Massa anunció refuerzos federales a Rosario y la unidad anti lavado
Aceleró bien peronista sobre la recta final
El precandidato de Unión por la Patria dijo que "lo que viene es recuperar el poder adquisitivo" con el apoyo al sector pyme, y criticó a Juntos por el Cambio"Entre 2015 y 2019 cayeron 23 mil pymes", apuntó Massa con los empresarios. . Imagen: Sebastián Granata
Sergio Massa pone todo lo posible en el sprint final hacia las primarias del domingo, con el objetivo de demostrar el lunes que habrá sido el candidato más votado. Por eso en su paso de ayer por la provincia de Santa Fe salieron de su boca diatribas contra la gestión Macri y sus herederos de hoy, definiciones y compromisos dulces a los oídos de empresarios y trabajadores, y también el anuncio inminente para Rosario de un refuerzo de fuerzas federales para pacificar el territorio dominado por la violencia urbana y la puesta en marcha de la Unidad de Información Financiera contra el lavado de activos proveniente del narcotráfico. Toda la carne al asador para procurar retener votos propios, captar indecisos y hacer dudar a los ajenos. Y la esperanza de que ese repunte de Unión por la Patria contagie también la campaña santafesina de Juntos Avancemos.
Arrancó por la mañana en la nave central de la fábrica Liliana, en Granadero Baigorria, ante un auditorio pleno de invitados, los de la política y los del aparato productivo en mayoría, casi todos empresarios pymes. Y allí le resultó fácil desmarcarse del ideario neoliberal que en boca de Bullrich, Rodríguez Larreta o Milei amenaza con apertura importadora, dolarización y otros negros déjà vu.
“Hay que terminar con esa idea de que somos un país de mierda, fracasado. Somos un gran país y debemos recorrer abrazados empresarios y trabajadores un proyecto de país con desarrollo, inclusión y mejor distribución”, dijo. Y arremetió varias veces contra el gobierno de Cambiemos: "No hay peor cepo que la deuda con el Fondo que nos dejaron como ancla. Entre 2015 y 2019 cayeron 23 mil pymes y perdimos 250 mil empleos industriales", apuntó.
Massa, en tanto ministro de Economía también, reconoció que el Gobierno está en deuda con el nivel de ingreso de los trabajadores. "No tuvimos la capacidad de poder resolver el problema macroeconómico agravado por la sequía, pero también porque en la pandemia decidimos cuidar empleo en lugar de mejorar el camino del ingreso. Pero no nos sacó del camino, solo nos demoró. Uno de los compromisos es poner sobre la mesa una mejora del poder adquisitivo con la suma fija, con asignación familiares, paritarias libres, y reducción del Impuesto a las Ganancias", adelantó quien venía en la víspera de anunciar ante la cúpula de la CGT una equiparación salarial con el costo de la canasta básica para después de las PASO.
“No hay empleo sin empresas, ni trabajo sin producción, ni trabajadores sin empresarios. El 63% del empleo es pyme: Un sector que pelea con la complejidad de nuestro sistema tributario, las superposiciones. Tenemos que recorrer el camino de la simplificación tributaria, como lo empezamos hace pocas semanas cuando habilitamos que cada pyme pueda poner el 30% del impuesto al Cheque a cuenta del 15% de aportes y contribuciones, cuando limitamos la capacidad del Estado de cobrarle impuesto a débitos y créditos”, abundó flanqueado por su compañero de fórmula, Agustín Rossi, y el secretario de Producción, Ignacio De Mendiguren.
Massa sostuvo entonces que hasta aquí logró reducir 6 puntos porcentuales la presión tributaria al sector pyme, y prometió profundizar ese propósito. A la vez, se propuso la misión de “aumentar las exportaciones”.
En las primeras filas estaban el gobernador Omar Perotti y cabeza de lista para diputados provinciales, y el candidato a sucederlo, Marcelo Lewandowski, como también la de diputados nacionales: Germán Martínez, Florencia Carignano, Diego Giuliano y María de los Angeles Sacnun.
