SA, al que se sumó el Banco Nación. El presidente del tribunal, Rafael Gutiérrez, suspendió los plazos procesales, corrió traslado al juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, para que se expida acerca de la solicitud y le remita toda la causa. Una vez que la Corte escuche a las partes, resolverá si avoca o no, con el voto de sus seis ministros.
Rubeo dijo que la decisión de Gutiérrez lo “sorprendió gratamente” porque “si el proceso seguía en manos del juez Lorenzini hubiéramos terminado en un escenario que hubiera violado una cuestión fundamental, que el patrimonio de la empresa que está enajenado se utilizara como garantía de un concurso que viene muy controvertido”. “Es importante que la Corte” pueda encausar este proceso que “viene altamente controvertido”, agregó.
Le preguntaron si después de la decisión de Gutiérrez habían tenido comunicación con la Corte. “No hablamos con nadie”, respondió Rubeo. “Analizamos la posibilidad de conversar con la Corte”, pero después la iniciativa se desestimó porque “no queremos llevar adelante ninguna acción que pueda ser mal interpretada”.
Después del default de Vicentin, la comisión es “el único órgano público” que sigue el proceso con “diputados de todos los partidos que representan a la Legislatura. No es un dato menor”, planteó Rubeo. “Además, siempre reivindicamos los tres objetivos” del grupo: “La defensa de los puestos de trabajo, la presencia en el comercio exterior de granos de una empresa de capitales nacionales y lo que todos queremos saber: ¿dónde fue la plata de Vicentin?”
Rubeo insistió que Alberto y Perotti deben involucrarse en la búsqueda de una “salida política” para Vicentin, que “contemple a los acreedores granarios, sectores cooperativos y a la banca pública y privada”. “Nosotros no decimos cuál es el nuevo diseño de administración, pero puede ser un sistema mixto entre el Estado y los acreedores. Lo que necesitamos es que Vicentin siga produciendo y darle certeza a los acreedores que puedan cobrar”. “No hablamos de cualquier empresa, es la más importante de la provincia de Santa Fe que involucra a 7.000 trabajadores en forma directa e indirecta. Necesitamos que el gobernador Perotti tome cartas en el asunto”, planteó Rubeo.
-¿El gobierno nacional los convocó?
-No, pero vamos a pedirle que nos convoque. La diputada María Laura Cornaglia planteó la necesidad de que el gobierno nacional y el gobierno provincial se involucren en el destino de Vicentin –contestó Rubeo. Además de Giustiniani y Cornaglia, en el plenario participaron la diputada Bettina Florito y sus colegas Ariel Bermúdez, Fabián Palo Oliver y Carlos del Frade.
La esposa de Biagioni no será jueza penal de Rosario
Muy lejos en el orden de mérito
El Consejo de la Magistratura publicó la lista: Alejandra Nieto figura muy abajo, y el gobierno no la va a proponer.
El Consejo de la Magistratura de la provincia publicó ayer el orden de mérito del concurso para dos jueces penales de Rosario y uno de Melincué. La esposa del vocal del Tribunal de Cuentas, Oscar Biagioni, quedó ubicada en la posición 25. Su postulación fue aprobada, pese a su falta de antecedentes. Alejandra Nieto es abogada fiscal de la máxima categoría del Tribunal que presidió su marido hasta octubre del año pasado. Se recibió de abogada en 2014, en la Universidad Católica de Santa Fe. Ahora, el gobernador puede elevar el pliego de cualquiera de los postulantes aprobados, y luego se somete a votación de la Asamblea Legislativa. Una alta fuente del área de Justicia de la provincia aseguró que "siempre elige a los primeros, no va a empezar de abajo para arriba". "No hay posibilidades" de que su pliego sea elevado, fue la tajante respuesta de otra fuente.
Verónica Silvana Lamas González, Fernando Javier Sosa y Aldo Martín Ramón Bilbao Benítez fueron los mejor posicionados en un listado que dejó a Nieto en el número 25 sobre 30. El encabezamiento dice que "se comunica la siguiente propuesta conformada con los postulantes 'que han superado las pautas de evaluación' según orden de mérito sugerido por el Cuerpo Evaluador". La comunicación lleva la firma del subsecretario del Consejo de la Magistratura, José Carlos Fernández Vigil.
