Gobierno de facto declara persona
no grata a embajador de México en
Lima y le da 72 horas para
abandonar el país
Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2022.
Foto: Canciller de la dictadura peruana, Ana Cecilia Gervasi rompe relaciones con México.
Canciller golpista Ana Gervasi precisó que decisión se tomó por las “reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú”.
“Por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y, por lo tanto, son violatorias del principio de no intervención. En la fecha, se le ha entregado una nota diplomática a través de la cual se le notifica que tiene 72 horas para abandonar el territorio nacional”, dijo Gervasi.
En un comunicado oficial, la Cancillería precisó que la decisión fue adoptada a raíz de las afirmaciones del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
“Son de especial preocupación las declaraciones del presidente López Obrador del día 16 de diciembre último sobre el estado de emergencia decretado por el Gobierno del Perú, en aplicación del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, así como las realizadas el 19 de diciembre sobre el orden democrático, Estado de derecho y legalidad en el país, y sobre la detención del expresidente Pedro Castillo, la misma que fue realizada en flagrancia conforme a derecho, luego de que anunciara un golpe de Estado”, se lee en el comunicado.
Por ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores considera que las expresiones de AMLO “resultan especialmente graves en circunstancias en las que el país enfrenta una situación de violencia incompatible con el ejercicio del legítimo derecho que asiste a toda persona de manifestarse pacíficamente”.
“El Perú reitera su vocación por el diálogo y cooperación entre los estados sobre la base del respeto mutuo y la plena vigencia del derecho internacional”, invoca la Cancillería
Martín Guerra politólogo de la Izquierda
peruana, analiza la situación política
que se vive en el país
Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2022.
fuente: Armagedón Prensa Alternativa
El Congreso golpista aprueba el
adelanto de las elecciones para
abril de 2024
Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2022.
foto: Usurpadora Dina Boluarte.
- El proyecto de adelanto electoral recibió 93 votos a favor, 30 en contra y 1 abstención.
El pleno del Congreso de Perú aprobó este martes un proyecto de adelanto de elecciones generales en el país para abril de 2024, con el objetivo de que el mandato de las actuales autoridades del Ejecutivo y el Legislativo concluya a fines de julio de ese año y no en el mismo mes de 2026.
El proyecto, que fue presentado por el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, el fujimorista Hernando Guerra, recibió 93 votos a favor, 30 en contra y 1 abstención, en una primera votación que deberá ser refrendada en la siguiente legislatura ordinaria.
Al tratarse de una reforma constitucional, la norma requería de un mínimo de 87 votos para ser sometida a una segunda votación en la siguiente legislatura, o de 66 para ser llevado a un referéndum.
La actual legislatura, que debió concluir la semana pasada, fue ampliada por el pleno hasta el próximo 28 de febrero, mientras que la segunda legislatura del periodo ordinario 2022-2023 deberá comenzar el 1 de marzo del próximo año.
Modifica el mandato de la golpista Dina Boluarte
La norma aprobada modifica la duración constitucional del mandato de la presidenta Dina Boluarte, los 130 congresistas y los representantes al Parlamento Andino mediante una disposición transitoria que indica que la jefa de Estado concluye su mandato el 28 de julio de 2024 y los legisladores dos días antes, el 26 de julio.
La decisión del Congreso se dio después de que el pleno aprobase, este mismo martes, reconsiderar un primer proyecto de adelanto de elecciones para diciembre de 2023, después de una votación que durante la semana pasada rechazó esa iniciativa.
Precisamente, los organismos del sistema electoral peruano señalaron este martes que la fecha más próxima para que se cumpla con un nuevo proceso electoral presidencial y legislativo era diciembre de 2023.
Boluarte asumió su cargo el pasado 7 de diciembre en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido por el Congreso luego de que dictara la disolución del Parlamento, anunciara la conformación de un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto, convocara una asamblea constituyente y reorganizara el sistema de justicia.
El drama de las redes de trata: más
de 10 mil mujeres desaparecidas
este año
Por Jesica León, Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2022.
A nivel nacional. Solo fueron ubicadas 5.123 (48%).
Sigue siendo un misterio el paradero de 5.000 niñas, adolescentes y adultas. Las redes de trata operan en el Perú con total impunidad.
¿Qué pasó con ellas? La Defensoría del Pueblo reveló que de enero a noviembre se registraron 10.610 denuncias por desaparición de mujeres, y a pesar del tiempo transcurrido solo el 48% de ellas fueron ubicadas (5.123).
