Actividad por el Argentinazo del 2001
en la provincia de Córdoba /Intervención
del Frente Cultural Che Adelita
Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2022.
Que no se quede mi pueblo dormido…
Por OLP-Resistir y Luchar (Córdoba)
En la ciudad de Córdoba a 21 años de los hechos ocurrido el 19 y 20 de diciembre de 2001
la OLP Resistir y Luchar, junto a otras organizaciones hermanas nos juntamos en la tarde del martes para revivir el espíritu de lucha y rebelión que sabemos que habita en nuestro pueblo.
Fue una radio con micrófono abierto, donde se invitaba a participar a los transeúntes del lugar para contar cómo vivieron esos días, al mismo tiempo distintas organizaciones hicieron sus reflexiones sobre esas jornadas de lucha y su relación con el actual contexto.
Hubo música combativa, poesía y arte, los compañeros del Frente Cultural Che Adelita hicieron sus intervención en el acto leyendo un poema de Vicente Zito Lema, (Pensando en Dario, 2005)
También la intervención del “Che Adelita“ se produjo con la confección de un momo en cartapesta que representaba una gran olla popular, símbolo de la lucha y organización de los de abajo, que siempre en épocas de hambre se juntan para compartir lo que tienen y enfrentar junto el hambre impuesto por los poderosos. Sobre uno de los mástiles de un semáforo la imagen de un helicóptero hecho en cartón representaban la huida de De la Rúa, único presidente destituido por el pueblo y no por un golpe militar, demostrando que es en esa masa del pueblo donde duerme ese espìrtu de revolución, espíritu de colectividad, que tenemos en nuestros genes y que se manifestó una vez más durante toda la lucha de los noventa y en especial en esas jornadas.
Sigamos trabajando, organizando al pueblo, teniendo presente a todos los caídos y por un mundo nuevo. No dejemos que nos distraigan ni adormezcan con falsas expectativas, tengamos prendida esa llama, por todo ello, que no se quede nuestro pueblo dormido…
Recordarán a los caídos en combate
y asesinadxs en el ataque al regimiento
de Monte Chingolo en
diciembre de 1975
Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2022.
El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) atacaba hace 47 años el batallón de arsenales del Ejército Domingo Viejo Bueno, ubicado en la localidad bonaerense de Monte Chingolo, en el marco de un operativo que constituyó la acción de mayor envergadura emprendida por una organización guerrillera en la Argentina.
Los militares estaban alertados de la operación guerrillera debido a un infiltrado y eso hizo que al producirse el ataque, los militares doblaban en número a los combatientes, varios cayeron peleando en el cuartel, otros pudieron salir y refugiarse en zonas aledañas al mismo, donde fueron perseguidos. En total fueron asesinados 70 guerrilleros y 40 civiles que fueron alcanzados por la metralla de aviones y helicópteros que atacaron una villa de emergencia ubicada muy cerca del cuartel.
Este año está convocado un homenaje a los caídos en esa oportunidad:
Ecos del triunfo argentino en Qatar:
festejaron desde Cuba hasta el País
Vasco, y desde Palestina a Burdeos
Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2022.
No solo Buenos Aires y todas las provincias salieron a festejar la victoria argentina, en todo el mundo hubo marchas y cánticos.
Y también festejan en Bilbao, Euskal Herria
En HAITÍ
EN PALESTINA
EN FRANCIA
Una familia necesitó $145.948 para no caer en la pobreza
La canasta básica total aumentó 4,4% el mes pasado según el INDEC. En los últimos doce meses, la canasta alimentaria acumuló una suba de 101,8% y la total 97,4%.
El costo de la canasta básica alimentaria (CBA) registró en noviembre un incremento de 3,1%, lo que determinó que una familia tipo -compuesta por dos adultos y dos menores- necesitó percibir ingresos por $64.012 para no ubicarse en situación de indigencia, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El organismo también dio cuenta que el costo de la canasta básica total (CBT), que además de los alimentos mide productos de indumentaria y servicios, aumentó 4,4% el mes pasado, por lo cual el mismo grupo familiar necesitó contar con $145.948 para no caer por debajo de la línea de la pobreza.
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Docentes Universitarios: sin recomposición salarial, peligra inicio del año académico 2023
El Plenario de Secretarías Generales de Conadu Histórica sesionó este jueves en una carpa frente al Ministerio de Educación de la Nación. Ante la falta de convocatoria a la mesa de revisión salarial pautada para diciembre, se decidió impulsar el no inicio del ciclo lectivo 2023 en las Universidades Nacionales como continuidad del plan de acción gremial. Esta medida se debatirá en asambleas docentes de todo el país y se definirá en un Congreso Extraordinario que se realizará en febrero. Por Redeco Alternativo
“Conadu Histórica viene denunciando que el porcentaje de incremento salarial que el gobierno impuso para el sector -con la anuencia de las demás organizaciones sindicales- es del 82% para todo el año mientras que la inflación proyectada para el mismo período será del orden del 100%. La pérdida salarial que se ha dado mes a mes durante el año, equivale a la pérdida de un sueldo completo. Esto ocurre en un contexto específico que está marcado por el compromiso del gobierno nacional con el FMI legitimando así la deuda fraudulenta contraída por Macri”, expresaron desde la agrupación que reúne a docentes universitarios.
En este sentido, exigen la urgente convocatoria a la Mesa de Revisión Salarial para equiparar salarios e inflación; la eliminación del impuesto a las ganancias sobre sus salarios; la actualización de los haberes jubilatorios respetando el 82% y el 85% móvil; el refuerzo de emergencia para las obras sociales universitarias; el otorgamiento de un bono por única vez para compensar la pérdida salarial sufrida durante el año.
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Aceiteros y desmotadores
La Federación aceitera llevará el salario básico inicial a $319.185 a partir del 1° de Enero
En el día de ayer los paritarios de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) de manera conjunta con los paritarios del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) alcanzaron un acuerdo con los representantes patronales de las cámaras CIARA, CIAVEC y CARBIO que lleva el salario básico inicial a $319.185 a partir del 1° de Enero de 2023 para las y los obreros y empleados aceiteros.
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Federación Aceitera
El planteo de nuestras organizaciones gremiales se basó en el derecho a un Salario Mínimo, Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.
Durante enero, febrero y marzo de 2023 el salario inicial consistirá en $ 294.284 más una suma de $ 24.900 no remunerativa que se incorporará al remunerativo a partir del mes de abril de 2023.
Asimismo, en el mes de julio de 2023 se efectuará una revisión de este acuerdo.
Además, se acordó el pago de una suma extraordinaria no remunerativa de $ 210.080 para todos los trabajadores aceiteros encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 420/05, que será liquidado en los meses de febrero y marzo de 2023.
Se trata de un pago extraordinario que acordamos todos los años desde 2010 y que desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, imputamos como participación en las ganancias.
Desde la Federación destacan «En estos momentos en que la inflación atenta directa y críticamente contra los ingresos de la clase trabajadora argentina, la fijación de los salarios a partir de sus nueve necesidades, como dictan la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, resulta una bandera fundamental para todo el movimiento obrero».
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Mar del Plata
Choferes de colectivos anunciaron un cese de actividades de tres horas
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Mar del Plata confirmó que se suspenderá el servicio de colectivos de corta y media distancia entre las 9 y las 12 de mañana para reclamar que se reconozca a Maximiliano Escriba como secretario general del gremio.
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El cese de actividades es el resultado de una interna sindical que experimenta la UTA y que ya tuvo consecuencias durante el último domingo, cuando una de las facciones decidió no prestar servicio por posibles inconvenientes durante los festejos de la final del Mundial de Fútbol.
«No por ser trabajadores podemos permitir semejante atropello. Primero nos llevaron las paritarias nacionales, luego nos llevaron la obra social, y ahora nos quieren llevar nuestra voluntad popular expresada a través del voto en las urnas», expresaron desde la agrupación Juan Manuel Palacios en el comunicado.
Además señalaron su malestar por la falta de reconocimiento electoral de la actual conducción del sindicato.
«Estos son los motivos que nos llevan a marchar y peticionar ante las autoridades este miércoles 21 de diciembre, para que intervengan y nos den una solución dentro del marco de la democracia y del estado de derecho, interrumpiendo el servicio entre las 9 y las 12 del mediodía», informaron.
«Es una retención de tareas por haber violado nuestro derecho al voto, movilizaremos al Ministerio de Trabajo y a la Municipalidad para poder ser escuchados y que nos reconozcan como ganadores. La gente quiere que sea reconocido Maximiliano Escriba, que ganó por una gran diferencia de votos», puntualizó el dirigente Juan Cruz Mastromarino.
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El sueño del ex presidente
Omar Plaini criticó a Macri por elogiar que en Qatar no hay sindicatos
El secretario general del gremio de Canillitas, Omar Plaini, criticó al ex presidente Mauricio Macri por atribuir la «evolución de Qatar» a que es «un país que no tiene sindicatos», y consideró que del ex mandatario «no se puede esperar absolutamente nada».
«De Macri no se puede esperar absolutamente nada más que este tipo de declaraciones provocativas, fuera de todo contexto y lugar. Quiere un país sin sindicatos. En realidad es lo que siente. A él le gustaría ser un monarca; un emir», aseguró Plaini en declaraciones a la Radio AM 750.
De esta forma, el dirigente sindical se refirió a las declaraciones de Macri, quien aseguró que la sociedad qatarí «está evolucionando muchísimo» y destacó «el progreso» que existe en el país que organizó el Mundial 2022 porque «no tiene gremios».
