El Ministerio Público Fiscal reclamó
la suspensión urgente del trigo
transgénico HB4
Por Lucía Guadagno, Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2022.
El fiscal Fabián Canda volvió a pedir al juez Santiago Carrillo que dicte una medida cautelar para evitar daños «irreparables» en el ambiente. En noviembre, el Juez había determinado que la aprobación del transgénico incumplía la legislación nacional y el Acuerdo de Escazú. El trigo HB4 es cuestionado por productores, cámaras empresarias y asambleas socioambientales.
El fiscal federal Fabián Canda reiteró ante el juez federal Santiago Carrillo el pedido de suspender de manera urgente la autorización del trigo transgénico HB4 por “los perjuicios irreparables” que puede causar para el ambiente y la salud de la población. Lo hizo tras conocerse, el 12 de mayo pasado, que el gobierno nacional autorizó a la empresa Bioceres —propiedad de Hugo Sigman y Gustavo Grobocopatel, entre otros— a comercializar la semilla. Se trata del primer trigo transgénico aprobado en el mundo, cuya liberación podría impactar de manera irreversible en los ecosistemas, la agricultura y la alimentación global.
El fiscal Canda volvió a advertir ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3 que el proceso de autorización del trigo HB4 violó derechos colectivos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente. Entre ellos, el principio precautorio, que establece que ante la posibilidad de un daño grave o irreversible deben tomarse medidas eficaces para impedirlo, aunque haya dudas o se argumente falta de información. Por lo tanto, el 19 de mayo pasado, Canda exigió por escrito al Juez que tome en cuenta las presentaciones previas de la Fiscalía, de la Defensoría General de la Nación y de vecinos afectados, y que ordene de inmediato una medida cautelar que suspenda la autorización hasta que se cumpla con la legislación ambiental.
Para el Fiscal, la resolución que aprobó el transgénico es ilegal porque no se tuvo en cuenta las consecuencias para el ambiente de la liberación de la semilla ni del uso del herbicida glufosinato de amonio, que acompaña el cultivo. “Como vengo sosteniendo, todo lo atinente a la aprobación y utilización de organismos genéticamente modificados, en el caso, semillas transgénicas, se encuentra ineludiblemente unido con el uso de los agrotóxicos”, advierte el titular de la Fiscalía en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº 8.
Y reitera que las consecuencias socioambientales del uso “exorbitante” de agroquímicos en la Argentina ha generado rechazos dentro del mundo científico y académico, además del reclamo de numerosas organizaciones sociales y campesinas.
Trigo transgénico y glufosinato de amonio
El trigo HB4 tiene dos modificaciones genéticas hechas por la científica Raquel Chan en los laboratorios de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Una le confiere tolerancia a la sequía (así se lo publicita, pero la empresa reconoce que el resultado es que sólo “aguanta” unos días más sin lluvia). La otra lo hace resistente al glufosinato de amonio, un herbicida tres veces más tóxico que el glifosato y 15 veces más restrictivo en su consumo de acuerdo a la ingesta diaria admisible por la FAO (0,3 miligramos por kilo para el glifosato y 0,02 para el glufosinato). Ya en 2012, el científico Andrés Carrasco alertaba: “El glufosinato en animales se ha revelado con efectos devastadores. En ratones, produce convulsiones, estimula la producción de óxido nitroso y muerte celular en el cerebro”.
Sin embargo, el Gobierno argentino aprobó el transgénico de la misma manera que hace con todos: sin hacer estudios independientes sobre los efectos en la salud y el ambiente. Ni de la semilla ni del veneno que se le aplicará en grandes volúmenes a campo abierto. Tampoco garantizó la participación ciudadana, a pesar de que tiene que hacerlo por ley.
Por el momento, Bioceres avanza con un «sistema cerrado» de venta de las semillas bajo identidad reservada. Según la empresa, en la campaña pasada se sembraron 55.000 hectáreas, sobre un total de 6,7 millones de hectáreas de trigo cultivadas en el país.
Transgénico ilegal
Desde octubre de 2020, cuando el Ministerio de Agricultura dictó la resolución 41/2020 que aprobó de manera parcial el trigo HB4, tanto la Fiscalía Federal como la Defensoría General de la Nación y vecinos afectados exigen al juez Carillo que dicte una medida cautelar que se suspenda la autorización.
