Jujuy: A un mes de la represión este
lunes habrá movilización /Solidaridad
desde Mar del Plata / Las impunes
piedras policiales
Resumen Latinoamericano, 15 de julio de 2023.
MANIFESTACION EN MAR DEL PLATA EN SOLIDARIDAD CON JUJUY
Estimadxs compañerxs de todas las organizaciones sindicales y populares:
*Teniendo en cuenta la salvaje represión que sufren nuestros compañeros y compañeras de la provincia de Jujuy, a manos del autoritario gobierno provincial.
*Considerando además que esta acción de cercenamiento de elementales libertades y derechos democráticos se pretende amparar en una reforma constitucional inconsulta y repudiada por la mayoría del pueblo de esa provincia.
*Como agravante, esas normas provinciales desconocen elementales derechos que hemos conquistado en estos 40 años de libertades democráticas populares.
*Ante esta situación, es que consideramos importante convocarnos, a una amplia reunión multisectorial a los fines de coordinar acciones de repudio a la represión y de solidaridad con la lucha del pueblo y las comunidades de Jujuy.
Somos tan ignorantes o la Justicia nos cree tan ignorantes como para no saber diferenciar que es JUSTICIA?. Tenemos compañeros detenidos por tirar piedras, pero no hay ningún policía detenido por tirar piedras, lo que es más grave aún por tirar a los ojos que está prohibido por la Ley. Y que varios perdieron su ojo.
SIGUE DETENIDO EL ABOGADO ALBERTO NALLAR
Camila Muller, la docente y artista
torturada en su casa en Jujuy: «No
viví la dictadura, pero creí que me
chupaban»
Por María Soledad Iparraguirre *, Resumen Latinoamericano, 15 de julio de 2023.
Tras la sanción exprés de la Reforma Constitucional de Morales vinieron las persecuciones, la represión y los ataques a manifestantes, que se multiplican. Una de ellas fue Camila, que primero fue seguida y luego le entraron a su casa, la ahorcaron con un cable, la abusaron y torturaron durante media hora, sin ninguna respuesta oficial. “Dejá de mover el culo y de hacerte la revolucionaria”, le dijeron antes de irse.
La madrugada del 27 de junio, cuando golpearon la puerta de su casa Camila creyó que era un compañero a quien estaba alojando. El calvario comenzó ni bien abrió: un hombre (acompañado por dos mujeres) la empujó y la redujo con tácticas de tortura empleadas por los grupos de tareas durante la última dictadura cívico militar.
La tabicó y abusó de ella. Le metió un trapo sucio en la boca y le provocó simulacros de ahorcamiento, mecánica que repitió varias veces hasta dejarla prácticamente sin poder respirar. Tras torturarla más de media hora, la liberó del precinto que le sujetaba el cuello. “Dejá de mover el culo y de hacerte la revolucionaria, sos una puta”, le dijeron antes de irse.
La docente estuvo doce horas sin poder pedir ayuda. Desde esa noche está medicada y sufre ataques de pánico. En la extensa charla que mantuvo con Tiempo, Muller detalla el feroz ataque recibido, al que considera un claro mensaje a la comunidad artística que apoya el reclamo docente y la lucha indígena contra la reforma de la constitución aprobada días atrás en Jujuy por el gobierno de Gerardo Morales. Con el patrocinio del abogado Luis Paz, la artista presentó un habeas corpus por el ataque sufrido y una denuncia penal: “No nos tiene que ganar el miedo, tenemos que cuidarnos entre nosotres, salir y ser más”.
Infiltrados
Docente de historia, de danza y actriz, Camila Muller se desempeñaba en el ámbito estatal hasta que Gerardo Morales asumió la gobernación de Jujuy en 2015 y, al tercer día de mandato, quedó en la calle. Desde el macrismo se cerró un programa operativo nacional de acompañamiento a las escuelas con profesionales de la educación de todas las regiones, -Puna, Quebrada, Valle y Yunga-, en el que participaba. Al igual que otras cien personas, fue cesanteada.
”Hay una gran persecución política desde el inicio de esta gestión y quienes elegimos no negociar, pagamos estas consecuencias. Principalmente, la persecución se dio a quienes hemos estado vinculados al movimiento Tupac Amaru. Yo trabajé en el Ministerio de Educación, a partir de ahí no estuve en relación directa con el movimiento pero desde el ministerio ayudaba en la redacción del proyecto educativo institucional de la escuela Tupac Amaru, Bartolina Sisa. En ese contexto, me quedo sin trabajo”, explica a Tiempo.
A principios de junio, cuando se inició el plan de lucha docente en reclamo de mejoras salariales y recomposiciones laborales, Muller no dudó en sumarse a las actividades artísticas de apoyo en las calles: “Lo pensé por mí misma, me dije por fin voy a poder gritar lo que me pasó y también por mis compañeres“, cuenta la docente que ya vivió el destierro interno cuando, a raíz de la persecución a sus padres, militantes peronistas en plena dictadura debieron dejar Córdoba, su ciudad natal y se radicaron en tierra jujeña.
Muller participó de las protestas desde el primer día; asistió a marchas, desde los colectivos de artistas, sola, en un constante activismo que le permitió ir tanto a Purmamarca como estar en San Salvador el día 20 cuando se desató una feroz represión. Ese día, vio como desde las mismas filas militantes que marchaban salían grupos infiltrados tirando gases lacrimógenos a su lado.
“Realmente fue como asistir a una película, o volver a los relatos de mi viejo, ese día no sé cómo no me detuvieron. A la compañera que estaba conmigo la llevaron y le armaron tres causas. Ya tiene sus deditos pintados, con una planilla prontuaria con la que no va a conseguir trabajo, ella es docente de teatro también. Esto no me está pasando solo a mi”, destaca.
En peligro
El 27 a la mañana, Camila salió temprano a trabajar. La joven da clases de yoga y danza en un espacio que alquila a la universidad, lugar en el que irrumpió la policía el pasado miércoles llevándose detenido a un docente. Cuando llegaba al instituto advirtió que una camioneta blanca la seguía (como las usadas en las que se llevaron manifestantes durante las jornadas previas de protesta).
“Copié la patente y se la pasé a un amigo que podía averiguarme. Y lo hizo; me explicó que donde debían salir los datos del titular, salían asteriscos. Me dijo que debía cuidarme. Cuando salí de dar clases había otra camioneta, esta vez ploteada, de la policía de la provincia, sin patente pero con número de móvil, (632) que aceleró en plena avenida con semáforo en rojo».
«Corrí al otro lado de la vereda, buscando salvarme; claramente venía a atropellarme. La parada del colectivo estaba llena de gente, todos vieron eso, gritaron. Llegué a la parada e hice historias en Instagram pidiendo ayuda, contactos de derechos humanos, ¿A quién pedirle ayuda en una provincia en la que es la policía la que te está queriendo atropellar?”, contó.
Camila volvió a su casa acompañada. Temprano, consiguió comunicarse con Lorena Cruz, de la misión de derechos humanos que se encuentra en Jujuy relevando los casos de represión y persecución. La letrada le confirmó que era el modo en que estaban operando, que estaba en peligro, y le aconsejó que se mantuviera acompañada.
Por la noche, se reuniría el grupo de la comunidad artística en la que Camila participa. De las treinta personas que asistirían, ella fue la única que, esa ocasión, se ausentó. Pasada la una y media de la madrugada despertó sobresaltada por un ruido y los golpes en la puerta. “¿Sos vos?” preguntó dormida, creyendo que era un joven al que alojaba y la noche anterior había llegado a esa hora. “Sí”, escuchó del otro lado. Abrió.
«Me empiezan a ahorcar, a cortarme la respiración»
“Abro la puerta y me empujan, el que me empuja era un varón, logro verle un barbijo negro y una capucha y ya no vi más. Como en una maniobra que de a poco voy reconstruyendo en mi cabeza él me levanta la camiseta que llevaba puesta y me tabica. Me cubre los ojos y la cabeza dejando libres la nariz y la boca. Con las mismas mangas me ata por detrás de la cabeza; mientras él hacía eso, sentía manos que llevaban las mías a mi espalda y escuché el sonido del precinto».
Y continúa: «Me pusieron un trapo sucio en la boca, era como una rejilla que parecía estar embebida en nafta o aguarrás. Luego en la pericia me dijeron que podría ser un líquido que antes se usaba para las traqueotomías, algo que te anestesia, te duerme. Todo esto fue muy rápido, por mi cabeza pasaba la idea de que me iban a secuestrar, a chupar; esto estuvo pasando noches antes en otras casas con personas que habían participado de la marcha del 20″.
«Creí que me secuestraban pero cerraron la puerta de casa y me pusieron un cable en el cuello. Con eso que era un cable, un cinto, me empiezan a ahorcar, a cortarme la respiración. Sentía que me estaba muriendo, tenía la boca con ese trapo, no podía respirar y cuando no pude más, como si esta persona supiera, me soltó y volví a respirar“, aseguró.
Mediante un simulacro de ahorcamiento propio de las técnicas de tortura empleadas por los grupos de tareas durante la dictadura, quien atacó a Camila repitió esa mecánica, al menos tres veces. “Sueño mucho con eso, me despierto ahogándome; incluso durante el día hay momentos en los que siento que no logro colmar de aire mis pulmones. Soy profe de yoga y mi conducta respiratoria es muy buena, muy sana pero por momentos siento que mis pulmones no están oxigenando y entro en pánico. Eso me está pasando ahora”, relata Muller, visiblemente quebrada.
Dos mujeres acompañaban al atacante y le daban indicaciones: “tráela, tenela, ahí nomás”. Una de las veces en que casi cayó desvanecida empezó a sentir el dolor ante la golpiza; se habían ensañado con los ojos y la cabeza. La patearon por la espalda mientras permanecía tumbada en el piso. Fue manoseada y abusada.