«Dijo que quiere un país libre sin sindicatos. De Macri no me sorprende nada porque esa es su concepción. Es el titular de la Fundación FIFA que decidió hacer un Mundial en un país monárquico de 2.700.000 habitantes, donde 2.400.000 son extranjeros», subrayó el también senador bonaerense del Frente de Todos (FdT).
Además, recordó que en ese país de Oriente «hay ausencias de vacaciones pagas», las personas «sufren retenciones de los permisos para salir del país» y en la construcción de uno de los Estadios «fueron denunciadas centenares de personas fallecidas».
«Eso es Qatar y ahí la FIFA realizó un Mundial. Las declaraciones del exmandatario van en sintonía con lo que piensa. Una vez dijo que había que mandar a varios dirigentes en un cohete a la luna o que ‘había sacrificar’ a los gremialistas», apuntó.
Y por último, agregó: «Creó una Gestapo antisindical, espió a su propia familia. Llegó a decir en un momento que los alemanes son una raza superior. Esta es la concepción de Maurico Macri que convalida la situación de un país como Qatar y dice que está en evolución».
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La CGT repudió las declaraciones de Macri, quien halagó la inexistencia de sindicatos en Qatar
La Confederación General del Trabajo (CGT) repudió hoy las afirmaciones del expresidente Mauricio Macri, quien defendió el desarrollo económico de Qatar a partir de la inexistencia de sindicatos, aseguró que «no hay trabajadores libres sin gremios» y reivindicó «la solidaridad».
Un documento de la conducción nacional de la CGT ratificó hoy «el mensaje del Papa Francisco, quien con sus sabias y oportunas palabras ponderó otra vez el rol de los trabajadores y las organizaciones sindicales y la enorme importancia de la solidaridad entre los trabajadores para lograr una mayor equidad en la sociedad».
«No hay sindicato sin trabajadores y no hay trabajadores libres sin sindicato», había asegurado en su momento Su Santidad, en el contexto de «una fuerte defensa del valor del trabajo y de su función social», sostuvo el documento de la central.
Los integrantes del consejo directivo repudiaron hoy en un documento las declaraciones del expresidente Macri, quien reivindicó el desarrollo económico de Qatar en pleno Mundial de Futbol por «la inexistencia de gremios en ese país» árabe. Según la central obrera, es «su errónea apreciación».
«Tamaña expresión es inaceptable por parte de un actor de la política argentina, quien debería promover el dialogo y el encuentro con los sindicatos. Y también desconoce la representación que la Constitución otorga a los gremios y olvida su importancia en la historia social argentina, en la que los trabajadores organizados fueron y son un pilar fundamental del crecimiento de la Argentina», señaló.
Macri, quien viajó a Qatar y no dudó en afirmar en plena fase de grupos que «Alemania -eliminada en primera ronda- es una raza superior», reivindicó el desarrollo económico del país árabe por «la ausencia de sindicatos y vacaciones pagas», lo que hoy repudió la CGT a partir del intento de destrucción de todas las conquistas obtenidas desde 1945.
El senador provincial por el Frente de Todos y titular del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (Sivendia), Omar Plaini, denunció ayer que «las declaraciones de Macri están en sintonía con su pensamiento, porque alguna vez afirmó que había que mandar a varios dirigentes en cohete a la luna o sacrificar a los gremialistas», reseñó.
«Macri creó una Gestapo antisindical, espió a su propia familia, enfatizó hace poco que los alemanes son una raza superior. Esa es la concepción de un expresidente que convalida la situación social de un país como Qatar y sostiene que evoluciona», concluyó.
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Aeroparque. ¿Qué pasa en GPS? No a la expulsión de los delegados en la tercerizada de Aerolíneas Argentinas
El conflicto en la principal empresa tercerizada de Aerolíneas Argentinas se recrudece frente a los ataques de la conducción sindical y la empresa GPS ¿Por qué puede recrudecer el conflicto en plena temporada? ¿Qué buscan estos actores y qué dicen los trabajadores?
Martín BratDelegado GPS | Lista Bordó
¿A qué se deben estos ataques?
Es sabido que las y los trabajadores que cuentan con la representación de sus delegados electos democráticamente tienen mejores condiciones de trabajo que ahí donde los delegados responden a la conducción del sindicato o donde no tienen ninguna representación (como es el caso de muchas empresas). Este no es un dato menor para los trabajadores cuyas tareas en muchos casos no solo demandan un gran esfuerzo físico sino también la exposición a las temperaturas extremas en la pista durante horas. Quienes hayan tenido la posibilidad de viajar en avión nos habrán visto en los Aeropuertos, somos quienes guiamos a las y los usuarios de Aerolíneas en muchos tramos, acompañamos a las personas con problemas de movilidad y también quien cuidamos de los aviones y equipaje en las pistas. Entre otros aspectos que hacen a las condiciones de trabajo, gracias a la organización de base que conquistamos pudimos durante la pandemia pelear por elementos y condiciones de salubridad, algo que la empresa nos negaba y en lo cual el sindicato no se metía. Esto no es un dato menor teniendo en cuenta tanto las condiciones en las que trabajamos como la actitud de desprecio a nuestra salud que tiene la empresa y frente a las cuales el sindicato siempre busca favorecer a la patronal. Lo que quiere la empresa es no tener límites y lo que busca el sindicato es garantizar el deseo de la empresa y que el resto de los trabajadores de los aeropuertos crean que no hay alternativas y que las y los tercerizados siempre seremos trabajadores de segunda o de tercera. Sin ir más lejos el último conflicto detonó frente al despido de Víctor Lemos, un trabajador que había tenido dos ACV cuando frente a un pico de presión la empresa lo mandó en colectivo de línea a la guardia. Frente a esto los trabajadores nos reunimos en asamblea para rechazar el despido y la empresa respondió suspendiendo a 40 trabajadores, mostrando que lo que busca es ser impune.
¿Cómo llegamos hasta acá?
Desde hace tiempo la conducción del sindicato y la empresa vienen queriendo deshacerse de nuestra organización de base, pero este año sus ataques y provocaciones fueron incrementando. El viernes 25 de marzo del 2022 la conducción de la Unión del Personal de Aeronavegación de Entes Privados (UPADEP) tenía que llevar adelante las elecciones de delegados en Aeroparque. Sabiendo que contaban con muy poco apoyo entre sus trabajadores sobre la hora intentaron realizarlas sin las oficializaciones de los candidatos, sin publicar los padrones e imponer un método de votación antidemocrático. Tan burdo que hasta los 4 candidatos (tanto oficialistas como opositores) rechazaron la elección por fraudulenta y el sindicato tuvo que suspenderlas e inventó causas judiciales (que se cayeron) contra los delegados.
Ahora pretenden realizar una Comisión Investigadora sobre esas elecciones (que finaliza el 28 de diciembre) y anunciaron oralmente, en las mismas reuniones dentro del Ministerio de Trabajo, que su intención es expulsar a los delegados para que no puedan volver a presentarse a elecciones. Un dato no menor es que de dicha comisión no participa ningún trabajador de GPS aeroparque ¿Cómo investigan quienes no estuvieron ahí? ¿Qué clase de comisión no da ni el más mínimo derecho a defensa? La maniobra es más que clara.
Frente a su fracaso el sindicato intentó poner delegados a dedo, como en la dictadura militar, a los que llama «representantes interventores». Todo esto en la principal empresa tercerizada de Aerolíneas Argentinas, mientras la gerencia de la empresa matriz mira para otro lado y el Ministerio de Trabajo deja correr el tiempo para que termine la Comisión Investigadora. La última semana la empresa GPS incluso suspendió a un delegado por participar de las manifestaciones contra el despido de Victor Lemos, algo completamente ilegal.
Las y los trabajadores venimos insistiendo a que se convoque a elecciones de manera democrática y sin proscripciones, de hecho realizamos una elección organizada por los mismos trabajadores, con una junta electoral de decenas de trabajadores que venían de participar en listas opositoras a la actual Comisión Interna. La misma se llevó adelante con récord de votantes, el 70% de los trabajadores de GPS que podían votar lo hicieron.
No hay forma de que el sindicato y GPS puedan deshacerse de los delegados electos por su base sin desatar un conflicto de envergadura en pleno inicio de temporada. Esto lo sabemos porque las y los compañeros saben que lo que está en juego son nuestras condiciones de trabajo, nuestro trabajo mismo, nuestra salud y, como vimos con el caso de Víctor, hasta nuestras vidas.
Por eso decimos: ¡No a la EXPULSIÓN de los DELEGADOS! ¡Ninguna sanción a los trabajadores!
Exigimos a la gerencia de Aerolíneas Argentinas que tome cartas en el asunto y llame a la empresa a terminar con sus provocaciones; que el Ministerio de Trabajo deje de mirar para otro lado y que la conducción del sindicato convoque de manera inmediata a elecciones democráticas y sin proscripciones.
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Paro de La Bancaria en el Banco Provincia para exigir la derogación de la Ley que modificó el régimen jubilatorio
La Asociación Bancaria (AB), que lidera Sergio Palazzo, realiza hoy un paro de 24 horas en todas las sucursales del Banco Provincia para exigir la derogación de la Ley 15.008 que modificó en 2017 el régimen jubilatorio de los trabajadores de esa entidad financiera, mientras que desde el Gobierno bonaerense reiteraron el llamado a la oposición para debatir el tema en la Legislatura provincial.
La norma se sancionó durante el Gobierno de María Eugenia Vidal y elevó los 65 años la jubilación para hombres y mujeres que se desempeñaban en el Banco Provincia y estableció un 75% del haber que se cobraba durante los años de actividad en reemplazo del 82% móvil que regía, con el argumento de que ese régimen llevaba la caja a una situación deficitaria.