La participación de Alejandra Nieto en el concurso para jueza penal de Rosario generó críticas: graduada en 2014, fue secretaria privada en el Tribunal de Cuentas y en 2017 se presentó a concurso como abogada fiscal de la máxima categoría. Le ganó a quien era su jefe, Gerardo Gasparrini. Estaba cantado: cuando se abrió el concurso, una abogada del Tribunal lo difundió para que hubiera más postulantes, y recibió gritos, amenazas e insultos de Biagioni, quien le dijo que el concurso tenía "nombre y apellido". Así, Nieto pasó a ser abogada fiscal, como lo relató el periodista José Maggi en este mismo diario.
Por eso, apenas se supo que Nieto quería ser jueza penal de Rosario se levantaron las alarmas. Desde la Mesa Ni Una Menos de Santa Fe manifestaron su "preocupación" y solicitaron "explicaciones al Consejo de la Magistratura provincial por la postulación de la Abogada Alejandra Nieto, esposa del Vocal del Tribunal de Cuentas CPN Oscar Marcos Biagioni, para jueza penal de la ciudad de Rosario por carecer de experiencia en el ejercicio del derecho y de los méritos necesarios para ejercer un lugar neurálgico para el cumplimiento de los derechos de las mujeres y diversidades".
En la Legislatura provincial, el radical Fabián Palo Oliver presentó un pedido de informes "para que el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos determine cómo se evaluaron los antecedentes de la candidata". El legislador consideró que "si Alejandra Nieto tiene la posibilidad de ser jueza penal es por la vinculación que tiene Biagioni con el círculo de poder, que con nombre y apellido es con Armando Traferri, senador provincial por San Lorenzo y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez. Ellos son el círculo de poder que regula la justicia en la provincia de Santa Fe". Ahora, el puesto 25 en el orden de mérito -y la publicidad de la jugada- clausuraron esa posibilidad.
Pedido de juicio político a una jueza de Familia
Presión a una nena de seis años
Un pedido de juicio político a la jueza del Tribunal Colegiado de Familia Silvina Ileana García ingresó ayer en la Corte Suprema de Justicia provincial, a raíz de la audiencia con una niña de seis años que fue presionada para revincularse con su padre, quien estuvo imputado por abuso sexual gravemente ultrajante contra la nena. Durante 62 minutos, tanto la jueza como Silvina D'Agostino, designada como abogada de la niña y Horacio Ferreyra, defensor general número 4, intentaron que la nena acepte volver a ver a su progenitor, aunque ella manifestaba que tenía miedo. "Se violaron todos los derechos de la niña de 6 años", dice la presentación, que fue antecedida por una denuncia penal contra los tres actuantes por "tratos crueles, inhumanos y degradantes".
Encabezado por las firmas de Carlos Rozansky y Bettina Calvi, presidente y secretaria de la Asociación de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (AEVAS), el pedido de juicio político es avalado también por Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional Sobre los Derechos del niño (CASCIDN); Dora Barrancos; Liliana Hendel, que es psicóloga y periodista; Yamila Corin, Coordinadora de Mundanas Asociación Feminista; María Beatriz Müller, presidenta de Asociación Civil Salud Activa); Sara Carina Barni, presidenta de Red Viva y Rosalía Alvarado, de Al Fin Justicia, Chaco.
En el texto de la presentación resaltan que la jueza y los abogados "presionaron" a la niña "insistentemente y violando la ley, para que aceptara reunirse con su padre, cosa que la niña reiteraba que no quería porque su progenitor 'le daba miedo'. La niña fue atormentada con semejante invasión hasta provocarle la congoja y el llanto. Nada conmovió a los tres abogados adultos que persistieron en las agresiones a una criatura extremadamente vulnerable", según consta en la denuncia.
Ante la insistencia de la jueza -y siempre según lo consignado en la presentación ante la Corte- la nena se negaba diciendo que no quería ver a su padre porque “era malo”. Y la jueza le preguntaba reiteradamente "por qué decía que era malo". La niña respondió que 'porque cuando volvía de estar con él, tenía la 'chichi' (vulva), colorada y 'me dolía'".
Los denunciantes enfatizaron que la situación "debió ser puesta de inmediato disposición de la justicia penal donde se investigaron los hechos. Toda la legislación tanto penal como civil de nuestro país, obligaban a la Dra. Silvina Ileana García a comunicar la novedad. Sin embargo, por razones que escapan al conocimiento de los suscriptos, la jueza decidió silenciar lo sucedido".
