La Rioja: avanza la reforma constitucional
en medio de denuncias de desastre
ambiental por extracción de litio
Resumen Latinoamericano, 25 de julio de 2023.
Esta mañana tomó relevancia la difusión de un video filmado por vecinos de la salina «El Leoncito». En las imágenes se observa la precariedad y la destrucción que ocasionan las empresas que están extrayendo litio en una de las pocas fuentes acuíferas de la zona. Las denuncias coinciden con el inicio de las audiencias de la asamblea constituyente que reformará la constitución y en el cual alertan que se modifiquen legislación que favorezca a las empresas mineras. Las y los pobladores temen que la situación jujeña se repita en La Riojas.
En el video se observa las precarias contenciones de agua y sales que ha implementado la empresa que funciona en la Salina El Leoncito que es uno de los 23 proyectos mineros de litio de la provincia. Hay hasta una pileta pelopincho que desentona con la majestuosidad del paisaje. Detrás se puede observar las tomadoras, excavadoras y camiones que remueven las salinas de donde fluye el agua que alimenta el medio ambiente cumpliendo la función de reservorios naturales hídricos escasos en la zona.
La Asamblea por la Vida de Chilecito y las Mujeres Defensoras del Agüita del Famatina apuntaron contra el gobierno del peronista Ricardo Quintela al que denuncian por estrago ambiental y destrucción irreversible de la Salina El Leoncito, en la cordillera riojana.
Al mismo tiempo este lunes se inicio el tratamiento de la reforma parcial de la Constitución de La Rioja. Que ha alertado a toda la población con la amenaza de repetir lo que está sucediendo en Jujuy: una reforma modelada para el ingreso de las multinacionales para el extractivismo. En la difusión oficial aseguran que la reforma estará “enmarcada en la ampliación de derechos vinculados al acceso al agua, la energía y la conectividad”. Pero esto no quedo ahí. El mismo lunes se conocía la reciente reunión realizada con la empresa sionista Mekorot. Compañía que desde el 2022 avanza en la gestión integral de los recursos hídricos superficiales y subterráneos en las provincias de San Juan, Formosa, Santa Cruz, Mendoza, Catamarca y Río Negro. Mekorot ha sido denunciada por Amistía Internacional por las violaciones a los derechos humanos respecto a limitar el acceso al agua del Pueblo palestino.
El tema que el inicio del tratamiento de esta reforma constitucional el oficialismo cuenta con mayoría amplia. Unos 30 constituyentes del oficialismo y otros 6 de Juntos por el Cambio. Desde las asambleas temen que esto repita “el tratado express” que se dio en Jujuy con la reforma impulsada por el gobernador Gerardo Morales. Desde la oposición también denuncian que detrás esta la idea del gobernador para “perpetuarse en el poder”.
En el portal Periodismo de Izquierda señalaron la falta de debate con la que llega el proyecto y que es una característica que lo asemeja a Jujuy; “Varias coincidencias son las que podemos encontrar con la situación de La Rioja. En primer lugar, la falta de acceso a la información y participación pública. A menos de una semana de inicio del tratamiento de la reforma, sigue sin haber información precisa sobre cuáles son las modificaciones específicas que pretende realizar el oficialismo”. Y aunque la alerta esta puesto en el foco de la legislación sobre el agua y la megaminería, se teme también que al igual que Jujuy, se traten temas de limitación de la protesta social.
El inicio de la cuestionado tratamiento para la reforma se da con esta denuncia de los pobladores y asambleístas ambientasles sobre el desastre ambiental que está ocurriendo en La Salina El Leoncito, es uno de los 23 proyectos de litio anunciados por el gobierno provincial. Y que las asambleas señalan que el informe de impacto ambiental fue aprobado (según la secretaria de minería Ivana Guardia) violando la ley general de medioambiente (Ley N°25.675) y la provincial (Ley N°7.801) de convocar a audiencia pública garantizando la participación informada de los riojanos. Y que tampoco cumple con la normativa vigente de acceso a la información pública (Ley N°27.275) y Acuerdo de Escazú:
“El gobierno de Quintela crea la empresa estatal Kallpa SAPEM quien está a cargo de la exploración y explotación de litio en la provincia. Las salinas son humedales alto andinos, ecosistemas de extrema fragilidad y son los principales reservorios de agua de los glaciares de la cordillera. Su contaminación y destrucción afecta no sólo a los riojanos, sino a toda Argentina.