Esa decisión generó un extenso conflicto con los trabajadores de la banca pública bonaerense y existen en la actualidad más de 5 mil presentaciones judiciales para que se declarare la inconstitucionalidad de la Ley.
En ese escenario, el Poder Ejecutivo envió en 2021 a la Legislatura un proyecto para modificar el régimen jubilatorio del Bapro, en el marco de una comisión especialmente creada por la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
La iniciativa se trabajó durante un año junto a representantes del gremio Asociación Bancaria, de jubilados, la asesoría legal, el Ministerio de Hacienda, la Caja de Jubilados y el Banco y, una vez enviada, la Cámara de Diputados la trató en 4 comisiones.
Desde la organización gremial indicaron que tras un período de intercambio con el Gobierno de Axel Kicillof se logró «un consenso» para presentar un proyecto en la Legislatura bonaerense que modifique la ley contemplando las demandas de los trabajadores, pero lamentaron que la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) se hayan negado «a dar quórum para dar el debate de cara a la sociedad».
«Este miércoles ante una oposición irresponsable que creó el problema y ahora se niega a solucionarlo… ¡paramos! En defensa de nuestra fuente de trabajo, del patrimonio del banco y de nuestros derechos», informaron desde el gremio en un comunicado.
Para la AB, la modificación de la Ley 15.008 ocasionó «un serio daño patrimonial al banco y promovió miles de cautelares, y pone en riesgo la estabilidad del propio sistema previsional ante la maraña de nuevos juicios que se avecinan».
En ese sentido, el secretario general de La Bancaria seccional La Plata, Federico Bach, pidió hoy a diputados y senadores de JxC que traten la reforma de la Ley 15.008 y analizó que trata de una norma «inconstitucional».
«Hay amparos grupales y 5.000 individuales en la Justicia (contra la ley vigente). No tiene lógica, ni hay sustento para sostenerla», analizó el dirigente gremial esta mañana en declaraciones a radio Provincia.
«La Suprema Corte pidió una solución política. Empleados y jubilados del Bapro armamos una mesa de diálogo con el poder político y con el gobernador Axel Kicillof. Llegamos a un consenso de nueva ley, donde todos perdemos un poquito, pero le da previsión al banco», rememoró Bach.
Resaltó que la propuesta «pasó por 4 comisiones, tomó estado parlamentario, pero (Mauricio) Macri, (María Eugenia) Vidal y (Cristian) Ritondo hicieron que no se pueda tratar» e insistió: «Juntos por el Cambio no dio quórum en la última sesión».
«Queremos que la ley no pierda estado parlamentario. Esperamos que la Legislatura trate el proyecto. Judicialmente está claro que se va a ganar todo lo que se presente. Si no hay nueva ley, los jubilados ganarán todos los juicios y eso recaerá en las arcas de la provincia», opinó Bach.
El nuevo proyecto pretende restituir los derechos vulnerados: devuelve la movilidad al 82% para jubilados y del 75% para pensionados, vincula la movilidad con el sueldo de los trabajadores activos, reduce la edad de jubilación de las mujeres a 60 años y equilibra la representación política en el directorio de la Caja.
A la vez, con el fin de evitar que esta reposición de derechos sea una carga sobre las finanzas provinciales, se establece un mecanismo de financiamiento solidario y equitativo: los aportes de los activos se incrementan en 2 puntos porcentuales y los de pasivos en 1.18, y se impone un nuevo régimen para quienes ingresen a trabajar al banco con aportes 5 puntos superiores al esquema actual.
Desde el Gobierno se cree que, con este nuevo esquema de financiamiento, el déficit financiero de la Caja se reduciría 10 años antes a la proyección realizada con la Ley vigente, de forma que no recarga las finanzas provinciales ni compromete el patrimonio del Banco Provincia.
Por otra parte, se condiciona el aporte de las utilidades del Bapro a los requisitos de solvencia del Banco Central, y el Estado bonaerense queda formalmente como garante final del sistema.
Sin embargo, el oficialismo no logra el acompañamiento de la oposición para avanzar con la propuesta.
Al respecto, una fuente del Gobierno bonaerense consultada por Télam indicó que «la ley está cuestionada por unas 5.000 cautelares» y que se envió al Poder Legislativo provincial un proyecto que «se consensuó».
«Desde el Banco Provincia se va a trabajar para garantizar todos los servicios de funcionamiento digital, la distribución de efectivo en los cajeros. Apostamos al diálogo político para aprobar este proyecto que garantiza incluso una reducción del déficit más grande la actual Ley 15.008», expresaron a esta agencia fuentes del Ejecutivo que encabeza Kicillof.
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El Papa criticó duramente a Macri por su defensa del modelo laboral qatarí «sin gremios»
Después de que el ex presidente Mauricio Macri reivindicara el “exitoso” modelo económico qatarí, en el que “no hay gremios” que bloqueen las transformaciones presuntamente positivas impulsadas por el Estado, este lunes el Papa Francisco lo cruzó duramente afirmando que “no hay sindicato sin trabajadores y no hay trabajadores libres sin sindicato”.
Durante una audiencia con delegados de la central gremial Italiana CGIL, el Sumo Pontífice remarcó que es el trabajo el que permite “la autorrealización, vivir la fraternidad, cultivar la amistad social, pero repudió la explotación de las personas y exigió mejores condiciones de seguridad en el trabajo.
En el marco de su visita a Qatar, el ex presidente Mauricio Macri elogió a la sociedad anfitriona del mundial, el desarrollo de distintos aspectos de la infraestructura y la educación que impulsa la monarquía qatarí y afirmó que esa evolución es posible, entre otros motivos, porque en ese país “no hay gremios” que se opongan a ese proceso de cambios progresivos, obviando toda mención a las numerosas denuncias internacionales contra Qatar por los miles de trabajadores muertos que dejó el proceso de preparación del mundial y la construcción de estadios sin las adecuadas normas de protección laboral.
Macri comparó a la Argentina con el país asiático, tomando a este último como modelo: “Qatar está en una evolución fenomenal. El eje de modernización que sigue el emir es muy potente, ellos no tienen complejos, traen a los mejores educadores, están haciendo una evolución, todo se mide, se evalúa, se capacita. Todo lo que queremos hacer en la Argentina y los gremios se oponen. Acá no hay gremios y los chicos reciben cada vez mejor educación”.
Cuestionando explícitamente las afirmaciones del ex presidente argentino, el Papa Francisco afirmó: “Vivimos una era que, a pesar de los avances tecnológicos, y a veces precisamente por ese sistema perverso que se autodefine como tecnocracia, ha defraudado parcialmente las expectativas de justicia en el ambiente de trabajo”. Y añadió: “Y esto requiere ante todo volver a partir del valor del trabajo, como lugar de encuentro entre la vocación personal y la dimensión social. El trabajo permite a la persona la autorrealización, vivir la fraternidad, cultivar la amistad social y mejorar el mundo”.
El Papa también denunció: “¡Todavía hay demasiados muertos, mutilados y heridos en el lugar de trabajo!”. Y añadió: “Una segunda preocupación es la explotación de las personas como si fueran máquinas”. También recordó que durante la pandemia de coronavirus “ha crecido el número de los que dimiten del trabajo”, porque “están insatisfechos con su profesión, con el clima que se vive y se respira en los ambientes laborales, las formas contractuales, y prefieren renunciar”.
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Organismos de DDHH reclaman por el golpe de Estado en Perú y piden liberación de Castillo
Sostien que la crisis esá impulsada por la derecha y con la complicidad de la mandataria interina, la exvicepresidenta Dina Boluarte. Preparan una misión a Perú.
Representantes de organismos de derechos humanos argentinos nucleados en una organización que cumplió misiones en Colombia, Ecuador y Bolivia calificaron la crisis surgida en Perú por la destitución del presidente Pedro Castillo como un «golpe de Estado» impulsado por la derecha y con la complicidad de la mandataria interina, la exvicepresidenta Dina Boluarte, y reclamaron la liberación del ex jefe de Estado.
La posición fue hecha pública en una reunión que tuvo lugar en la sede de la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), en el barrio porteño de Congreso, en cuyo transcurso hicieron también denuncias de violaciones a los derechos humanos en Perú vía Zoom dos dirigente campesinos que rechazaron la decisión del parlamento de adelantar las elecciones, por considerar que esa medida debía ser tomada luego de una reforma constitucional que el mandatario destituido impulsó, pero que fue «saboteada» siempre por el Congreso, según afirmaron.
Las y los integrantes de la Misión de Solidaridad Internacional y DDHH dieron a conocer también una lista con nombre y apellido de 25 personas -la mayoría jóvenes y pobres- muertas por la represión a las protestas surgidas a partir del 7 de este mes, cuando el parlamento destituyó a Castillo, a quien la justicia envió a la cárcel por un período de al menos 18 meses, bajo la acusación de rebelión y conspiración.
Entre otros, hablaron ante la prensa la legisladora porteña (FDT) Laura Velasco, el representante de Patria Frente Grande Gonzalo Armoa y Alejandro Rusconi, de la Asociación Americana de Juristas.
La Misión de Solidaridad Internacional y DDHH tuvo fuerte presencia a partir de noviembre de 2019, cuando realizó una recorrida para verificar denuncias de violaciones a los derechos humanos tras el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales, y luego hizo sendas visitas a Colombia y Ecuador con el mismo objetivo en el contexto de protestas sociales que fueron reprimidas por los organismos de seguridad estatales.