Camila cree que el ataque duró poco más de media hora. Luego, soltaron el cable que tenía en el cuello y le arrojaron las llaves de su casa. “Cerrá la puerta con llave, mamita que hay mucha gente mala dando vueltas”, le dijeron. «Hay muchos piqueteros», agregó él. Y rieron. «Una de las últimas veces que este hombre me ahorca yo dije ‘ya está, por favor, Dios mío, que me muera’, porque me tocaba y me ahogaba y ya no quería, sentía que no podía, que ya no podía resistir, que se saquen las ganas conmigo pero que no le hagan mal a mi gente“. Pasaron doce horas hasta que la docente pudo pedir ayuda a una amiga.
En medio de una marea de acompañamiento y solidaridad frente al horror que vivió, Muller recibió atención médica de primeros auxilios en la clandestinidad; de noche, en casa de una médica que la recibió y la curó. Debió someterse a pericias y está medicada desde aquella noche.
Espionaje
“Tenemos en camino el habeas corpus en la justicia ordinaria que fue rechazado el lunes pasado y la denuncia penal que Camila hizo en el Ministerio Publico para que se investigue el ataque a la casa –explica a Tiempo Luis Paz, abogado de la docente torturada–. Está en pleno desarrollo el habeas corpus que presentamos en la justicia federal como consecuencia de la inacción ante el requerimiento de habeas corpus que presentamos el 29 de junio».
«Camila pidió protección para sus hijos (viven en Córdoba) y se la negaron. Le otorgaron protección a ella, medida que estoy cuestionando porque le quieren asignar un botón anti pánico como si hubiera sido un caso de violencia doméstica, lo que desvirtúa la responsabilidad que tiene el poder judicial en un caso de estas características. Las técnicas usadas para la reducción, el tabicamiento de Camila y lo que le decían demuestra que había sido previamente perseguida, que le habían hecho espionaje ilegal, que había toda una tarea previa de espionaje”, señala Paz.
“Yo no sé si serán grupos parapoliciales como los que se metían entre nosotres cuando marchábamos y tiraban gases lacrimógenos, piedras; las mismas formas de patota –apunta Muller–. Al pasar los días me fui dando cuenta hasta de este juego de la puerta. La noche anterior cuando le abrí al pibe que se estaba quedando lo reté porque se ponía a un costado y no podía verlo por el visor. Ellos hicieron lo mismo; cuando pregunté y miré antes de abrir, estaban a un costado».
«En el grupo de WhatsApp avisé temprano que esa noche no iría a la reunión ahora pensamos que los mensajes fueron filtrados –concluye–. Siento que esto no es algo personal, que no es para mí sino para el colectivo de artistas. Particularmente esta es una lucha en la que les artistas tenemos un rol muy notorio, desde las canciones, la potencia, la polenta, estar días y noches en el acampe, el corte de rutas, con una presencia muy fuerte. Creo que es un mensaje para nosotres- el colectivo del arte- y para todos los involucrados en la lucha”.
*Tiempo Argentino
Jujuy: Organizaciones sociales
exigen la liberación de detenidos
en el penal de Alto Comedero
Resumen Latinoamericano, 15 de julio de 2023.
Se habría dictado la prisión preventiva de los mismos y el lunes próximo se conocerá su situación judicial.
- Miembros de organizaciones sociales y otros agrupamientos se presentaron en la puerta del penal de barrio Alto Comedero para exigir la liberación de detenidos.
- Se habría dictado la prisión preventiva de los mismos pero recién el lunes habrá una nueva audiencia donde se espera información de la situación judicial de los mismos.
En el penal de Alto Comedero fueron alojados los detenidos por distintas causas originadas días pasados, entre ellas los disturbios ocurridos en Humahuaca y la Legislatura durante protestas por la reforma parcial de la Constitución de Jujuy.
El jueves fueron detenidas 9 personas que se sumaron a 3 trasladadas desde Humahuaca; referentes de organizaciones sociales y otros agrupamientos comentaron que “hubo una audiencia de más de tres horas, se presentaron abogadas para ser las representantes (pero) en un mes no habrá novedades de prisión domiciliaria o cese de detención. Los familiares piden ingresar para conocer el estado de los detenidos. También se prevén nuevas detenciones de otros referentes sociales”.
Por otro lado, indicaron que “el lunes se definirá la situación de los detenidos…son de organizaciones sociales y comunidades aborígenes. Desde el gobierno se quiere generar miedo: detienen abogados y dirigentes”.
Asimismo, señalaron que en Buenos Aires hubo una marcha a la Casa de Jujuy en protesta a lo que ocurre en nuestra provincia.
Todos los presentes exigen la liberación de los detenidos y se mostraron preocupados “porque nos enteramos de posibles allanamientos. Muchas veces son infiltraciones para meter miedo”.
Un nuevo récord: en el último año,
hubo 100 denuncias de violencia
policial en la Ciudad de Buenos Aires
Por Martín Suárez*, Resumen Latinoamericano,15 de julio de 2023.
Estos hechos se suman a los 130 asesinatos a personas desarmadas por parte de la policía de Larreta en apenas cinco años.
15/07/2023
Foto: Prensa GCBA
Las semejanzas entre la policía de Jujuy y los uniformados de la Ciudad de Buenos Aires, no son casuales. La pata civil que habilita y ordena la violencia institucional a diestra y siniestra encabezan la candidatura a la presidencia y vice, de una de las opciones de Juntos por el Cambio: Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, respectivamente. En la interna que disputa con Patricia Bullrich y Luis Petri, es evidente que no hay halcones ni palomas. Mientras persiste y se profundiza la represión en la provincia de Jujuy, aquí en la Ciudad de Buenos Aires salen a la luz datos alarmantes de la policía de Larreta. En el último año, hubo casi 100 denuncias por hechos de violencia institucional por parte de la Policía de la Ciudad. Estas cifras se desprenden del primer relevamiento anual realizado por el “mapa de la policía”, con denuncias de vecinos y vecinas de diferentes barrios y comunas. Estas cifras se suman a los últimos datos de la CORREPI que aseguran que la policía de la Ciudad es la más letal de todas.
Pasó un año desde la inauguración de la plataforma web «Mapa de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires», una herramienta de participación ciudadana lanzada en julio del año pasado y motorizada por la diputada porteña del Frente de Todos Ofelia Fernández. El objetivo de esta iniciativa es visibilizar, identificar y denunciar las situaciones de violencia institucional cometidas por la policía de Larreta dentro del distrito.
Desde Juntos por el Cambio CABA, trataron de restarle importancia a esta plataforma aunque, en la práctica, la administración de Rodríguez Larreta intentó bajar la web y eliminar su base de datos. En agosto de 2022, a pocas semanas de su lanzamiento, Ofelia Fernandez recibió una denuncia penal por haber dado vida esta iniciativa: “Hace un mes lanzamos el mapa de la policía: 45 testimonios de abusos policiales y 42 mil personas visitaron la página”, posteó en su momento la diputada. “Me hicieron una denuncia penal por abuso de autoridad (?? y ahora la fiscal Celsa Ramírez pidió que se CLAUSURE la página ¿qué quieren ocultar?”, destacó Fernández y cierra: “Ojalá la justicia no considere válida esta maniobra desesperada que le teme a la transparencia de las fuerzas de seguridad. Quieren dejarme claro que con algunos temas no vale meterse… pero vale. Defendamos la herramienta.
La que presentó la denuncia fue la referente del PRO, Florencia Arietto y la que ordenó el cierre de la web fue la fiscal Celsa Ramírez, una funcionaria judicial de respuesta automática a los deseos de la administración porteña y que responde abiertamente al oficialismo local. (Ver recuadro)
Más allá de esta anécdota poco agradable, en un año el mapa de la policía logró juntar 98 denuncias sobre diferentes hechos de violencia institucional en la Ciudad de Buenos Aires.
Estas cifras se suman a un relevamiento realizado por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que afirma que “la policía de la Ciudad lleva asesinadas al menos 130 personas desarmadas entre el 1° de enero de 2017 y el 25 de julio de 2022. De esos 130 asesinatos efectuados por efectivos de la policía de la Ciudad, 87 ocurrieron en la provincia de Buenos Aires (casi el 67%), uno en la provincia de Chaco, y 42 en la Ciudad de Buenos Aires (32,3% del total). Desde la CORREPI aseguran que “ésta estadística es demoledora: Más de la mitad del total de muertes de personas desarmadas ocurrieron fuera de la Ciudad, todas fusiladas con el arma reglamentaria”. Esto quiere decir que toma más fuerza el reclamo de organismos de derechos humanos que exigen la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera del horario de servicio o de civil.
La más letal de todas
En marzo de este año, Tiempo realizó un informe basados en el último relevamiento de la CORREPI. De los 172 casos de gatillo fácil ocurridos desde el 10 de diciembre de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2022 en CABA y Provincia, 63 fueron cometidos por la policía porteña, y 109 por efectivos de la Bonaerense. «Pero hay que tener un dato en cuenta: la Policía de la Ciudad tiene poco más de 25.000 efectivos, mientras que su par provincial supera holgadamente los 100.000. La Bonaerense supera cuatro veces la dotación de la policía porteña y es responsable del 63,3% del total de fusilamientos del año, mientras la Policía de la Ciudad, con la cuarta parte de efectivos, cometió el 36,7%. Más de un tercio. La Policía de Larreta es más letal que la Bonaerense –denunció en su momento María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI)–. Hay que tener mucho énfasis represivo para ganarle en tan poco tiempo a ‘la maldita policía’, que hasta ahora era la peor policía del país».