Con pruebas contundentes exigimos la renuncia del secretario de Medio Ambiente, Santiago Azulay por incumplimiento del deber y la función pública. Alertamos a toda la población de La Rioja que el proyecto minero el Leoncito es la punta de flecha para la destrucción de todos los humedales alto andinos de la provincia. Hacemos responsable al gobernador Quintela de cualquier tipo de violencia que derive de la destrucción y contaminación de nuestras fuentes de agua y del intento de una reforma constitucional en La Rioja, como lo hizo Morales en Jujuy, recortando derechos a los pueblos en tanto legaliza el extractivismo, la represión y la criminalización de quienes defienden el territorio. Como hace 18 años, seguimos en la defensa de nuestra fuente de agua. Nosotros no cambiamos el discurso como Ud. gobernador Quintela, no permitiremos el despojo y la destrucción de nuestras fuentes de vida”.
Fuente: ANRed
Chau Genocida de Bariloche. Retiran
el monumento de Roca
Resumen Latinoamericano, 25 de julio de 2023
El monumento del Genocida Julio Argentino Roca será retirado del Centro Cívico de Bariloche como parte de un proyecto de puesta en valor de la plaza central de la ciudad, aprobado por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.
La subsecretaria de Cultura, Marisa de Aguiar, detalló “Se pidió su reubicación en un sitio menos expuesto y que no tenga la centralidad que tiene hoy”. En el lugar donde se encuentra la estatua, se aprobó la construcción de una obra de arte en piedra sin elevación, para garantizar la vista despejada hacia el lago.
Además, se trabajó también en un proyecto para realizar un monumento a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que se realizará de forma posterior, una vez que se avance con otros trabajos.
Su bronce en cualquier pedestal de nuestros territorios, plazas y avenidas, nos observa dominante desde su orgullo genocida de originarios y robo sanguinario de tierras para sus amigos cómplices del exterminio en el sur.
Su aparente figura estática de metal es una trampa. Es la continuidad de una masacre sostenida en el tiempo. El símbolo más activo del silencio rancio de la historia oficial y el racismo enquistado en nuestro ADN criollo “civilizado”.
Una verdadera violencia simbólica sobre nuestras cabezas, que contempla la persecución estatal sobre el pueblo mapuche, que aún hoy observa desalojos y operativos militares de comandos unificados contra comunidades.
Chau Roca, hoy no tenemos un piedrazo o un aerosol contra tu estatua, porque hoy festejamos.
Jujuy:Presentarán un recurso para
declarar inconstitucional al Código
Contravencional
Resumen Latinoamericano, 25 de julio de 2023.
Lo informó la representante legal de la Multisectorial contra la Reforma, Mariana Vargas.
La abogada de la Multisectorial contra la reforma, Mariana Vargas, adelantó que presentarán un recurso para declarar inconstitucional al Código Contravencional.
Acusó además al gobierno de perseguir a sindicalistas “por el solo hecho de serlo”.
Sindicatos, organizaciones sociales y comunidades aborígenes continúan oponiéndose a la reforma parcial de la Constitución de Jujuy con movilizaciones, cortes de ruta y calles y otras acciones que, el 20 de junio pasado, derivaron en enfrentamientos en la Legislatura provincial.
Por este y otros hechos, fueron detenidos o multados diferentes dirigentes. Al respecto de estas detenciones y multas, la abogada de la Multisectorial contra la Reforma, Mariana Vargas, adelantó que luego de la feria judicial presentarán un recurso para declarar inconstitucional el código contravencional (modificado por la reforma parcial de la Constitución). “Jujuy no puede hacer un nuevo Código Penal como es, en los hechos, el Código Contravencional”, dijo Vargas, señalando que varios artículos del mismo afectan directamente “derechos como participar de una reunión que corta una calle si es numerosa”.
“El Código Contravencional se utiliza, en lo que hace a las manifestaciones, para cercenar derechos. El gobernador está usando un instrumento ilegal para cercenar derechos”, dijo.