Está en los planes del grupo hacer una misión a Perú, si bien no hay fechas aún definida y queda por planificar qué tipo de actividades podría desplegar si rige el estado de excepción en el país.
Sobre el final de la charla se emitieron videos con saludos de solidaridad para con el pueblo peruano de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y del Premio Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, quien denunció que el «golpe de Estado contra Castillo fue impulsado por Estados Unidos y la derecha, con la complicidad de Dina Boluarte», quien asumió el cargo luego de que el congreso declarara la vacancia del mandatario.
Mediante una comunicación por Zoom, Santos Saavedra, de la Entidad Única Nacional de Rondas Campesinas, que agrupa a unos dos millones de labriegos, aseguró que Castillo fue víctima de un golpe porque el poder «no podía permitir que un campesino fuera presidente de la república», y agregó que el parlamento «es una institución que tiene 4% de imagen positiva» en todo el país.
«Nosotros luchamos junto al presidente Castillo por la formación de una Asamblea Constituyente que reforme la constitución que dejó el dictador (Alberto) Fujimori, pero el parlamento siempre la boicoteó», aseguró.
Por su parte, María Cristina Cambizea, de la Plataforma Nacional Agraria, denunció que la represión estatal «está montada en una campaña de mentiras que nos señala a todas y todos como terroristas», y lamentó el voto de anoche de adelanto de las elecciones de los parlamentarios procedentes de las regiones, pues «no les importa que están matando a nuestras hermanas y hermanos, sobre todo los jóvenes».
Al respecto, la legisladora Velasco recordó que las mismas acusaciones se conocieron en los estallidos sociales que la Misión verificó, en Colombia y Ecuador. «Se repite el modelo de montar una medida y acusar a quien reclama», explicó.
Sobre el final de la reunión pidió la palabra una peruana residente en la Argentina que se presentó como Mercedes López, para denunciar que las autoridades consulares no emitieron respuesta alguna ante las preguntas del amplio colectivo de connacionales que viven en Buenos Aires respecto de la situación en sus ciudades de origen.
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Plataformas
Nueva denuncia penal contra Rappi por lavado de activos
La firma de delivery Rappi, que distribuye bienes de consumo desde 2018 mediante una plataforma digital, fue denunciada penalmente ante el Ministerio Público Fiscal para que «se investigue a quien sea responsable, partícipe o encubridor del uso de trabajadores registrados para maniobras del delito de lavado de activos», informó el gremio.
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Peru Retail
La denuncia 2.551/DGPDH/07, expediente 6.402, presentada en la Unidad de Intervención Temprana (UFE), fue realizada por Gonzalo Ottaviano, un trabajador de delivery e integrante de la conducción de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (Asimm), quien también presentó documentación como prueba.
El dirigente gremial detalló que Rappi “impone a sus usuarios y trabajadores la generación de facturación a través de la firma Gestorando”, y sostuvo que ambas utilizan «un mecanismo para producir sobrefacturación en nombre de esos usuarios y empleados por montos irrisorios desconocidos por el personal y los clientes», según un documento.
Ottaviano realizó la presentación judicial luego de investigar durante mucho tiempo varias denuncias de trabajadores precarizados que cumplen tareas en esa plataforma.
El sindicalista también denunció maniobras patronales para que los trabajadores abonen «los saldos negativos a través de la aplicación ‘Pago 46’, lo que significa una manipulación para que cooperen en movimientos engañosos, ya que no hay forma de que el personal filtre o controle la manera de pago de los pedidos que reciben».
«Al llegar al tope de 10 mil pesos, la aplicación suspende la cuenta del trabajador y no autoriza tareas hasta que no sea saldada la deuda, y se le impone hacerlo con un depósito de dinero por transferencia bancaria a algún agente registrado”, puntualizó.
Ottaviano aseguró en su denuncia penal en representación del gremio que Rappi expone de forma impositiva al personal, por lo que exigió «una inmediata y pronta investigación y esclarecimiento de los hechos para alcanzar rápidamente una instancia probatoria».
«Gestorando y ‘Pago 46’ son empresas de dudosa procedencia, ya que proponen como única vía de contacto un número de whatsapp o correo electrónico que pocas veces funciona. No existe domicilio físico visible, según indicó el documento formal”, añadió.
También sostuvo que «el fraude fiscal, la precarización y la explotación laboral son la marca registrada y la realidad que ocultan las plataformas, que actúan realizando un fuerte lobby y tapiando cualquier acción que las regule», por lo que reclamó en la denuncia que «los responsables de controlar y los legisladores dejen de mirar para otro lado bajo la falsa premisa de la modernización y combatan la complicidad y corrupción».
Ottaviano adjuntó en su presentación pruebas y certificaciones legales de la actividad y metodología de las aplicaciones digitales, como «la captura de pantalla sobre el comentario de un trabajador en Facebook en el perfil de Gestorando, ocasión en la que afirmó que al intentar comunicarse con la empresa «‘nunca pudo obtener respuestas'».
«Se presentaron capturas de pantalla sobre conversaciones en los grupos de whatsapp que integran los repartidores de Rappi, en las que se refieren a las irregularidades de las tres firmas, y otras en las que ‘Pago 46’ ofrece como beneficio el pago de comisiones por operaciones realizadas a supuestos socios registrados», dijo.
Ottaviano presentó también pruebas con las denuncias de un trabajador sobre la sobrefacturación de Gestorando y otras sobre «la alianza entre las tres empresas».
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Un encuentro para garantizar “a todos los pibes, todos los derechos”
Arrancó la Reunión Nacional del Foro por la Niñez con el objetivo de debatir políticas y acciones para poner la “niñez en agenda”. El jueves al mediodía, tras el cierre de la actividad, marcharán a Plaza de Mayo bajo la consigna “la deuda es con los pibes”.
Redacción Canal Abierto | Esta tarde en el Auditorio Eva Perón de la sede de la Asociación Trabajadores del Estado comenzó la Reunión Nacional del Foro por la Niñez con la cosigna de poner «la niñez en agenda». El evento, que se desarrollará durante dos jornadas consiste en una serie de mesas temáticas con posterior puesta en común. Tras el cierre de mañana, las organizaciones que integran el espacio participarán de una actividad del Movimiento de los Chicos del Pueblo en Plaza de Mayo.
La mesa de apertura denominada «La niñez en la agenda estratégica de la clase trabajadora» giró en torno a los desafíos y perspectivas del Foro.
Luego se desarrollaron las mesas de trabajo en dos turnos. Durante el primero las temáticas fueron la construcción del sistema nacional de promoción y protección de derechos y participación popular en la construcción de las políticas públicas y derecho de les pibes a la participación.
Luego de un receso, los ejes abordados en las mesas de trabajo fueron la prevención y erradicación de toda forma de violencia hacia las niñeces y el derecho al cuidado y sistemas de cuidado. En el desarrollo de esta última, se focalizó en el impacto de las políticas de protección social hacia la niñez y la juventud en la erradicación del trabajo infantil, en los sistemas de salud y educación.
“Entendemos, que en esta etapa, es necesario construir nuevos acuerdos, diseñar nuevos objetivos, y trabajar- desde el compromiso y la horizontalidad que nos caracteriza- por un presente diferente para nuestros pibes y pibas, en el que puedan ser realmente protagonistas y sean respetados todos sus derechos. Esto requiere un gran esfuerzo del campo popular, para ubicar este tema en el lugar prioritario que merece”, expresó la Coordinadora Nacional del Foro Rosario Hasperué, al tiempo que detalló que el encuentro será bajo modalidad mixta (presencial y virtual).
La reunión culminará este jueves 22 con las actividades que iniciaran a las 9. En esta segunda jornada se compartirá un mapeo colaborativo, se disertará en torno a estrategias ornganizativas en territorio buscando la consolidación de foros locales y provinciales, y sobre las estrategias de comunicación y difusion.
Tras un cierre con la lectura de la Declaración Nacional del Foro de la NIñez, está prevista una movilización a Plaza de Mayo para acompañar la jornada «La deuda es con lxs pibxs» impulsada por el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo.
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Olmos dictó conciliación obligatoria y frenó el paro en las plantas de Bridgestone, Fate y Pirelli
El conflicto se desató la semana pasada con las suspensiones y despidos en Bidgestone. El Sindicato del Neumátuco resolvió medidas de fuerza en las 3 grandes empresas. El Ministerio de Trabajo dictó conciliación obligatoria y abrió una mesa de negociación.
Luego de la explosiva paritaria de la actividad y tras un breve período de paz social, la relación entre el Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y las principales empresas del sector se volvió a tensionar la semana pasada. De hecho el sindicato anunció un cese de actividades por 24 horas, que iban a comenzar a las 10 de la mañana de este miércoles.
Para evitar que escalen las hostilidades, el Ministerio de Trabajo en manos de «Kelly» Olmos dictó la conciliación obligatoria, lo que pone una tregua a la disputa y abre un campo de negociación.
«El Ministerio de Trabajo nos ha notificado que ha dictado la conciliación obligatoria, retrotrayendo las circunstancias actuales mientras dura esta instancia, a la situación anterior a que se produzcan los hechos que hemos denunciado desde el SUTNA en las fábricas Bridgestone, FATE y Pirelli», señalaron desde el gremio SUTNA.
Y agregaron: «El Sindicato ha decidido acatar esta conciliación por lo que quedan sin efecto las acciones gremiales anunciadas».
Además, indicaron que el miércoles 21 de diciembre a las 12 horas se llevará a cabo una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo de la calle Alem.