En esa primera resolución, el Gobierno aprobó el cultivo pero no la comercialización, que quedaba condicionada a la aprobación por parte de Brasil, principal importador del trigo argentino. Un año después, Brasil lo autorizó pero sólo en forma de harina (no de grano). Y este año, en abril y mayo, Bioceres consiguió que China aprobara la soja HB4 y que Australia y Nueva Zelanda habilitaran el trigo transgénico. La cancillería Argentina difundió estas noticias como parte de sus logros diplomáticos. Finalmente, el gobierno nacional autorizó su comercialización en la Argentina el mes pasado.
Mientras, el Ministerio Público Fiscal no sólo advertía la violación del principio precautorio, sino también señalaba “defectos insuperables” en la resolución 41/2020, entre ellas, que los fundamentos eran insuficientes. Advirtió que la autoridad administrativa (en este caso la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, a cargo de Marcelo Alos), se limitó a transcribir de manera incompleta dictámenes técnicos de la empresa. “Omitió invocar fundamentos sólidos que tornen razonable la autorización comercial de la semilla, de los productos y subproductos derivados de ésta”, señaló el Fiscal.
También insistió en el interés público que está en juego, en contraposición al interés particular de Bioceres de vender su producto. “No puede soslayarse el interés público en los procesos ambientales, siendo claro que cuando se produce un daño ambiental se compromete el interés de toda la comunidad”, señaló.
El riesgo de daño ambiental y, como consecuencia, en la salud de las personas no sólo está presente por el uso de agrotóxicos y porque no está garantizado que el transgénico no produzca efectos adversos en quienes lo consuman. Sino también porque una vez cultivado puede contaminar a los trigos no transgénicos por mezcla o fecundación cruzada. Esto motivó un fuerte reclamo por parte de cámaras agropecuarias, de acopiadores y molineros, que temen que su granos se contaminen y cargas enteras sean rechazadas en el mercado exterior, donde no se aceptan estos transgénicos.
Las contradicciones y demoras del juez Santiago Carrillo
En noviembre pasado, el juez Carrillo dictó un falló que la Fiscalía reprochó por “contradictorio”. Por un lado, Carrillo ordenó al Ministerio de Agricultura publicar información e implementar un proceso de participación ciudadana para la aprobación del trigo transgénico HB4. En sus argumentos, el Juez sostuvo que hubo un incumplimiento “claro e incontestable” de la legislación nacional y del Acuerdo de Escazú al restringir la participación y el acceso la información pública en el proceso de aprobación. Sin embargo, no suspendió la aprobación.
Ante esto, la Fiscalía hizo una nueva presentación de 40 páginas exhortando de nuevo al juez a que suspenda la autorización. “La postura asumida por el tribunal se encuentra en abierta contradicción con la jurisprudencia emanada de la Corte Federal en materia ambiental, en particular, respecto de la aplicación del principio de precaución”, sostuvo Canda, y citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia que afirma: “Es importante señalar que en cuestiones de medio ambiente, cuando se persigue la tutela del bien colectivo, tiene prioridad la prevención del daño futuro”.
A fines de febrero, la Corte Suprema de Justicia tomó el expediente para resolver un antiguo recurso extraordinario (que no se refería al trigo HB4 sino a otros transgénicos), lo que paralizó la causa hasta el 31 de mayo último. En ese lapso, el Gobierno avanzó con la aprobación total del trigo transgénico.
Para el fiscal Canda, esta última autorización “sella definitivamente” la posibilidad de un perjuicio irreparable por lo que es urgente que el Juez aplique los “principios de precaución y prevención” y dicte una medida cautelar que la suspenda.
Hasta ahora, el juez Carrillo no respondió si acepta este pedido. Tampoco se cumplió el proceso de participación ciudadana que ordenó en noviembre pasado, a pesar de que ya se venció el plazo de 20 días establecido en su fallo.
La presentación del fiscal Canda se enmarca en una causa judicial conocida como «Alicia Fany Giménez y otros contra el Ministerio de Agroindustria», que comenzó en 2012. En ella, grupos de vecinos y organizaciones de la sociedad civil piden al Poder Judicial que ordene la suspensión definitiva de todos los cultivos transgénicos y que sea obligatorio el etiquetado de los alimentos que contengan transgénicos, entre otras exigencias vinculadas a la salud y el ambiente. Mientras tanto, se pide a los jueces que ordenen una medida cautelar de suspender la comercialización y cultivo de transgénicos y el uso de agrotóxicos, así como el etiquetado de los alimentos con organismos genéticamente modificados.