En enero de 2019, el padre de la niña fue denunciado penalmente por la comisión de graves delitos contra la niña. Así, el 30 de enero de 2019, la jueza Gabriela Topino, dispuso la restricción de acercamiento y cese de hostilidad. Esa restricción continua vigente al día de la fecha. En tanto, en septiembre de 2019, la fiscala Carla M. Cerliani, imputó al hombre de “haber abusado sexualmente de su hija". Dos años más tarde, la titular de la Unidad Fiscal de Violencia Sexual archivó la causa, aunque enfatizó que no dudaba "de la veracidad de los dichos" de la nena "ni de la manera en que estaban informados en este legajo fiscal".
Por eso, además de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, los denunciantes cuestionan que la jueza "no sólo no dio noticia de lo que la niña expresó sino que ni siquiera dejó registro auditivo ni escrito en el Acta respectiva, lo cual además configura una responsabilidad que deberá ser analizada". Incluso, como ya se relató en este diario, García le dijo a la nena que al padre había que "perdonarlo" y que "a veces las personas se arrepienten".
Grúas
Hay un nuevo proyecto
Municipales
Acuerdo y adelanto
Denuncia contra dos gremialistas municipales
Soltaron la plata con intereses
Extitulares del sindicato de la ciudad de Santa Fe denunciados por estafa devolvieron 3,4 millones. Sospechas acerca de la procedencia del dinero.
Dos exdirigentes del gremio de trabajadores municipales de la ciudad de Santa Fe devolvieron 3,4 millones de pesos a la federación del sector, Festram, para cerrar una investigación penal en su contra por estafa contra esta entidad. Se trata de los dos más altos directivos de la Asociación Sindical de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Santa Fe (Asoem), el secretario general Juan Medina y su adjunto Pablo Casale, en un conflicto que se remonta a la paritaria de 2018.
Por aquel entonces, el sindicato de La Capital conducido por Medina y Casale planteó disidencias con Festram, y acusó a ésta de perjudicar el interés obrero en la negociación. Por ese disenso de arrastre, al año siguiente no enviaron a la entidad de segundo grado $2,9 millones correspondientes a un período de 2019 que debían transferir en concepto de aporte sindical. Medina, Casale y otros dos dirigentes de Asoem fueron expulsados de sus cargos en el consejo directivo de Festram, entonces consideraron que el sindicato santafesino estaba desafiliado. Por eso retuvieron el dinero.
Pero la causa penal por fraude continuó en la Justicia. Desde Festram se aseguró que los dirigentes de Asoem fueron expulsados del consejo directivo luego de advertir la retención de los aportes, y por eso radicaron denuncia ante la fiscal Rosana Peresin.
La cúpula de Asoem de entonces acusó a la Festram –que en ese momento conducía Claudio Leoni– de haber perdido la aplicación de la cláusula gatillo, de acordar salarios a la baja y "utilizar el poder de los trabajadores en la política partidaria".
La versión de la federación municipal es opuesta. "El fraude ocurrió como consecuencia de las afirmaciones de Festram sobre la escandalosa deuda salarial que estos directivos generaron en un acuerdo de paritaria local, perjudicando a sus trabajadores representados", indicó un vocero. "Inventaron una supuesta desafiliación a la Federación mediante una asamblea fraudulenta y así quedarse con los aportes sindicales. Eso motivó una denuncia penal por estafa, de las cuales resultaron imputados", resumió.
La investigación avanzó y ante el desenlace de una probable condena, los directivos devolvieron los fondos retenidos y así dejaron sin sustancia la causa penal. La interpretación de Asoem fue que la fiscal resolvió "desestimar la denuncia y archivar la investigación ya que no se encontró ninguna prueba sólida que sostenga el supuesto delito por el que habían sido acusados el secretario general y secretario adjunto”.
Por lo tanto, desde Festram replicaron: "Si no había delito, ¿por qué devolvieron el dinero y además agregaron un monto como reparación?”. Medina y Casale tuvieron que depositar 2,4 millones de pesos como devolución y 1 millón de pesos en concepto de reparación.