También aseguró que solicitarán la suspensión de los trámites contravencionales que estén activos. El recurso será presentado en el Superior Tribunal de Justicia.
Por otro lado, Vargas comentó que “ahora se cita a dirigentes como si ser dirigente en sí mismo fuera una falta o delito contravencional. Estamos ante la intención de desarticular el movimiento generado y que se nucleó en la multisectorial”.
Fuente: Jujuy al Momento
Expropiación de YPF: definen el
monto que el país deberá pagar al
fondo buitre Burford
Natali Risso, Resumen Latinoamericano, 25 de julio de 2023.
Comienza este miércoles el juicio para decidir los daños económicos que el Estado Nacional deberá pagar a Burford. Puede variar entre 4900 y 16000 millones de dólares, dependiendo de la tasa de interés y la fecha en que definan que la República Argentina obtuvo el control de las acciones de la petrolera.
Tras ocho años de litigio, este miércoles comenzarán las audiencias para definir el monto de los daños económicos por el juicio que el fondo buitre Burford le inició a Argentina por la forma en que se nacionalizó YPF – sin realizar una Oferta Pública de Adquisición-. La disputa en los tribunales neoyorquinos será para determinar el monto que la Nación deberá pagar, que puede variar entre 4900 y 16000 millones de dólares dependiendo lo que se resuelva en estos tres días, representando el juicio más costoso que Argentina tiene en el exterior y uno de los más importantes en la historia de las cortes de Estados Unidos.
La jueza Loretta Preska, que sucede a Thomas Griesa en los tribunales de Nueva York, escuchará a las partes para determinar el monto que la República Argentina deberá pagar en base a dos cuestiones de daños que dejó sin resolver en su fallo en contra del Estado Argentino el 31 de marzo y significan una diferencia de hasta 11.100 millones de dólares. El monto variará en función de la fecha en que Preska tome como que Argentina obtuvo el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación, y la tasa de interés que se utilice por la demora para actualizar la indemnización.
En disputa
Las audiencias que se llevarán a cabo los próximos tres días en la ciudad de Nueva York le pondrán número a un proceso que ya lleva ocho años de disputa entre el fondo buitre Burford Capital y la República Argentina, cuya defensa y apelaciones están en manos de la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini. La importancia radica en que, en función de cómo la jueza resuelva las dos cuestiones de daños, Argentina deberá pagar 4900 o 16.000 millones de dólares al fondo buitre. La diferencia es muy grande (11.100 millones de dólares) para un país mega endeudado con el FMI y con el 40 por ciento de su población bajo la linea de pobreza.
Una de las cuestiones en pugna es la tasa de interés que se utilizará por los años de demora del pago de la indemnización, decisión que implica hasta 7600 millones de dólares de de diferencia dependiendo si la jueza opta por tomar el 0 por ciento que considera debería pagar la República Argentina y el 8 por ciento que pide Burford.
“Los peritos de la República testificarán que en Argentina, al igual que en Estados Unidos, el objetivo de los intereses de demora “es resarcir a los demandantes, pero no darles una ganancia inesperada”, aseguró la defensa Argentina en el informe previo al comienzo del juicio este miércoles.
La otra cuestión en disputa es la fecha en que Argentina obtuvo el control de las acciones de YPF (y no de YPF), sujetas a expropiación. Los demandantes la sitúan el 16 de abril de 2012 , cuando se envió el proyecto de ley de expropiación al Congreso y se emitió un decreto que designó un interventor del Ejecutivo que desplazó al directorio de YPF. La República, en cambio, explica que no fue antes del 7 de mayo de 2012, cuando entró en vigor de la Ley de Expropiación 26.741 que facultó al ejecutivo a empezar a ejercer los derechos políticos y económicos de las acciones. “Fue la ley la que le dio la postestad a la República de obtener el 51 por ciento de las acciones de YPF que antes tenia Repsol”, alega Argentina en su escrito. La diferencia del pago si se empieza a contabilizar en una fecha u otra es de 3400 millones de dólares.
