Con posiciones negacionistas sobre La Memoria intentaron amedrentar a la presidenta del capítulo local de la
Asociación Americana de Juristas
Mendoza: “No solo se trata de los
pueblos indígenas, no están
defendiendo la democracia”
Juan Sajor /Resumen Latinoamericano, 30 de marzo de 2023
Fotos: Coco Yañez y Seba Heras
Agrupaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo convocaron a referentes de comunidades indígenas e investigadores académicos, a disertar sobre el odio generado hacia el pueblo mapuche. Además de exponer sobre la probada existencia de los originarios en el sur de Mendoza, y puntualizar lo que esconden los discursos antiindigenista, las y los expositores advirtieron acerca de la necesidad de cuidar la convivencia pluricultural. El radicalismo pretende avanzar en la Legislatura con un proyecto de resolución negacionistas y racista, mediante el cual se busca establecer “que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”.
A las 17, hora planeada para el inicio de la charla, las 50 sillas del Aula 2 de Posgrado ya estaban ocupadas. En ese momento, organizadores y disertantes, que se econtraba listos para comenzar, advirtieron que la convocatoria iba a superar cualquier expectativa y así fue.
La charla debate El enemigo mapuche: construcción del otro desde el odio, organizada por espacios de militancia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, se desarrolló a sala llena, con personas sentadas en el piso y grupos tratando de escuchar desde el pasillo. La concurrencia demuestra en cierta medida el nivel de rechazo frente a la intolerancia que hoy baja de las principales instituciones de la Provincia.
La mesa de oradores estuvo integrada por representantes de comunidades aborígenes e investigadores académicos. Participaron Gabriel Jofré, werkén de la organización Identidad Territorial Malalweche; Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay, referente de la comunidad quechua y responsable del Área de Pueblos Indígenas de la Organización Civil Xumex; Eugenia Figueroa de la Comunidad Colla Queyunp, el antropólogo Diego Escolar y el geógrafo Marcelo Giraud, ambos docentes de la UNCuyo
La diversidad sirvió para mostrar desde distintos puntos la construcción de la mirada sobre los habitantes originarios. Desde los estudios académicos hasta las distintas experiencias de las propias organizaciones, recorrieron el largo proceso de pérdida de territorios, violaciones de derechos, exclusión y lucha permanente, que sostienen los pueblos ancestrales en Argentina.
De parte de las organizaciones, la primera en tomar la palabra fue Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay. La joven habló desde lo jurídico refiriéndose, entre otros aspectos, a los derechos consagrados. “Desde 1985 hasta la fecha tenemos legislación nacional, reforma constitucional, compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, tenemos legislación provincial y ley 6920, sin embargo, ¿hoy tenemos derechos?”, planteó.
Luego de mencionar una larga lista de incumplimiento de los deberes del Estado, la mujer reclamó por la prolongación de las diatribas: “Los discursos de odio, que atraviesan todo el arco político, hacen que todos los pueblos estemos atravesados por una misma situación, un contexto político muy fuerte, porque empiezan a meterse con nuestros derechos”. Y agregó: “Mi conocimiento, el conocimiento de mis hermanos que contiene la historia de todos y todas nuestras antepasadas, nos dice que cuando se posicionan contra los pueblos indígenas no es por capricho, sino porque nos planteamos una cosmovisión completamente distinta al sistema capitalista, mercantilista, individualista, extractivista. Nuestra visión es colectiva, comunitaria y armónica, completamente distinta al sistema que nos ha regidos desde hace 500 años. Más allá de las diferencias ideológicas, los pueblos indígenas incomodamos por nuestra filosofía de vida”.
El referente de la comunidad Malalweche, Gabriel Jofré, designado para el cierre del debate, apuntó a la “falta de identidad” como caldo donde crecen los discursos de odio. En ese sentido describió: “Está tan centralizada la historia que se enseña que la identidad de Mendoza es la acequia, cuando en el 95% del territorio no hay acequias. Muchos somos los que tenemos otra historia, en nuestro caso somos puesteros milenarios”. En esa línea evocó los trabajos del historiador Mario Elio Brailovsky.
Al respecto de la campaña de demonización que el Gobierno de Mendoza sostiene sobre las comunidades y el pueblo mapuche, Jofré fue categórico: “Estamos en una situación de emergencia importante, terrible. Hay una parte de la clase política que está pasando por encima de los votantes y tomando definiciones en favor de intereses extractivistas. No solo están haciendo campañas mediáticas para confundir a la gente y llevarse los votos, además no están generando la condición democrática. Nos vemos en una encrucijada histórica porque hoy tenemos que unir fuerzas con varios sectores para defender el sistema democrático que, con todos sus problemas, ha generado la inclusión de un montón de derechos. No solo se trata de los pueblos indígenas, no están defendiendo la democracia”.
Anteriormente el especialista en estudios geográficos, Marcelo Giraud, había expuesto sobre el hilo conductor entre la denominada Campaña del Desierto y la última dictadura cívico militar, y el avance en ambos momentos de la concentración de los dueños de la tierra que jamás se detuvo. Giraud también habló de la doble vara a la hora de valorar la entrega de tierras al recordar que en 1902 Mendoza efectuó por ley el histórico traspaso de 2.311.000 hectáreas de Malargüe a 30 familias porteñas. El especialista agregó que, en la actualidad, el 14,7% del territorio de este departamento está en manos de extranjeros, poco menos del límite del 15% que establece la ley 26.737, como máximo de toda la titularidad del dominio o posesión de tierras rurales por parte de foráneos a nivel departamental. El académico que también integra la Asamblea por el Agua advirtió, en sus conclusiones, que la narrativa está escalando y que, en definitiva, lo que se persigue es la derogación de las leyes indigenistas.
A lo largo de la charla, las y los oradores se tomaron el tiempo para explicar un hecho puntual de la campaña de difamación sobre el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y el pueblo mapuche, y es que sus principales voceros, el gobernador Rodolfo Suarez, el ministro de Gobierno Víctor Ibáñez y el senador nacional Alfredo Cornejo hablan de “entrega de tierras”, cuando la resolución de este organismo se refiere a “reconocimiento” de la ocupación, lo que no implica “cesión” de tierras.
El doctor en Antropología, Diego Escolar, centró su intervención en la historia de los grupos étnicos que habitan el sur de Mendoza y los discursos negacionistas a lo largo de los siglos. En referencia a uno de los ejes del relato antiindigenista, que pretende señalar que los mapuches son y fueron indios chilenos, el docente e investigador ordenó su exposición sobre tres puntos. Primeramente, habló sobre la cronología de los hechos y explicó que “en estas tierras habitaban grupos que estacionalmente o en ciertos periódicos histórico poblaban de uno y otro lado de la cordillera, que no eran indígenas que vivían en Chile o Argentina, porque ambos estados no existían en aquel momento y puntualizó que la frontera como tal (cordillera) se establece después de la Campaña del Desierto (1878-1885)”.
Luego Escolar se refirió a la compleja historia indígena: “Mapuche no es un grupo étnico que tiene una única cultura, inclusive antes tenían otras denominaciones, en Mendoza encontramos que grupos que habitaban esa zona eran llamados picunches, pehuenches, tunuyanes, moluches, entre otros. Su historia es tan compleja como la historia del Estado argentino, tenían procesos políticos muy complejos con grandes conflictos y alianzas. Es inútil, por lo tanto, decir que si los mapuches no aparecen en un documento colonial no existían. Los mapuches son el resultado de esa historia indígena y son el nombre con el cual se denomina a los descendientes de los otros pueblos indígenas”.