El conflicto se desató la semana pasada con las suspensiones y despidos en Bidgestone. El gremio resolvió aplicar un paro de 48 horas en la fábrica que dicha firma tiene en la localidad de Lavallol.
Más tarde anunció una medida general en las empresas Bridgestone, Fate y Pirelli que ahora queda stand by.
El titular del SUTNA afirmó que «las patronales buscan justificar estas reprochables conductas en la conveniencia de incrementar los niveles de producción y disminuir lo que llaman «variantes negativas», pretendiendo desconocer la fundamental importancia que tienen derechos elementales de los trabajadores que velan por la seguridad y la dignidad en los puestos de trabajo».
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En clave 2023, Larreta y Morales presentan un proyecto que reduce indemnizaciones por trabajadores “en negro”
Los presidenciables del PRO y la UCR se muestran juntos en las puertas de un año electoral y le suman tensión a la interna. Es el primer proyecto de ley del programa de Gobierno de Juntos por el Cambio.
Por
LUCAS BO
En sintonía con el discurso de la “mafia” y la “industria” de los juicios laborales, Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley que busca modificar el sistema de multas que los empresarios deben pagar a los trabajadores por deficiencias en la contratación. La iniciativa, que se traducirá en una reducción de la indemnización que cobre un empleado “en negro”, será presentada en un acto que tendrá la presencia de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, dos de los presidenciables del PRO y la UCR. Se trata del primer proyecto que presenta la alianza opositora en el marco de su plan de gobierno si ganan las elecciones, como la excusa de una foto política de alto impacto para las internas de cada partido y que alienta la hipótesis de fórmulas mixtas.
“El actual sistema de sanciones fracasó”, concluyó el análisis de Juntos por el Cambio para argumentar la presentación del proyecto de “Ley de Registración de la Relación Laboral y modificaciones del sistema de certificado de trabajo y remuneraciones” por lo que advirtieron: “No hay más empleo registrado, no hay menos litigiosidad, no contribuyó con el Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS)”. La iniciativa fue una promesa que Rodríguez Larreta y Morales hicieron ante empresarios en IDEA y UIA para dar respuesta ante el reclamo por los “costos laborales”. También “acusó recibo” del proyecto la CGT, aunque todavía sus dirigentes no dieron respuesta.
El proyecto será presentado en la sede de la Coalición Cívica y además de Larreta y Morales también estará la otra presidenciable del PRO, María Eugenia Vidal, los jefes de bloque de JxC en el Congreso, los referentes de las fundaciones de los partidos que integran la alianza opositora y la encargada de ir buscando los acuerdos entre ellas, Julia Pomares. La también jefa de asesores de Larreta participó de las reuniones con la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) quienes aportaron ideas para la elaboración del texto.
En el articulado se definen la relación laboral correctamente registrada y la remuneración no registrada, como también se describe el cálculo de las sanciones por incumplimiento. El objetivo es reducir y redireccionar las sanciones judiciales por trabajo no registrado o mal registrado. El monto de las multas pasará de estar atado al salario denunciado y se vinculará al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Además, no lo percibirá más el trabajador sino que pasará a ser recaudado por la AFIP y de ahí a la ANSES “con la intención de fortalecer su naturaleza solidaria”. Para ello, proponen cambios y derogación de artículos en las leyes Nacional de Empleo, Indemnizaciones Laborales y de Prevención de la Evasión Fiscal.
La ley reducirá el monto de la indemnización que el trabajador o la trabajadora recibe ante un despido y en el que reclama por la falta o mala registración. Un caso práctico de un trabajador registrado que es despedido y hoy cobra 100 mil pesos con un año de antigüedad, por distintos conceptos (preaviso, vacaciones, SAC, entre otros) cobraría casi 369 mil pesos de indemnización. Si se suman multas por falta de registro y por distintos incumplimientos, el monto se eleva a 1.268.721 pesos. De cumplirse lo que busca JxC (derogar y reducir multas y redireccionarlas al Estado), un trabajador total o parcialmente “en negro” pasaría a cobrar 658.221 pesos. Un recorte del 48,1% de la indemnización.
Pero no solo impactará en el bolsillo, sino que también en un juicio los trabajadores perderán una herramienta de negociación con el empresario para conseguir mejores condiciones de pago. Sobre esto último, JxC considera que la actual legislación “desalienta” los acuerdos conciliatorios por la “especulación” del trabajador de obtener un mayor monto al final del juicio.
Los principales nombres detrás de la redacción de esta ley son Ezequiel Jarvis y Horacio Barreiro. El primero es el subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio de la ciudad de Buenos Aires, hombre clave en el vínculo de Larreta con los gremios e integrante de la Fundación Pensar (PRO). El segundo es un dirigente histórico del radicalismo bonaerense, que formó parte de la cartera de Trabajo en el gobierno de Vidal e integra la Fundación Alem (UCR). Ambos están en la mesa de legislación laboral de Juntos por el Cambio junto a las fundaciones de la Coalición Cívica y del partido de Miguel Ángel Pichetto. La Coalición Cívica, cuyo representante en esa Mesa es el exdiputado Javier Campos, también participó en la elaboración.
Según sostienen en el proyecto, “el empleo formal registrado no crece desde 2011” y la informalidad en el mundo del trabajo “fluctúa desde hace décadas alrededor de un 30 al 40%”. Por lo que creen que, de aprobarse la ley, generará una reducción de la litigiosidad y un incentivo para que los empresarios formalicen trabajadores. Por el contrario, abogados laboralistas consultados por El Destape ya están en alerta y aseguran que es “un incentivo a no registrar” por el ahorro que implican las multas más baratas.
Una fuente consultada de JxC al tanto de la propuesta aseguró a este medio que lo que se busca es hacer “más previsible” el sistema laboral. “Contratás a alguien y no tenés idea de cuánto vas a tener que pagar si lo despedís porque no sabés cuáles son las multas que vas a tener por una defectuosa registración”, explica. “El empresario no sabe los riesgos que tiene al contratar a un trabajador”, resume al referirse a “los riesgos” de invertir para el empresario.
Como anticipó El Destape en mayo, Larreta no busca una “reforma laboral profunda” sino “modernizar” la legislación laboral y este proyecto es solo una parte de su plan de Gobierno. Según supo este portal, la agenda laboral en la que trabaja también contempla crear un fondo de cese por sector para reemplazar las indemnizaciones, el fomento de la formación y capacitación laboral, y regímenes simplificados para la economía popular para reducir los planes sociales.
Tras un año en el que Juntos por el cambio atravesó distintas tensiones entre los partidos que lo integran, como también dentro de estos, una de las variantes que hay sobre la mesa de discusión acerca de la estrategia electoral son las “fórmulas mixtas”, es decir, cruzar los candidatos de distintos partidos para fortalecer la unidad de la coalición y evitar que se repita lo de 2015 cuando un PRO puro se impuso en las PASO.
“No descarto una fórmula cruzada, por partido. No descarto ninguna alternativa”, había analizado Rodríguez Larreta en una entrevista con TN a comienzos de noviembre. Por su parte, en diálogo con Perfil, el gobernador de Jujuy había afirmado: “Tenemos que garantizar un gobierno de coalición y las fórmulas integradas formalizan esa situación y marcan un camino”.
El larretismo es uno de los principales impulsores de esta idea para mantener el sistema de alianzas que construyó el jefe de Gobierno porteño en la Ciudad y mantener a la UCR contenida. Con la excusa de este proyecto, que es el primero del programa de gobierno que Juntos por Cambio prepara para aplicar si gana en 2023, Larreta termina el año junto a un socio político y presidente del Comité Nacional de la UCR, ferviente crítico de Mauricio Macri.
No es la primera vez que Larreta y Morales se muestran juntos. Además de visitas del jujeño a la Ciudad y del porteño a Jujuy, la última vez que se los fotografió a ambos fue a fines de octubre en un acto en homenaje a Raúl Alfonsín. Allí hubo duras críticas a Mauricio Macri, quien días atrás había embestido contra la UCR al definir como “populista” a Hipólito Yrigoyen.
Antes de la decisión sobre las fórmulas mixtas, Larreta y Morales deberán oficializar sus candidaturas presidenciales. En paralelo, tendrán que resolver sendas internas en el PRO y la UCR ante los competidores de lo que se llama “el ala dura”. En frente, la otra hipotética fórmula cruzada podría ser Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo. En el medio, Mauricio Macri analiza si va o no por su segundo tiempo.
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Abogados sindicales saltean las centrales y se pronuncian contra la “mafia judicial”
Son representantes legales de la CGT y las CTA que actuaron en coordinación tras la condena a Cristina y en un conflicto usado como bandera macrista.
Por Mariano Martín
A falta de una respuesta unívoca de las centrales obreras, los abogados de esas organizaciones comenzaron a levantar el perfil y acordaron pronunciamientos y acciones para denunciar el accionar de un sector amplio del Poder Judicial en connivencia con medios de comunicación y espacios mayoritarios de la oposición. En las últimas semanas el Foro de Abogados de Organizaciones Sindicales (FAOS) tomó posición respecto de la condena a Cristina de Kirchner, la información relacionada con el viaje a Lago Escondido de funcionarios judiciales, directivos de Clarín y referentes del macrismo y conflictos que la dirigencia que responde a Mauricio Macri tomó como bandera para atacar el movimiento obrero.