Fuente: Agencia Tierra Viva
Scioli vuelve … Buscando revancha
Por Juan Guahán, Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2022.
El “tiempista” Scioli vuelve al centro del gobierno. La economía deshecha no es un buen augurio, la crisis económica, social y política tampoco ayudan. Crece la preocupación por la falta de gasoil y su precio. Trabajadores ocupados y desocupados en complejo diálogo. En Juntos por el Cambio se insinúa el feo rostro de la disgregación.
El tiempismo, las “buenas ondas” y la cara de “yo no fui” de Daniel Scioli forman parte de su personalidad, que difícilmente quiera y pueda modificar. Al final de cuentas esas características y algunos hechos fortuitos han transformado su carrera deportiva en la puerta para entrar en significativos sitios políticos.
Muy posiblemente Scioli no puede marcar grandes diferencias con la mayor parte de nuestros políticos cuestionados por la opinión pública. Sin embargo el hecho de provenir del ámbito deportivo y el accidente padecido le han proporcionado cierta inmunidad y le han permitido, una y otra vez, tener superlativas aspiraciones políticas.
Diputado y Secretario de Turismo y Deporte, durante el menemismo, fue Vice Presidente de Néstor Kirchner (2003/2007) y gobernador de la Provincia de Buenos Aires (2007/2015). A pesar de no contar con las simpatías de Cristina y de La Cámpora, estuvo muy cerca de romper el maleficio por el cual ningún gobernador de la Provincia de Buenos Aires pudo llegar -por el voto- a la Casa Rosada. Derrotado por Mauricio Macri, en las elecciones presidenciales de 2015, en el 2020 volvió a la función pública, como Embajador en Brasil, estableciendo buenos vínculos con Jair Bolsonaro.
Su reciente designación para el cargo de Ministro de Desarrollo Productivo, que asumirá en la semana que se inicia, forma parte del intento de Alberto Fernández de restablecer el vínculo con Cristina. Para ello separó de dicho cargo a Matías Kulfas que había formulado apreciaciones que cuestionaban a Cristina y sus funcionarios.
De este modo el Presidente abandona a uno de sus peones más fieles pero “salva” al Ministro de Economía Martín Guzmán, sostén de su política con el FMI.
Ahora Scioli tiene 18 meses por delante para atender a 2 desafíos que pueden llevarlo a que cumpla sus sueños presidenciales. Uno de esos desafíos es -por lo menos- mantener el nivel de actividad económica que le permita sostener el diálogo con los empresarios, contribuyendo a que la situación no se desmadre. El otro es apelar a sus mejores dotes para emerger como candidato de unidad en las próximas elecciones y alcanzar -8 años después- el objetivo que se le negó en el 2015. Ninguna de estas tareas es de fácil cumplimiento.
Scioli tiene una gran ventaja respecto la mayoría de sus competidores, no tiene porqué fingir un peronismo que no siente, ni vive, pero que su pragmatismo tampoco cultiva. Es un conservador popular y no lo oculta, ni niega. Es la más fiel expresión del peronismo como partido del poder, en función del cual sobrevive y se organiza.
Ese realismo de Scioli es una buena síntesis de esas últimas cuatro décadas argentinas. Hubo diferentes gobiernos elegidos por el voto, cada uno de ellos siempre fue haciendo “lo posible”, sin pararse a pensar que ese “posible” es el pequeño margen que nos deja el sistema de poder dominante. Entretenidos en ese juego no se nos ocurre pensar que hay otra Argentina posible, que no es esta reiteración de fracasos que está dejando a la mayoría de compatriotas en la pobreza y sin futuro.
PREOCUPAN LA FALTA DEL GASOIL Y SU PRECIO
Hace poco más de 100 días que empezó la confrontación entre Ucrania y Rusia. Desde su inicio se sabía que energía y alimentos eran dos sectores que se verían seriamente afectados. Era obvio que dadas nuestras conocidas debilidades, en materia de planificación y la falta de inversiones, ello se haría sentir.
Pasaron días, semanas y meses, desde el sistema político respondieron con lo que más saben: pensar en las próximas elecciones, sus roscas e internas. Pero como los problemas no se arreglan solos, ahí están: Esperando soluciones.
En nuestro país, con su sistema ferroviario muy golpeado, son los camiones quienes desde vienen ocupando ese lugar, queda claro que el gasoil es insustituible.