Por último, el antropólogo se refirió a los intentos de exterminio: “Después de la Campaña del Desierto, en Mendoza se produce un genocidio mapuche y una incorporación forzada de prisioneros indígenas que venían de la Patagonia y el sur mendocino. Los niños eran repartidos como esclavos, a pesar de que estaba abolida la esclavitud, en las plazas, campos de concentración indígenas, corralones, comisarias, etc. y se los quedaban las familias poderosas de la provincia. Esos niños pasaron a manos de sus apropiadores, que figuraban en las actas como padrinos. Se les borraron sus nombres originales y se suprimieron los lazos familiares, sus memorias y el conocimiento de su linaje”.
A modo de cierre, Escolar reflexionó sobre la actualidad del conflicto y subrayó que “no es casualidad los palos sobre el pueblo mapuche, el último dato de la encuesta complementaria del Censo Nacional, que data de 2005, dice que en Argentina 113 mil personas se autodefinen como mapuches, con lo cual es la identidad más numerosa y tal vez el pueblo más organizado políticamente. Además, están en zonas estratégicas para la acumulación de capital, para la expansión de los negocios petroleros e inmobiliarios”.
La disertación del investigador del Conicet dio paso a intervenciones de las referencias de las comunidades y así se completaron tres horas de un debate “necesario y urgente” , como definieron sus organizadores, en un ámbito sacudido recientemente por las expresiones de intolerancia y violencia de fanáticos religiosos.
La actividad fue posible gracias al trabajo conjunto del Movimiento Arturo Roig, el Movimiento Universitario Juana Azurduy, Alternativa (Docentes de Filosofía), Espacio La Carretero, La Micaela Bastías, Seminario en Defensa de la Universidad Pública, Xumex, Con Vos y Militancia Universitaria.
Escribanía Cambia Mendoza & Asociados
Entre las y los asistentes que llegaron a la Facultad de Ciencias Políticas para seguir la charla sobre la construcción de El enemigo mapuche, estuvieron la diputada por el Frente de Todxs, Laura Chazarreta y su par, José Luis Ramón, del partido Protectora Fuerza Política. Ambos son miembros -este último presidente- de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara Baja.
En las últimas semanas se organizaron tres jornadas de consulta sobre el tema mapuche en Mendoza. En la primera, la Comisión convocó a académicos que rebaten la presencia de este pueblo originario en el territorio del sur provincial: los historiadores Pablo Lacoste y Andrea Greco, y el antropólogo Gustavo Neme. Para la segunda jornada se invitó a catedráticos y referentes que defienden los derechos de los pueblos indígenas: los doctores en Antropología Florencia Roulet, Diego Escolar y Julieta Magallanes; el director de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas del INAI, Martín Plaza; el director de Asuntos Jurídicos del INAI, Celso Fernández Duarte; y Gabriel Jofré, miembro la organización Identidad Territorial Malalweche.
Luego de la consulta, los integrantes de la Comisión, con visibles posturas enfrentadas, elaboraron dos despachos, uno en mayoría con la firma de Cecilia Rodríguez (UCR), Evelin Pérez (UCR) y Josefina Canale (PDP), y otro en minoría, con las firmas de José Luis Ramón (Protectora) y Laura Chazarreta (PJ-FdT).
El despacho de mayoría propone a la Legislatura que exprese “repudio por el decreto N° 850/21 del Poder Ejecutivo Nacional, que prorroga y modifica la Ley 26.160”; que el cuerpo legislativo manifieste “preocupación por el procedimiento realizado por el INAI en las resoluciones 36/2023; 42/2023 y 47/2023 de dicho organismo”; y, finalmente, que la Cámara afirme “que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”.
Los legisladores presentes en la charla-debate en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales adelantaron que este 29 de marzo el radicalismo dará tratamiento al despacho de comisión, y que posiblemente logre aprobar el dictamen de mayoría. Por este motivo las organizaciones y comunidades indígenas de Mendoza convocaron a la población mendocina a la Legislatura para “defender los derechos adquiridos por los pueblos indígenas, reconocidos en la Constitución Nacional y los Convenios Internacionales suscriptos por nuestro país”.
AHORA | «EL ENEMIGO MAPUCHE»
Hace instantes, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, se dio inicio a “El enemigo
FUENTE: El Otro Diario
Sobrevivió a un ataque de transodio
y luchó 10 años para que la Justicia
la escuchara
Por Alexis Oliva, Resumen Latinoamericano, 30 de marzo de 2023.
En 2013 Maxim Tabari, una joven trans que vive en Traslasierra (Córdoba), sufrió un ataque al que sobrevivio con secuelas. Organizaciones LGBTIQ+ denuncian desidia policial y judicial.
Maxim Tabari era una joven trans de 19 años cuando el 28 de abril de 2013 fue atacada a palos por Matías Enrique Farías y su sobrino –entonces menor de edad–. La atacaron mientras dormía en su casa de barrio Villa Sarmiento, en la periferia de la ciudad de Villa Dolores, Córdoba. El ataque le causó un traumatismo de cráneo, lesiones en su rostro y la ruptura del tabique nasal. Y le dejó secuelas que hasta hoy demandan medicación y tratamiento.
Sin embargo, en los inicios la causa se calificó como “lesiones leves”. Diez años después, fue elevada a juicio en los Tribunales de Villa Dolores como “Farías Matías Enrique y otro, por homicidio calificado por alevosía con la intervención de un menor de 18 años en grado de tentativa”. Los colectivos LGTBQI+ que acompañan a la víctima consideran que este nombre – carátula- que le pone la Justicia, es insuficiente, por no contemplar “la explicación social que genera estos crímenes, el transodio que día a día vulnera los derechos de las diversidades en este territorio”. Así lo señalaron en un comunicado de Casa Diversa Traslasierra.
“Esa no fue la primera agresión. Un año antes hubo otra. A Matías Farías se le habían perdido siete porros mugrosos y me echó a mí la culpa. Llegó una mañana a mi casa y me rompió las cosas y la puerta. Esa vez vino con un cuchillo. Yo fui a la Policía de Villa Sarmiento, de Villa Dolores y a la Fiscalía y no me tomaron la denuncia. Entonces, lo tuve que denunciar en la radio. Así empezó todo. Pero el segundo episodio fue peor”, relata Maxim a Presentes.
Según su relato, Farías y su sobrino entraron a su casa y la atacaron mientras dormía. “Primero me pegó con un palo el sobrino. El primer instinto que tuve fue de reducirlo, pero me pegaron otros palos y me desvanecí. Salieron corriendo, yo sentí como un tropel, ya no podía ni ver”. Auxiliada por sus vecinos, debió ser atendida primero en el Hospital de Villa Dolores y en Córdoba capital. Todavía padece secuelas y lesiones irreversibles, como dolores de cabeza crónicos y un hundimiento en el lado derecho del cráneo.
Primer juicio por transodio en Traslasierra
Demorado por varios motivos –el hoy acusado estuvo prófugo y lo capturaron en diciembre, el extravío del expediente, las restricciones durante la pandemia, un abogado defensor afectado por el Covid, pero sobre todo por la lentitud en la investigación policial y judicial–, el “primer juicio por transodio de Traslasierra” comenzó el 13 de marzo. En el banquillo de los acusados sólo está sentado Matías Farías. Su sobrino, hoy de 27 años de edad, permanece con paradero desconocido desde el día en que atacaron a la joven trans.
“Parece que la Policía y la Justicia de Córdoba no pueden dar con una persona sin influencias. Algo pasa. Hace diez años que está prófugo, o sea que nadie lo fue a buscar”, dice Germán Romero Marcón, abogado que representa a la víctima.
«Nunca buscaron las pruebas para hacer justicia»
Para el querellante, la demora tiene una sola explicación: “Estamos en el interior del interior y Maxim es una persona sin recursos. Si no hubiéramos intervenido nosotros y las personas que se solidarizaron con ella, en dos años más hubiera terminado prescribiendo, como tantos delitos que prescriben en esta jurisdicción”.