En la nave ampliada de la fábrica que la familia Jacobson logró ampliar con financiamiento de los Créditos del Bicentenario, Massa aplaudió el ejemplo: "Acá se derribó el mito de que solo se pueden producir electrodomésticos en Tierra del Fuego, y abastecer el mercado interno y exportar. Son 1.300 trabajadores y un desafío: seguir sustituyendo importaciones", celebró.
Y así marcó otra vez la diferencia con el ideario de Juntos por el Cambio. "Apoyamos a estas industrias con créditos a tasa subsidiada frente a los que dicen que el Estado no debe hacer eso, que el mercado lo resuelve todo como si fuéramos un país desarrollado. En realidad, somos en un país en vías de desarrollo y necesita que el Estado equilibre las diferencias que el mercado produce”, enfatizó.
"Ese miedo que nos instalan cuando hablan de apertura de importaciones, ajuste y dolarización con la consecuente pérdida de competitividad de la economía, y el impacto que tendría en los trabajadores, es el miedo que debemos vencer como sociedad –indicó– para ser competitivos, ganar mercados y ser de verdad un país desarrollado". Y afirmó que "hoy el mundo respeta mucho más a la Argentina de lo que escuchamos de parte de dirigentes de la oposición. Aquellos que creen que somos un país de fracasados, que no vengan a pedir el voto, porque si somos tan mala sociedad para qué la quieren gobernar entonces, si son parte de ella", cuestionó.
Anti lavado y más gendarmes
A la par del discurso productivista, el candidato de UxP encaró el tema de la narco violencia que campea en la región, y se remontó a su experiencia como intendente de Tigre, donde afirmó que en aquel entonces logró reducir 92% el delito.
Reveló que la semana próxima llegará a la ciudad para poner en marcha la delegación local de la Unidad de Información Financiera contra el lavado de activos, y que ya le pidió a su par de Seguridad, Aníbal Fernández, un refuerzo más de gendarmes y otros agentes federales para instalarse en Rosario.
"La semana que viene volveré para poner en marcha un mecanismo que le siga la ruta del dinero al narcotráfico y para poner en marcha un operativo que obligue a las fuerzas federales a abrazar nuevamente a Rosario y Santa Fe para que no sientan que los abandonaron" concluyó.
Por la tarde, Sergio Massa enfiló hacia Puerto General San Martín, en un cónclave a puertas cerradas y con un auditorio exclusivo de intendentes, presidentes comunales y dirigentes del justicialismo provincial. Allí se descontaba que el precandidato presidencial exhortara a los jefes territoriales a salir a buscar los votos, caminar sus distritos y, en resumen, hacer campaña de una buena vez.
MALABARISTA
Un joven malabarista fue atacado a balazos en avenida Pellegrini al 5500. Recibió dos tiros en las piernas y fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) donde permanecía fuera de peligro. Vecinos denunciaron que un hombre que habitualmente pide con sus hijos le disparó al artista callejero porque quiere quedarse con la esquina. Otros testigos aseguran que un grupo de adultos se instaló hace semanas en esa esquina y mantienen a varios niños en peligro corriendo entre los autos. La balacera fue el cierre de una fuerte pelea entre el malabarista caracterizado como payaso y una pareja que hace un tiempo también pretende instalarse en el lugar, según testimonios recogidos por Rosario3.com.
Un 51 por ciento escalonado entre agosto y diciembre
En principio la oferta cayó bien
También hay clásula de revisión del acuerdo. Los estatales expresaron satisfacción y los docentes quieren estudiarlo.
El gobierno provincial oficializó ayer su propuesta salarial hasta fn de año: una suba del 51 por ciento, que se aplicaría de modo escalonado entre agosto y diciembre de 2023, y que incluye una cláusula de revisión en el acuerdo. Los dirigentes de los principales gremios estatales de la provincia escucharon la oferta de boca del ministro de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, y tanto los estatales de ATE y UPCN calificaron la propuesta como "muy buena" e incluso Jorge Hoffmann, titular de ATE, consideró que "permitirá recuperar los puntos que se perdieron en el primer semestre del año". Por su parte, los docentes públicos y privados nucleados en Amsafé y Sadop valoraron que se trate de "una oferta integral", como el sector venía reclamando. Con algo más de cautela, el titular de Sadop Rosario, Martín Lucero, consideró que es una alternativa que "amerita ser analizada y estudiada". De hecho, los maestros privados y oficiales la votarán entre jueves y viernes de esta semana.