Desde hace algunos días van creciendo las dificultades para el abastecimiento de gasoil para los transportistas. En el curso de esta semana esa situación se ha ido agravando. Hoy se puede afirmar que, salvo las provincias patagónicas, todo el resto del país padece la falta de este combustible.
El gobierno duda entre reconocer este hecho o atribuirlo a un “lobby” empresarial. Lo cierto es que el propio Jefe de Gabinete, Juan Manzur, lo reconoció pero avisó que sería resuelto durante el curso de la semana que termina. Los sectores vinculados al transporte estiman que este problema los acompañará todo el corriente mes de junio. Ello afecta la cosecha de soja, maíz, caña de azúcar, limón, yerba mate.
Argentina produce el 70% del gasoil que consume. El resto debe importarlo a precios internacionales, superior al que rige en el orden interno. Estos precios se han incrementado notoriamente en los últimos meses, al mismo tiempo que las importaciones no alcanzan a cubrir la demanda interna. Según las entidades del sector estiman que las patronales adheridas reciben un 20% menos de su habitual punto de equilibrio.
Las consecuencias de lo anterior son obvias. El precio supera largamente al valor indicado (en algunos casos llega a duplicarlo), los transportistas reciben solo una parte de lo que necesitan con los cual crecen las colas y se produce un retraso en la actividad económica a la que sirven.
Según la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) el mayor desabastecimiento está afectando a quienes deben transitar las rutas nacionales 7, 9 12, 14 y 34. También informa que, para mediados de la semana que termina, la mayoría tuvo que hacer colas y que un tercio de los mismos tuvo que esperar entre 6 a 12 horas, antes de ser atendido. También se pudo verificar que la situación se grava en la medida que nos acercamos a las zonas de frontera, porque a las causas citadas se agregan quienes vienen a cargar a nuestro país atraídos por los precios más baratos.
Mientras esta crisis se va profundizando no faltan las voces que se inclinan por otra solución. Proponen aumentar el porcentaje de biodiésel que podría reemplazar la falta de gasoil y suplir las importaciones que se deben hacer, además sería una forma de contribuir a una mejora de la salud pública y el medio ambiente.
TRABAJADORES OCUPADOS
Y DESOCUPADOS EN COMPLEJO DIÁLOGO
El pasado miércoles hubo una inédita reunión. Ella se dio –por separado- entre los principales aparatos sindicales del país: CGT y CTA Autónoma con una representación de la Unidad Piquetera (UP), el principal agrupamiento de organizaciones sociales que están en oposición al gobierno del Frente de Todos (FdT)
Omar Plaini del Sindicato de Vendedores de Diarios, fue local y encabezó la delegación cegetista y festejó eufórico el “hecho histórico” de esta reunión, la primera celebrada en los últimos 92 años, según su parecer. No fue menor la expresión de conformidad de los delegados de las organizaciones sociales.
Algo semejante se reprodujo respecto de la reunión con la dirección de la CTA Autónoma.
En general las críticas globales y la gravedad de la situación social fueron compartidas. La delegación de las organizaciones sociales insistió en su idea de un Paro General y la previa elaboración del pliego de reclamos. La CGT redujo esas expectativas a la importancia de esa reunión y que las cuestiones plateadas serían analizadas.
No fue muy diferente el planteo y las conclusiones con la CTA Autónoma. Hasta ahora la relación entre la CGT estaba enturbiada por un antiguas desconfianzas. En función de las mismas, el sindicalismo tradicional miraba de costado a las organizaciones sociales porque consideraban que los empleos precarizados de los desocupados contribuían a reducir sus ingresos o tener que negociarlos, en la mayoría de los casos a la baja. A su vez, los desocupados veían como privilegiados a quienes tenían, como parte de sus derechos tradicionales, trabajos y salarios en blanco.
La profundización de la crisis convenció a todos -o a la mayoría- que la pérdida de ingresos afectaba a unos y otros, que siguen perdiendo posiciones, en estos modelos económicos que tienden a una mayor concentración del capital.
Esta primera reunión limó asperezas y seguramente el futuro permitirá mostrar hasta dónde llegan las posibilidades de convergencia de intereses y –consecuentemente- de metodologías de organización y lucha.
EN JxC SE INSINÚA EL FEO ROSTRO DE LA DISGREGACIÓN
Juntos por el Cambio (JxC) atraviesa una ambigua sensación.