“La instrucción y la investigación han sido deficientes. Se carecen de estudios clínicos, el material con que se produjo la herida y otros que demuestran la poca importancia que se le dio al caso y a la víctima”, expresan desde la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra. En otro comunicado posteado en su sitio de Facebook, añaden: “No habría juicio si no hubiera sido que ella amenazó con ‘traer un colchón y dormir en Tribunales hasta que hagan algo’ con su causa. Y así llegamos a un juicio tres veces cancelado”.
Para Ru Guzmán, militante de Casa Diversa, es necesario que exista “más formación en derechos humanos en las instancias legales. Y recordar siempre que las vidas trans existen y resisten en este territorio, a pesar de su obligada invisibilidad social”.
“Yo siempre fui a reclamar porque no pasaba nada y este (Farías) venía y me hacía burla. Se me reía en la cara –cuenta Maxim–. Si una se defiende porque la Justicia no hace nada, una tiene que hacer justicia por mano propia o esperar que Dios los castigue. En el juicio hay un montón de trabas para que yo no esté, porque saben que no me le callo a nadie. Nunca se ocuparon de buscar las pruebas para intentar hacer justicia”.
Una oportunidad
De los crímenes de odio en que fueron víctimas personas trans en los últimos años en Córdoba –Estrella Belén Sánchez, Denisse Montenegro, Cindy Arias, Pamela Torres, Marion Gorak, Viviana Echenique y Laura Moyano, entre otras– el único que llegó a juicio oral y público fue el de Azul Montoro. Azul fue asesinada de 17 puñaladas y un golpe en la cabeza el 17 de octubre de 2017. A su agresor, Fabián Casiva, se lo condenó a prisión perpetua el 22 de agosto de 2019 con la figura de femicidio.
El transfemicidio de Sofía Bravo, asesinada por el camionero Rodrigo Nicolás Espíndola el 6 de enero pasado en la ciudad de La Carlota, tiene la instrucción prácticamente concluida y debería llegar a juicio este mismo año.
El martes 4 de abril desde las 10, el juicio de Maxim Tabari tendrá su última jornada, con los alegatos de la fiscalía, querella y defensa, la deliberación de los jurados populares y la lectura de la sentencia.
Presentes consultó a la fiscal Eugenia Ferreyra si su calificación del episodio que se juzga contemplará el componente de discriminación y violencia de género, pero la funcionaria se excusó de responder: “Por ahora nada que informar, aún no ha terminado el juicio”.
Por su parte, el abogado de la querella anticipó que planteará la figura de “tentativa de homicidio calificado y agravado por alevosía, por la intervención de un menor y por violencia de género, por ser la víctima una persona trans”. “No sabemos qué va a solicitar la fiscalía, pero tenemos esperanza de que el jurado popular va a avalar la culpabilidad del acusado. Y que los jueces así lo van a apreciar”, manifestó a esta agencia el abogado Romero Marcón.
A días de que su pelea por justicia llegue al desenlace, Maxim les habla a quienes como ella han tenido que defender su identidad frente a discriminaciones y violencias. “A no callarse, a decir todo lo que uno siente y piensa. A luchar cada día por salir adelante y ser mejor persona. En esta vida nadie es perfecto y todos somos diferentes en cuerpo, pensamiento y actitudes. A nunca bajar los brazos y luchar por nuestros sueños, que después de la tormenta siempre sale el sol”.
Ahora, el Poder Judicial tiene en sus manos la opción de que este juicio sea para ella una experiencia de revictimización. O un punto de partida para empezar a reparar el daño con un poco de justicia.
Fuente: Presentes
Las Fuerzas Armadas anunciaron la militarización
de Vaca Muerta y otros enclaves del
extractivismo
Por: Juan Duarte, Resumen Latinoamericano, 30 de marzo de 2023.
El jefe del Estado Mayor Conjunto, Juan Martín Paleo, anunció «ocho planes de campaña» que implican la militarización de áreas de «recursos naturales y espacios soberanos» del país, como Vaca Muerta, el Atlántico sur y zonas de extracción de litio. Lo hizo durante la apertura y primer encuentro del Ciclo de debates para la elaboración del Libro Blanco de la Defensa Argentina 2023, en el Salón almirante Brown de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF), en la ciudad de Buenos Aires. Fueron publicados el 24 de marzo pasado en la cuenta de Twitter del Ejército.
Paleo señaló que «a partir de la directiva del poder político acerca del Planeamiento de la Defensa 2023», el Estado Mayor Conjunto elaboró «ocho planes de campaña que contemplan principalmente la defensa de los recursos naturales y los espacios soberanos del país». Asimismo, dijo que seis de ellos continúan desarrollándose y «se espera que se conviertan en ejercicios en el terreno para las Fuerzas Armadas».
«Este año vamos a poner en práctica tres: uno es el de la zona del Comahue, donde se encuentra Vaca Muerta; otro de la zona Buenos Aires, que es fundamentalmente la zona de Bahía Blanca y el complejo nodal de comunicaciones; y otro del Atlántico. Vamos a poner en práctica nuestra capacidad de desplazar medios militares para disuadir, y en el caso necesario defender, nuestros objetivos de valor estratégico», señaló.
En el anuncio, se refirió a los yacimientos donde se explota el litio como “fronteras a través de las cuales ingresan divisas al país”, que también se verían alcanzados por el nuevo despliegue militar. Y planteó que, debido a la escasez de recursos militares para la extensión del país, el enfoque tradicional de la defensa militar no era adecuado por lo que decidieron cambiarlo. «La geografía separa fronteras de naciones, ese era el enfoque tradicional desde Napoleón», señaló. «Decidimos echar mano a otro concepto: la conectografía», que «relaciona infraestructuras y cadenas de suministro. Hay una evolución de la geografía política a la geografía funcional».
Mientras informaba sobre la militarización de zonas como Vaca Muerta o el Atlántico, mencionó el caso de un aeropuerto, una central hidroeléctrica o la localidad atlántica de Las Toninas —donde se ubica el cable que conecta con internet a todo el país— como vías por donde ingresan al país mercaderías, personas, energía o información. Y argumentó: «Un yacimiento de litio, como Vaca Muerta, u otros yacimientos de otros recursos que tenemos, ¿no es una frontera a través de la cual ingresan a nuestro país las divisas que necesita para desarrollarse? ¿No lo debemos considerar como un concepto ampliado de frontera?»
Asimismo, buscó desarrollar un supuesto «marco teórico» estratégico ubicando el año 1989 como parteaguas con la caída del Muro de Berlín y el desarrollo de la World Wide Web y ubicar a Gran Bretaña como contendiente estratégico central.
Un anuncio para el Fondo Monetario Internacional
El anuncio resulta significativo en un contexto en el que tanto el gobierno nacional como los provinciales, del oficialismo y de la oposición, están decididos a profundizar aún más el modelo extractivista sobre los bienes comunes naturales, con el objetivo central de pagar una deuda ilegítima e ilegal con el FMI.
Esto significa disciplinar a las poblaciones, pueblos originarios y trabajadores que luchan contra la acción de las empresas, centralmente de capitales transnacionales, que arrasan sus territorios transformándolos en zonas de sacrificio. La militarización de Vaca Muerta no es casual: Chevrón o Shell tienen intereses clave en ese yacimiento; ni lo es la intervención en el Atlántico Sur cuando el gobierno impulsa la exploración y explotación offshore de petróleo y gas, nuevamente junto a British Petroleum, Shell o Equinor, y un nuevo centro de fracking en Santa Cruz (Palermo Aike) que tendrá sus puertos exportadores.