Ahora la federación que dirige Jesús Monzón insiste en su ofensiva y siembra sospechas acerca de la procedencia del dinero devuelto a Festram. "Ese depósito habilita a investigar el verdadero origen porque los pagos no efectuados a Festram no figuran en los balances de Asoem. Se abre una nueva sospecha de fraude, pero ahora contra el gremio municipal de la ciudad de Santa Fe", señalaron desde Festram. En este sentido, plantearon la intervención de la Unidad de Investigaciones Financiera (UIF) en las entidades bancarias donde operan Asoem y la Mutual de Asoem.
Miden subas del mercado locatario por encima de la inflación
El alquiler duplica al resto de los precios
Alquilar un departamento en Rosario aumentó entre 128 y 141% en los últimos doce meses. Convocatoria de inquilinos para resistir el proyecto de ley opositor
Con la ley de alquileres en el ojo de la tormenta a nivel nacional, en Rosario se sabe desde ayer que las locaciones de departamentos aumentaron entre mayo 2021 y mayo 2022 un 56 por ciento en promedio. La suba es traccionada por los valores impuestos en los contratos nuevos, fuera de la regulación de la ley vigente, con niveles hasta dos veces superior a lo que ostentaba el mercado.
Los datos surgen del informe mensual del Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz (Ceso), y marcan que en el mercado de monoambientes, el alquiler de cada unidad en Rosario aumentó 128% en los últimos 12 meses: $32.000 en promedio.
En cuanto a los departamentos de un dormitorio, el aumento fue de 122% ($40 mil). Y los de dos dormitorios, 141% de incremento interanual ($58 mil).
La especulación inmobiliaria queda a la vista si se tiene que en el mismo período el dólar oficial subió 25,2%, y la inflación interanual hasta mayo había sido de 60,7%. "Ninguna de las variables antes mencionadas puede explicar los aumentos de precios de alquileres de hasta 141,7% en algunos tipos de unidades", consigna el informe.
Al calor de estos números, el colectivo de inquilinos intenta organizarse para hacer visible su clamor en pos de evitar que la oposición en el Congreso de la Nación derogue la ley vigente sobre alquileres, para reemplazarla por otra urdida según el lobby inmobiliario.
El espacio Inquilinos Agrupados convoca para mañana, miércoles, a las 19, en plaza Pringles, a una concentración llamada "el inquilinazo", destinado a expresar la reforma a la ley que impulsa la oposición, con Juntos por el Cambio y el interbloque Federal que lidera Graciela Camaño.
“Es una reforma de derecha, pro mercado y anti derechos de los inquilinos, hecha por la corporación inmobiliaria y a medida de la especulación”, dijo Sebastián Artola, referente de Inquilinos Agrupados Rosario y responsable de la Federación de Inquilinos Nacional en la provincia de Santa Fe.
El proyecto en ciernes plantea volver al plazo de 2 años del contrato mínimo de alquiler, que las actualizaciones dejen de ser anuales para pasar a ser trimestrales, que los precios de los aumentos los defina el mercado inmobiliario y que los propietarios puedan exigir a los inquilinos pagos por adelantado de hasta 6 meses.
“Es la reforma más regresiva desde la recuperación de la democracia, con la mirada puesta sólo en la rentabilidad de los propietarios, sin tener para nada en cuenta la realidad y difícil situación que atraviesan la gran mayoría de los inquilinos”, agregó Artola.
“De aprobarse, el resultado va a ser catastrófico, con más aumentos en los alquileres, más dificultad para sostener el pago del alquiler, dejando a muchísimos inquilinos en la calle”, dijo. “En vez de discutir cómo avanzar en materia de derechos para los inquilinos, cómo regular el precio inicial del alquiler, cómo poner un techo a los ajustes o qué hacer con las viviendas ociosas, lo único que plantea la oposición es dejar todo el acceso al alquiler en manos del mercado”.
“Pedimos a los diputados nacionales de la provincia de Santa Fe que no permitan que avance esta reforma”, concluyó Artola.