Los montos en juego son muy grandes. Si la corte falla en contra de la demanda y deja que Argentina no pague intereses y elige la fecha 7 de mayo, los beneficios para Burford son de 5000 millones de dólares. Si la corte falla a favor de la demanda en las dos partes, puede obtener 16.000 millones de pesos -un monto superior a la capitalización bursátil de YPF- por su antigua participación en aproximadamente el 28 por ciento de las acciones de YPF. Teniendo en cuenta que Burford compró por solo 15 millones de dólares el litigio al administrador del concurso español de Petersen y el derecho a quedarse el 70 por ciento del recupero de la eventual sentencia, el buitre obtendría ganancias muy por encima de la inversión realizada. En cualquiera de las dos alternativas el monto ubica al juicio entre los diez más importantes (por su monto) en la historia de las cortes de Estados Unidos.
Alerta buitre
El juicio que llega a su recta final comenzó cuando en 2015 el fondo buitre Burford Capital le compró a las firmas Eton Park y Petersen Energía, que eran accionistas minoritarias de YPF al momento de la reestatización, el derecho a litigar contra la República Argentina por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA).
Tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem, el país se comprometía a que cualquier operación de adquisición de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta de compra por el total de las acciones del mercado. En 2012 la República adquirió el 51 por ciento de las acciones de la mayoritaria Repsol y no realizó una OPA al resto de los accionistas, hecho por el cual aseguraron haber sido perjudicados.
El 31 de marzo Preska falló contra la República aunque no determinó el monto que deberá pagar. En ese mismo fallo de marzo, Preska eximió de responsabilidades a YPF – que también fue demandada por el fondo buitre Burford-, ya que los estatutos no obligan a la petrolera a “hacer cumplir los requisitos de la oferta pública de adquisición o sanciones por no hacerlo”.
Lo distintivo de este caso es la característica del demandante: el fondo buitre Burford Capital, cuyas acciones en la Bolsa de Nueva York aumentaron 53,19 por ciento tras conocerse la decisión de Preska en marzo pasado. Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su especialidad son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. Burford se constituyó el 11 de septiembre de 2009 en el paraíso fiscal de Guernsey, isla del Canal de la Mancha.
Para este fondo, el caso YPF no es uno más en su cartera de negocios. Cuando comenzó a cotizar como empresa pública en la bolsa de Nueva York, el 19 de octubre de 2020, tuvo que presentar informes y balances reglamentarios a los accionistas. Allí quedó expuesto que este juicio es el principal activo en su cartera. A diferencia del tradicional accionar carroñero, Burford Capital no compró bonos en default para reclamar luego el cobro del ciento por ciento más intereses y punitorios, sino que se hizo con los derechos de un inversor quebrado de YPF para litigar por la expropiación de la mayoría de acciones de la compañía. Tampoco cuenta con la espalda financiera que tienen los fondos buitres más tradicionales.
Antes de que el fallo quede firme, la República cuenta aún con dos instancias de apelación para no pagar, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, la jueza podría ordenar que Argentina abone una garantía además de que arriesga a que Burford también apele y pida que se revoque la exoneración de YPF.
Fuente: Página 12
Zona liberada en Barracas:
trabajadores del Borda realizan
medidas de fuerza tras varios
hechos de inseguridad
Por Martín Suárez, Resumen Latinoamericano, 25 de julio de 2023.
“Luego de varios hechos de inseguridad que ocurrieron en el Borda, la gota que rebalsó el vaso fue lo que pasó hace unos días, donde una persona ingresó en el horario de la noche a uno de los servicios. De casualidad había dos enfermeras porque una de ellas había ido a dejar sus pertenencias al locker, porque si no después del mediodía solo contamos con una enfermera para casi 30 pacientes”, cuenta a Tiempo Nancy Albornoz, enfermera del turno de 12 a 18. Familiares de pacientes y trabajadores que asisten a diario al centro de salud, coinciden que la zona se encuentra liberada hace varios años, es más, sus trabajadores desconocen por dónde realizó el ingreso esta persona que fue en busca de psicofármacos. Este martes, los gremios decidieron movilizar al ministerio de Seguridad de CABA para exigir que se cumpla el pliego respecto a la cantidad de vigiladores que tienen que estar al resguardo del hospital y las inmediaciones del mismo.