Tampoco resulta casual la alusión al litio, verdadera amenaza al agua para las comunidades y ecosistemas altoandinos en el noroeste del país. La Secretaria de Asuntos Estratégicos del Ejército de Estados Unidos, Laura Richardson, declaró varias veces que este mineral es un objetivo estratégico central frente a China y Rusia. La norteamericana Livent, que se dedica a la extracción de esa sustancia, ya causó un desastre ambiental en Catamarca en febrero pasado.
En el polo petroquímico de Bahía Blanca operan, entre otras, la malaya Petronas, la estadounidense Dow, la Israelí Mekerot y muchas otras. Pero esta es solo la mitad de la lista, que puede incluir a las mineras Barrick Gold, Panamerican Energy; a productoras de hidrógeno verde como la australiana Fortescue; a centrales hidroeléctricas, empresas del fracking y un largo etcétera.
Estos anuncios no significan otra cosa que blindar militarmente la planificación de la entrega extractivista que planean los gobiernos, el ecocidio y el saqueo de los bienes comunes naturales y de la economía del país. A días de un nuevo aniversario del 24 de marzo, estos planteos del Ejército genocida merecen repudio y atención.
FUENTE: Agencia Tierra Viva
Cristina Fernández acusa a senador estadounidense Ted Cruz
Resumen Latinoamericano, 30 de marzo de 2023.
Mediante diversas capturas de noticias, la vicemandataria puso en evidencia los ingresos del senador republicano sobre las empresas de gas y petróleo.
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, denunció este miércoles al senador estadounidense Ted Cruz como cómplice del poder Judicial en la investigación en su contra por presunta corrupción.
Mediante diversas capturas de noticias, la vicemandataria puso en evidencia los ingresos del senador republicano sobre las empresas de gas y petróleo, mencionando el interés en la explotación de la región de Vaca Muerta en Argentina.
Cruz solicitó sanciones en contra de Fernández de Kirchner cinco días antes de que intentaran asesinarla, basado en las acusaciones del fiscal Diego Luciani. Además, solicitó que se le prohibiera la entrada a los Estados Unidos (EE.UU.).
El Gobierno del presidente Alberto Fernández declaró que la petición de Cruz evidencia quiènes están detrás de la persecución judicial contra la exmandataria argentina (2007-2015).
En agosto de 2022, Cruz atacó a Fernández. El senador republicano acusó a la vicemandataria de “convulsionar las instituciones argentinas y socavar los intereses estadounidenses en este país y la región”.
Por su parte, Eduardo Bolsonaro, político e hijo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, compartió en Twitter las declaraciones de Cruz y le expresó su apoyo.
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CUANDO EL IMPERIO CARGA CON MUNICION GRUESA: LA NUEVA EMBESTIDA DEL SENADOR DERECHISTA TED CRUZ
El senador republicano estadounidense, Ted Cruz, volvió a cargar contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. En la antesala del encuentro entre Joe Biden y Alberto Fernández, el aliado de Trump presentó una iniciativa para «investigar y sancionar» a la jefa del kirchnerismo por corrupción con el fin de «proteger los intereses» de Estados Unidos en el extranjero.
Se trata de la segunda vez que el miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos le reclama al actual inquilino de la Casa Blanca que investigue y sancione a Fernández de Kirchner en el marco del desarrollo de la Causa Vialidad por la que fue condenada en primera instancia.
«Cristina Kirchner es una política profundamente corrupta que ha socavado el estado de derecho de Argentina y sus instituciones políticas. La evidencia en su contra es pública, creíble y respaldada por los tribunales argentinos. Biden debe sancionarla a ella y a sus asociados», aseguró Ted Cruz en Twitter este miércoles, luego de anunciar el proyecto de ley.
En la Casa Blanca con Biden, Alberto Fernández condenó la guerra en Ucrania y pidió apoyo en el FMI
Además de la Vicepresidenta, en su presentación Cruz pidió incluir en la investigación al diputado Máximo Kirchner; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y el senador Oscar Parrilli.
La iniciativa del senador Cruz, un acérrimo crítico de la gestión demócrata, deberá contar con el vistobueno de Biden para seguir su curso. En tanto, si el titular del Ejecutivo considera que los apuntados cumplen los criterios para ser sancionados por corrupción, deberá ordenar la imposición de las sanciones a través de la aprobación de la ley.
De qué trata el proyecto de Ted Cruz contra Cristina Kirchner
Para solicitar la medida en contra de Cristina Kirchner, Ted Cruz argumentó que «en diciembre de 2022, Fernández de Kirchner fue condenada por un tribunal federal argentino por haber supervisado, con la ayuda de sus hijos y asociados, un elaborado plan de sobornos y comisiones ilícitas que defraudó al pueblo argentino en miles de millones de pesos». En esa línea sostuvo que la «evidencia» en contra de la vicepresidenta es «pública, creíble y respaldada por los tribunales».
Entre los fundamentos del proyecto, Cruz destaca la presencia de Irán en el país y la presunta complicidad del kirchnerismo, a quien acusó de «poner las instituciones argentinas al servicio de la campaña de terrorismo global» del país persa. Según su interpretación, esto «socavó los intereses de seguridad estadounidenses» en la región.
El pedido del senador republicano al presidente estadounidense se enmarca en el combate contra la corrupción anunciado por el propio Biden, uno de los ejes de su política exterior hacia América Latina.
Si bien nunca se expidió sobre los pedidos contra la vicepresidenta argentina, el último gobierno demócrata ya sancionó a varios políticos latinoamericanos, entre ellos el actual presidente de Paraguay, Hugo Velásquez y su antecesor Horacio Cartes; el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli y la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras.
Marcha hacia la embajada sionista
y acto político-cultural conmemorando
el Día de la Tierra Palestina
Resumen Latinoamericano, 30 de marzo de 2023
En Buenos Aires, con motivo del Día de la Tierra Palestina, se realizó una manifestación hacia la embajada de «Israel» repudiando las acciones criminales que Tel Aviv descarga cotidianamente contra el pueblo palestino. Como suele ocurrir cada vez que se produce una movilización, la unidad entre la embajada sionista y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vallaron la avenida de Mayo a ambos lados de la sede diplomática, algo absolutamente insólito e impune.
Sin embargo, frente a las vallas y ante una fuerte presencia policial, se colgaron banderas palestinas, se gritaron consignas («Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar»), y se realizó un acto político-cultural, que consistió en la lectura de poemas palestinos, canciones y un monólogo teatral. Esta parte, fue motorizada por el Frente Cultural Che Adelita y por la Federación Internacional de Escritores por la Libertad (FIEL).
Se escucharon audios que trajeron la adhesión del actor Norman Briski y de Norita Cortiñas, desde Tierra del Fuego, donde está participando en un acto por la memoria.
Finalmente habló la presidenta de la Federación de Entidades Palestino-Argentinas, Tilda Rabi, quien lo hizo también por el Comité Argentino de Solidaridad con el pueblo palestino, y referentes del MST, las Asambleas del Pueblo y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
MENSAJE DE NORMAN BRISKI
JUAN ASTORGA DEL FRENTE CULTURAL CHE ADELITA
ELSA BRUZZONE, PRESENTE EN EL ACTO
ELIANA WASSERMANN, DEL FRENTE CULTURAL CHE ADELITA
LEONARDO HERRMANN, DE FIEL
HABLA TILDA RABI
REPRESENTANTE DEL MST
REPRESENTANTE DE LAS ASAMBLEAS DEL PUEBLO
REPRESENTANTE DE LA OLP-RESISTIR Y LUCHAR
REPRESENTANTE DE LA LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS HUMANOS
La pobreza afectó a 18,2 millones
de personas en la segunda mitad
de 2022
Resumen Latinoamericano, 30 de marzo de 2023.