Subsidios al transporte llegaron a los 38 mil millones de pesos
A la espera de que aclare el panorama
El Ministerio de Transporte de la Nación publicó ayer en el Boletín Oficial los montos asignados al transporte de pasajeros del interior por 3.850 millones de pesos para julio, agosto y septiembre, lo que representa un 10% de incremento, y por 4.500 millones para octubre, un 16,9% adicional, totalizando 16.050 millones. De esta manera, los subsidios alcanzan el límite de los 38 mil millones de pesos asignados en el DNU que reestructuró el Presupuesto 2022. En ese marco, se aguarda por el avance del tratamiento de la Emergencia en el Transporte en la Cámara de Diputados nacional que, de aprobarse, destinaría subsidios para todo el año por 59.500 millones de pesos. La situación es seguida con preocupación porque tanto empresas como provincias y municipios advierten que los subsidios no alcanzan a cubrir los desfasajes generados por el contexto inflacionario, y tienen dificultades para sostener el sistema. "Hay que esperar un poco que aclare el panorama y si avanza alguna ley en Diputados, si no vamos a estar complicados", dijo el secretario de Transporte provincial, Osvaldo Miatello, luego de conocerse la resolución.
El artículo 1° de la Resolución 421/2022 publicada ayer en el Boletín Oficial por el Ministerio de Transporte de la Nación establece la distribución correspondiente al Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país por 16.050 millones de pesos. Con los 22 mil millones ya girados, la cifra cubre hasta octubre los 38 mil millones de pesos en subsidios asignados en el DNU, lejos de los 46 mil millones que la cartera de Transporte nacional había decidido destinar en el Presupuesto rechazado.
Ante los reiterados reclamos de gobernadores e intendentes, las miradas están puestas en la Cámara de Diputados de la Nación que está tratando la Emergencia en el Transporte -ya fue aprobada por la Comisión de Transporte y girada a la de Presupuesto- que destinaría 59.500 millones de pesos para todo el año, una cifra que le daría mayor certidumbre al sistema. Paralelamente, los legisladores continúan debatiendo otros proyectos que apuntan a la cuestión de fondo, entre ellos uno presentado por el diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, para terminar con la inequidad de los subsidios con el AMBA.
La oficialización de los subsidios asignados para los próximos cuatro meses no cambia demasiado el panorama para el transporte del interior, que clama por mayores partidas para sostener el sistema. Ayer, el titular de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), Gerardo Ingaramo, advirtió en declaraciones a Radio 2 que no van a poder afrontar el pago del salario de junio y el aguinaldo a los choferes. De todos modos, Miatello dijo a este diario que si las partidas asignadas llegan en tiempo y forma se podrían abonar. "Después veremos cómo seguimos, pero necesitamos que Diputados avance con la Emergencia", agregó el funcionario.
Por su parte, el secretario general de UTA Rosario, Sergio Copello, fue consultado por los proyectos que se están tratando en la Cámara Baja nacional para equilibrar los subsidios. "Si se dan más millones de pesos en subsidios pero la inflación sigue en alza ese dinero no va a alcanzar", consideró el dirigente gremial, para luego advertir que "si las partidas de este mes no se entregan vamos a tener problemas".
Sobre la problemática que enfrenta el transporte de pasajeros por la falta de gasoil, el titular de la UTA afirmó que por el momento la situación no es tan crítica. "Lo que puede pasar es que se agrave si se extiende. Si bien las empresas trabajan con compras programadas, esto no quiere decir que no pueda haber un problema", indicó.
Fuente:Rosario12
Este martes 28, a las 12
El Centro de Estudiantes de la Técnica N° 625 Carlos Guido y Spano convoca a un
abrazo solidario en defensa del edificio propio para su escuela. Invita a sumarse a
otros centros, sindicatos, asociaciones, vecinos, familias y comunidad educativa en
general, a la movida que realizarán este martes 28, de 12 a 14, en Córdoba al 2600.
La presidenta del centro de esta técnica, Juana Mandussi, contó a Redacción Rosario
que reclaman que el Senado provincial trate y apruebe el proyecto de expropiación del
edificio donde funciona esta escuela pública. Un inmueble por donde han transitado
otras instituciones escolares y que el Estado alquila desde hace 90 años.
En mayo pasado la Cámara de Diputados provincial aprobó el proyecto presentado por
el legislador Carlos del Frade para que se expropie la casona de Córdoba, casi Pueyrredón.
“Luego nos reunimos con los senadores y nos vinimos con la promesa que tratarían el
proyecto de expropiación. Pero hasta el momento no lo trataron”, contó la presidenta del
centro.
La estudiante recordó que a fin de este mes de junio vence el contrato de alquiler y los
dueños ya anticiparon que no lo van a renovar más. También aclaró que el director de la
Regional VI de Educación, Osvaldo Biaggiotti, les anticipó a la comunidad escolar que la
provincia había logrado prorrogar el contrato de alquiler hasta fin de año.