En noviembre, por ejemplo, la Policía registró 972 denuncias (3% más que en octubre), de las que 534 (55%) fueron resueltas con la ubicación de las personas.
Al respecto, Isabel Ortiz, representante de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría, explicó que hay factores estructurales y de capacidad de la Policía que explican este problema.
“El primero es que el portal de personas desaparecidas no responde de manera adecuada a los parámetros legales; luego, el registro de personas desaparecidas aún está siendo actualizado. Al no tener implementos tecnológicos que respondan a nuestra realidad, no vamos a poder ubicar inmediatamente a las personas y no va a ser eficiente su búsqueda”, manifestó.
“Lo otro es que, a partir del ejercicio de funciones de la Policía, uno de los grandes problemas es la alta rotación del personal, se capacita a los policías en comisarías para atender un caso de desaparición. Pero ante la alta rotación tenemos otro grupo de policías que va a justificar la desaparición, que no está capacitado, que va a solicitar 24 horas para registrar la denuncia”, agrega.
Ayacucho: joven de 19 años herido
durante protestas murió a la espera
de su traslado a Lima
Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2022.
Foto: Protestas en Ayacucho. Foto: Diego Palomino Zea/ Colectivo Chullpi Cine Sur/
Jhonatan Alarcón Galindo se convirtió en la décima víctima mortal en la región, donde agentes de la Policía Nacional y del Ejército protagonizaron violentos enfrentamientos con los ciudadanos, quienes piden el cierre del Congreso y adelanto de elecciones generales
En Ayacucho, Jhonatan Alarcón Galindo, de 19 años, perdió la vida tras permanecer internado en el área de cuidados intensivos de un hospital, a la espera de su traslado a Lima. Con él, asciende a 21 el número de fallecidos durante las protestas desatadas tras la vacancia de Pedro Castillo.
Desde el último 7 de diciembre, miles de personas de distintas regiones del país tomaron entidades públicas, principales plazas, carreteras y aeropuertos para expresar su rechazo hacia la gestión del actual Gobierno, así como solicitaron la disolución del Congreso y el adelanto de elecciones generales para votar por un nuevo presidente de la República.
El deceso de Jhonatan se suma al de Josué Sañudo Quispe (31), Clemer Fabrizio Rojas García (32), Jhon Henry Mendoza Huarancca (32), José Luis Aguilar Yucra (20), Luis Miguel Urbano Sacsara (22), Edgar Prado Arango (51), Raúl García Gallo (5), C. M. R. A. (15) y Leonardo David Hancco Chaka (27). Ellos, murieron a causa de las graves heridas provocadas por balas y golpes con objetos contundentes, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.
Apurímac, Arequipa, La Libertad y Junín, son otras de las regiones donde se registraron pérdidas humanas como producto de las violentas grescas entre miembros de la Policía Nacional y de Ejército.
Fallecidos por hechos vinculados a las protestas
Como resultado de hechos vinculados a las manifestaciones en Perú, perdieron la vida 6 personas en todo el territorio peruano. Ellos son: Marizel Leonize Chamana López, E.V., Efrénn Cruz Cabrera, Lucio Quispe Ccallo, Yoni Rosalino Cardenas Escobal y Isabel Paucar Sapillado.
En el Cusco, gran movilización
campesina para repudiar al gobierno
de Boluarte y al Congreso
Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2022.
Foto: Protestas contra el Gobierno en la localidad de Canchis, Cusco
Declaración de repudio contra el
Golpe de Estado
Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2022
Las Organizaciones que integramos la Secretaria Latinoamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular (SELVIHP) expresamos con profundo dolor y preocupación nuestro absoluto Repudio al ilegitimo Golpe de Estado operado por la inhumana derecha fujimorista contra el pueblo peruano y su legitimo Presidente, Profesor Pedro Castillo .
Prioritariamente exigimos la más pronta convocatoria a Elecciones Presidenciales y Legislativas, así como la inmediatamente posterior Convocatoria a una Asamblea Constituyente para transformar la lamentablemente vigente fachista Constitución fujimorista del año 1993 en un antagónico nuevo marco constitucional , genuino y profundamente democrático .