Para algunos, se puede pensar en Horacio Rodríguez Larreta o –en menor medida- Mauricio Macri, para quienes este tiempo no es más que la transición hasta el próximo triunfo electoral.
Para otros es el momento de la disgregación del espacio JxC, en beneficio de lo que se pueda armar con un sector del peronismo, por ahí transitan los hermanos Manes, Gerardo Morales, Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, o en beneficio del ahora vapuleado Javier Milei, donde confían alegrarse Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy.
En los últimos días habló Florencio Randazzo, uno de los que espera sacar ventajas de esta perspectiva. Reconoció sus conversaciones con Morales y los Manes, en torno a una alianza entre franjas peronistas y su contraparte de origen radical. Esa misma idea la viene fogoneando el gobernador cordobés Juan Schiaretti junto a su ladero y ex colega salteño, Juan Manuel Urtubey.
A 18 meses de las elecciones nadie puede asegurar las características de las alianzas para las mismas, de todos modos es probable que éstas pongan fin a las aristas más duras de la actual “grieta”, que tiene como principales protagonistas a Cristina y Macri.
Más allá de estas dudas lo que sí se puede asegurar es que mientras la soberanía no vuelva a su origen y razón de ser: el pueblo, no se podrán esperar transformaciones profundos en la realidad cotidiana y el símbolo de la democracia será poner una papeleta en una urna cada dos años.
Organismos de Derechos Humanos
visitaron y pidieron por la no extradición
de Facundo Molares / Convocan a
concentrar frente a Cancillería este
miércoles 15
Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2022.
María José Cano, directora de la Secretaría de los Derechos de los Pueblos de ATE Nacional, Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza, y Hugo “Cachorro” Godoy, secretario General de ATE y secretario Adjunto de la CTA Autónoma, visitaron a Facundo Molares en el Penal de Ezeiza. El miércoles 15 se movilizan a Cancillería a las 11hs, para entregarle un petitorio al canciller Santiago Cafiero.
Este domingo 12 distintos representantes de organismos de Derechos Humanos y organizaciones sindicales visitaron a Facundo Molares Schöenfeld, detenido en el Penal de Ezeiza a raíz de un pedido de extradición de Colombia. A comienzos de mayo, el juez federal de Esquel Guido Otranto resolvió darle curso a la solicitud y se aguarda la definición de la Corte Suprema de Justicia.
En ese contexto, María José Cano, directora de la Secretaría de los Derechos de los Pueblos de ATE Nacional, Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza, y Hugo “Cachorro” Godoy, secretario General de ATE y secretario Adjunto de la CTA Autónoma, se hicieron presentes en Ezeiza para ponerse a disposición para reclamar al gobierno argentino la negativa a la extradición, además de conocer detalles de la causa y constatar el estado de salud del militante internacionalista.
El punto central es que la causa ya se encuentra bajo la Jurisdicción Especial para la Paz, instancia encargada de los procesos para aquellas figuras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) que adhirieron a los Acuerdos de Paz, firmados en La Habana, Cuba en 2016 y ratificados en Noruega. “No hay razones jurídicas ni políticas para que continúe preso”, remarca el comunicado difundido.
Facundo fue detenido el 7 de noviembre del año pasado en Trevelín, Chubut y más tarde sería trasladado a la unidad en Ezeiza. Allí, entre otras cuestiones, la Coordinadora por la Libertad de Facundo Molares denuncia que el Servicio Penitenciario Nacional incumplió con la concurrencia de Facundo al Hospital Eurnekian donde se llevaría a cabo los exámenes de salud acordados.
Al mismo tiempo, los representantes de los organismos destacaron la movilización convocada para entregarle a Santiago Cafiero el petitorio firmado por diversas referencias que solicita arbitrar los mecanismos necesarios para dar por finalizada la injusticia sobre Facundo, que lo tiene preso hace 7 meses. “Hay garantías absolutas de su parte para estar fuera de la cárcel y ajustarse a derecho”, destacó Godoy. El miércoles 15 de junio, tras concentrarse en la Torre de los ingleses en Retiro, las organizaciones movilizarán a Cancillería.
Fuente: Agencia Paco urondo
La niña Arcoiris y su madre tuvieron
que irse de La Rioja
Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2022.