La fiscal que quiso cerrar el mapa
Celsa Ramírez fue titular de la Oficina Central Receptora de Denuncias, organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal. Ingresó al ministerio público Fiscal en 1999 con el cargo de auxiliar en la Fiscalía de Cámara PCyF. En 2001 se desempeñó en la Fiscalía Penal, Contravencional y Faltas N°9; y en 2004 la promovieron al cargo de Prosecretaria Letrada de Cámara en la Fiscalía de Cámara P.CyF. Pero su crecimiento exponencial se dio de 2007 en adelante: Ese año la designaron como Secretaria de Cámara a cargo de la Oficina Central Receptora de Denuncias del MPF de la CABA y en 2011, comenzó a Subrogar como Fiscal de 1° Instancia en lo Penal , Contravencional y Faltas. Ya en el 25 de mayo de 2012, fue designada como interina de la función Titular del Equipo Fiscal B de la Unidad Fiscal Sudeste, por Germán Garavano, en aquel entonces Fiscal general del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires; y meses más tarde, ascendió como interina de la función de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Equipo Fiscal «A»; y más tarde en la función que actualmente ocupa, la Fiscalía Contravencional, Penal y de Faltas N°35.
En 2016, tapió la mitad del edificio de la ex Padelai y encerró a cientos de personas de las 85 familias que lo habitaban. Un proceso que terminó con el desalojo total en manos de la policía metropolitana, tras la orden de la jueza María Lorena Tula del Moral, a cargo del juzgado N 13 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, tras una denuncia realizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por usurpación. Durante varios meses esas familias deambularon por las calles de buenos Aires, y, el ejecutivo porteño, sólo les ofreció una compensación económica.
En mayo de 2018, los metrodelegados llevaron a cabo diferentes protestas en reclamo de la reapertura de paritarias. En ese momento, efectivos de la Policía de la Ciudad, desalojaron las vías de la Línea H y detuvieron a 16 trabajadores, entre ellos, el delegado de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), Néstor Segovia, por supuesto «atentado y resistencia a la autoridad». Las medidas de fuerza habían comenzado en abril de ese año tras el acuerdo paritario que firmaron la Unión de Transporte Automotor (UTA), la concesionaria Metrovías y la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), con un aumento salarial de apenas el 15,2%, en dos tramos. Celsa Ramírez los acusó bajo esa figura legal, por considerar que los trabajadores pertenecían al mismo sindicato.
El Gobierno pagó US$ 1.022 millones
a los bonistas privados: 5 veces lo
destinado a la AUH en mayo
Por Matias Hof, Resumen Latinoamericano, 10 de julio de 2023.
Este domingo vencieron los bonos en pesos, dólares y euros que reestructuró Martín Guzmán con los acreedores privados, en su mayoría en manos de fondos buitre como Blackrock. Debido al acuerdo alcanzado las transferencias cada vez implican cifras más abultadas. Con el Banco Central sin reservas y la negociación con el FMI abierta, el oficialismo continúa la entrega de recursos al capital extranjero.
Este lunes se efectivizó un nuevo pago a los bonistas privados, uno de los componentes más grandes de la deuda externa. Debido al canje de deuda realizado por Martín Guzmán realizado en 2020, los montos a abonar venían siendo relativamente bajos, pero el vencimiento del 9 de julio superó los US$ 1.000 (incluyendo capital e intereses). Los principales beneficiados son fondos buitre como Blackrock, Monarch y Pimco.
Si bien vencían este 9 de julio, por ser domingo y feriado en Argentina, se giró el viernes el monto correspondiente y se efectivizó este lunes. Así, el 7 de julio, las reservas del Banco Central (BCRA), reflejaron el desembolso destinado a los cupones de bonos globales en dólares y euros y cayeron US$ 822 millones respecto del día previo (la diferencia con el total se debe a que US$ 300 millones está en manos de entidades públicas).
La suma pagada para seguir convalidando una deuda ilegítima y repleta de ilegalidades es el equivalente a más de cinco veces lo destinado a la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante el mes de mayo, US$ 186 millones (último dato informado por la Oficina de Presupuesto del Congreso), tomando el dólar a $ 231 (el promedio de la cotización oficial mayorista para el periodo). Si elegimos compararlo, mediante el mismo método, con el Potenciar trabajo (US$ 283 millones) la relación es de casi cuatro veces, para la Tarjeta alimentar (US$ 242 millones) más de cuatro veces y los fondos para las becas Progresar (US$ 44 millones) deberían multiplicarse por veintitrés (23) para alcanzar lo pagado entre capital e intereses.
Los cupones pagados corresponden a los bonos AL29, AL30, AL35, AE38 y AL41, por los que se abonaron US$ 355 millones, los Globales en dólares 2029, 2030, 2035, 2038, 2041 y 2046 a los que corresponden unos US$ 630 millones y los Globales en euros 2029, 2030, 2035, 2038, 2041 y 2046 que sumaron vencimientos por el equivalente a US$ 40 millones. Cada bono se paga en la moneda que está emitido. Si un bono es en dólares el bonista recibe dólares, lo mismo si es en euros o en yenes o en pesos, recibe la moneda en la que está nominado el título.
El gobierno del Frente de Todos denunció el endeudamiento macrista, pero luego decidió convalidar la estafa. Así, se reestructuró la deuda con los lobos de Wall Street (apodo otorgado a los grandes fondos de inversión) y el exministro Guzmán también concedió cláusulas de acción colectiva más favorables a los especuladores que reforzaron la sesión de soberanía. Massa decidió seguir pagando lo acordado, pese a estar dependiendo de los préstamos de China para pagarle al FMI. Los bonos tienen vencimientos hasta el 2046, y suman, entre capital e intereses, unos US$ 110 mil millones
De la dictadura hasta la actualidad se pagaron más de US$ 600 mil millones y la deuda externa no paró de crecer. Pasó de ser US$ 8 mil millones en 1976 a elevarse a U$S 321 mil millones en 2019. Es una fuente de ganancia para los acreedores y saqueo constante a los recursos del país producidos por los trabajadores.
Para salir de la dependencia, evitar el eterno retorno al sometimiento al Fondo y a los lobos de Wall Street es necesario tomar una decisión soberana de rechazo al pago de la deuda. Liberarse de la dependencia del capital financiero internacional es fundamental para reorganizar la economía para que todos los recursos se orienten al desarrollo y a la atención de las necesidades sociales más urgentes.
Fuente:La Izquierda Diario.
Lago Escondido: policía de Río Negro
hizo inteligencia sobre los manifestantes
Alejandro Pairone, Resumen Latinoamericano, 10 de julio de 2023.
La causa que investiga el ataque del ejército de Joe Lewis a la marcha sigue paralizada y los plazos para formular acusación se acortan. En cambio, se confirmó el espionaje a las víctimas.
Aunque transcurrieron más de cinco meses desde que el 1 de febrero el ejército privado de la corporación británica Hidden Lake, del inglés Joe Lewis, atacó a la marcha que intentaba llegar al Lago Escondido por el camino público de Tacuifí, la causa judicial que debería investigar las violentas agresiones sufridas por los manifestantes no registra ningún avance significativo, según coinciden los defensores de todas las víctimas.
Y entre lo poco que se movió el caso, más allá de lo aportado por las víctimas, quedó documentado que la Policía de Río Negro llevó adelante un pormenorizado trabajo de inteligencia sobre los manifestantes durante cada uno de los días que duró la protesta, además de dejar el campo libre para los ataques.
Las querellas manifestaron reiteradamente su preocupación por la falta de avances en la causa y lo recalcaron en una audiencia de fines de marzo pasado, cuando también pidieron apartar de la causa a la Policía rionegrina. Pero tanto el fiscal Francisco Arrien, que conduce la investigación, como el juez de garantías, Juan Pablo Laurence, desestimaron la queja y se negaron de pleno al reclamo.
Las querellas están compuestas por los abogados Ezequiel Palavecino, Nadina Moreda y Maximiliano Geido, quienes representan por separado a tres grupos de nueve víctimas en total. Todos coinciden en diagnosticar la parálisis de la causa cuando falta menos de un mes para el 2 de agosto, fecha en que vencerá el plazo de seis meses de investigación preliminar que tiene el fiscal para formular la acusación, según dispone el Código rionegrino.
Una de las querellas lo explicó así a Tiempo Argentino: «Hasta donde sabemos no hay notificaciones sobre actuaciones del fiscal, nunca nos han notificado nada hasta ahora. El legajo (expediente) no ha tenido ningún movimiento, sólo el aporte de pruebas que hicimos nosotros. No nos han notificado si se hicieron medidas, si se han identificado algunas personas. Nada, en el legajo no sucedió nada. Ese es el núcleo central de la situación», se alarma.
Otro querellante reveló los obstáculos que se le imponen cuando intenta acceder al legajo. «Me lo escamotean, me dicen que está en despacho, que se lo llevó el fiscal», declaró.
En el legajo lo que sí abundan son las pruebas aportadas por las víctimas. Son varias decenas de fotos, audios y videos que registran los ataques, y en los que se identifican claramente los agresores. Las víctimas aportaron el nombre y apellido de la casi totalidad de ellos. También allí está registrada la notoria pasividad de los uniformados.
Este medio pidió en reiteradas oportunidades dialogar con el fiscal para contrastar la información, pero nunca respondió.
El operativo policial que debía impedir ataques como esos, o los que simultáneamente ocurrían a orillas del Lago Escondido contra otro grupo de manifestantes, estaba conducido en persona por algunas de las más altas autoridades policiales de Río Negro. Para las querellas, eso descarta que la complicidad sea producto de la simple inacción de agentes y suboficiales, sino que obedeció a un plan concreto de los jefes del operativo.