La Secretaria Latinoamericana de la Vivienda y el Habitat Popular está integrada por:
Argentina: Federación MOI y Federación FTV
Brasil: UNMP
Chile: Red Hábitat Popular
Panama: Mocona Movim.Comun. FB
Venezuela: Movimiento Pobladoras y Pobladores
¡Viva el Pueblo Peruano! ¡Viva La Democracia Popular! ¡Viva Mariategui!
Construyamos Nuestra Patria Grande Latinoamericana
Socialista , Autogestionaria y Comunal
La protesta paraliza el país, cae el
Primer Ministro y se discuten
elecciones anticipadas
Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2022
La movilización, que amenaza con convertirse en rebelión, incluye paros totales en regiones enteras, con movilizaciones y bloqueos.
Continúan las movilizaciones y los bloqueos en Perú luego del golpe parlamentario contra el presidente Pedro Castillo.
A pesar de que el gobierno apostó a la militarización del país las protestas y los cortes de ruta continúan, exigiendo el cierre del congreso y en rechazo al nuevo gobierno. Organismos de Derechos Humanos como Amnistía Internacional condenaron la militarización del país.
La represión estatal a las protestas ya se cobró la vida de 26 personas y produjo centenares de heridos. Aunque el gobierno comenzó a afirmar que «la conflictividad viene en descenso», las movilizaciones aún mantienen el país paralizado.
En un intento de respuesta a las protestas que busca descomprimir la crisis política, la presidenta Boluarte pidió la renuncia de su Primer Ministro, Pedro Angulo, sólo 10 días después de su asunción. Boluarte presentó la decisión como parte de una «reestructuración general» de su gabinete.
La decisión demuestra que el de Boluarte es un gobierno débil. Su principal punto de apoyo es el fujimorismo en el congreso, el Tribunal Constitucional y los militares, pero con nulo punto de apoyo social.
Nota completa
https://izquierdaweb.com/peru-la-protesta-paraliza-el…/
Lo que está detrás del apoyo a
Pedro Castillo y que Lima no quiere
entender
Francesca Emanuele / Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2022
Ni las promesas incumplidas ni los indicios de corrupción y ni siquiera el intento de golpe de Estado han sido motivos para que muchos de los simpatizantes de Castillo le den la espalda. El expresidente ha dejado de representar las expectativas de cambio, pero aún simboliza —quizá hoy más que nunca— la discriminación estructural en el Perú.
En Lima, las élites políticas, económicas e intelectuales están intrigadas. Siguen buscando una explicación a la gran cantidad de peruanos y peruanas que protestan para exigir la libertad de Pedro Castillo. Y un desconcierto más grande les provoca el grupo menor que demanda la restitución del vacado presidente.
Es entendible que las clases dominantes estén desorientadas. Llevan décadas desvinculadas del resto del país. Transitan cómodamente por un notorio apartheid limeño, reproduciendo dinámicas que acentúan su inclinación a deshumanizar a la clase trabajadora e indígena del Perú. Resulta evidente, entonces, que sean espectadoras incapaces de interpretar la realidad nacional.
Equivocación e injurias
Para describir el respaldo a Castillo se han barajado teorías como la filiación subversiva, el mercenarismo y la falta de capacidad intelectual. “Hay pobladores que no tienen la información correcta”, dijo la conductora de Cuarto Poder, uno de los programas dominicales que difundió las falsas denuncias de fraude electoral. Son “terroristas” y “vándalos”, sentenciaron varios de los congresistas que impulsaron leyes anticonstitucionales solo con el fin de reducir el número de votos requerido para destituir al exmandatario. “Son financiados por el parlamentario Guillermo Bermejo”, sugirió el ministro de Defensa, quien ha desplegado al Ejército redoblando la violencia estatal contra las protestas. Los heridos y cada uno de los 25 compatriotas asesinados por la policía son población de escasos recursos, indígena o campesina.
Muchos de los aún hoy partidarios de Castillo carecen del abolengo o de los títulos universitarios que ostentan la conductora del dominical, el ministro y los congresistas antidemocráticos. Sin embargo, a diferencia de estos, ellos sí descifran con académica sofisticación que la defensa del expresidente está vinculada a su experiencia personal de discriminación y, sobre todo, a su futuro. Olvidar que el trágico destino de Castillo está enlazado a las diversas formas de racismo de las que han sido víctimas sería negar su propia historia de opresión. Permitir la pulverización del símbolo de “maestro rural elegido presidente” prevendría que otros peruanos de origen humilde y provinciano intenten tal travesía. El temor a recibir el mismo trato alimentaría la ausencia de políticos de origen humilde y provinciano. Y sin ellos será menos probable romper con el centralismo limeño y con las condiciones de exclusión, características del Perú moderno.
