TERRORISMO DE ESTADO
Uno de los imputados en el 13° juicio de lesa humanidad en Mendoza incumplió la prisión domiciliaria
Comenzó el juicio de la Megacausa D2, relacionado con el centro clandestino de detención por el que pasaron más de 300 víctimas, entre secuestrados, asesinados y desaparecidos. Hay 28 imputados
El inicio del 13° juicio de lesa humanidad en Mendoza, conocido como la "Megacausa D2", presentó como novedad que uno de los 28 imputados fue señalado por incumplir la prisión domiciliaria y realizar tareas en una playa de estacionamiento céntrica en la que dejan sus autos, entre otros, el fiscal Daniel Rodríguez Infante.
El D-2 fue el mayo centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en Mendoza durante el terrorismo de Estado. Sus calabozos estaban en el Palacio Policial de Belgrano casi Peltier, de Ciudad. Hoy funciona allí el Espacio Provincial de la Memoria
El Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza comenzó a juzgar a ex policías provinciales que integraron el Departamento de Informaciones (D2) en la última dictadura cívico militar por delitos cometidos contra más de 300 personas entre 1974 y 1981 y, en medio del debate, el fiscal reveló que uno de los imputados no cumplía con la prisión domiciliaria ordenada dado que lo reconoció como uno de los empleados de la playa de estacionamiento donde a diario deja su automóvil.
El Tribunal integrado por los magistrados Alejandro Piña, Alberto Carelli, Paula Marisi y Eliana Rattá dio inicio al debate oral y público con la identificación de los imputados, tanto los presentes en la sala como los conectados de forma virtual por temas de salud, distancia u otras circunstancias.
De manera inesperada, el fiscal Daniel Rodríguez Infante advirtió durante la lectura de identificación que uno de los imputados, presente en la sala, no cumplía con la prisión domiciliaria impuesta por la Justicia.
"Ha pasado cierto tiempo de las indagatorias. Entonces naturalmente no recordamos los rostros de todos los acusados pero cuando se identificó el señor Antonio Marcos Ochoa Albornoz, que está aquí, es la misma persona que trabaja todos los días en la playa de estacionamiento en la cual dejo mi auto. Este señor debería estar en prisión domiciliaria", expresó Rodríguez Infante ante el Tribunal.
Tras chequear en el registro y comprobar que efectivamente figura que el imputado hace tareas contables en un estacionamiento, el fiscal solicitó que se le revoqué la prisión domiciliaria y se lo detenga.
El juez Carelli contestó que "desde secretaría se ocuparán de la situación de Ochoa dada a conocer" y prosiguió con la identificación de los imputados.
Se definió además, en acuerdo de las partes, que la lectura de elevación se enviará de manera digital a los imputados para ganar tiempo y se pasará a la etapa de alegatos de apertura por parte de la fiscalía, el próximo 18 de agosto.
El TOF 1 se encargará de juzgar secuestros, tormentos, homicidios, robos, lesiones, abusos y violaciones cometidas entre agosto de 1974 y abril de 1981 contra más de 300 personas, de las que 71 fueron asesinadas o desaparecidas.
De las víctimas, más de una docena era menor de edad cuando ocurrieron los hechos.
En cuanto a los 28 imputados, 15 nunca fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad. Se trata de Rubén Oscar Blanco, Eduardo Cia Villegas, Carlos Escobar Zurita, Teodoro Galigniana Oro, Lucas Marcelo Garay Domínguez, Gerónimo Mateo Jofré, Oscar Maturano Ibaceta, Antonio Ochoa Albornoz, Jacinto Olmedo Muñoz, Armando Quintero Bassi, Omar Reta Zárate, Adolfo Siniscalchi Arizmendi, José Lellis Sosa Córdoba, Juan Hipólito Tello Yáñez y Omar Venturino Amaker.
Los 13 restantes ya tienen condenas previas en alguno de los 12 juicios que se realizaron en la provincia desde 2010. Los ya condenados son: Carlos Faustino Álvarez Lucero, Armando Osvaldo Fernández Miranda, Abelardo Santiago Garay Mauceri, Rubén Darío González Camargo, Pablo José Gutiérrez Araya, Julio Héctor La Paz, Mario Alfredo Laporta Chielli, Celustiano Lucero Lorca, Ricardo Benjamín Miranda Genaro, Marcelo Rolando Moroy, José Esteban Roccato Villegas, Miguel Ángel Salinas y Miguel Ángel Tello Amaya.
La acusación está integrada por la fiscalía, que estará a cargo de Daniel Rodríguez Infante y las querellas: Viviana Beigel por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; Fernando Peñaloza por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Natalia Cecilia Liz Lorenzo por la Liga Argentina por los Derechos Humanos. La defensa oficial, en los nombres de Alejo Amuchástegui y Leonardo Pérez Videla, representa a 27 de los 28 imputados. El abogado Fernando Lúquez y la abogada Agustina Rogé defienden al ex policía Eduardo Germán Cía.
Fuente:DiarioUnoMdza.
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