Pero todo se agravó aún más, cuando la Policía entregó a la fiscalía un informe con sus actuaciones a lo largo de la protesta. En poco más de dos carillas, presentan un detalle con el movimiento de los manifestantes: cuántos eran, a qué hora llegaban, sus organizaciones de pertenencia, de dónde provenían, en que vehículos se movilizaban y hasta a qué dirigentes respondían. El reporte menciona algunos de los ataques como «enfrentamientos» y apenas desliza la existencia de «una agresión», que no precisa ni define, a metros de donde se encontraban apostados.
Desde hace ocho años, cada febrero la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca) organiza la Marcha por la Soberanía, que reúne cientos de militantes sociales, políticos y sindicales de todo el país para ingresar al Lago Escondido por el punto más corto y accesible (bloqueado por patotas de la corporación Hidden Lake), que es el camino público de Tacuifí, en el paraje el Foyel, ubicado a mitad de trayecto entre Bariloche y El Bolsón.
La Marcha se desarrolló este año entre el lunes 30 de enero y el jueves 2 de febrero. El miércoles, un puñado de manifestantes accedió al Camino de Tacuifí por un sendero turístico lateral llamado Huella Andina, de Parques Nacionales, pero fueron emboscados por las patotas. Ante la mirada impasible de la Policía, los atropellaron con caballos, atacaron con palos, rebenques y grandes rocas, además de robar algunas de sus pertenencias. Las víctimas debieron ser hospitalizadas con heridas abiertas y huesos fracturados.
Una síntesis es el caso de la fotoperiodista de la agencia Télam e integrante de la directiva de la Asociación de Reporteros Gráficos (ARGRA), Alejandra Bartoliche: mientras trabajaba para registrar el ataque, un jinete la embistió, comenzó a pegarle con su rebenque y le robó la cámara. Como ella se aferró a las correas para recuperarla, la arrastró por varios metros mientras seguía golpeándola para que suelte la cámara. Finalmente se liberó, fotografió a su atacante y logró huir. Todo delante de la Policía y filmado por un drone.
«A pesar de los videos y de las fotos y del drone, a pesar de todo lo que se vio y recontra vio, de tener los nombres de las personas que nos han agredido, a pesar de todo, no hay nada. Lo que no entiendo es por qué pese a todo eso, no hay nadie citado; no lo puedo comprender», lamentó Bartoliche. «
Fuente: Tiempo Ar
Jujuy: Municipales denuncian
extorsión y presión económica en
Abra Pampa y La Quiaca
Resumen Latinoamericano, 10 de julio de 2023.
En ambos municipios que se encuentran en conflicto contra la reforma constitucional, no recibieron partidas completas para el pago de salarios desde el gobierno. En La Quiaca y Abra Pampa continúan realizándose cortes totales de rutas y caminos en contra del gobierno y la reforma constitucional.
De acuerdo a referente del SEOM, a esos municipios tampoco llegan partidas presupuestarias completas para pagar sueldos de trabajadores.
Abra Pampa y La Quiaca son dos municipios donde los cortes de ruta contra el gobierno y la reforma constitucional son más conflictivos, y de acuerdo Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), no llegaron partidas presupuestarias completas a esos municipios para pagar el sueldo de empleados estatales.
Para el secretario adjunto, Santiago Seillant, esta es una forma de presionar a quienes realizan estas acciones en contra del Ejecutivo jujeño.
“Hay un problema crónico: los sueldos se envían desde la provincia a los municipios y se utilizan como mecanismo de extorsión dependiendo del cuadro político. Esto también ocurría durante la gestión de Eduardo Fellner con los municipios que eran radicales, y durante la gestión de Morales ocurre con los municipios que no le responden políticamente”.
Para Seillant, el manejo discrecional de estos fondos deriva en deudas de $ 21.000.000 para pagar sueldos en Abra Pampa y de $ 60.000.000 para trabajadores de La Quiaca “es un castigo y represalias contra La Quiaca y Abra Pampa que salieron a expresarse en la ruta”.
“La crisis fue ocasionada por el apuro de Morales a hacer la reforma para presentar su candidatura. Se apuró a hacer la reforma en 15 días. No llamó a consenso, no generó diálogo y las comunidades están cansadas de que les impongan cosas y luego llamen al diálogo”.
Fuente: Jujuy al Momento
Chubut: Condenan a un docente
por luchar
Resumen Latinoamericano, 10 de julio de 2023.
Este viernes el juez Fabio Monti declaró culpable de ser coautor responsable del delito de incendio a Matías Schierloh, por hechos ocurridos de la Legislatura de Chubut en septiembre de 2019, cuando era delegado de la ATECH. Se trata de la misma causa por la que se condenó a Santiago Goodman, por entonces secretario general de la ATECH, y se absolvió a las otras dos imputadas, Mariana Castro y Marcela Ancaleo.
En su resolución, el juez se basó en el testimonio de un policía, que participaba del operativo de represión de esa protesta, para afirmar que Schierloh fue participe del incendio de parte de la Legislatura la noche del 17 de septiembre de 2019 durante una movilización tras la muerte de dos docentes (Jorgelina y María Cristina) en un accidente en la ruta cuando regresaban a Comodoro Rivadavia luego de la marcha provincial a Rawson en el marco de un paro docente.
En 2019 el gobierno de Mariano Arcioni desdobló el pago de los salarios a docentes y estatales, por lo que las y los trabajadores realizaron durante 17 semanas paros, movilizaciones, cortes de ruta, bloqueos a pozos petroleros, entre otras medidas.
La pena por la que fue acusado Schierloh implica entre 3 y 10 años de prisión, y la condena efectiva se debatirá en una nueva audiencia.
Fuente: ANRed
Jujuy: Las comunidades indígenas
ratificaron los cortes de rutas y
denunciaron a Gerardo Morales /
Gran Acto realizado por el 9 de julio
Resumen Latinoamericano, 10 de julio de 2023.
El Tercer Malón de la Paz, conformado por diversas comunidades indígenas, reafirmó hoy su decisión de mantener los cortes en Purmamarca, en Jujuy. En un comunicado, denunciaron las consecuencias que generó “el mal accionar” la gestión del gobierno de Gerardo Morales y afirmando que esas acciones ocasionaron “graves perjuicios” para toda la provincia. Además, manifestaron la intención de continuar con los bloqueos de manera indefinida.
Tras la difusión del spot de campaña política del gobernador y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio (JxC), Gerardo Morales, llegaron las declaraciones del colectivo de comunidades indígenas de diferentes localidades de Jujuy. Expresaron su posición en relación al contenido del spot y manifestaron su descontento.
En su video, el gobernador de la provincia hace referencia a las persistentes protestas en Jujuy en relación a la reforma constitucional. En su mensaje, Morales hizo un llamado al diálogo, pero enfatizó que no no dará “ni medio paso para atrás”.
En ese escenario, los representantes de las comunidades emitieron un comunicado en el que denunciaron que “el mal accionar del Gobierno está provocando grandes perjuicios a toda la provincia”, y señalaron que “hasta el día de hoy, el Gobierno no se hizo responsable”, de la situación generada con la reforma de la Carta Magna.
Por otro lado, exigieron que “se declare la nulidad de la nueva constitución provincial”, al tiempo que volvieron a rechazar el “procedimiento por el cual se realizó” la modificación del texto. Objetaron su contenido porque “viola los derechos indígenas”.
En ese sentido, reclamaron que se debata un “nuevo proyecto de ley sobre la necesidad de la reforma” de la Carta Magna provincial y que respete “los marcos normativos vigentes en la Constitución Nacional”, como “la consulta previa, libre e informada, según lo establecido por Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
También, se destaca el pedido del sobreseimiento de las causas judiciales iniciadas a las personas que participaron en las distintas movilizaciones en pleno ejercicio de derecho a la protesta de forma pacífica. Y exigen el cese de la represión, persecución y amedrentamiento de las personas que participaron de las diferentes manifestaciones.
Además, reiteraron su pedido de renuncia tanto del gobernador Gerardo Morales como del ministro de Seguridad local, Guillermo Corro, y del jefe de la policía de Jujuy, Horacio Herbas Mejías, “quienes ejercieron violencia institucional y abuso de autoridad en los violentos operativos de represión, dejando un importante saldo de heridos de gravedad y lesionados física y psíquicamente en toda la provincia”.
“El Gobierno tiene que responsabilizarse en cubrir la correspondiente atención medica de las víctimas de la represión”, agregaron, para luego solicitar un resarcimiento a los familiares por medio de pensiones vitalicias.
En la misma línea, reclamaron el desplazamiento de su cargo de la ministra provincial de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, Sonia Ochoa, “por no representar las demandas y necesidades reales de las comunidades indígenas, siendo funcionales a sus propios intereses político-partidarios”.
Resolvieron declarar “persona no grata” a la actual diputada nacional de JxC, Natalia Sarapura, quien se autoproclama originaria del pueblo kolla.
Por otro lado, exigieron a los jueces, fiscales y miembros del poder judicial de la provincia de Jujuy y a nivel nacional que “tomen conciencia de la grave situación que atraviesa el pueblo jujeño y pedimos que cumplan con sus funciones y deberes de forma honrada y totalmente imparcial”.
Las comunidades indígenas continúan realizando bloqueos en diferentes puntos de la provincia. Los cortes de ruta se mantienen en la intersección de los caminos 9 y 52, en Purmamarca, y también se han registrado bloqueos en las localidades de Maimará, Tilcara, Uquía, San Roque, Iturbe y Hornaditas. A su vez, se suman a estas medidas los cortes llevados a cabo en las localidades puneñas de Abra Pampa, La Quiaca, Susques, Cauchari, Coranzulí y Tusaquillas.