La FAOS llegó a reunirse días atrás con la ministra de Trabajo, Raquel «Kelly» Olmos, para buscar en el Gobierno un respaldo político que hasta ahora las propias centrales, la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, parecen no haber acertado a coordinar. El espacio nuclea a medio centenar de letrados entre los que se destacan Héctor Recalde, exdiputado kirchnerista y mano derecha por años de Hugo Moyano, con quien en el último tiempo retomó el vínculo; Marta Pujadas, una de las abogadas laboralistas de la mesa chica de asesores de la CGT y consejera de Gerardo Martínez (albañiles, Uocra); Hugo Antonio Moyano, letrado de Camioneros e hijo del sindicalista del mismo nombre; Héctor García (CTA-T), y Horacio Meguira (CTA-A), entre otros.
La alianza de profesionales del derecho hizo su debut público al presentarse en octubre pasado como «amicus curiae» (amigos del tribunal) en una causa judicial en la que se tramita un conflicto en una empresa láctea tomado como testigo por Patricia Bullrich y otros dirigentes que le responden, como el caso de la exsecretaria de Seguridad de Independiente Florencia Arietto. En ese caso, que sirvió para el macrismo como bandera para la creación de un autodenominado Movimiento Empresario Antibloqueos (MEAB, el mismo que intentó sin éxito participar en las elecciones internas de una patronal de Moyano, la Fadeeac), hasta el propio expresidente se involucró para denunciar supuestas maniobras del gremio de lecheros (Atilra) para impedir la normal producción.
Este mes hubo un nuevo pronunciamiento del FAOS a continuación de la sentencia contra Cristina de Kirchner a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos en la denominada causa «Vialidad». Al respecto el foro se refirió al fallo como «un fuerte retroceso en el devenir del sistema republicano social y democrático de derecho» que estuvo, a su juicio, marcado por «las irregularidades y la falta de garantías para el ejercicio del dercho fundamental de defensa en juicio» de Cristina. «No puede caber duda que la condena impuesta es consecuencia directa de la falta de equilibrio de los poderes del Estado y de la malversación del Poder Judicial de la Nación», añade el texto fechado el 10 de diciembre, día de la conmemoración por los derechos humanos. A pesar de su constitución transversal, los integrantes de FAOS se ocuparon de aclarar que no se trata de una iniciativa de las centrales obreras que asesoran sino de los abogados de manera autónoma, aunque reivindicaron en cada caso su pertenencia. De hecho no hubo participación en CGT de otros referenes letrados como Federico West Ocampo (Sanidad) u Horacio Ferro (Gastronómicos), pese a que esos gremios estuvieron presentes a través de otros letrados de menor jerarquía.
No debería extrañar, sin embargo, que Gastronómicos y otros espacios de la central mayoritaria no quisieran poner su firma en un pronunciamiento como el de la FAOS toda vez que en algunos casos actuaron en sintonía con las avanzadas del macrismo en la Justicia. El propio Luis Barrionuevo declaró púlicamente haber cobijado por meses a un testigo de una causa contra Cristina y también el propio dirigente se hizo de una breve intervención del PJ resuelta por la jueza federal María Servini.
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Organizaciones sociales volverán a movilizarse contra el ajuste
Por Mario Hernandez
Fuentes: Rebelión
La UTEP rechazó el bono otorgado por el gobierno y marchó el viernes a Desarrollo Social comenzando la primera de tres jornadas que continuarán esta semana con manifestaciones el martes frente a hipermercados y el miércoles con cortes de calles y rutas en distintos puntos del país.
Mientras tanto, la Unidad Piquetera adelantó que retomarán las protestas durante la semana y anunció un acampe por tiempo indeterminado en la puerta del ministerio de Desarrollo Social y en varios puntos del interior.
Las organizaciones de la llamada Economía Popular volvieron a salir a la calle el viernes pasado. Miles de manifestantes agrupados en la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) marcharon en la Ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país en rechazo a las políticas de ajuste.
“No podemos aceptar el aguinaldo miserable que se anunció para el sector, es un derecho que conquistamos hace tiempo y nuestras familias también merecen terminar el año con un piso de dignidad. Exigimos que recapaciten y aumenten lo que llaman “bono”, que es un reconocimiento al trabajo que hacemos”, señalan en un comunicado difundido.
Allí también se indica que reclaman «las herramientas necesarias para fortalecer nuestro trabajo en las diferentes ramas de la economía popular y que cumplan con la entrega de alimentos para los espacios sociocomunitarios que sostenemos en los miles de barrios populares de todo el país».
El bono anunciado es realmente insignificante frente a la magnitud de la crisis social. Se trata de una suma de $ 13.500, que se abonará en dos cuotas, la primera el 21 de diciembre y la segunda el 6 de enero. Las encargadas de darlo a conocer habían sido las ministras Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social) y Kelly Olmos (Trabajo).
La movilización de las organizaciones nucleadas en la UTEP marchó al Ministerio de Trabajo, institución de la que depende el plan Potenciar Trabajo, que se abona a más de 1.300.000 personas en todo el país. Ese plan es el que hoy, a tono con los pedidos de ajuste del FMI, el propio Gobierno nacional intenta recortar. Esto viene generando múltiples tensiones al interior del Frente de Todos, entre los responsables políticos de esa cartera y los dirigentes de las organizaciones y movimientos sociales integrantes del Frente de Todos.
Contra ese ajuste también se movilizaron el jueves 15 las organizaciones agrupadas en la Unidad Piquetera, que realizaron cortes de calle y rutas en el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires y en otras localidades del país. Estas organizaciones, que mantienen una posición independiente en relación al Gobierno, vienen denunciando desde hace tiempo el monto bajísimo que implica el Potenciar Trabajo, al mismo tiempo que exigen mayores recursos para comedores populares.
Cientos de miles de integrantes de la Unidad Piquetera cortaron accesos a Buenos Aires y las grandes ciudades
La Unidad Piquetera salió a las calles y puntos estratégicos de todo el país para continuar la lucha por los reclamos de desocupados y precarizados y evitar que prospere el ataque del gobierno, el FMI y las patronales, en el marco de distintas luchas obreras que unen a los trabajadores. Por la derrota de la ofensiva fondomonetarista, y la conquista del bono del 100%, aumento y apertura de los programas sociales, trabajo genuino, alimentos y salario mínimo igual a la canasta básica.
Cientos de miles de piqueteros y piqueteras cortaron los accesos a grandes ciudades, se plantaron en rutas nacionales e internacionales con sus banderas y reclamos. Nadie pudo ignorar a esa marea humana empobrecida, que apunta con sus movilizaciones al corazón del sistema y, sobre todo, pone en evidencia al gobierno del Frente de Todos que con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, llegó para profundizar una línea de ajuste anti obrera, con recortes en las partidas y presupuesto para los trabajadores desocupados, bajo un gobierno que no solo no crea trabajo genuino sino que opera para deprimir los salarios, en consonancia con los reclamos de las patronales.
Bono de subindigencia
Para el caso de los beneficiarios del Potenciar Trabajo el “bono” asciende a miserables $13.500, lo que no representa ni la mitad del propio plan (actualmente $30.000), ni una canasta individual de indigencia de $20.000, por lo que representa las migajas de un gobierno que orienta todos los recursos a garantizar el pago de la deuda externa.
Mientras tanto, el gobierno anunció para las Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia y dependencias de Seguridad un bono de $30.000 (sic).
Este bono de miseria viene después de que se efectivizaran 20.400 bajas en base a los cruces con la Afip, utilizando argumentos como la compra de dólares, a pesar que fueron autorizados por el Banco Central.
Tampoco hay perspectiva de que lleguen las entregas de alimentos para los comedores populares en el mes de diciembre, un reclamo que viene levantando la Unidad Piquetera.
El gobierno subordina la precaria política asistencial al ajuste fondomonetarista, con el recorte de las partidas para hacer frente a las consecuencias del desempleo, la inflación y la devaluación producto de las políticas económicas aplicadas. Además, allanan el camino a los reclamos patronales de liquidación de los programas sociales con miras a la baja de los salarios.
En un país dominado por una pobreza que supera el 43,1% de la población y los 20 millones de habitantes, el reclamo de un “doble aguinaldo” o bono del 100% se extiende como consigna para compensar parte de lo perdido por la inflación.
Llegado el final del año, los planes sociales -en consonancia con el salario mínimo- han aumentado alrededor de un 80%, contra una canasta alimentaria que acumula un 100,8% de aumento y una canasta básica que ascendió el 93,1%. Este deterioro en los ingresos se expresa en las dificultades económicas de miles de trabajadores desocupados y precarizados.
Aun así, desde el gobierno intentaron avanzar en su agenda antiobrera, fueron detenidos por el momento por la respuesta de las organizaciones piqueteras, incluso de las organizaciones sociales oficialistas, las cuales no pueden disimular el marcado rumbo antipopular de la política oficial, que persigue y audita a los pobres y les brinda facilidades y beneficios a los capitalistas.
Tolosa Paz ahora pretende desentenderse de la responsabilidad del ataque emprendido, colocándose como supuesta rehén de la Justicia; sin embargo, el origen de la ofensiva contra los programas sociales se remonta a las tratativas e internas del propio gobierno, con el pedido de informe del ex ministro Juan Zabaleta y el “informe estadístico” del kirchnerista Carlos Castagneto, al frente de la Afip, que inició la campaña sucia contra los trabajadores desocupados.
La Justicia ya le ha puesto un “precio” al juego del gobierno, donde se habla de la baja de 150.000 programas sociales y la insistencia para que se culmine el proceso de auditoría virtual para la primera quincena de enero.