Delfina, la madre protectora que denunció los abusos sufridos por su pequeña hija, recibió como respuestas de la Justicia siete imputaciones y amenazas de cárcel, entre otras persecuciones, en lugar de la protección que Arcoiris necesita para no ser sometida a más torturas. Desde la Mesa de Justicia por Arcoiris y organizaciones feministas que las acompañan, comunican las circunstancias del exilio. En un reciente video, Delfina respondió a las acusaciones por “secuestrar a su hija”.
Redacción: María Eugenia Otero | Edición: Fernando Tebele
Con una Carta abierta, la familia, junto a la Mesa de Justicia por Arcoiris y organizaciones sociales, feministas y profesionales, anunciaron que la niña riojana y Delfina, su mamá, “tuvieron que exiliarse de La Rioja luego de 4 años de denuncias de abusos sexuales en las visitas parentales con relato de la niña y pruebas físicas que nunca obtuvieron ninguna medida cautelar efectiva 7 imputaciones penales a la madre por escuchar a la niña y obrar en función de sus necesidades”.
Entre otras situaciones, destacan que en los últimos días la Justicia desestimó nuevas denuncias de abuso tergiversando pruebas, amenazaron con encarcelar a Delfina si continuaba impidiendo la revinculación de la niña con su progenitor. También denunciaron que la Defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; la Secretaría Nacional de la Niñez Adolescencia y Familia (SENAF), y la ministra Elizabeth Gómez Alcorta “estaban al tanto de la situación. Ninguna de las intervenciones de estos organismos lograron frenar el avasallamiento judicial ni poner a resguardo a las víctimas”.
Compartimos el comunicado completo:
Por La Retaguardia.
Plenario Piquetero Nacional:
Resolvieron un plan de lucha en
un encuentro nacional
Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2022.
La Unidad Piquetera realizó, desde las 12 horas en el Obelisco porteño, un Plenario Piquetero Nacional para actualizar el plan de lucha que las organizaciones del movimiento de desocupados impulsan contra el ajuste del gobierno nacional y el FMI. La primera acción será este jueves 16, con una contundente movilización.
Con delegados y delegadas de las 24 provincias del país, quienes realizaron un debate de la situación política nacional, el pliego de reivindicaciones del movimiento y resolvieron las próximas medidas a adoptar, con marcha el 16, acciones el 25 y 26 de junio (20° aniversario de la Masacre de Avellaneda) y preparar una acción nacional para la segunda semana de julio, en el marco de la intransigencia del gobierno ante el hambre y la miseria que padecen millones de trabajadores y sus familias.
Cierre del Plenario Piquetero Nacional: Votación de las próximas acciones contra el hambre y la pobreza, por trabajo genuino y salarios
Las organizaciones piqueteras vienen de protagonizar una contundente jornada de lucha, el pasado jueves 9, con movilizaciones en todo el país y con tres columnas que avanzaron desde el conurbano bonaerense hasta el Ministerio de Desarrollo Social.
Reclaman ante el deterioro de los ingresos populares, con un salario mínimo que se encuentra en niveles de indigencia y que fue actualizado, ostensiblemente, por debajo de la inflación actual y proyectada. Señalan que millones de trabajadores desocupados no acceden a ningún empleo y requieren de la asistencia económica del Estado, bajo la forma de un seguro universal al desocupado, que cubra la canasta básica de $100.000.
También denuncian demoras en la entrega de alimentos de Nación y de las jurisdicciones provinciales y CABA, lo que dificulta el funcionamiento de cientos de comedores populares, que se encuentran con una sobredemanda producto que de miles de trabajadores, empobrecidos por los bajos salarios, acuden con sus familias para poder llegar a fin de mes.
Desde Irán aseguran que intervención
en avión con tripulación iraní y venezolana
es “propaganda” en su contra
Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2022.
Argentina retuvo el pasaporte de los tripulantes mientras se investiga; legisladores de la oposición de ese país presentaron denuncia en la Justicia y elevan pedidos de informes.
El ministro de Defensa Nacional, Javier García, confirmó el domingo que dio la orden de que un avión de origen iraní –con tripulación de ese país y de Venezuela– no ingresara en el espacio aéreo uruguayo, tras una información que llegó al Ministerio del Interior “de agencias extranjeras”.