Fuente: Perfil
Reprimieron a familias que
intentaron asentarse en un predio
de Atocha, Salta
Por Claudia Ferreyra, Resumen Latinoamericano, 10 de julio de 2023.
El operativo se realizó sin luz diurna, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Hubo tres demorados que luego fueron liberados, uno requirió hospitalización por las lesiones.
Cientos de familias que intentaron asentarse en un predio ubicado en el barrio Atocha, en el municipio de San Lorenzo, lindante a la ciudad de Salta, fueron reprimidas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo últimos. La Mesa de Derechos Humanos de Salta responsabilizó al gobierno provincial y le exigió políticas públicas de vivienda para responder con soluciones a las problemáticas habitacionales.
El dirigente de la CTA- Autónoma Alejandro Nanterne fue golpeado por policías, demorado y liberado en la mañana, y luego tuvo que ser internado en el Hospital San Bernardo por una lesión en la pierna y una hemorragia interna. Además, fueron golpeados y demorados un veterano de guerra de Malvinas y un vecino. Incluso una periodista fue empujada y le dispararon a los pies, pero no fue lesionada porque el impactó dio en taco del borcego.
https://content.jwplatform.com/previews/aTc7FeVyEn el pedido y la orden de represión intervinieron la fiscalía penal de San Lorenzo a cargo de Natalia Saravia y el Juzgado de garantías Nº 4.
“Fueron (a la toma) compañeros dirigentes de algunos sectores, independientes y de asociaciones. Se enteraron que había un predio. Nos piden colaboración para acompañar”, explicó a Salta/12 el dirigente de la CTA Autónoma Julio Molina.
Entre otras organizaciones, estuvieron la asociación de taxis, la de música, de instructores de gimnasia, también la asociación de periodistas movileros (AMOSAL) y la Unión de Inquilinos (UTAFI), iglesias evangelistas y movimientos sociales que están dentro de la CTA- A; cada una llevó a un grupo de personas con necesidades habitacionales. Eran de Salta Capital y de San Lorenzo.
Molina indicó que también había personas que fueron por su cuenta, y que había familias que se instalaron desde las 16. Además, señaló que había personas que tenían trámites de 20 y hasta 28 años en espera de una vivienda social, y “uno tenía al padre que esperó 47 años la casa”.
“Había 200 personas, no lograron armar nada”, dijo Molina. Entre ellas, en su mayoría eran mujeres, algunas con niños y niñas, también había personas con discapacidad, y algunas en situación de calle.
Molina describió que cuando llegaron al lugar había muchos policías, de Infantería, Caballería y la Motorizada, que les superaban en número. También señaló que a la vera del río que se ubica en cercanías, había un grupo de 60 personas; contó que una chica habló con él para decirle que querían sumarse a la toma, pero no llegaron a hacerlo debido a la presencia policial.
Molina dijo que se trata de un predio que tiene cuatro canchas y tiene más terreno a los costados. Explicó que un particular, Telmo Luna, tiene un comodato sobre ese lugar pero lo estaba perdiendo al no haber construido nada y autorizó a las organizaciones para que las familias con necesidad habitacional se asentaran. Contó que habló personalmente con este hombre, quien le ratificó que la gente podía ingresar y asentarse pero no quiso darles esa autorización por escrito. Mencionó que según le habían referenciado, el lugar podía dividirse en 287 terrenos.
Molina también indicó que por vecinos supo que otro hombre tenía otro comodato y allí alquilaba las canchas y cobraba estacionamiento.
El dirigente indicó que la policía había sido alertada de la toma, dijo que hubo compañeros que publicaron en redes sociales que se iban a asentar y al parecer también hubo quienes informaron a las autoridades del municipio de San Lorenzo, y “cuando llegamos estaba lleno de Infantería y policía”, ratificó.
Ante la situación, hicieron una asamblea a la orilla de la calle y frente a la misma policía, todo esto fue pasadas las 23 del sábado. El dirigente aclaró que en esa reunión dijo que “si corría sangre era responsabilidad de la fiscal” y no “si tiene que correr sangre, que corra”m como publicó un medio de comunicación. En esas circunstancias, “Me llaman de un sector porque había un policía que había insultado a una mujer, que había golpeado a un niño”, entonces fue decirle a los efectivos que “estaban para cuidar, no para insultar”, relató. Luego sintió el ruido de un disparo, había empezado la represión.
Golpeados y demorados
Sobre la violencia que sufrió Alejandro Nanterne, que fue golpeado por efectivos policiales. “Cuando estaba discutiendo con la policía. Lo agarraron, lo tiraron al piso y lo patearon como sapo”, describió Molina. En ese momento intervino el veterano de Malvinas David Garros, “se tira encima para que no lo golpeen más, a los dos los meten al furgón”, contó, y dijo que a él también intentarlo detenerlo, pero finalmente lo dejaron en libertad.
Nanterne, Garros y otro hombre fueron demorados en la Comisaría de Atocha. Molina contó que con otros compañeros fueron a la Comisaría y pidieron ver a Nanterne, pero la policía primero no los dejaba, y finalmente cuando les permitieron pasar el detenido les dijo que también fue golpeado estando ya bajo custodia. Indicó que Nanterne vomitaba sangre y fue trasladado al hospital, alrededor de las 3 o 4 de la madrugada.
El presidente del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, Rodrigo Solá, dijo a Salta/12 que intervinieron apenas tomaron conocimiento de la detención y ratificó que fueron tres los demorados. “Nos constituímos en la Comisaría de Atocha y a media mañana ya fueron liberados en el Hospital San Bernardo luego de la revisión. Efectivamente, Nanterne quedó internado por una hemorragia interna. Vamos a hacer seguimiento del caso durante toda la semana por si las personas quieren hacer denuncias y para evitar represalias”, informó Solá.
Nanterne fue dado de alta en el atardecer de ayer. Contó que durante la represión lo atacaron alrededor de 5 efectivos de Infantería con tonfas, incluso todavía tiene un chichón en la cabeza. También confirmó el relato de Molina acerca de queGarros se tiró encima suyo para evitar que lo siguieran golpeando, y dijo que también lo defendió la periodista Teresita Frías, quien se puso en el medio para evitar que lo patearan y filmó la situación. En ese momento también ella fue empujada por la policía y después le dispararon una bala de goma a los pies, pero impactó en el taco del borcego.
“Me llevan en la chancha, no podía ni respirar. Me llevan a mí con Garros. Cuando llegamos me dice el oficial de Infantería que me baje, tenía la pierna torcida, y me dolía, no podía respirar. Sube y me pega una patada en la rodilla, me rompió todo eso, y me dejó con una hinchazón impresionante y me lastimó”, detalló Nanterne.
Relató que este policía lo tomó del pie, de la misma pierna que había pateado, y lo arrastró para bajarlo del móvil. “Me había golpeado estando detenido dentro del móvil policial”, resaltó y dijo que todo fue en presencia del “subcomisario Martínez”, “el único identificado”.
Los otros demorados también tenían golpes pero superficiales, indicó Nanterne. El joven demorado hizo la denuncia policial, “porque le pegaron a él y a la mujer embarazada” al reprimirlos. Según manifestó Nanterne, a la mujer “le hicieron un disparo en la oreja con bala de goma” y luego “estaba con dolores”.
El referente gremial sostuvo que sabía que sus compañeros hicieron una denuncia contra el efectivo que lo violentó y contra la fiscala Saravia, aunque no se confirmó que se hubiera realizado. “(A la fiscala) No le interesó hablar con nosotros, para mediar por la situación de las compañeras que necesitaban un terreno donde construir y darles un hogar a sus hijos. La mayoría eran mujeres, compañeras nuestras, había de la Unión de Inquilinos, enfermeras”, aseveró.
Cuestionó además que Saravia no aplicó “el código de convivencia social”, “no llamó al diálogo, no se hizo presente y no llamó a un mediador. El subcomisario transmite que la orden estaba dada para que se reprima”.
Nanterne aseguró que unas 200 personas fueron con organizaciones sociales, sindicatos y también dos iglesias evangelistas, y que todas estaban en la parte de adelante del predio, aunque por atrás y los costados entraron más personas.
“Exigimos soluciones, no más represión”
“Parece que entre los gobiernos autoritarios del NOA, se ha puesto de moda reprimir en fechas patrias. Hoy, 9 de julio, la policía de Sáenz reprimió y desalojó a familias que, junto a organizaciones sociales y dirigentes sindicales, intentaron asentarse en tierras fiscales en Atocha, municipio de San Lorenzo”, manifestó ayer la Mesa de Derechos Humanos de Salta, integrada por Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Politicas y Gremiales, la Asociación Coca Gallardo, la Asociación Lucrecia Barquet e HIJOS Salta.
La Mesa responsabilizó al gobierno de Gustavo Sáenz “por la salud de Alejandro Nanterne, herido en la represión” y le exigió que “arbitre políticas públicas para paliar la situación de falta de viviendas en Salta”. También recordó que el derecho a la vivienda digna “está consagrado en nuestra Constitución Nacional y es reafirmado por la adhesión a tratados internacionales de Derechos Humanos de parte del Estado argentino”.
La organización denunció “el desmanejo de las tierras” en la provincia, “donde en 2021 el déficit habitacional rondaba las 72.000 familias sin techo, los hogares con pisos de tierra o techos realizados de manera muy precaria llegan al 2,4% del total, esto es, nueve mil hogares, mientras que el 2,1% del total, ocho mil hogares, no cuentan con red de agua domiciliaria o pozos protegidos“.