Foto: Leo Vaca / Télam
Indec informó que se trata del 39,2% de la población argentina. Subió respecto del mismo período en 2021 y del primer semestre de 2022.
El índice de pobreza alcanzó al 39,2% de la población económicamente activa al cierre del segundo semestre del pasado año, por encima del 37,3% de igual período del 2021, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
En tanto, el índice de indigencia, entendida esta como la porción de pobres cuyos ingresos no alcanzan para comprar la cantidad mínima de alimentos para subsistir, se ubicó en 8,1% entre julio y septiembre del año pasado, frente al 8,8 % de igual período del 2021.
En lo que respecta al primer semestre de 2022, cuando el índice de pobreza fue de 36,5%, el 39,2% del segundo semestre también fue mayor.
La indigencia, sin variantes
En tanto, el nivel de indigencia casi no registró variantes ya que en el segundo semestre terminó en 8,1% contra el 8,2% del primer semestre.
Con una población estimada en 46,2 millones de habitantes, estas cifras implican que 18,1 millones de personas están por debajo de la línea de la pobreza, y dentro de ellos 3,7 millones son indigentes.
El Indec dio cuenta que la pobreza afecta más al grupo etario comprendido entre 30 y 64 años, con un nivel del 37,8%, y entre los recién nacidos y adolescentes de hasta 14 años, con el 31,7%.
Algo similar ocurre con los indigentes, donde los mayores de entre 30 y 64 años explican el 36,7% de los comprendidos dentro del índice de pobreza.
Este aumento en la tasa de pobreza se dio en medio de una inflación del 94,8% en 2022, con un crecimiento del 5,1% de la economía, y una tasa de desocupación que bajó del 7% a finales del 2021, al 6,3% en 2022.
La Universidad de Lanús recibió al
embajador de Nicaragua
Resumen Latinoamericano, 30 de marzo de 2023.
Con el objetivo de estrechar lazos y abrir vías de cooperación respetuosa, la Embajada de Nicaragua en Argentina, realizó visita de cortesía y trabajo a la Universidad de Lanús, en Buenos Aires.
La Rectora de esa Casa de Estudios Superiores, la Académica y Escritora Ana Jaramillo, quien estuvo acompañada del Vicerrector Daniel Rodríguez y el Secretario Jefe de Gabinete, Indalecio González, le dio la bienvenida al Embajador de Nicaragua, Carlos Midence.
El Embajador Midence, le hizo efectivo el saludo del Gobierno Sandinista y Pueblo y dio a conocer los Avances y Logros, en diversos ámbitos, impulsados en Nicaragua, resultado del Modelo de Justicia Social, en particular los referidos a la Educación en sus distintos niveles.
También conversaron sobre aspectos relacionados a la labor docente, la importancia de la Educación, en particular la universitaria, para el desarrollo y la Justicia Social.
La Rectora, Ana Jaramillo, agradeció la visita y expresó a Midence, la voluntad y anuencia de explorar vías de intercambio y colaboración académica e investigativa entre la Universidad de Lanús y la UNAN-Managua, debido a las correspondencias en diversas áreas entre ambas, por lo cual, dejaron abierta la comunicación para seguir trabajando en ese sentido.
La Universidad de Lanús, es una institución académica pública que ha sido galardonada por diversas distinciones y múltiples premios, sus clases cuentan con un enfoque humanista e interdisciplinario. La Rectora, Ana Jaramillo, la define como “universidad urbana y comprometida”.
fuente: El Argentino
La Corte Suprema suspendió la
transferencia de tierras del Estado
al Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas
Por Resumen Latinoamericano, 30 de marzo de 2023.
El máximo tribunal hizo lugar a los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) y el Estado Nacional-Estado Mayor General del Ejército para suspender la entrega de tierras.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó este miércoles la suspensión del proceso de transferencia de tierras al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) por parte del Estado Nacional en la ciudad de Bariloche.
El máximo tribunal hizo lugar a los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) y el Estado Nacional-Estado Mayor General del Ejército para suspender la transferencia de tierras a título gratuito.
El 17 de marzo de este año, el juzgado federal de San Carlos de Bariloche intimó al Poder Ejecutivo Nacional a que en el plazo de 30 días transfiriera «a título gratuito» al INAI el dominio de las tierras para su «inmediata adjudicación» a la comunidad mapuche, en respuesta a una acción de amparo que la comunidad Millalonco Ranquehue presentó a finales del 2021 contra el Estado nacional.
En tanto, el Ejército argentino y el MPF interpusieron recursos extraordinarios contra esta decisión del juzgado federal de Bariloche y la Corte Suprema decidió hacer lugar a estos recursos y suspender el proceso de traspaso de propiedad de las tierras.
Esto se debe a que la decisión de la jueza federal Silvina Domínguez «implicó avanzar en la ejecución de la sentencia de primera instancia aun cuando no se encontraban configuradas las condiciones expresamente previstas en dicho pronunciamiento para proceder de ese modo, en tanto la decisión no se encuentra firme».
Sin embargo, el máximo tribunal destacó que esta decisión «no» implica «pronunciamiento sobre el fondo del asunto».
Un reclamo legítimo
Tras la sentencia de la jueza Dominguez, la INAI había destacado que cumplió con “los procedimientos previstos para la ejecución de la emergencia territorial indígena y lo preceptuado en la Ley de Procedimientos Administrativos», que establecen que “para la demarcación territorial indígena no deben participar más sujetos que los que expresamente prescribe la resolución 587/2007 del INAI, que contempla el Estado, a través del organismo competente, la comunidad beneficiaria y los representantes del Consejo de Participación Indígena (CPI), pues de realizarlo de otra manera, la emergencia territorial que se busca remediar, se vería alterada y resultaría ilusorio dar cuenta sobre el estado de situación de la posesión de las tierras comunitarias a través de la generación de un diagnóstico como herramienta”.
El organismo insistió en que es una obligación del Estado demarcar las tierras ocupadas por comunidades indígenas y aclaró que previamente a realizarse los trabajos de campo, en este caso, se notificó al Ministerio de Defensa de la Nación, al Ministerio de Gobierno de la provincia de Río Negro y a la Intendencia del parque Nahuel Huapi.
Mencionó también que el artículo 18 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone que las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.
Fuente: Tiempo Ar
Impulsado por Gerardo Morales,
empieza el juicio contra referentes
populares de Jujuy
Por Jesús Cabral, Resumen Latinoamericano, 30 de marzo de 2023.
Desde la organización popular piden ayuda con extrema urgencia para que no encarcelen a los referentes sociales que luchan por los derechos del pueblo jujeño.
En la provincia de Jujuy, este jueves por la tarde comienza el juzgamiento a referentes populares que reclaman salario digno y exigen el cese de la represión a la protesta social. Desde las organizaciones barriales explicaron a este diario que el pueblo está sometido a la política de miseria y hambre que impone el gobernador radical Gerardo Morales, quien no permite que nadie cuestione su mandato.
“Comenzamos a ser juzgados este jueves a la tarde por una serie de imputaciones que nos hicieron el 30 de noviembre de 2021 con el Código Contravencional del gobernador, ese día nosotros habíamos movilizado junto a dos organizaciones sociales amigas y compañeras”, recordó Miguel Ramos, uno de los referentes del Partido Político AJI20 y su expresión territorial Asamblea Trabajo y Dignidad que está siendo enjuiciado. Siguió relatando que aquella vez “fuimos brutalmente reprimidos a palazos, a punta de escopeta y con el Código de Morales bajo el brazo”.