La lucha contra esta ofensiva anti obrera sigue en pie, con un movimiento piquetero con respuesta rápida y capacidad de organización de los reclamos populares, y que levanta entre sus reivindicaciones el bono del 100%, aumento y la apertura de los programas sociales, el aumento del salario mínimo y el trabajo genuino para terminar con la pobreza y el hambre.
Se trata de una respuesta urgente ante la crisis económica vigente, que no debe exceptuar la lucha por una recomposición general de los salarios y la pelea por el trabajo genuino.
Hay «una permanente subestimación al pobre que se organiza colectivamente»
«Queríamos discutir lo que se denomina aguinaldo, pero es un bono para fin de año, 28.000 pesos», sostuvo el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), pero ese planteo «quedó en un segundo plano» luego de que se registraran irregularidades en beneficiarios del Potenciar Trabajo.
«Nosotros estamos a favor de las auditorías. El problema es que el control siempre es sobre los pobres: queremos un Estado que controle todo, como la concentración económica», señaló el secretario general de la UTEP.
Y, al referirse a las críticas de la oposición, agregó: «Lo que hay de fondo es una permanente subestimación al pobre que se organiza colectivamente. Se impone la idea de que los compañeros no trabajan, cuando es un esfuerzo descomunal el que hacen los trabajadores de la Economía popular».
El entramado detrás de la auditoría frenada por las universidades
Por Agencia de Noticias Solidarias (ANSol)
Tras las denuncias por irregularidades y el lanzamiento de la validación de identidades, poco se sabe del trabajo al que se habían comprometido a hacer las casas de estudios. Algunas se negaron a «prestar su sello y prestigio para propiciar la baja del plan social».
Mientras avanza a paso firme la validación de los beneficiarios del Potenciar Trabajo, que en cuatro días recolectó más de 170.000 formularios completados, poco se explicó sobre la trunca auditoría que el 14 de julio pasado se habían comprometido a hacer las Universidades Nacionales tras el acuerdo del entonces ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y su par de Educación, Jaime Perczyk. Desde esa fecha hasta la asunción de Victoria Tolosa Paz en reemplazo de «Juanchi», pasaron tres meses en los que, se esperaba, las casas de estudios pondrían su nombre y prestigio para confirmar o descartar las irregularidades en el programa. Pero, ¿Qué pasó con el polémico informe?
Uno de los asesores directos del ministro Perczyk confirmó ante la consulta de este medio que «cuando asumió Tolosa Paz lo primero que hizo fue cerrar la auditoría que tenían a cargo las Universidades, por lo que no va a existir el informe«. Esto da cuenta de dos posibilidades: que el trabajo que debían realizar la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la de La Plata (UNLP), la de Moreno (UNM), la de La Pampa (UNLPAM), la de los Comechingones y la de Hurlingham (UNAHUR) nunca salga a la luz o que en realidad poco se haya hecho al respecto.
Lo seguro es que el hermetismo es total y pocos quieren hablar al respecto. ANSOL contactó tanto a voceros de la UNAHUR como de UNM para conocer detalles de la auditoría trunca, pero dejaron en claro que no tenían intenciones de hablar del tema. Lo mismo ocurrió con la Secretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Oscar Alpa. Sin embargo, investigadores de otras casas de estudios confirmaron a este medio que al comprometerse a auditar al Potenciar Trabajo, «las universidades les estaban alquilando el sello al Ministerio de Desarrollo Social para realizar una operación mediática en contra del programa» clave para las cooperativas y los Movimientos Sociales.
Esta versión fue asegurada a ANSOL por otro referente económico de una de las universidades del conurbano nacidas al calor del kirchnerismo, quién dejó entrever el malestar generado por el acuerdo entre Perczyk y Zabaleta: «El resto de las universidades no quería hacer la auditoría y se negaron a participar, pero a otras les pareció bien. En nuestro caso no nos interesó formar parte porque generar un informe que propicie la baja del Potenciar Trabajo es polémico, y nosotros estamos en contra ideológicamente de este tipo de medidas. Todo este debate hizo que luego los compañeros que debían hacer la auditoría se echen para atrás, la vieron venir y freezaron el informe«.
Vale recordar que apenas asumió Tolosa Paz, desde el Ministerio de Desarrollo Social informaron a La Nación que hasta ese momento «las auditorías con las universidades solo llegaron a relevar 35.000 beneficiarios de planes» y que «a ese ritmo no se podría terminar el proceso antes de que culmine el mandato de Alberto Fernández». ¿Es cierto entonces que las casas de estudios freezaron la auditoría ante el temor de que usen su sello para perseguir a beneficiarios del programa? Uno de los voceros de la ministra se lo negó rotundamente a ANSOL, aunque no brindó mayores explicaciones.
Lo que es seguro es que la filtración de que «más de 250.000 beneficiarios tenían a su nombre bienes registrables o declararon Bienes Personales o compraron dólares» a pesar de ser falsa y ser desmentida, sirvió no solo para que la Justicia Federal inicie una investigación sino también para que el Ministerio avance en hacer una validación de identidad a través de Mi Argentina para que los 1.383.279 de los inscriptos puedan mantener el programa social. Según aseguró la propia ministra, el 0.3% de casos incumplieron las normas cuando los Bancos les permitieron acceder al dólar ahorro o tarjeta.
¿Para qué un beneficiario del Potenciar Trabajo compraría dólares?
El Instituto del Conurbano (ICO) Bonaerense desarrolló en 2020 el mapa interactivo sobre asistencia social y alimentaria, que da cuenta del acceso e incidencia de los programas como el Potenciar Trabajo en los barrios. Carlos Martínez, investigador docente del ICO opinó que «claramente ese 0,3% que accedió a la compra de dólares no son estafadores, ponerlos en ese lugar es estigmatizador. Nadie que cobre un Potenciar Trabajo está en condiciones de ahorrar en dólares«.
Para el investigador, si un beneficiario compró la divisa extranjera fue «por el contexto de crisis en el que viven, para vender esos dólares y ganar un poco más». Es decir, haciendo uso de lo que la clase media y alta bautizó como «dólar puré»: con un Potenciar Trabajo de $27.275 llegas a comprar 100 USD oficiales, que al cambiarlo en el mercado informal o blue podrían significar $31.000. Es decir, 4.000 pesos más para parar la olla. La pregunta que se hace Martínez es «por qué el sistema bancario permitió que un beneficiario del Potenciar Trabajo tenga autorizada esa transacción».
Consultado sobre el impacto que podría tener la quita progresiva del programa social, aseveró: «el Potenciar Trabajo no tiene un impacto menor, porque es combinable con otros planes. No tiene una gran cantidad de beneficiarios, como pasa con la Asignación Universal por Hijo, pero sí es muy grande en transferencia de ingresos. En el Conurbano hay varios barrios donde todos los vecinos lo cobran por formar parte de una cooperativa. Uno entiende la necesidad del equilibrio fiscal, pero tocar este programa puede ser muy problemático».
Las razones de la ofensiva contra los programas sociales
Por Marcelo Mache
Es evidente que asistimos a una campaña oficial, patronal, mediática y judicial contra los programas sociales, con ataques y difamaciones de todo tipo, pero se omite que solo uno de cada siete desocupados accede a los mismos. La verdadera razón de esta ofensiva es un reiterado anhelo de las patronales: producir una depreciación generalizada de los salarios.
Auditorías y reempadronamientos para producir miles de bajas; fake news sobre supuestos cientos de miles de beneficiarios de los planes comprando dólares y declarando bienes personales; decretos de prohibición de nuevas altas; canje de herramientas por trabajadores; causas judiciales impulsadas de oficio; plan de deslinde del Potenciar Trabajo respecto al salario mínimo; la lista es larga y conduce a un solo propósito: proceder a la liquidación de los programas sociales.
Entre las razones que ofrece el gobierno nacional se destaca el cumplimiento de las metas de “ahorro fiscal” y recorte del gasto público, sin embargo, no se utiliza la misma vara para los trabajadores desocupados y precarizados y para las patronales.
El gobierno acaba de lanzar el “dólar soja 2”, un beneficio para las patronales sojeras que implica un subsidio estatal donde el gobierno absorbe la diferencia entre el valor del dólar mayorista -que ronda los $165- y los $230 que se garantizan por dólar liquidado. Se estiman que se liquidarán alrededor de 3.000 millones de dólares, por lo que el gobierno subsidiará con $195.000 millones, de un saque, a los capitalistas, mientras lleva gastado en todo lo que va del año $363.946 millones en el Potenciar Trabajo.[1]
Si se lo compara con otros ítems durante todo el año, como el pago de servicio de deuda y disminución de otros pasivos en $1.056.974,25 millones, o subsidios a las patronales energéticas en $1.328.309, el gasto en programas sociales resulta irrelevante en términos fiscales, lo que supone pensar que la cosa va por otro lado.
Caída del piso salarial
La existencia de programas sociales, que no alcanzan al conjunto de los trabajadores desocupados, opera como un límite a la caída de los salarios. Es común ver a empleadores renegando porque no consiguen trabajadores para determinados puestos de trabajo, pero sin hacer hincapié en los bajos salarios que se ofrecen a cambio de largas jornadas y/o tareas pesadas.
Esta orientación se expresa en múltiple acciones patronales y gubernamentales. Por ejemplo, en las recientes negociaciones por la actualización del salario minino el representante de la UIA, Daniel Funes de Rioja, se negó a extender el aumento unos $500 para evitar que la cifra total a marzo del 2023 redondee los $70.000.
El gobierno, por su parte, promueve la desvinculación de los programas sociales en relación al salario mínimo, como medio para ajustarlos y reducir su influencia en el gasto público (algo que ya ocurre) y, principalmente, para liquidarlos como refugio ante la precarización y súper explotación patronal y como respuesta limitada ante la desocupación.