Las perspectivas de un futuro gris se suman a un intenso sentimiento de empatía. Y es que durante su corta presidencia, Castillo estuvo sujeto a diversas formas de estigma racial, desencadenando un “efecto espejo” en sus simpatizantes. A él lo tildaron de burro, de “cholo de mierda”; y a su esposa la avergonzaron por su vestimenta y por su manera de hablar.
Poderosos instrumentos de persecución
Para los millones de peruanos y peruanas que votaron por él era natural encontrarse en su reflejo, más aún cuando la oposición repetía la táctica manida de ligarlo al fantasma de Sendero Luminoso. Las clases populares llevan décadas siendo cruelmente demonizadas con ese argumento falaz. Por ello mismo, los parlamentarios conservadores repitieron hasta la saciedad que Castillo era “comunista”, acompañando estas afirmaciones con el correlato de una supuesta membresía terrorista. Poco importaba que el presidente se hubiera alejado tempranamente de un plan de gobierno progresista, dejando claro que ni siquiera era un socialdemócrata. La oposición, en sus esfuerzos perennes por deponerlo, organizó decenas de protestas con títulos como “La batalla final” o “Terrorismo nunca más”. Nombres que evocaban a una guerra civil; un “nosotros contra ellos” que retumbaba entre las clases marginadas. Base esa narrativa, eran los “ellos”, el enemigo.
La Justicia peruana jugó un papel clave en la campaña de vejación contra el expresidente Castillo a través del lawfare, o la judicialización de la política. Actuó con una celeridad inusitada, distinta a su lentitud habitual. En particular, el comportamiento de la Fiscalía de la Nación fue el menos discreto. Aunque amparada en indicios revestidos de legalidad, mostraba evidentes tintes políticos. La fiscal Patricia Benavides entregó al Congreso una acusación contra Castillo, sentando el primer precedente en la historia del Perú en el que la fiscal de la Nación presentaba una denuncia constitucional contra un presidente en funciones. Según Benavides, Castillo era el líder de una “organización criminal” dedicada a direccionar licitaciones de obras públicas y a recibir sobornos a cambio de nombramientos en distintos ministerios y en altos mandos de la Policía Nacional. Así se lo comunicó al Perú entero, en medio de una insólita conferencia de prensa televisada, con la que la fiscal buscaba abiertamente empujar la vacancia.
Quizá lo más duro de digerir para los votantes de Castillo haya sido el escarnio que caracterizaron las diligencias judiciales. La Policía, por pedido de la Fiscalía, allanó la vivienda de la hermana del expresidente, sin tomar en cuenta que ahí se hallaba su anciana madre, convaleciente por una operación de apendicitis. Tras el traumático evento, la progenitora tuvo que ser hospitalizada. Palacio de Gobierno también fue allanado, lo que se convirtió en un hecho inaudito. No había sucedido ni durante las gestiones que robaron decenas de millones de dólares, como la del expresidente Alan García. Pero tal vez el ensañamiento más impactante fue el que tuvo como protagonista a la hija de Castillo. Para ella, un juez ordenó dos años y medio de prisión preventiva. Las imágenes de la joven encarcelada —sin sentencia— aparecieron en todos los medios, enviando un mensaje inequívoco de humillación.
Cada semana aparecían noticias que degradaban más y más la investidura del mandatario. Iban desde lo simbólico, como que un oficial le faltó el respeto arrebatándole una espada durante una ceremonia militar, hasta agravios que afectaban directamente sus funciones presidenciales. En ese sentido, el Congreso fue vanguardista: votó impidiéndole acudir a la toma de mando de Gustavo Petro, en Colombia. Era la primera vez que el Parlamento vetaba a un presidente de ejercer la fundamental tarea de representar al Estado en el exterior. Sin embargo, se convirtió en costumbre. Otros dos viajes le fueron rechazados. El último veto del Congreso provocó que el presidente de México cancelara la cumbre de la Alianza del Pacífico en son de protesta. Todo apuntaba a que la oposición congresal estaba conforme con alterar el equilibrio de poderes o aprobar leyes ilegales para someter al Ejecutivo; hasta conseguir derrocarlo. Y cuando triunfó, sus integrantes, llenos de júbilo, inmortalizaron con selfies grupales el momento por el que habían trabajado suciamente durante 17 meses.