El juicio a los dirigentes
“El juicio se hace en el Juzgado Contravencional N°1 que fue creado por Morales hace unos cuantos años para someter al pueblo jujeño y amedrentar a la militancia”, señaló el referente popular. También se quejó de que cuando fueron a declarar el pasado 9 de marzo el fiscal “no respetó nuestro derecho de poder fundamentar sobre lo que sucedió aquel día que nos reprimieron y nos armaron las causas, además cuando salimos de la audiencia nos echaron a los golpes y nos amenazaron”, denunció.
“Recuerdo que aquella marcha que hicimos el 30 de noviembre del 2021, fue para reclamar trabajo genuino, un salario digno, nos cansamos, por eso dijimos basta de planes sociales y bolsones de mercadería, porque para nosotros eso es una estrategia de los del poder políticos que nos someten al hambre y la miseria todo el tiempo”, subrayó Ramos. En aquel momento también “imputaron a mi compañera de militancia Gabriela Garzón y a dos miembros de otras organizaciones que son hermanas nuestras”.
La justicia jujeña
“Además de todo esto sufrimos distintos tipos de aprietes, amenazas, acusaciones gratuitas, causas penales armadas por la justicia del gobernador radical que se maneja con total impunidad”, aseguró el dirigente popular a este diario. “Es vergonzoso lo que nos propusieron cuando fuimos a declarar el 9 de marzo, nos dieron dos opciones, una es que paguemos una multa de 40 mil pesos en cuotas -les dijo el fiscal- y que así nosotros aceptaríamos que habíamos cometido un delito en ese momento que realizamos la protesta social pidiendo por los derechos del pueblo jujeño”, agregó.
“Estamos acusados de obstaculizar el tránsito vehicular, eso acá es un delito para el déspota Morales y la justicia que él maneja como quiere”, señaló Ramos. La otra opción que les dio el fiscal fue ejercer el derecho a la “defensa a partir de que nosotros presentemos las pruebas que demuestren nuestra inocencia respecto a ese supuesto delito que hemos cometido, cuando movilizamos lo único que hicimos fue pedir un salario justo por todas las necesidades que padecemos a diario”.
“Por supuesto que nosotros elegimos esta última opción que nos dio el magistrado, porque no vamos a aceptar de ninguna manera que la protesta social es un delito, nuestra defensa está basada en los hechos inhumanos concretos que vivimos a diario por la injusticia que nos impones”, aseveró el referente. Continuó contando que tienen sueldos muy bajos y que “no llegamos a cubrir ni la canasta básica de alimentos, un docente tampoco llega, estamos muy lejos de tener un ingreso que pueda suplir esta necesidad tan importante. Mientras tanto, la terrible inflación y los precios de los productos que suben todo el tiempo nos ahoga aún más”, expresó.
“La justicia de Morales nos lleva a juicio injustamente este jueves a partir de las 15 horas, necesitamos ayuda con extrema urgencia para que no nos metan a la cárcel”, imploró a la sociedad el dirigente popular Ramos. Pero de todos modos “nosotros vamos a seguir luchando por los derechos del pueblo, porque creemos en lo que hacemos, tenemos fe en nuestra militancia, porque sentimos amor por nuestro querido pueblo jujeño que padecen miles de necesidades y distintos tipos de violencias todo el tiempo”, finalizó.
Fuente: Tiempo Ar
Juntos por el Cambio busca
archivar la iniciativa popular
del parque público en Punta
Carrasco y Costa Salguero
Por Tatiana Scorciapino, Resumen Latinoamericano, 30 de marzo de 2023.
Este jueves la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires podría tratar la iniciativa popular que busca convertir los terrenos donde antes funcionaban los complejos Costa Salguero y Punta Carrasco en un parque público de acceso libre, gratuito e irrestricto. El mismo se contrapone con la idea del Juntos por el Cambio de ceder las tierras para la construcción privada de torres de más de 28 metros, lo que le quitaría la posibilidad a los ciudadanos de hacer uso del espacio frente al Río de la Plata.
A pesar de la voluntad de miles de personas, desde la oposición denuncian que el oficialismo dejó pasar un año -el plazo legal establecido para tratar este tipo de proyectos- y no habilitó que la iniciativa popular sea tratada en comisiones. Con el período vencido, desde Juntos por el Cambio darán un tratamiento exprés al proyecto y, haciendo uso de su mayoría, buscarán archivar esta iniciativa, a pesar de que cuenta con la convalidación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires y más 53.709 firmas de vecinos y vecinas. Esta iniciativa, además, es la primera en la historia de la ciudad en alcanzar el estado de tratamiento legislativo.
Foto: @frentedetodoscapitalok
Archivar el parque público, una medida inconstitucional
En vísperas del tratamiento, organizaciones ambientales y sociales se reunieron en la tarde del martes con legisladores del Frente de Todos para diseñar acciones conjuntas frente al posible archivo de la iniciativa en la Legislatura. Además, desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad volvieron a denunciar la estrategia del gobierno de Larreta, al tiempo que advirtieron que archivar la iniciativa del parque público es inconstitucional debido a que aún continúa vigente el amparo interpuesto por la organización.
El inicio del conflicto se remonta a diciembre de 2019 cuando, en la última sesión de aquel año, la legislatura aprobó la Ley 6.289, que habilita al gobierno porteño a vender el predio de 33 hectáreas. Con una vista al río privilegiada y ubicada en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires, la intención del GCBA fue entregar estos terrenos a la construcción de un pequeño barrio de 10 edificios -cuyo valor de metro cuadrado rondaría entre los USD 8.000 y USD 10.000- que emule la alta categoría del también inventado Puerto Madero.
Tras esta aprobación, en 2020 el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la entonces diputada Gabriela Cerruti presentaron una acción de amparo para impedir el avance de la venta. Después de algunos meses de conflicto, en 2021 el juez Leonardo Fuchi, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°16 de CABA, declaró inconstitucional la comercialización de estos terrenos, lo que dejó el proyecto inmobiliario ideado por el larretismo en stand by, ya que el propio gobierno porteño apeló el fallo de la justicia.
A pesar de continuar judicializada, la decisión de este tribunal se convirtió en un hecho casi inédito puesto que, según el informe de Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), desde el 2016 hasta el 2021 la Ciudad lleva privatizadas más de 500 hectáreas de tierras públicas.
Si bien la iniciativa se encamina a no ser tratada, desde la oposición afirman que esta decisión del gobierno porteño significará un antes y un después, ya que estarán pasando por arriba de la voluntad popular de manera más que alevosa. De esta forma, y en pleno curso del año electoral, los legislativos del Frente de Todos buscarán que quede expuesta la falta de empatía, trato y escucha del larretismo a los vecinos de la ciudad que gobiernan desde hace más de 16 años.
Fuente: Tiempo Ar
El gobierno porteño avanza
con la instalación de cámaras
en aulas de escuelas públicas
Por Martin Suárez, Resumen Latinoamericano, 30 de marzo de 2023.
El gobierno comenzó a instalar cámaras hace 15 días. Tras la nota publicada en Tiempo y el repudio de la comunidad educativa, todo indica que la cartera que conduce Soledad Acuña reculó en una de las escuelas.
El pasado 15 de marzo, Tiempo publicó un informe sobre la instalación de cámaras de seguridad dentro de aulas de escuelas públicas. El primer establecimiento educativo que el ministerio de Educación de la Ciudad eligió para llevar adelante esa iniciativa, fue la Escuela Técnica Cristóbal M. Hicken, que se encuentra dentro del jardín botánico. Tras la nota publicada en Tiempo y el posterior repudio de la comunidad educativa y organizaciones vinculadas a los derechos humanos, todo indica que la cartera que conduce Soledad Acuña reculó y decidió suspender momentáneamente la instalación de cámaras dentro del aula de esa escuela. Lo grave es que durante la jornada de este martes, la Ciudad avanzó con la instalación de dispositivos de filmación dentro de un aula de otro colegio, se trata de la Escuela Primaria Común N° 17 DE 8 Profesor Raúl L. Bernardelli del barrio de Parque Chacabuco.