El detalle de la propuesta que la provincia puso sobre la mesa incluye un aumento global del 51 por ciento hasta finales del 2023, que se implementará de modo escalonado: un 25 % en agosto, un 7% para septiembre y octubre, y otro 6% para noviembre y diciembre; además de la aplicación en dos oportunidades de una cláusula de revisión de salarios. Se trata de incrementos en base a los salarios de febrero y no son acumulativos, según indicaron tanto desde el Ministerio de Trabajo como desde los gremios.
Además Pusineri explicó que "se incorporan dos instancias de revisión con cláusulas gatillo o de actualización automática, en las cuales se compara el aumento acumulado con la inflación acumulada y, de existir alguna diferencia, se compensa el salario: la primera en el mes de octubre y la segunda en diciembre”.
“Paralelamente se ha acordado empezar a trabajar en el tema de asignaciones familiares. A partir del mes de agosto algunas asignaciones ya se empezarían a actualizar, sería el caso de los montos abonados por nacimiento ($6.100), adopción ($37.000), pre-natal ($5.000), por hijo ($5.000) y por hijo discapacitado ($20.000)”.
El responsable de la cartera laboral aclaró que “éstas son las asignaciones que ya están propuestas, que son las más significativas para la administración pública y que, de mediar una aceptación de la propuesta, se pagarían de forma inmediata. Hay otro conjunto de otras asignaciones que se van a seguir trabajando en conjunto con los gremios en el ámbito de la comisión técnica para continuar con el proceso de actualización”.
“Como ha sucedido en otras oportunidades, esta propuesta se pone a consideración de los gremios, quienes van a evaluarla con sus propios mecanismos de consulta. Además estamos planteando la continuidad de todos los otros aspectos que ya fueron acordados, como el esquema de pase a planta permanente de agentes contratados que, en reiteradas oportunidades, hemos dicho que queremos acelerarlo y completarlo tal como lo ha establecido el gobernador Perotti, y lo vamos a hacer. De la misma manera va a suceder con las confirmaciones de subrogancias y con las subrogancias que se vayan otorgando en las reuniones jurisdiccionales”.
Por su parte el dirigente de UPCN, Jorge Molina, destacó que la propuesta "es muy buena" y agregó: "Con este 25% estamos recuperando el 9 ó 10% que habíamos perdido por la inflación de julio y anticipamos la inflación de agosto". Así y todo, subrayó que "lo más importante es la cláusula de revisión", por lo que consideró que "están dadas las condiciones para que los compañeros debatan la propuesta y la aprueben".
El titular de ATE, en tanto, recalcó que la suba "permite recuperar los puntos que se perdieron en el primer semestre y vamos a estar, seguramente, por encima de la inflación durante los primeros meses". Y al igual que su par de UPCN, consideró que la cláusula de revisión "garantiza que la inflación no puede estar de ninguna manera por encima de los salarios".
"La propuesta da cuenta de lo que veníamos exigiendo en el ámbito paritario, que es integral, que tiene que ver con lo salarial y con las condiciones de trabajo", dijo el secretario general de Amsafé provincial, Rodrigo Alonso, en una evaluación positiva de la mesa paritaria.
Además, el dirigente señaló que se acordaron las características del concurso de ascenso a cargos directivos en distintos niveles y modalidades, cuya fecha de inscripción se fijó para septiembre próximo y puntualizó como un logro "una normativa específica para los equipos territoriales de convivencia". También se acordó discutir en mesas técnicas la modificación al régimen de licencia para garantizar más derechos a trabajadores y peticiones sindicales.
Desde Sadop provincial, Pedro Bayúgar, también consideró que más allá del 51% que responde a lo requerido por los gremios, la oferta cumple con el pedido de "una recomposición fuerte al inicio y después la cláusula de revisión cuantas veces sea necesaria. Está prevista dos veces y se supone que con eso sería suficiente".
Más cauteloso fue su par local, Martín Lucero, quien admitió que la oferta "presenta varios de los puntos planteados: llegar al 50% de acá a fin de año y que haya cláusula gatillo. Hay un fuerte incremento (de entrada) del 25% que se cobraría en los primeros días de septiembre. Son elementos que ameritan que la oferta sea analizada y estudiada", destacó.