Resistencia y convicción
Ante los ojos de los partidarios de Castillo, esta celebración triunfalista, los insultos constantes, la obstrucción de las funciones presidenciales, y las formas abusivas de aplicar figuras legales evidencian que el Perú está atascado en un pasado oligarca. Hay una clase dominante que se resiste a que las clases empobrecidas estén representadas en las esferas más altas del poder. Ni llegando a ellas dejarían de ser tratados como seres inferiores.
Hoy la Justicia y el Congreso del Perú continúan nutriendo este sentimiento de menosprecio utilizando sus herramientas legales de forma arbitraria. Castillo buscó romper la democracia anunciando un golpe, pero las instituciones supuestamente democráticas que quedaron en pie vulneraron las normas para sancionarlo. El Congreso lo despojó de su inmunidad en un proceso exprés, sin derecho a defensa. El Poder Judicial lo mantiene preso bajo cargos inaplicables a su intentona golpista. Uno de ellos es el de rebelión, por el que ni siquiera pudo ser procesado el exdictador Alberto Fujimori, quien sí consumó su dictadura con tanques en las calles.
Basta recapitular la historia reciente para desentrañar el porqué decenas de miles de peruanos, habiendo apagado las ilusiones que un día depositaron en Castillo, siguen aún a su lado. A los sentimientos de injusticia racista que los identifica con el paso del expresidente por el Ejecutivo —y su actual irregular encarcelamiento— se suma un sentimiento de orfandad por estructuras ajenas de representación política. Miran alrededor y solo encuentran instituciones controladas por autoridades que los desprecian y que hoy están dispuestas a matarlos para mantener el statu quo. La incapacidad de las élites para entender esta realidad solo corrobora que las reivindicaciones de los manifestantes son las correctas. A lo mejor es demasiado pedir que los artífices de esta tragedia dejen de malinterpretarla.
FUENTE: Wayka.pe
Continúan movilizaciones para
demandar el cierre del Congreso /
Repudian también al nuevo primer
ministro
Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2022.
Los manifestantes también expresaron su rechazo a la juramentación de Alberto Otárola como nuevo presidente del Consejo de Ministros.
Sectores de la población peruana continuaron este miércoles las movilizaciones para demandar el cierre del Congreso, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la liberación de Pedro Castillo y una Asamblea Constituyente.
En Lima (capital) manifestantes reiteraron su indignación por la situación que se vive en el país y exigieron la restitución de Castillo en la Presidencia.
Además, en esta jornada el último reporte del Ministerio de Salud confirmó que ascendió a 27 la cifra de fallecidos como consecuencia de la represión por parte de las fuerzas de seguridad contra las protestas.
En las regiones de Cajamarca, Ica, Cusco, Lambayeque y Arequipa, los manifestantes han reiterado que continuarán con las movilizaciones pacíficas contra el Congreso, por nuevas elecciones y una nueva Constitución.
También expresaron su rechazo a la juramentación de Alberto Otárola como el nuevo presidente del Consejo de Ministros, quien se venía desempeñando como ministro de Defensa.
Por otro lado, ratificaron que no desean que las autoridades del Congreso permanezcan hasta 2024, cuando su demanda es nuevas elecciones para el próximo año. https://www.youtube.com/embed/3JU_AqMWu98
En la víspera, el pleno del Congreso peruano aprobó el proyecto de ley que plantea el adelanto de las elecciones generales para abril de 2024, mismo que debe pasar por una segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria.
La crisis en Perú se agravó desde el pasado 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó a Castillo y juramentó a Boluarte como la nueva mandataria, esto después que el entonces presidente anunciara la disolución temporal del ente legislativo y convocara nuevas elecciones.
El golpe dentro del golpe
Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2022.
La usurpadora “presidenta” Dina Boluarte sigue adelante con sus planes de permanencia prolongada en un gobierno que asaltó como parte de un plan de la derecha. A la vez, pone énfasis en la idea de que la mejor receta es una brutal represión para los que ella denomina “vándalos”, que no son otro que el pueblo peruano descontento con el golpe fujimorista. Ya van alrededor de 30 muertos, centenares de heridos y detenidos, y además la implantación de un estado de militarización que no se veía desde los tiempos del dictador Alberto Fujimori. Esa es el verdadero rostro de quienes, por la fuerza, desalojaron del gobierno al presidente legítimo Pedro Castillo.