Mientras por un lado el ejecutivo porteño decidió suspender la instalación de cámaras en un aula de la escuela Hickens, ante el alzamiento y el rechazo de la comunidad educativa y un importante sector de organizaciones vinculadas a los derechos humanos, por el otro, avanzó en silencio con la instalación y puesta en marcha de una cámara dentro del aula de la escuela 17 de Parque Chacabuco que cuenta con una comunidad de 250 estudiantes.
“Hoy recorrí la escuela y observ la puesta en marcha que hizo el ministerio de una cámara dentro del aula, donde los chicos y chicas asisten todos los días para el dictado normal de clases. Una decisión completamente arbitraria, a espaldas de la comunidad educativa, y argumentando que era para proteger los bienes de la escuela, algo que es completamente ajeno a la realidad porque las maestras no tienen ni tizas para poder escribir en el pizarrón”, aduce en diálogo con Tiempo, Andrea Bohus, secretaria de la asociación docente Ademys. “Estas cámaras controlan el trabajo pedagógico atentando contra los derechos laborales y viola los derechos a la intimidad de las y los menores”, agrega. Y concluye: “Por ahora instalaron una sola cámara dentro de un aula, pero no sabemos si van a seguir poniendo más cámaras en ese aula o en alguna más”.
Cabe destacar que desde la propia cartera educativa de la Ciudad, aseguraron a este medio que la idea es avanzar “en la instalación de espacios seguros en 150 escuelas porteñas”. Algunos de esos espacios “ocasionalmente incluyen la instalación de cámaras, pero que todavía no está determinado el número final, dado que son casos excepcionales. Los espacios tienen, más que nada, la instalación de sensores y alarmas”.
El pasado 15 de marzo este medio sacó a la luz la inminente instalación de cámaras en al menos tres aulas de la Escuela técnica Hickens. Tras la publicación de la nota, la comunidad educativa rechazó contundentemente esta medida y se organizó para detener la iniciativa. Incluso hubo una presentación de proyecto de declaración en la legislatura, redactada por el legislador porteño del frente de Todos, Claudio Morresi: “Acompañamos a la comunidad de la Escuela “Cristóbal M. Hicken” en su rechazo a esta iniciativa de Larreta que avasalla los derechos de nuestros pibes y pibas, garantizados por la ley 26.061 que los protege”, destacó el diputado en sus redes.
“Nosotros como UTE nos hicimos presentes en el día de ayer en la escuela Hickens, para dialogar con los profesores, profesoras y con varias autoridades, y conocer el estado de situación. Nos confirmaron todo lo que había salido publicado en el artículo y nos dijeron que eso provocó bastante movimiento más allá de lo mediático”, contó a Tiempo Martín Acri, integrante de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) y referente educativo de los distritos escolares 9 y 10. El docente confirmó que la instalación de cámaras en la escuela Hickens finalmente no iba a prosperar, debido a que la comunidad educativa rechazó con contundencia esta iniciativa. “Las familias tuvieron un rol protagónico al rechazar por unanimidad la instalación de cámaras y el ministerio de Educación de la Ciudad, en principio, reculó y suspendió el proceso que había iniciado”, agrega Acri. La comunidad educativa exige mayor presencia de seguridad en la zona para evitar el robo de dispositivos informáticos, la instalación de dispositivos de control fuera de la escuela, y la instalación de rejas por los lugares que pueden ingresar los delincuentes.
Fuente: Tiempo Ar
Picana y cárcel para manifestantes
: el menú represivo que ofrece
Eugenio Burzaco
Por Resumen Latinoamericano, 30 de marzo de 2023.
El reemplazante de Marcelo D’Alessandro -de salida tras los chats filtrados tras el viaje a Lago Escondido- quiere “multas y penas de prisión” contra quienes promuevan y participen de cortes de calle en la ciudad de Buenos Aires. También defendió las Taser, arma que organismos internacionales la vinculan con la tortura, al intentar justificar que su uso «salva vidas».
El flamante ministro de Justicia y Seguridad porteño, Eugenio Burzaco, quiere “multas y penas de prisión” contra quienes promuevan y participen de cortes de calle en la ciudad de Buenos Aires. Para esto, dijo, es necesario crear una ley “que regule el derecho a manifestarse”.
El insólito intento del reemplazante de Marcelo D’Alessandro para regular las protestas tiene también un fundamento singular: “Protestar de manera ordenada”. Así lo dijo durante una entrevista televisiva en la que ejemplificó con casos como el de Mendoza, cuya legislación anticortes generó una ola de repudios en todo el país por la detención de tres dirigentes del Polo Obrero que participaban de una marcha.
La propuesta del nuevo ministro porteño fue tener “una ley que regule el derecho a manifestarse”, porque «una cosa es manifestarse y otra es afectar los derechos de las personas».
Cuando hay una protesta, razonó Burzaco, “hay dos derechos que concurren: manifestarse y la libre circulación”. Entonces, una nueva ley “mejoraría la situación porque tenés penas de prisión para los organizadores y multas económicas muy grandes”.
“En Mendoza pusieron leyes más claras, por eso cayó el nivel de cortes», sostuvo, y para reforzar su posición apuntó contra las marchas en la Capital Federal. En este punto, como si la iniciativa de encarcelar y multar a los manifestantes fuera poco, Burzaco también defendió el uso de las pistolas Taser. Dijo que “salvan vidas”.
«La Taser salva vidas, sobre todo la de terceros porque usar arma reglamentaria en subtes y trenes es un error que puede llevarse a un inocente», intentó justificar.
Luego se vanaglorió de ser uno de los primeros que recomendó su uso. «Hace 14 años, cuando fui jefe de la Policía, fui el que promovió el uso de las Taser«, recordó.
«Terminamos en un juicio que ganamos en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y recién este mes, empezamos en 2010, nos habilitaron la importación de las armas. En 2023 logramos superar las barreras legales y burocráticas».
En este sentido ratificó que el Gobierno porteño comprará 60 pistolas de esa clase y remarcó que «tendrán cámaras para registrar los hechos» en que sean utilizadas.
Durante la entrevista no dio especificaciones sobre los índices del delito en la ciudad que justifiquen el uso de pistolas vinculadas por distintos organismos internacionales a la tortura. Lo que sí dijo es que en la Argentina hay “hay un negocio del piquete” contra el cual él combatirá.
«El ciudadano tiene razones para estar hartos de los cortes y hay que moverse hacia cierta decisiones racionales que cambien estas lógicas y que esos cambios sean sostenibles en el tiempo», concluyó.
Fuente: Pagina 12
Negacionismo: La Cámara de
Diputados de Mendoza declaró
a los mapuches como «pueblo
originario no argentino»
Por Adrián Figueroa Díaz, Resumen Latinoamericano, 30 de marzo de 2023.
Los diputados aprobaron un proyecto declaración que considera que «los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos». La iniciativa busca abrirle paso a la quita de territorios ancestrales que les fueron otorgados en febrero pasado. «Esto afirma el racismo estructural”, denuncian desde las comunidades
En sintonía con el ideario de derecha que apunta contra la comunidad mapuche como el enemigo interno, la Cámara de Diputados de Mendoza, cuya mayoría responde al radical macrista Rodolfo Suárez, aprobó una resolución que declara a ese pueblo como no argentino. La iniciativa que desconoce la preexistencia étnica de esa comunidad reconocida en la Constitución Nacional busca abrirle paso a la quita de territorios ancestrales que le fueron otorgados en febrero pasado. Las comunidades calificaron a la norma como “racista y negacionista”, y llevarán el caso a organismos internacionales.