“No sabemos si se metió saltando el muro, por uno de los laterales del hospital, pero ingresó al servicio pateando la puerta que estaba cerrada, robó la medicación y objetos personales de las enfermeras y a una le sacó la chaqueta para camuflarse entre personal del hospital y poder escapar”, agrega Albornoz y sintetiza: “las compañeras se defendieron a los sillazos porque esta persona las quería lastimar. En medio de este hecho llegó personal médico de la guardia que debía tomar el turno y al escuchar ruidos extraños lograron avisar al 911 y varios minutos después detuvieron al agresor”.
Les ofrecieron un «botón antipánico»
Las trabajadoras que resultaron víctimas de este hecho, solicitaron a la ART la habilitación de una licencia tras el episodio de violencia. Desde el organismo respondieron que, como no tienen lesiones, ni heridas, ni golpes visibles no les corresponden los días reclamados y las están instando a volver a sus puestos de trabajo. “Vamos a trabajar con mucho miedo, porque además estamos viviendo una situación de emergencia sanitaria en salud mental gravísima, porque falta muchísimo personal de enfermería, no contamos con elementos ni insumos de trabajo. La única respuesta que dieron a nuestro reclamo fue ofrecernos botones antipánico para ir a trabajar”, agrega la trabajadora. La “propuesta” vino de parte de Horacio Rodríguez O’Connor, titular de la dirección de Salud Mental del gobierno porteño.
Desde la Asociación de Licenciados y Licenciadas en Enfermería (ALE), le exigen a Rodríguez Larreta, Quirós y al precandidato Martín Lousteau, que “aflojen un poquito con el marketing de campaña y que den alguna respuesta al Borda. Cómo puede ser que tengamos que ir a trabajar con miedo? Es indignante: el gobierno de la Ciudad no garantiza salario digno, no garantiza presupuesto para personal y no puede asegurar que no arriesguemos la vida para cuidar a nuestros pacientes, que es lo que queremos y nuestro trabajo. ¿Ustedes creen que alguien del Ministerio de Salud se comunicó con las compañeras agredidas? ¿O qué Quirós nos convocó a reunirnos? Nada de nada. Siguen como si no hubiera pasado nada haciendo marketing electoral. No se aguanta más esta situación”, subraya Andrea Ramírez, presidenta del sindicato.
Foto: Archivo TA
Negocios con los neuropsiquiátricos
Para el PRO, el hospital Borda siempre fue un espacio en disputa. El 26 de abril de 2013, la Policía Metropolitana ingresó a los terrenos del nosocomio con la intención de garantizar el comienzo de las obras del Centro Cívico: una dependencia que albergaría varios ministerios del Gobierno de la Ciudad que funcionaban en el Palacio del Plata, edificio vendido al empresario “amigo” de la gestión macrista Eduardo Elsztain. Para lograr ese objetivo, uniformados de las fuerzas de seguridad ingresaron de madrugada, violando una orden judicial, y derribaron el edificio del Taller Protegido 19, en medio de una brutal represión contra quienes se opusieron a la medida. ¿El saldo? al menos 50 heridos, entre ellos, periodistas que fueron a cubrir el desalojo clandestino, pacientes y trabajadores de la institución psiquiátrica.
Tras la imposibilidad de edificar el tan ansiado centro cívico en los terrenos del nosocomio, la gestión de Rodríguez Larreta inició un proceso de abandono del hospital y en las inmediaciones del mismo. Diez años después, los trabajadores y trabajadoras del centro de salud, afirman que la zona se convirtió en una de las más inseguras.
El Moyano sufre la misma desidia
A 600 metros del Hospital José T. Borda se encuentra el otro centro especializado en tratamientos neuropsiquiátricos: el Hospital Braulio A. Moyano. Sus trabajadores y trabajadoras aseguran que, si bien están consternados por lo ocurrido en el Borda, no los sorprende porque en el Moyano se viven a diario situaciones similares. “La realidad es que los hospitales de la Ciudad están abandonados por esta gestión, hay una desidia total, una desinversión de hace años, y la zona está liberada. Los compañeros y compañeras, sobre todo del turno noche, son víctimas de varios robos”, detalla a Tiempo Mariano Veiga, Secretario General de AGIHM, sindicato que nuclea al personal del Hospital Moyano. Para el trabajador y referente sindical, éste abandono está vinculado a los negocios que el gobierno porteño intentó llevar adelante con los hospitales neuropsiquiátricos. “Como no pudo, desde hace años se dedican a desinvertir y vaciar los hospitales. Eso se nota en la infraestructura pero también en la carencia de insumos, de personal y de aparatología. Lamentablemente la población no puede acceder a un servicio de salud mental de alta calidad”, remata Veiga.