“Asimismo, los hogares que no poseen una red de cloacas alcanzan a más del 13% del total (alrededor de 51 mil hogares), mientras que los hogares asentados en basurales o villas inundables llegan al 35,2% (136 mil hogares aproximadamente)(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, 2021)”, señaló la Mesa en un comunicado.
Además, resaltó que Salta es la provincia con más tierras en manos extranjeras de la República Argentina. “Así, 1.727.411 hectáreas, que representan un total del 13,8% del total de tierras, se encuentran en manos foráneas. En términos porcentuales, los siguientes departamentos de la provincia son los que más extranjerización de tierras poseen: San Carlos (58,8%), Molinos (57,8%), Guachipas (34%), La Viña (29,7%), General Güemes (29,4%), Cerrillos (26%), Orán (23,5%), Cafayate (23,1%) y Chicoana (17,4%)”.
La Mesa también señaló que el gobierno salteño “realizó donaciones por más de 150 hectáreas a entidades privadas, clubes deportivos, iglesias, colegios, sindicatos y cámaras empresariales“. Esto implica el equivalente a 7500 lotes de 200 metros cuadrados.
fuente: Página 12
Este martes homenajearán al jurista
y defensor de DD.HH
Beinusz Szmukler
Por Página 12, 10 de julio de 2023.
Este martes 11 de julio a las 17.30 horas en el salón de Actos de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires se realizará la primera de una serie de jornadas de homenaje a Beinusz Szmukler, para poner de relieve su trabajo y su obra. La cita en Uruguay 485, del centro porteño, tendrá como eje la defensa de los derechos humanos. La bienvenida estará a cargo de Claudia Rocca, presidenta de la Asociación Americana de Juristas Argentina. Expondrán Vanessa Ramos, presidenta de AAJ, Federico Percovich de AABA, Olivier Reboursin de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Ana María Careaga del IEM, Soledad Astudillo de la APDH, Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel. El cierre estará a cargo de Graciela Chein. El ciclo continuará en agosto y septiembre.
Fuente: Página 12
Las consecuencias dolorosas de
la represión en Jujuy seguirán
por mucho tiempo
Por Gremial de Abogados, Resumen Latinoamericano, 10 de julio de 2023.
LOS Y LAS COLEGAS SIGUEN BATALLANDO CONTRA SEMEJANTES ATROCIDADES
Cómo todos saben el 20 de junio pasado en la zona Legislatura de Jujuy, hubo grandes protestas debido a la aprobación de una reforma parcial de la Constitución Provincial que no respetó los plazos ni permitió la participación de diversos actores sociales. Durante el proceso de reforma, no se publicaron los detalles de los artículos que afectan el derecho a la protesta de trabajadores, organizaciones sociales, políticas y sindicales. Además, no se garantizó el acceso a la información ni la participación pública para definir regulaciones ambientales. La reforma incluía disposiciones sobre el régimen de aguas y autorizaciones para actividades ambientales sin previa consulta a los pueblos indígenas.
Estas acciones como es lógico en la Historia Argentina y en la Historia del Pueblo Jujeño, generaron protestas en varios puntos de la provincia, en particular en San Salvador de Jujuy, donde la Policía el feriado 20 de Junio reprimió brutalmente a los manifestantes con balas de goma, gases lacrimógenos y golpes, dejando un número significativo de heridos y detenidos.
Uno de los manifestantes gravemente herido fue NELSON MAMANÍ quien recibió el impacto de un tubo de gas lacrimógeno que le provocó no solo traumatismo de cráneo sino también hundimiento del mismo.
En el vídeo se ve claramente a Nelson cuando es atacado por la espalda con clara intención de matarlo.
Mamaní debió ser intervenido de manera urgente en el Hospital Pablo Soria.
El Hospital Soria llegó a parecerse a una delegación policial : personal médico que interrogaba a los presos que llegaban heridos. Policías de civil y de uniforme que impedían los ingresos, y actitudes que tienen que ver con las miserias humanas que surgen en tiempos de represión violenta y de subordinación a empleos estatales.
A los jóvenes abogados de la organización de solidaridad ALFA se les negaba todo tipo de información.
Finalmente la causa recayó ante la Fiscalía del DR. DIEGO IGNACIO FUNES del Ministerio Publico de la Acusación de la Provincia de Jujuy.
Acá aparece y se evidencia lo que la Gremial viene agitando desde el inicio de su existencia, casi en absoluta soledad hace algunos años, y no tanto ahora.
El Fiscal Ignacio Funes y los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación responden al Gobernador Morales.
Son empleados de Morales y son compañeros de trabajo de la policía jujeña.
Así como en otras provincias de signos políticos distintos ocurre exactamente lo mismo.
De manera que el Fiscal Funes en su carácter de subordinado a Morales no ha dejado de poner piedras en el canino a nuestros jóvenes colegas y compañeros.
Los hechos objetivos y concretos, solo viendo los videos, nos dicen a nosotros, a la Gremial de Abogados y Abogadas, dos o tres cosas puntuales.
Una que el efectivo que agredió a Morales es relativamente sencillo de ubicar.
Otra que la acción del preventor constituiría el delito de tentativa de homicidio agravada por alevosía y por ser el autor un funcionario público.
Y la última que siguiendo la cadena de mando (como se hace en los delitos de Lesa Humanidad) no es sólo el autor cercano el responsable, hay responsabilidad mediata.
Pero estas cosas son para las Facultades de Derecho, para los seminarios y charlas en ambientes muy cómodos.
En la vida real, y el la Justicia real jamás ocurren.
Lo concreto es no hay en la Fiscalía jujeña una investigación seria de los hechos de represión contra NELSON MAMANI quien fue víctima de unos los casos más graves que dejó como saldo el proceder policial artero , cobarde y alevoso que todos vimos esta semana en la Provincia de Jujuy, en el que no se protegieron ni garantizaron los derechos a la libertad ambulatoria y seguridad personal, integridad física y vida en el marco del ejercicio del derecho a la protesta, vulnerando la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
Tenemos así estas dos situaciones tal cómo la Gremial viene agitando : una cosa sin los derechos en el papel y otra en la vida concreta.
La Gremial apoyará con todo lo que tiene a la familia y a los jóvenes colegas que batallan contra las puertas cerradas de la Fiscalía que pretenden investigar los hechos como “lesiones culposas”.
Hay una diferencia inmensa entre intentar matar a alguien y herirlo sin intención.
La Fiscalía les dice en la cara a nuestros colegas que “no puede identificar al autor”.
Sin embargo la Fiscalía ha identificado 1500 manifestantes.
Y no puede identificar al efectivo entre 2000 policías afectados.
Cuándo se trata de justificar todo argumento es válido ya que solo vale para ellos
Denunciamos expresamente la complicidad del Fiscal Diego Ignacio Funes por su complicidad con la fuerza policial para cubrirla y protegerla.
Mamaní debera ser trasladado a Bs As a ser atendido en un establecimiento de alta complejidad.
No será sencillo romper esos muros judiciales, pero hay que intentarlo.
Los jóvenes colegas jujeños (y nosotros a disposición) no dejaremos nada por hacer
Imágen de portada: Carolina Heritier
Deudores alimentarios: ellos se
borran, ellas crían solas
Por Celeste Abrevaya, Resumen Latinoamericano, 10 de julio de 2023.
Según datos oficiales, 68% de los progenitores varones no convivientes no paga la cuota alimentaria. Ese incumplimiento profundiza las desigualdades de género y condiciona el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Un recordatorio: pagá la cuota.
Es sábado por la tarde, el viento frío de junio golpea los pómulos de quienes se acercan a un club de San Justo, zona oeste de la provincia de Buenos Aires. El partido está retrasado una hora. Cuando llega el momento, el hijo de Rocío se pone las canilleras y sale a la cancha. Como todas las semanas, su equipo participa del torneo que organiza la liga FEFI en distintos barrios de la capital y el conurbano. En una jugada, gambetea al contrario, avanza, y se equivoca en el pase. El entrenador le grita desaforado frente a sus compañeros y a las familias. El nene agacha la cabeza. Rocío no se puede quedar quieta. Masculla entre dientes, se come las uñas, mira atenta la secuencia. Detrás de los lentes, los ojos se llenan de agua, de furia. “Lo voy a matar, si le grita una vez más, entro a la cancha y me lo llevo, no me importa nada. Y encima el padre ese de mierda que tiene”. Cuando el árbitro da por finalizada la jornada, el nene, que tiene ocho años, se larga a llorar.
Hace casi un mes que no ve a su papá. Él nunca aportó un peso. Las promesas se deshilacharon y fueron dejando un tendal repleto de desilusión y bronca.
Hace casi un mes que no ve a su papá. Él nunca aportó un peso. Las promesas se deshilacharon y fueron dejando un tendal repleto de desilusión y bronca. Las lágrimas de Rocío son más por el progenitor de su hijo, que lo dejó sin una figura paterna, que por los gritos del entrenador. Ahora ella no sólo es el sostén económico de su familia, sino también el sostén afectivo: no es sobreprotección, es llevar el doble de carga por la responsabilidad emocional de ese niño. El cuidado entendido como un todo más complejo.
La “cuota alimentaria” es un concepto mentiroso. Lo que necesitamos para cuidar no se reduce a alimentos. El pago mensual del club, la ropa, las zapatillas, los útiles escolares, los regalos de cumpleaños de los amigos, el transporte, la vivienda, las salidas recreativas, y una interminable lista de necesidades y, por qué no, deseos: el costo económico que también implica criar a una persona.
Desde la Dirección de Economía, Igualdad y Género, con miras a rever precisamente esta situación e incorporar perspectiva de género, se elaboró, junto con el INDEC, el Índice Crianza: una estimación que servirá como una herramienta para que jueces y juezas lo tengan como un valor de referencia para saber cuánto destinan las familias a la crianza de niños, niñas y adolescentes.