La declaración se aprobó por 30 votos a favor, 8 en contra (la mayoría es kirchnerista), 6 abstenciones y 4 ausencias. Tiene tres artículos que fueron severamente cuestionados por las comunidades originarias que durante la sesión se centraron frente al palacio legislativo.
El primer artículo del texto rechaza la prórroga de la ley 26.160, que suspende las sentencias de desalojo y desocupación de las tierras comunitarias indígenas. El segundo cuestiona el reconocimiento que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) hizo a comunidades mapuches sobre territorios en Mendoza. Y tercero, rechaza la argentinidad del pueblo mapuche.
“Los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”, dice el proyecto impulsado por el gobierno de Suárez, con apoyo del senador radical Alfredo Cornejo y el aliento desde Twitter de su líder Mauricio Macri.
Lo que dice la Carta Magna es que también se debe “reconocer la personería jurídica de las comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Es decir que garantiza lo que la resolución de Suárez deja de garantizar.
“Racista y negacionista”
La respuesta de las comunidades no se hizo esperar. A través de un comunicado calificaron a la iniciativa de “racista y negacionista” y advirtieron que su eventual tratamiento “promueve la confrontación” de la sociedad mendocina “con discursos de odio” hacia las comunidad mapuche.
“No es una resolución más. Si se aprueba, sería un antecedente muy negativo porque institucionalmente se estaría afirmando el racismo estructural”, advirtió antes de que se vote la norma Gabriel Jofré, werkén de la organización Malal Weche.
El gobierno de Suárez dice que en Mendoza no hay mapuches. La negación de esa comunidad originaria es tal que los funcionarios, los legisladores y los medios oficialistas los tildan despectivamente como “mapuches autopercibidos”.
“Es muy fuerte escuchar esas cosas, pareciera que estamos debatiendo cosas resueltas hace siglos”, lamentó el diputado del Frente de Todos José Luis Ramón, que votó en contra del proyecto a pesar de que varios compañeros de bancada lo hicieron a favor.
La resolución “no solo niega a los mapuches, sino a todas las comunidades originarias” y el gobierno provincial deja en evidencia su “intento de poner frente a los mendocinos que hay ciudadanos que no considera de primera”, agregó.
En términos de la plurinacionalidad de las comunidades, “somos mapuches y tenemos la ciudadanía argentina”. Así lo definió Fabricio Silva, werkén (mensajero/vocero) de la comunidad We Newen. “Nosotros votamos, pagamos los impuestos y cumplimos con nuestras obligaciones como ciudadanos argentinos”, aseguró a Página/12.
Por eso, agregó, al proyecto aprobado ayer “lo vivimos como algo muy violento”. No soloporqueque les quitaría reconocimientos y derechos, sino también porque “se trata de un intento de extranjerizar la identidad indígena”. “Ser argentino no tiene nada que ver con que no puedas ser indígena, y ser indígena no tiene que ver con que no puedas ser argentino”, sentenció.
Con esas críticas, decenas de integrantes de organizaciones mapuches, colla, huarpe y guaraní, entre algunas, se movilizaron ayer hasta la Legislatura provincial en momentos que se trató la resolución. Exigieron al oficialismo que dé marcha atrás con la iniciativa. Pero una vez aprobada la norma, advirtieron que presentarán una denuncia penal contra el Estado.
La disputa por las tierras
El oficialista Frente Cambia Mendoza, la versión provincial de la alianza Juntos por el Cambio, puso en el blanco de las críticas a la medida del INAI que en febrero otorgó 21.370 hectáreas a tres comunidades mapuches de Malargüe y San Rafael. Acusa al gobierno nacional de haber tomado esa decisión “omitiendo la debida participación de la Provincia, Municipios involucrados y terceros con intereses legítimos”. Pero el mar de fondo que agita la discusión es lo que hay debajo de esas tierras: petróleo y recursos naturales.
La explotación petrolera, minera y de reservas de agua en ese lugar son las fuentes de las que quiere beber el gobierno de Suárez. Y por este motivo, intentó por todos los medios revertir el otorgamiento de tierras.
Como parte de esa zona integra el yacimiento de Vaca Muerta, el mandatario provincial puso el grito en el cielo. Dijo que el gobierno nacional le entregó esas tierras a “pseudo mapuches” y exigió revertir la medida.
El INAI aclaró que ese reconocimiento no implica la «entrega» o «cesión», sino que «demarca el territorio comunitario habitado históricamente por los distintos pueblos originarios a lo largo y ancho de la Argentina».
Fabricio Silva también es miembro del Concejo de Participación Indígena y, como tal, realizó relevamientos territoriales y tramitó personerías jurídicas de comunidades. Contó que hay unos 100 expedientes que esperan ser resueltos para el reconocimiento de tierras y advirtió que la resolución impulsada por Suárez busca frenar esos trámites.
Además, sostuvo que “no considerarnos pueblo originario argentino” es “una manera actualizada y sistemática de crear una imagen negativa del indígena para después justificar cualquier avance sobre nuestros derechos y territorios, en defensa de la explotación de recursos por parte de grandes empresas”, afirmó.
Por su parte, Jofré cree que la cosa es más grave: “La resolución pone en riesgo los logros de la democracia, que fueron la incorporación de derechos de las minorías y grupos que durante muchos años lucharon por el reconocimiento de sus derechos”.
La jugada de Rody Suárez
La nueva jugada de no reconocer la argentinidad de los mapuches es una osadía que tiene un objetivo claro, y cuyo paso a paso podría ser el siguiente: que el pueblo mapuche deje de ser considerado como “argentino”, que por lo tanto deje de estar amparado por la Constitución, que por ende no se le reconozca el carácter ancestral de esas tierras y que, finalmente, el Estado provincial se alce con la propiedad y explotación de esas superficies.
La jugada es riesgosa y camina sobre el filo de la inconstitucionalidad. Pero para encontrar un artilugio que intente pasar por encima de la Carta Magna y los tratados internacionales, el macrismo-radical citó supuestos estudios historiográficos que dicen que en Mendoza solo hubo huarpes y pehuenches. “No existió la comunidad mapuche como tal”, afirmó el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda.
«Son todas expresiones de deseos negacionistas», cuestionó José Luis Ramón, quien a su vez adelantó que analiza “abrir una investigación penal al respecto, porque esto es un claro hecho de negación, xenofobia y racismo”. No obstante, reconoció, esto dependerá “de la decisión política” que haya en su bloque.
El werkén de We Newén puso el acento en el costo humano de este debate: “Nadie ve las implicancias sociales, políticas y hasta psicológicas. El otro día, una directora de una escuela rural puso en su estado de Instagram que ‘los mapuches no son de Mendoza’. A esa escuela van chicos de nuestras poblaciones que se sintieron discriminados cuando vieron” ese posteo.
Antes de que la cuestionada resolución se apruebe, las comunidades se presentaron ante la Legislatura. Tuvieron que hacer lo que durante decenios no habían necesitado hacer: justificar su preexistencia en la Argentina cuando aún no era Argentina, y desfilar con esa apología frente a cada integrante de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados provincial, presidida por Ramón.
Lo que demostraron tanto ellos como los estudios de investigadores del Conicet es que el pueblo mapuche camina por esas tierras “desde hace al menos 14 mil años”. “Los relatos de nuestros mayores fueron respaldados por arqueólogos y antropólogos”, puntualizó el werkén.
Tanto ellos como especialistas en la materia explicaron y demostraron que vivían en Mendoza antes de que fuera Mendoza. Inclusive, antes que llegaran las familias de varios de los diputados del oficialismo que, sin embargo, tuvieron en sus manos la decisión de no reconocerles la pertenencia al suelo en el que habitan.
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