El avión que transportaba piezas de automóviles salió de Ezeiza, en Buenos Aires, hacia Uruguay, pero ante la negativa del aeropuerto uruguayo volvió a Argentina, donde está retenido por las sospechas sobre los motivos de su vuelo a ese país. El gobierno de Alberto Fernández confirmó que se les retuvo el pasaporte a cinco tripulantes iraníes, pero se aclaró que podrían recuperarlos antes si abandonaban el país en un vuelo regular de línea mientras prosiguen las averiguaciones.
Este domingo, diputados de la oposición en Argentina presentaron una denuncia en la Justicia contra las autoridades que dejaron ingresar al avión, que tiene sanciones impuestas por Estados Unidos.
“Ya presentamos junto al diputado Ricardo López Murphy la denuncia ante el juez federal Federico Villenas para que se investigue a los titulares de todos los organismos involucrados y se obtengan los datos dactilares de la tripulación involucrada”, tuiteó el domingo el diputado Gerardo Milman, de la coalición opositora Juntos por el Cambio.
El avión de carga Boeing 747 fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y después lo compró Emtrasur, la filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), informó Efe. Ambas empresas están sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y Sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En la denuncia de los legisladores se señala que el avión ingresó a Argentina “con un manifiesto de vuelo irregular y presuntamente con el transponder apagado, como si quisiera no ser localizado”. Además, subrayan que tenía una cantidad de pasajeros “impropia” para un vuelo de carga y llaman la atención sobre sus nacionalidades, ya que a pesar de ser una empresa venezolana, de los 19 pasajeros, siete son iraníes.
“Los iraníes de la tripulación tendrían presuntamente vínculos con las Fuerzas Quds, una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica especializada en operaciones de inteligencia militar, definida por EE.UU. como organización terrorista”, explicita la denuncia.
Además, Efe informó que los senadores de la oposición tienen preparada una batería de pedidos de informes en la cámara alta y exigirán una reunión de urgencia de la bicameral de inteligencia. Según informó ayer el diario argentino La Nación, existe la sospecha de que había al menos diez pasajeros más que los 14 venezolanos y cinco iraníes identificados en el Boeing 747 que aterrizó en Ezeiza.
Según detalló ese medio, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, está a cargo del caso y deberá resolver sobre un pedido de hábeas corpus en favor de los tripulantes, presentado por Rafael Resnick Brenner, abogado de los pasajeros venezolanos e iraníes.
“Querían cargar combustible y Uruguay no los dejó”, dijo el ministro argentino
El ministro de Seguridad de Argentina, Aníbal Fernández, dijo este lunes que el avión viajaba a Montevideo “para cargar combustible y Uruguay no los dejó ni siquiera bajar. Tuvieron que volver a Ezeiza”. “No había nada que nos mostrara que no tenía que ingresar”, indicó a la radio argentina Perfil.
“Una vez que ingresó, hay mil cruces que se hacen en un trabajo muy serio que la Policía de Seguridad Aeroportuaria tiene la obligación de hacer, y así ha encontrado la punta para empezar la investigación pertinente. No ha habido nada que se haya obviado y se revisó todo lo que tuviera que revisarse”, dijo el ministro, y agregó: “No hay ninguno de los tripulantes que tenga una alerta que impida que egresen; en ese caso se hubiera detenido. No sucedió eso, no fue necesario”.
“¿Cuál es la razón por la cual no se han ido? Porque no tienen combustible y porque las empresas argentinas no le quieren cargar. Cuando Estados Unidos tiene una posición asumida al respecto, sanciona a aquellos que le cargan”, comentó Fernández.
Irán calificó acciones sobre el avión y la tripulación como “propaganda”
Desde Irán señalan con desaprobación la actitud del gobierno uruguayo al prohibir el ingreso de la aeronave. Este lunes, en su rueda de prensa semanal en Teherán, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Said Khatibzadeh, dijo que este episodio se suma a otros cuestionamientos de los países occidentales a su gobierno relacionados con cuestiones nucleares.
“Las últimas semanas están llenas de propaganda, operaciones psicológicas, guerra de palabras para provocar un sentimiento de inseguridad [en Irán], y este caso forma parte de ello”, dijo según consigna la agencia AFP.
El episodio se dio en el momento en que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, visitaba Teherán, donde el sábado firmó un acuerdo de cooperación de 20 años entre los dos países petroleros, ambos sometidos a sanciones estadounidenses.
Desde hace unos días, el programa nuclear iraní está en la mira porque Irán anunció la semana pasada que iba a desconectar 27 cámaras de vigilancia sobre sus actividades nucleares, como respuesta al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que denunció falta de cooperación de la República Islámica. Esto a su vez provocó comunicados de condenas desde Washington, Berlín, Londres y París, que instaron el jueves a Irán a “poner fin a la escalada nuclear”.