Fuente: Tiempo AR
Como si no fuera responsable: el
FMI prevé recesión del 2,5% e
inflación del 120%
Resumen Latinoamericano, 25 de julio de 2023.
Los números forman parte del pronóstico que hace el organismo internacional en su informe Perspectivas Económicas Mundiales (WEO en ingles). En conferencia de prensa, Pierre-Olivier Gourinchas, aseguró que “el país está enfrentando una situación muy difícil” . Situación generada por la decisión del Gobierno, con Massa como ministro y candidato, de seguir sus recetas de ajuste.
Este martes se conoció un informe realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) denominado Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, en inglés) en el que se pronostica un panorama económico mundial. Su mirada para Argentina es muy crítica: para este año prevé una recesión del 2,5% y una inflación anual del 120%.
En conferencia de prensa, el economista jefe del Fondo, Pierre-Olivier Gourinchas, afirmó que “el país está enfrentando una situación muy difícil”. Tanto el Fondo, como sus funcionarios, hacen estas declaraciones como si no tuvieran ninguna responsabilidad en la actual crisis que vive nuestro país, y que recae de manera más dura sobre las mayorías trabajadoras y populares.
El duro pronóstico llega luego de que el ministro y candidato Sergio Massa oficializó las nuevas medidas cambiarias e impositivas para complacer al organismo y que actúan como una devaluación encubierta que impactará en los precios.
En abril de este año, el Fondo había hecho otro pronóstico: inflación de 88 % y crecimiento al 0,2 % para este año. En ese momento, Olivier Gourinchas también se había referido a la “importancia de tener políticas monetarias y fiscales contractivas y prudentes, de acuerdo al programa con el FMI”.
Cumpliendo las recetas del FMI es que se llega a esta dura realidad en la que el 40% de la población vive en la pobreza. Como plantea la izquierda, es necesario “terminar con este saqueo que genera más pobreza e inflación”.
Fuente: Telesur
Sentencia Favorable. Las Comunidades
Mapuche de Rio Negro pusieron
freno a la explotación minera
Resumen Latinoamericano, 25 de julio de 2023
Una asamblea mapuche se llevó a cabo en Valcheta. Foto: archivo
El presidente del CODECI (Consejo de desarrollo de las comunidades indígena), Newen Loncoman, explicó qué significa para las comunidades mapuche de distintos territorios, la reciente sentencia favorable que pone freno a los permisos concedidos por la Provincia de Río Negro para exploraciones mineras.
Se trata de un amparo colectivo que incluye zonas de Ñorquinco, Comallo, Laguna Blanca, Pilquiniyeu del Limay, Blancura Centro y Colan Conhué.
Se solicitó la Consulta Libre, Previa e Informada a las comunidades a través de sus organizaciones, reclamo al que la Justicia dio lugar.
Se prohibió avanzar sobre cualquier actividad de exploración, prospección, cateo y/o explotación sobre estos territorios y obliga a la provincia de Río Negro poner a disposición, a través del CODECI, la información sobre la ocupación territorial ancestral de las comunidades que intentaron desconocer en instancias previas.
Nota completa: https://buff.ly/3rDqpdn
Lofche Noalaminería
Nacional Jacobacci
LA JUSTICIA SUPENDE LA EXPLORACIÓN MINERA EN LA REGION SUR DE RIO NEGRO
por Lorena Roncarolo
El juez de El Bolsón Marcelo Muscillo hizo lugar a un amparo colectivo presentado por siete comunidades mapuches contra el gobierno de Río Negro pidiendo el cese de cualquier actividad minera en sus territorios.