Hay dos palabras que se reiteran en las conversaciones con mujeres que crían solas: tiempo y dinero. Dos gotas de agua incesantes que pican sobre el cuero cabelludo. Como la gota china, las gotas de la pobreza del tiempo y la falta de recursos monetarios, se constituyen como una forma de violencia cotidiana y persistente.
El incumplimiento de la cuota alimentaria está contemplado como un acto de violencia de género económica y patrimonial, según la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las mujeres.
En efecto, el incumplimiento de la cuota alimentaria está contemplado como un acto de violencia de género económica y patrimonial, según la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las mujeres. Ya aprendimos que las violencias no discriminan según clase social, pero que sí existe un impacto diferenciado cuando se intersectan distintos tipos de dimensiones que profundizan la vulnerabilidad ante el ejercicio de la violencia. De esta forma, los hogares monomarentales —que representan el 12% (cerca de 1,2 millones) de los hogares argentinos— son los que más limitados se ven a la hora de desarrollar estrategias para enfrentar esta situación. En una sociedad donde el tiempo es dinero, quienes sufrimos mayormente la pobreza de tiempo somos las mujeres. Si además, esas mujeres no cuentan con otro sostén afectivo ni económico, esa pobreza se profundiza. La pobreza de tiempo afecta la autonomía y el desarrollo de las mujeres. Así lo cuenta Rocío: “la falta de tiempo es el mayor limitante. No me permite estudiar. Estoy 24×7 con el nene. Si no estuviera mi mamá, no podría hacer nada. Me afecta mucho en lo profesional, y también en lo social, porque dejo de hacer un montón de cosas que me gustaría, y eso sí me da mucha bronca e impotencia. Dejar de vivir mi vida como mujer, no como madre, sino como mujer”.
Cuando hablamos de feminización de la pobreza, nos referimos a una estadística que respalda esa afirmación: según un informe de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, el 85% de las familias monoparentales están a cargo de una mujer. De ese universo, el 68,3% vive bajo la línea de pobreza, y 23,6% son indigentes. Detrás de esos números, hay historias de vida.
Ornella, la mamá de Nazarena, entró a la sala de partos con su amiga Kari. Tenía 19 años. El progenitor le dijo que no podía hacerse cargo, y Ornella, en un punto, le agradeció tener la nobleza de haber podido reconocerlo y no interferir en sus vidas, porque realmente no podía. “En la partida de nacimiento él directamente no figura. Por eso yo no siento nostalgia ni resentimiento. Naza es mía, y soy yo la que tomo las decisiones, así fue siempre, nunca hubo otra realidad”. Quien estuvo en la primera línea de batalla fue su mamá, María. “Mi vieja fue fundamental, fue todo. Nuestro sostén económico y afectivo”. Vivían las tres juntas. Ornella define a su familia materna como “matriarcal”, hay una historia común que las enlaza. Sus abuelas, tías, y su propia mamá criaron solas. Mujeres de un temple duro. El papá de Ornella se fue de su casa cuando ella tenía un año y se hizo cargo afectivamente durante un tiempo. “Después ya no”. Aportaba plata de manera irregular, cada tanto conseguía un bolsón de alimentos y se los llevaba. “Alguna vez me habrá regalado una remera”. En 2001, la crisis económica las atravesó de una forma muy cruda. “Mi vieja me decía ´¿qué te parece si hoy hacemos algo distinto y en vez de cenar nos tomamos un café con leche y miramos la tele?´. Una especie de juego.”
“En la partida de nacimiento él directamente no figura. Por eso yo no siento nostalgia ni resentimiento. Naza es mía, y soy yo la que tomo las decisiones, así fue siempre, nunca hubo otra realidad”
Rocío dice que hace malabares. “Primero pago todas las obligaciones y después sobrevivo. Me ayuda mi mamá con alguna compra. Cada vez se hace más difícil, me endeudé mucho con las tarjetas de crédito”. La figura de las abuelas retorna en los diálogos con Ornella y Rocío como un bastión definitivo. “Fundamental”, “clave”, “irremplazable”, “sostén”, “esencial”.
De acuerdo al mismo informe, un dato alarmante refleja que el 68% de los progenitores varones no convivientes incumple su responsabilidad parental. Ese incumplimiento profundiza las desigualdades de género y condiciona el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.
Los roles asociados al cuidado, asignados de acuerdo al género, tienen mucho que ver con todo esto. El mito se refuerza una y otra vez, asegurando que nosotras cuidamos mejor, contenemos mejor. No es que cuidamos mejor, es que no nos queda otra opción. Las brechas salariales, de actividad, las cifras de empleo, subempleo, desempleo, incluso de violencia, tienen su raíz en esa repartija de mandatos. Cuando nosotras nos quedamos cuidando, dejamos de trabajar de manera remunerada, dejamos de participar en diferentes ámbitos de desarrollo vitales, nos quedamos cuidando porque “si tengo que pagarle a una niñera, tengo que dejar todo mi salario, y para eso me quedo yo”. Lo que cuesta ver es que todas esas situaciones arrastran y multiplican desigualdades que cercenan nuestro derecho a una vida plena.
El rol tradicional de proveedor que históricamente se les asignó a los varones, en los casos de los hogares monomarentales, se rompe en mil pedazos, y son ellas quienes se ven obligadas a asumirlo, cumpliendo así un doble mandato: cuidar y proveer.
Sin embargo, el rol tradicional de proveedor que históricamente se les asignó a los varones, en los casos de los hogares monomarentales, se rompe en mil pedazos, y son ellas quienes se ven obligadas a asumirlo, cumpliendo así un doble mandato: cuidar y proveer. En medio de la discusión por un proyecto de ley que amplíe el sistema de licencias, vale remarcar la importancia de invertir en políticas de transferencia de tiempo para que los varones dejen de tener tan solo dos días por nacimiento, y tengamos licencias más igualitarias y obligatorias también en el caso de ellos, para que logren dimensionar y comprender qué significa cuidar, cuál es la carga que se imprime ahí, que costos tiene. Para habilitarles, también, la posibilidad de atravesar su paternidad desde la ternura.
Del mismo modo, la creación de un Sistema de Cuidados que pueda abordar estas problemáticas de manera integral y articulada es una política urgente. Porque no se trata solo de la corresponsabilidad entre los géneros, al interior de los hogares, sino de desatar otro de los nudos y avanzar hacia la corresponsabilidad social, en donde la carga del cuidado pueda salir de las familias, para pasar a ser un asunto de la sociedad en sus otras esferas: el mercado, el Estado, y la comunidad. Algo de todo eso logró construir Ornella a fuerza de alianzas y voluntad. “Cuando Nazarena era chiquitita me propuse terminar el secundario a través de un programa del Ministerio de Trabajo que se llamaba Jóvenes con más y mejor Trabajo, tenían guardería, y la bebé se quedaba ahí”. La creación de espacios de cuidado, algo tan fundamental y tan elemental como darle una oportunidad a una piba de terminar el colegio. Una persona que conoció en el Programa la acercó a una unidad básica de La Cámpora. “Ahí empezó otro capítulo de mi vida. Me hice grandes amigos y compañeros que me ayudaron a cuidar a Nazarena. Siempre tuvieron muy buena predisposición para hacerme el aguante, incluso económicamente. Yo les decía que no llegaba a fin de mes, que necesitaba comprarle un delantal para la escuela, y ellos me daban plata, yo les devolvía cuando podía. En la básica le he festejado varios cumpleaños, era su segunda casa. Esa fue la red más grosa que pude construir”. Ahí están el Estado y la comunidad cuidando.
“Mientras no haya cambios culturales, debe haber políticas que acompañen, porque las transformaciones llevan tiempo y son a largo plazo. No pagar la cuota alimentaria es una forma de empobrecernos, de sacarnos tiempo para retomar nuestra vida afectiva, o de amistades, tener tiempo libre o salir a correr. Cuando tenés que trabajar el doble para generar plata, y aparte tratar de cuidar lo mejor posible, y sostener a tus hijos, es obvio que se coartan esas posibilidades”, dice Paola Urquizo, una de las referentes de Familias Monomarentales, un perfil de Instagram que decidió abrir en pleno contexto de pandemia ”para transformar la angustia en acción militante”. Eso coincidió con un momento de profunda desesperación. El progenitor de sus hijos había renunciado a su trabajo y le cortó la cuota que habían acordado. También los dejó sin cobertura médica.
Familias Monomarentales (@familias.monomarentales) nació como un espacio que buscaba la visibilización de una problemática naturalizada frente a la cual la única respuesta que había era “es un tema muy complejo”. Paola decidió colectivizar esa complejidad y tejió alianzas con otras mujeres que se encontró en el camino: Cecilia Bertolino de Identidad Feminista, quien junto con la Claudia Hazanbegovic (Doctora en Políticas Sociales y abogada litigante en casos de violencia) pasarían a formar parte de la red. Juntas, trabajaron en la investigación y promoción de políticas públicas sobre estos temas. Después se sumaron organizaciones con las que empezaron a pensar en campañas para sacudir el polvo que se asienta sobre las cosas que quedan detenidas, sobre lo que no se atiende. El último #3J, hicieron el “tendedero de deudores alimentarios” en las plazas de todo el país, una acción que ya se volvió parte de la agenda latinoamericana feminista. Allí, colgaron nombres y apellidos junto a fotos de los deudores, demandas y exigencias de políticas públicas, juzgados donde están las causas, entre otros datos. Con vistas al próximo domingo, el hashtag que circularon es: “Para este día del Padre, pagá la cuota”.