La defensa de los programas sociales como asistencia económica a los desocupados en tanto se cree trabajo genuino es de interés para el conjunto de los trabajadores, ya que bloquea la depresión general de los salarios que buscan las patronales y el Estado. La lucha por su apertura y aumento, junto al salario mínimo que cubra la canasta básica, es estratégica para la defensa de una recomposición general de los salarios y para enfrentar a los ajustadores.
Unidad Piquetera: «ustedes inventaron los planes sociales ante el fracaso del trabajo y ahora nos responsabilizan»
Las organizaciones sociales que integran la Unidad Piquetera realizaron el jueves 17 de noviembre una conferencia de prensa frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social.
En una carta abierta dirigida a la titular del ministerio, Victoria Tolosa Paz, sostienen: «nos dirigimos a usted con el objeto de plantearle una serie de cuestiones que preocupan a cientos de miles de trabajadores desocupados que representa esta Unidad Piquetera. En casi tres años del gobierno que usted integra no hemos podido resolver el tan elemental problema de la asistencia a los comedores populares, ni con Arroyo ni con Zavaleta, sus dos antecesores que inclusive se remonta al gobierno de Macri y su Ministra Stanley. Con usted lamentablemente continúa una misma línea, una política de ajuste contra los que menos tienen. No podemos calificar de otra manera la falta de asistencia mínima a los comedores populares, la restricción de determinados productos, para incluir una dieta básica para niños y adultos que desbordan los comedores populares, y la casi nula entrega de herramientas y maquinarias para asistir a los emprendimientos productivos barriales, con proyectos presentados hace varios meses e, inclusive, años, y que siguen sin llegar a los que verdaderamente lo necesitan», denuncian.
Asimismo, apuntan contra lo que consideran una campaña estigmatizante de las organizaciones sociales con el objetivo de recortar los programas sociales: «para colmo y en los últimos días han aparecido informaciones salidas desde su ministerio y de otros organismos del gobierno que son falsas, mentirosas y estigmatizantes, que solo tienen los objetivo de recortar programas sociales y de empujar el ajuste contra los que menos tienen. La información de que habría cientos de miles de personas enormemente ricas, como para ingresar al pago de bienes personales y compra de dólares, tiene una clara intencionalidad política que se enmarca en una campaña que desde Milei a Cristina, pasando por Bullrich, Larreta y el propio Larroque y Kicillof, se empeña en responsabilizar a las víctimas de la desocupación y de la generación de una enorme cantidad de pobres en la Argentina, de indigentes y de personas que necesitan la asistencia del Estado ante el fracaso de la política de construir trabajo», remarcan.
«Los desocupados somos las víctimas de la política de los gobiernos ajustadores de las últimas décadas, no los responsables, –continúa la carta. Ustedes inventaron los planes sociales ante el fracaso del trabajo y ahora nos responsabilizan o quieren presentarnos como aprovechadores, cuando en realidad las organizaciones independientes representamos la lucha por el trabajo genuino y que en ausencia de él, reclamamos que el Estado se haga cargo de asistir a las familias con los programas sociales de los que dispone. El anuncio del cierre de los programas se debe al ajuste que manda el FMI y no que ha bajado la indigencia y la pobreza», sentencian.
«La situación de cientos de miles de familias que siguen sin asistencia se sigue profundizando con la inflación imparable –sostienen. Es mentira que sobran los programas sociales. Es mentira que para ingresar a un plan solo hace falta presentar un listado como dicen algunos fiscales. Es mentira que las organizaciones sociales entramos con un papelito y salimos con los planes en la mano. Les hemos dicho que somos partidarios de la universalización de los programas, sin intermediarios. Nunca lo hicieron. Ustedes saben bien que hay sistemas que impiden el ingreso de una persona que no está en condiciones de recibir un programa social. Si hay alguien que ingresó y no correspondía es responsabilidad integral del ministerio. Seremos los primeros en denunciarlos, porque hay mucha gente a la espera de ese cupo del programa social que ocupa una persona que no corresponde que ocupe».
En la misma línea, consideran que todas estas denuncias que comenzaron a circular en la agenda mediática en los últimos días son una clara maniobra política que responde a internas dentro del Frente de Todos: «estas mentiras se tratan de una maniobra política y de una interna de la que no nos interesa participar. Nos vemos obligados a sacar esta carta ya que parecemos los villanos y los gobiernos parecen las víctimas y es exactamente al revés. Aquí la responsabilidad es enteramente de los que nos han gobernado. Nosotros somos organizaciones que construimos en el territorio la lucha por la tierra, por la vivienda, por el trabajo y por todas las reivindicaciones en forma independiente y en unidad con toda la clase obrera. En definitiva, luchamos por una vida mejor para nuestros compañeros y compañeras».
Finalmente, advierten: «ante los incumplimientos sistemáticos de compromisos mínimos, intimamos en forma urgente a cumplir con la entrega de alimentos y de herramientas que fueron parte de las conversaciones en las que usted comprometió su autoridad, pero que, sin embargo, siguen sin aparecer en los barrios y para los compañeros que lo necesitan. Si esto no ocurriera, los próximos días vamos a volver a tomar en nuestras manos la pelea por las mínimas condiciones y reivindicaciones para nuestros compañeros. Será con los métodos históricos del movimiento piquetero: con movilizaciones, cortes de ruta y acampes. Sin respuestas, solo nos queda luchar por nuestros compañeros y compañeras», finaliza la carta.
Nota del editor:
[1] Los programas Potenciar Trabajo y Políticas Alimentarias fueron incrementados con fondos por $ 120.000 millones en una última partida el jueves 15 cuando se definió una ampliación del presupuesto 2022.
Fuentes: Prensa Obrera, La Izquierda Diario, Página 12, La Nación, Perfil, Resumen Latinoamericano, Anred
INTERNACIONALES
Chau Bolsonarismo: La Corte Suprema autorizó a Lula a aumentar la inversión social
Un juez del Supremo Tribunal Federal señaló que «esos gastos no están incluidos en la base de cálculo y en los límites establecidos en el tope constitucional de gastos».
Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) de Brasil autorizó al próximo gobierno del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva a financiar sus programas sociales por encima del tope de gasto establecido por la Constitución y desbloqueó de ese modo una impasse en el Congreso, se informó hoy oficialmente.
Asimismo, la mayoría del máximo tribunal eliminó el llamado «presupuesto secreto» impulsado por el presidente Jair Bolsonaro.
El magistrado del STF Gilmar Mendes determinó «jurídicamente posible» que «el eventual desembolso adicional de recursos con el objetivo de costear en 2023 el programa Auxilio Brasil puede ser viable mediante la apertura de crédito extraordinario».
«Esos gastos no están incluidos en la base de cálculo y en los límites establecidos en el tope constitucional de gastos», según la decisión del máximo tribunal publicada hoy en su página web y que lleva fecha de ayer.
Lula, que asumirá la Presidencia el 1 de enero, prometió mantener el plan Auxilio Brasil -llamado Bolsa Familia en sus gobiernos-, una asistencia de 600 reales (114 dólares) para las familias más necesitadas, con 150 reales adicionales por niños menores de seis años.
El programa fue lanzado por Bolsonaro pero -a diferencia del Bolsa Familia- tenía un carácter transitorio durante la pandemia.
En la práctica, la decisión de Mendes ofrece una salida a Lula para cumplir con esas ayudas sociales sin recurrir a cambios en la Constitución que se vienen discutiendo en el Congreso.
El Senado dio luz verde a una enmienda constitucional (PEC) que libera 145.000 millones de reales (28.000 millones de dólares) fuera del tope de gastos en los próximos dos años para esas erogaciones.
Pero las negociaciones se trabaron en la Cámara de Diputados, donde una votación en el plenario de esa cámara está prevista para el martes, según la agencia de noticias AFP.
El acceso a los recursos para Auxilio Brasil es visto con prioridad por el gobierno entrante para atender desde los primeros días en el poder los principales desafíos sociales de la mayor economía de América Latina.
Por eso, el presidente electo había negociado con el bloque derechista Centrao, hoy con Bolsonaro, para alterar el presupuesto mediante una enmienda constitucional y así tener un colchón de recursos para pagar uno de sus programas emblema, hoy con otro nombre, tal como había prometido en campaña.
El hambre afecta a 33,1 millones de los 215 millones de brasileños, según la Red Brasileña de Investigación de Soberanía y Seguridad Alimentaria.
Los mercados reaccionaron con nerviosismo ante esos anuncios por temores de un aumento desmedido del gasto público durante el gobierno de Lula.
Hoy además, el STF decidió, por seis votos contra cinco, considerar inconstitucional el llamado «presupuesto secreto», informó el portal de noticias G1, del grupo Globo.
«Presupuesto secreto» es como se dieron a conocer las enmiendas parlamentarias al presupuesto de la administración nacional y cuya distribución de recursos es definida por el relator de presupuesto sin criterios claros y que los partidos de oposición a Bolsonaro habían cuestionado antes de que el tribunal se expidiera en su contra.
Esas partidas eran usadas con discrecionalidad por parte de algunos parlamentarios para llevar recursos directamente a sus municipios, sin participación ni planificación del Ejecutivo, un modelo adoptado por Bolsonaro para protegerse desde 2020 de un posible juicio político.
Según la prensa local, el Congreso pedía a Lula que a cambio de apoyar su propuesta de enmienda constitucional, mantuviera el «presupuesto secreto».
Envio:ResumenLatinoamericano
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