“No podemos quedarnos tranquilos, correr el riesgo de que luego llegue fin de año y la
escuela no tenga más este edificio”, dijo Juana. La idea de darle continuidad al reclamo
-que ya tiene varias expresiones públicas- es para que el Senado de la provincia “se
apure a tratar el proyecto y lo apruebe”.
“Yo estoy en 6to. año, mi ciclo termina a fin de año. Pero no me gustaría pasar el año
que viene en bici por la puerta y ver que en el lugar construyen un edificio o un shopping
”, confió Juana sobre las razones que la llevan a seguir adelante con el reclamo junto a
sus compañeras y compañeros.
Para el abrazo de mañana ya comprometieron su apoyo sindicatos docentes, ATE, la CCC,
entre otras organizaciones. Habrá una feria de platos y otra de emprendedores, además
de que tocarán bandas, habrá intervenciones artísticas y exposición de trabajo, entre
otras actividades.
Garat presenta su libro
El periodista y escritor Santiago Garat presentará este sábado su segundo libro en el
Restobar Vilita, ubicado en avenida Belgrano 3088, en Sarandí, Avellaneda. El autor
estará acompañado por su colega Claudio Gómez.
Este 2 de julio, desde las 19, el integrante de la Cooperativa La Masa y la agrupación
Hijos Rosario presentará su nuevo libro Nos espera el mar. Los textos allí reunidos, al
igual que en El sol era la pelota, están atravesados por el fútbol, el barrio, los afectos y
causas como derechos humanos y género.
“Hay cuestiones que me atraviesan, como los derechos humanos, los pibes en los barrios,
la cancha, el fútbol, los hinchas”, explica Garat, que sobre el título, agrega: “En un
momento me di cuenta que en muchos de los relatos aparecían el río y el mar, que
evidentemente son figuras e imágenes que nos quedan muy grabadas, nos impactan de
chico, nos conmueven de grande. Nosotros tenemos acá el río, pero todo va hacia el mar”.
Editado por la Cooperativa La Masa (que produce este portal), la ilustración de tapa es
de Tomás D’Espósito (El Tomi), el prólogo de Pablo Bilsky, la solapa de Manolo Robles, la
foto de Manuel Costa y está dedicado a Juane Basso, histórico referente de Hijos Rosario
y miembro de La Masa.
En la presentación, Garat estará acompañado por el también periodista y escritor, Claudio
Gómez, autor de los libros Maten al rugbier. La historia detrás de los 20 desaparecidos
de La Plata Rugby Club, y El partido rojo: La hazaña más grande del fútbol argentino en
medio de la más sangrienta dictadura. Al igual que Santiago, también integra la
Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino.
Santiago Ernesto Garat nació el 29 de abril de 1974 en Rosario. En 1998 obtuvo el título
de Periodista Deportivo en el Instituto Superior de Educación Física (ISEF) N° 11
“Abanderado Mariano Grandoli”, pero ya desde 1996 se venía desempeñando en dicha
actividad en distintos medios de la ciudad. Es integrante de la Cooperativa La Masa
desde su fundación, y tiene a su cargo la edición del periódico El Eslabón.
En 2012 corrigió Texto constitucional, proyecto hegemónico y realidad histórica, libro
que recopila los textos que su padre, Eduardo Héctor Garat, alcanzó a tipear antes de
ser secuestrado en abril de 1978, víctima del terrorismo de Estado, y en el que el
abogado –que hasta el día de hoy permanece desaparecido– analiza profundamente la
Constitución del 49. Nos espera el mar es su segundo libro.
Autodefinida “fábrica de comunicación autogestionada”, la Cooperativa de Trabajo La
Masa comenzó su actividad desde la ciudad de Rosario en octubre de 2008. Produce el
periódico semanal El Eslabón, este diario digital y el programa de radio Noticias Piratas
(los sábados, de 13 a 15, por Radio Universidad). Además, presta servicios de prensa y
comunicación. De los 11 fundadores, al cabo de la primera década de trabajo la cooperativa
pasó a contar con más de 40 trabajadores y trabajadoras de prensa asociados. Forma
parte de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la
República Argentina (Fadiccra), integrante de la Confederación Nacional de Cooperativas
de Trabajo (CNCT); y de la Federación Actra (Autogestión, Cooperativismo, Trabajo).
FuenteRedaccionRosario
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