“Para este día del Padre, pagá la cuota”.
El informe 2022 Incumplimiento de la obligación alimentaria en la Provincia de Buenos Aires. Un problema estructural que profundiza las desigualdades de género, presentado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, determinó que el 67% de los padres no paga la cuota alimentaria o lo hace de forma eventual; sólo el 32% de los padres no convivientes abonan regularmente la cuota alimentaria; y en los casos que sí se cumple el pago mensual, sólo el 10% de las madres considera que el monto alcanza para cubrir gastos y necesidades de niños.
Paola cuenta que hay un manual del buen deudor: primero viene el acuerdo y cumplen durante un tiempo, después viene la retención directa, la informalización, huyen del universo formal, facturan a nombre de otra persona, y al final todos los progenitores terminan siendo gente que vive del aire o no se sabe de qué. El relato de Rocío va en la misma dirección. “Nunca había judicializado la cuota. Era todo de palabra, me pasaba lo que quería. Eran épocas. Como no tenía nada fijo, era todo muy irregular. El problema es que si yo lo llevo a una mediación, tengo que pagarla sola, porque él puede alegar que está desempleado y que no tiene ingresos. Y yo no estoy en condiciones de sostener ese gasto”. Su objetivo es no depender de esa cuota. “Mi cabeza está preparada para no contar con eso, porque un día está, un día no. Lo cual no significa que no quiera que cumpla sus obligaciones como padre”.
“Mi cabeza está preparada para no contar con eso, porque un día está, un día no. Lo cual no significa que no quiera que cumpla sus obligaciones como padre”.
El proceso de judicialización de una cuota alimentaria no es sencillo. “La judicialización es agotadora. Tenés que justificar tus gastos con tickets. Con el cambio de la obra social a mi hijo no le cubrían la ortodoncia así que quedó con los brackets puestos en la boca y sin posibilidad de continuar el tratamiento. Eso implica un nuevo expediente, te piden que demuestres tus gastos con tickets, y es desgastante juntarlos, estar pendiente de que te de el porcentaje, que te estén poniendo a prueba y controlando tus gastos. Es una situación revictimizante.” Paola cuenta que lo primero que se encontró cuando tuvo que iniciar este camino fue a abogados sin ningún tipo de perspectiva de género, ni de infancias, ni de violencias: “me decían que correspondía el 20% de sus haberes, y que por suerte trabajaba en blanco, porque sino me tenía que olvidar de la cuota”. Esos abogados eran costosos, entonces terminó en el patrocinio gratuito de la Universidad de Buenos Aires, donde encontró un panorama similar, pero que aparte le exigía poner más el cuerpo. Terminó realizando una denuncia por violencia económica.
No podemos con todo
¿Cuál es el costo emocional para las mujeres que sostienen solas sus familias? El impacto tampoco es solo económico. Hay una heroización de quienes asisten desde afuera, y que probablemente tenga un ingrediente de condescendencia. “Estoy desbordadísima. Muchas situaciones me superan, pero me obligo a ponerme fría. En realidad es porque no me queda otra. Cuando me dicen que soy fuerte, pienso en que no quiero ser más fuerte, porque soy humana”. No hay tiempo, ni para estudiar, ni para socializar, y tampoco hay tiempo para angustiarse. Las Erin Brocovich del mundo, fuertes, altas, tetonas, contestatarias, tremendos minones que se enfrentan a todos y a todo. Pero ninguna quiere tener que ser Erin Brocovich. Y la gran mayoría, no podemos con todo. No nos comamos la peli.
Abogando Familias (@abogandofamilias en Instagram) es un perfil con 59,5 k de seguidorxs. María Laura Lázzara y Julieta Speciali son las dos abogadas especialistas en derecho de familia que asesoran y litigan. “El 99% de las preguntas que recibimos son de mujeres, y los temas se repiten: cuota alimentaria y violencia”, dicen.
En Instagram tienen el mayor caudal de consultas. Elaboraron un sistema de respuestas pre formateadas para brindar herramientas e información, a modo de recursero. “Lo primero que hay que hacer es buscar asesoramiento especializado”, dice Julieta. Ambas trabajaron durante años en el patrocinio jurídico gratuito de la UBA, en donde cuentan que se trabaja con un compromiso enorme. “Lo que pasa es que como en todo lo que es gratuito, hay una sobrecarga del sistema, son muchísimos casos, la disponibilidad del profesional es menor”.
María Laura comenta que los principales obstáculos con los que se enfrenta una mujer que quiere judicializar el incumplimiento de la cuota por parte del progenitor, son los tiempos. De la justicia, y los propios. También los recursos económicos para contratar un abogado particular. “Cuando asistís a un patrocinio gratuito, tenés que ayudar, es un trabajo en equipo, al igual que con uno privado, pero tenés que moverte más, ir, estar. Y eso también es tiempo. Tiempo que dedicas a no trabajar y generar ingresos”.
Ambas piensan que el sistema mismo es una trampa. “Es muy difícil probar el caudal económico de la otra parte, a menos que sea alguien que tiene todo registrado. Pero está lleno de gente que terceriza, que tiene testaferros, que oculta. El sistema ofrece muy pocos elementos de prueba, para demostrar que ese caudal existe, y termina siendo funcional a los incumplidores. Es lento, ineficiente”. Pero el derecho a la cuota es un derecho de las niñeces, “lo que hay que priorizar es que ese niño reciba lo que se necesita para vivir dignamente. Hay una gran cantidad de abogados que no quieren tomar esos casos y acompañar a esas mujeres y dicen ´este es un caso perdido´ porque no hay recibo de sueldo, es una locura”, plantean.
“Quiero que él esté tranquilo, y tenga una vida feliz. Si el día de mañana quiere tener una familia, que sepa que hay responsabilidades que vienen con eso, y que esté a la par de su mujer, nunca arriba”.
Las dos hacen hincapié en que la violencia que se ejerce contra las mujeres es una violencia que se traslada a lxs hijxs. En el caso de Paola, ellxs no quisieron volver a ver al progenitor. “Ahora son más grandes y ven lo que implica este empobrecimiento, no es sólo que no podamos irnos de vacaciones o no tener las últimas zapatillas, ven el deterioro de la calidad de vida, a veces de los vínculos”. Rocío le va dosificando la información a su hijo. Cada vez puede explicarle más, intenta transmitirle que los adultos tienen obligaciones, y que los derechos de las niñeces deben cumplirse. “Quiero que él esté tranquilo, y tenga una vida feliz. Si el día de mañana quiere tener una familia, que sepa que hay responsabilidades que vienen con eso, y que esté a la par de su mujer, nunca arriba”.
Siempre a la par, nunca arriba.
Fuente: LATFEM
Otra marcha de antorchas docente:
“La respuesta que nos dieron fue el
látigo”
Resumen Latinoamericano, 11 de julio de 2023.
Las protestas de los educadores jujeños parecen no tener fin. Este martes concretaron un “abrazo simbólico” al inicio de la jornada y para el cierre volvieron a movilizar. Maestros y profesores contaron con apoyo de distintos sectores y todos repudiaron el accionar del gobierno que les aplicó descuentos salariales por los días de paro.
Se concretó una nueva marcha de antorchas de docentes en Jujuy.
Los educadores tuvieron acompañamiento de gremios estatales, municipales y otros sectores.
La protesta fue la continuidad del abrazo simbólico concretado en el inicio de la jornada para repudiar los descuentos salariales sufridos.
Se cumplió el día 37 de conflicto docente en Jujuy.
Recientemente, se concretó la denominada mesa técnica salarial entre los maestros de ADEP y funcionarios en el Ministerio de Educación. En la misma no hubo grandes avances y lo central fue el pedido de los educadores de la devolución de descuentos por los días de paro.
Esto se evidenció en los recibos de sueldos donde los trabajadores encontraron descomunales quitas, incluso llegaron a denunciar que hay casos de hasta $100.000.
Es por ello que este martes concretaron un “abrazo simbólico” en Casa de Gobierno. Tras una marcha por calles céntricas, confluyeron frente a Plaza Belgrano y muchos se expresaron con sus recibos impresos de manera gigante para exponer su indignación.
No fue la única protesta de la jornada, ya que sobre el cierre de la misma tuvo lugar una nueva “marcha de antorchas”.
Los docentes contaron con el apoyo de la Multisectorial, entre ellos gremios estatales, municipales y organizaciones sociales. En la misma se volvieron a escuchar críticas y repudio a las medidas gubernamentales actuales.
Testimonios en la movilización:
“Más de un mes y la respuesta que nos dieron es el látigo porque a los maestros han procedido a descontarles sueldos. Es justo el reclamo de los maestros, estamos luchando por la dignidad y eso deberían entender los del gobierno. Son valientes y un ejemplo para imitar. Queremos paz, trabajemos por la justicia y el respeto a nuestras raíces”, fueron las palabras de una docente que participó hace años en la fundación del CEDEMS.
Carlos “El Perro” Santillán, histórico dirigente y actual referente de DDHH expuso: “Vamos a seguir como Derechos Humanos porque vemos la violencia que ejerce el gobierno con los docentes, con municipales de La Quiaca, de Abra Pampa y estamos asombrados con lo que están haciendo. Nosotros vamos a firmar la denuncia de la Multisectorial porque el gobierno no puede seguir con esta postura muy violenta de amenazar a todo el mundo”.
Por su parte, el secretario general de SEOM Sebastián López enfatizó: “Queremos saber qué pasó con la plata de los sueldos de los compañeros de La Quiaca y Abra Pampa, hoy no tienen para comer y no saben cómo afrontar las deudas que se van a acumular”.
La protesta en imágenes
Fuente: Jujuy al Momento
Envio:ResumenLatinoamericano
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