El amparo fue presentado por la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, las comunidades Ancalao, Mariano Solo, Lofche Pulam Lafken, Amulen Che, Newen Ñuke Mapu, Pilquiniyeu del Limay, Ragiñ Plang Curra Meu y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas.
En la presentación, los amparistas alegaron «una afectación de las comunidades» en sus territorios producto de las actividades mineras.
El juez ordenó a la provincia de Río Negro implementar un mecanismo de consulta con las comunidades originarias a fin de obtener el consentimiento libre, previo e informado respecto de los proyectos mineros en sus territorios. Mientras tanto, dispuso la prohibición de avanzar con cualquier exploración, prospección, cateo o explotación.
A partir de esta resolución, la Secretaría de Minería deberá notificar a todas las empresas mineras la imposibilidad de ingresar a los territorios, ni extraer muestras minerales o llevar a cabo cualquier actividad relacionada con la actividad.
La sentencia de Muscillo menciona una resolución de la Corte Suprema de Justicia del 8 de abril de 2021 que hace lugar a un reclamo de comunidades originarias de la zona de Villa Pehuenia, que «cuestionaron la creación de un nuevo municipio en el lugar, sin haberse verificado la consulta previa».
El juez mencionó también un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena la consulta previa en Argentina a las Comunidades Originarias respecto de cualquier decisión que recaiga en sus tierras.
La provincia de Río Negro no desconoció el proceso de la consulta, pero afirmó que debe realizarse antes de las tareas de explotación «y no de las que se está actualmente en proceso de autorización, es decir las de exploración». Por el contrario, las comunidades amparistas consideraron que las actividades que se realizan implican «afectaciones territoriales» y que «la consulta debe prosperar antes de dar cualquier autorización, aún para tareas preliminares».
El juez consideró que la consulta debe cumplirse en la primera etapa, previamente a la autorización de exploración. «Una consulta de buena fe debe hacerse en el inicio del proyecto. No resulta respetuoso el escenario que puede advertirse en la actualidad, con un avance significativo de los expedientes (tanto en su tramitación como en la actividad desplegada en el terreno) sin haber siquiera informado a quienes viven en el lugar», puntualizó.
Citó la ley provincial 3266 de Evaluación de Impacto Ambiental que establece la exigencia de la consulta libre e informada antes de cualquier autorización. En este sentido, la norma no diferencia entre autorizaciones de exploración o de explotación y en todos los casos exige que los estudios e informes de impacto ambiental se dispongan en la primera etapa.
«Corresponde que la Secretaría de Minería suspenda el trámite de todas las solicitudes que abarquen total o parcialmente el territorio de las comunidades amparistas a fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado antes de otorgar cualquier tipo de autorización, sin importar a qué etapa de la actividad minera se refiera», aclaró.
Dispuso que la Secretaría de Minería notifique a las empresas solicitantes que, «hasta tanto se reanuden los expedientes (es decir, con posterioridad a la consulta obligatoria) debe cesar cualquier tipo de presencia de su personal o de sus bienes en dichos territorios, retirando todo implemento que se haya dispuesto en el lugar para proceder a la actividad minera, sancionando su incumplimiento».
Diario Rio Negro
El Malón de la Paz partió a Bs As:
“Estamos abiertos al diálogo y nunca
vinieron”
Resumen Latinoamericano, 25 de julio de 2023.
Este martes, desde La Quiaca, dio inicio la expedición de las comunidades originarias en busca de llegar a la Corte Suprema para visibilizar su reclamo y conseguir una solución. Pedirán la inconstitucionalidad de la reforma y que se sancione la Ley de Propiedad Comunitaria.
De Jujuy a Buenos Aires: inició el viaje del “Malón de la Paz”.
Las comunidades se reunieron en La Quiaca e irán bajando por localidades jujeñas donde se sumarán más pueblos originarios.
Pedirán a la Corte Suprema que se expida respecto de la inconstitucionalidad de la carta magna jujeña.
Como se había anunciado, este martes inició el viaje del 3er Malón de la Paz desde Jujuy hacia Buenos Aires bajo la consigna de que “El Agua vale más que el litio y que la Reforma Inconstitucional del gobierno viene por los derechos de los pueblos”.