Las razones del juez Villena para retener los pasaportes de los iraníes
En medio de la espuma mediática por la aeronave retenida en Ezeiza, el magistrado decidió actuar con prudencia: liberó a los tripulantes venezolanos y prohibió la salida del país de los cinco iraníes hasta confirmar que no son militantes o dirigentes de la guardia islámica conocida como Al Quds.
El juez federal Federico Villena decidió actuar “con prudencia”, como el mismo lo denominó: no ordenó la detención de los iraníes que vinieron en el avión de Emtrasur, de matrícula venezolana; tampoco les impuso una pulsera electrónica, pero les prohibió salir del país hasta que tenga en claro que no son militantes o dirigentes de la guardia islámica conocida como Al Quds.
Villena aceptó como querellante a la DAIA dado que el caso, hasta el momento, no tiene acusación fiscal por cuanto la representante del ministerio público, Cecilia Incardona, no encontró ningún elemento de relevancia para coartar a los cinco iraníes del caso. Ninguno de ellos figura en ninguna lista de buscados por Interpol o por el FBI, en el avión no venían ni armas ni estupefacientes y el vuelo estaba destinado a traer autopartes de Volkswagen. El juez le pidió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que lo tenga al tanto y está a la espera de que se aporte algún elemento de cargo. https://iframely.pagina12.com.ar/api/iframe?url=https%3A%2F%2Fpublic.flourish.studio%2Fvisualisation%2F10332935%2F&v=1&app=1&key=68ad19d170f26a7756ad0a90caf18fc1&playerjs=1
Para el juez -que es un estudioso de Hezbollah-, no es un tema menor que el avión haya pasado por Ciudad del Este, donde la CIA viene insistiendo en que Hezbollah -una organización libanesa pro-irani- tiene una base o al menos adherentes. La realidad es que en 30 años las pruebas han sido muy débiles y las detenciones, siempre de una misma familia, efímeras. Está claro que esa familia y un grupo de islámicos de Ciudad del Este hacen aportes económicos a Hezbollah.
Las decisiones del juez
El domingo a la noche, Villena no tenía dudas:
- Los venezolanos no están sospechados de nada. Se le devolvieron los pasaportes y están en condiciones de hacer lo que les plazca.
- Los cinco iraníes estaban con algún grado de sospecha por una única razón: Uruguay no los dejó entrar cuando el avión se dirigió a Montevideo para cargar combustible. El texto en concreto de Villena sobre ese punto dice lo siguiente: “A esta altura, resulta oportuno aclarar que la noticia señalada por la fuerza policial respecto de posibles sospechas de un avión de origen iraní que retornó al país pues el Uruguay negó su ingreso, resulta. suficiente como para configurar la sospecha razonable que señala el mencionado artículo». Se refiere al artículo de la Ley de Migraciones que habilitó la retención de los pasaportes.
- Respecto del avión, el problema es que no le vendían combustible. El juez dijo que no se metía en ese problema. Por lo que se sabe, Shell tiene una restricción para venderle combustible a aviones de origen iraní.
O sea que a las 22 del domingo, el magistrado liberó a los venezolanos, a los iraníes les retuvo el pasaporte pero les dijo que se los devolverían cuando se fueran y que todos estaban en condiciones de irse ni bien consiguieran el combustible para el avión.
El pedido de la DAIA y las medidas de Villena
En la mañana del lunes, el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, se presentó para pedir que se investigara a los iraníes. Y el juez aceptó ese criterio. Consideró que, entonces, los iraníes ya no pueden salir del país hasta que se verifique si son o no de Al Quds.
Para redondear, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, señaló que ninguno de los tripulantes del avión estaba requerido pero que uno de ellos, Gholamreza Ghasemi, figuraba como un integrante de la Guardia Revolucionaria, Al Quds. En verdad, ya se había hecho un chequeo sobre ese punto: se trataba de un homónimo, diez años menor que el que registraba búsqueda internacional. Aún así, la duda quedó instalada.
Con todos esos elementos, Villena resolvió parar la pelota. Ordenó que los iraníes -que están en un hotel de Canning, en Ezeiza- no se vayan y pidió información más sólida a todos los organismos de seguridad del estado.
Envio:RL
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