Por otro lado está el Congreso corrupto, copado abiertamente por la derecha fiel a Keiko Fujimori y que cuenta con la anuencia, por no haber tenido una mínima vergüenza para renunciar a sus cargos, de congresistas llamados de “izquierda”. Esos son los que le dan “legalidad” a una institución que es el buque insignia de cualquier democracia burguesa que se precie. Son, además, parte del “golpe dentro del golpe», al insistir en votar un adelanto de las elecciones para seguir desconociendo que el único presidente que el pueblo respalda está secuestrado en una cárcel de Lima. Así es que esos “izquierdistas” dieron quórum y algunos de ellos votaron con las dos manos para que los comicios se celebren en abril de 2024.
Pero es importante insistir que una parte de ese discurso de “adelantar elecciones”, impuesto a sectores de la población como “una solución”, es parte del mismo entramado golpista. Veamos: La primera pregunta que hay que hacerse es: ¿por qué razón hay que adelantar elecciones si el mandato de Pedro Castillo vence recién en 2026?. Eso que tan bien han comenzado a ver amplios sectores del pueblo que se movilizan en todas las regiones contra el golpe, y que exigen “restitución de Castillo, asamblea constituyente y cierre del Congreso”, parecen no quererlo entenderlo algunos políticos «progresistas». l
Esto no ocurre por casualidad, ya que recordemos que la llamada “izquierda caviar”, claramente socialdemócrata, fue con candidatura propia a la primera vuelta de la elección que ganó Castillo. Luego de una estruendosa derrota, obligados por las circunstancias, metieron violín en bolsa y se sumaron a darle apoyo a Castillo, que se impuso en la segunda vuelta. A partir de ese momento, la izquierda light trató de mil maneras de acercarse a Castillo para influenciarlo a fin de que rompa amarras con el partido Perú Libre -ese sí, de izquierda real, marxista-leninista- que fue el que le brindó la estructura partidaria para concurrir a las elecciones. Tanto insistieron que finalmente lo lograron: en un de esos permanentes cambios de gabinete que hizo Castillo, le tocó el turno de treparse al gobierno a los “caviares”, pero claro, duraron poco, porque del embate del fujimorismo no se salvan ni los más radicales ni los tibios. A todos por igual los «terruquea» esa ultraderecha fascista que son los que aplicaron el Terrorismo de Estado, cuando gobernaron Fujimori-Montesinos, para asesinar a decenas de miles de campesinos, indígenas, obreros y estudiantes.
Ahora, que ya está consumado el último eslabón de la trama golpista, ahora que la “Dina asesina” (como la denominan los de abajo) sueña con llegar con sus secuaces hasta el 2026, y que los militares y las fuerzas policiales campan a sus anchas, allanando, torturando, matando, mientras el Congreso de la infamia, con todos los políticos entreverados en su propia suciedad, se prepara para seguir dictando leyes represivas e imaginando alguna estratagema para liberar a Fujimori, sacan de la galera un nuevo llamado a comicios donde participarán los mismos de siempre, los políticos a lo que la calle les grita “que se vayan todos”. Ellos amasarán la torta y después se la comerán.
Por allí no viene ninguna solución, sino todo lo contrario, se seguirá anudando la dependencia con Estados Unidos, cuya embajadora le da instrucciones a la Boluarte y a varios de sus ministros. No se trata de seguir perdiendo el tiempo con falsas promesas, es la hora de defender adentro de Perú, la táctica del levantamiento popular y la desobediencia civil, para liberar y restituir a Castillo en el cargo y cumplir con lo que él dispuso antes de ser apresado: disolver el Congreso y convocar a la Constituyente. Y a nivel internacional ejercer la solidaridad concreta con los que luchan, dejando al descubierto a esos vendedores de “espejitos de colores” que son los que quieren nuevas elecciones. Por acción u omisión son cómplices del golpismo fujimorista.
Posdata: Si el gobierno golpista rompe relaciones con México por la dignidad solidaria que demostró su cancillería, sería bueno que los gobiernos del continente, o por lo menos los que condenan el golpe, rompan relaciones con Perú. No se puede permitir que una usurpadora ambiciosa de poder meta una cuña para dividir a la Patria Grande.
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