Las primeras comunidades originarias se reunieron en la ciudad fronteriza de La Quiaca para dar inicio a la expedición que pasará por otras localidades donde se irán sumando más comuneros.
Pasarán por Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe y así llegar a la Capital Federal donde el objetivo será conseguir una respuesta de la Corte Suprema de Justicia.
Sergio Zerpa, lugareño de Abra Pampa e integrante del Malón dialogó con Radio 2 y habló de este viaje señalando que tendrán encuentros y apoyos de otros pueblos del país.
Remarcó además que irán en busca de que se sancione la Ley de Propiedad Comunitaria porque las esperanzas del sector están puestas en este viaje.
También hizo especial hincapié en que ellos estuvieron siempre, y lo siguen haciendo, abiertos al diálogo pero que desde el gobierno provincial nunca se acercaron a los fines de acercar posturas en busca de una solución.
“Ahora nos encontramos en el monolito del Malón de la Paz donde partió el primero hace años. Esta es una marcha netamente sostenida por las comunidades con el objetivo de partir desde La Quiaca hasta Buenos Aires. Comenzamos hoy con la salida de los hermanos de La Quiaca, esta noche hacemos parada en Güemes, mañana por Tucumán y después pasaríamos por Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe y la idea de llegar a Buenos Aires el 1° de Agosto para realizar una ceremonia de la Pachamama en un lugar tan emblemático como el Obelisco. Es para hacer visible, llegar a la Corte Suprema y que se dictaminen con nuestro pedido porque no solo somos nosotros, se suman los hermanos de Humahuaca, Tilcara, Susques y todos los pueblos de Jujuy. Tenemos la adhesión de los hermanos de pueblos de otras provincias”, relató el comunero.
Zerpa añadió que: “Ya hay un pedido en la Corte de declarar la inconstitucionalidad de la reforma del gobernador Morales y otra opción sería la intervención de la provincia de Jujuy además de emitirse con la ley de territorios”.
Consultado sobre los cortes de ruta que persisten en el interior de la provincia, señaló: “ Es desgastante, hace 40 días que estamos por eso queremos una solución. Nuestras comunidades deben volver a sus casas y estar con el ganado, con la tierra por eso esta decisión del Malón de ir a Buenos Aires a conseguir respuestas”.
Nosotros estamos abiertos y dispuestos al diálogo, podemos charlar, pero nunca vinieron a buscar una solución. Nosotros somos Pachamama viviente.
En su paso por la Capital jujeña, las comunidades exigieron que Gerardo Morales “se vaya del gobierno y de la provincia”.
Cronograma de actividades:
- Martes 25 julio: El 3° Malón de la Paz partirá desde La Quiaca y harán parada en Purmamarca donde se encontrarán con comunidades de Susques y Salinas Grandes. Luego se realizará un breve acto y continuarán el viaje. Se coordinará con la multisectorial de Jujuy si se hace una caminata en la frontera con Salta y pernoctarán en Güemes. Reciben los hermanos de Pueblos Originarios de Salta.
- Miércoles 26 de julio: saldrán desde Güemes, pasarán por Salta capital para participar de un acto.
- Jueves 27 de julio: serán recibido por los hermanos de la UPND de Tucumán.
- Viernes 28 de julio: continuarán el recorrido Tafi del Valle, pasarán por San Miguel de Tucumán y pernoctarán en Santiago del Estero, nos reciben los Pueblos Indígenas Tonokote y otros.
- Sábado 29 de julio: Desde Santiago del Estero rumbo a Córdoba.
- Domingo 30 de julio: Se encontrarán con el Pueblo Qom y Pueblos indígenas del Nea.
- Lunes 31 de julio: Continuarán viaje desde Rosario hasta la entrada a Buenos Aires, donde se hará un encuentro con los Pueblos Indígenas del Sur.
- Mientras tanto el 1 de agosto “Día de la Pachamama” en la provincia de Buenos Aires se realizará acampe en la Corte Suprema y en el Congreso de la Nación.
”HACE 73 AÑOS DEL PRIMER MALON DE LA PAZ, SEGUIMOS CAMINANDO”
Fuente: Jujuy al Momento
Envio:ResumenLatinoamericano
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