Sadop este mismo martes el gremio informará la oferta, y entre jueves y viernes los privados votarán por la aceptación o no de la propuesta salarial. En tanto, Amsafé informará este mismo martes y los maestros votarán en las escuelas hasta el jueves, día en que definirán su posición en la asamblea provincial.
Rechazo
Pedido de Guille Cantero
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó el rechazo del habeas corpus presentado por Ariel "Guille" Cantero, el líder de la narcobanda "Los Monos", por sus condiciones de detención en el penal federal de Marcos Paz, donde cumple siete condenas, informaron fuentes judiciales. La defensa había presentado una denuncia contra las autoridades de dicho complejo del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y un habeas corpus correctivo afirmando que Cantero (35) está hace aproximadamente 10 meses aislado en una celda, sin contacto con otros internos, y que el lugar cuenta con 14 cámaras que monitorean constantemente el sitio, donde periódicamente se realizan requisas. El planteo fue rechazado "in límine" (sin más trámite) en primera instancia y luego por la Sala II de la Cámara Federal de San Martín. Ante esta situación, la defensa presentó un recurso ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, cuya declaración de "inadmisible", motivó la presentación ante la Corte. Ahora el máximo tribunal de la nación, por unanimidad, desestimó el recurso.
Brilloni admitió que el allanamiento al OJO provoca "bronca"
Motivos para no elevar denuncias
El ministro de Seguridad afirmó que algunos llamados anónimos no se judicializaron por "torpezas o de falta de personal".
El ministro de Seguridad provincial, Claudio Brilloni, se refirió ayer a la inspección judicial en la Central de Procesamiento de Información para la Prevención del Delito, conocida como OJO. "Este tipo de medidas provoca bronca, no lo puedo ocultar; pero a su vez va de la mano con el férreo compromiso de estar a disposición de la justicia", planteó el funcionario en relación a la causa en la que Fiscalía investiga por qué denuncias recibidas en 2019 a través del 0800, vinculadas con puntos de venta de estupefacientes, recién comenzaron a judicializarse este año. También Pablo Javkin se refirió a este allanamiento, con duros términos hacia el ex ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain (ver aparte).
Brilloni resumió que el lunes “en el marco de una investigación penal preparatoria, la fiscal Karina Bartocci, de la Unidad Especializada en Violencia Institucional, llevó adelante un requerimiento en el que solicitó registro de comunicaciones, nóminas de personal y autoridades que prestan servicio en el OJO, que tiene su recinto en la sede local de Gobernación”.
Estas medidas, dijo en LT8, "fueron cumplidas por personal de la Agencia de Control Policial de Santa Fe, quienes se constituyeron en el OJO sobre el mediodía (del lunes), y como estamos a disposición de la justicia, se llevaron toda la documentación que correspondía o que consideraban de interés para la investigación cuyos pormenores desconozco”, sostuvo el titular de la cartera de Seguridad provincial.
En relación a la denuncia, el funcionario fue consultado sobre la posible conjetura fiscal de que pueda haber algún grado de irregularidad o connivencia de no judicializar las denuncias, en el marco de la medida realizada, por lo que respondió que no quiere comprometer la investigación, pero que "en algún momento se han detectado algunas irregularidades, quizás producto de torpezas, de falta de personal o de recursos, por las cuales cuando se llamaba a la línea 0800 para hacer una denuncia, éste no seguía el derrotero para que la denuncia llegue a la justicia".
Y aclaró, "lo digo en término pasado, porque cumpliendo con el mandato del gobernador de llevar adelante un plan, nosotros desde el 9 de marzo que tenemos todo debidamente documentado y protocolizado para que todas las denuncias que llegan a través del 0800 sean judicializadas”, agregó.
En ese sentido, el funcionario señaló que a la línea 0800 se reciben un promedio “de 30 denuncias por mes". Y detalló que los llamados pueden ser "por hechos de violencia institucional, pero también hechos relacionados con narcomenudeo, como existencias de puestos de venta o narcotráfico”.
Según se indicó desde el Ministerio Público de la Acusación, la inspección ordenada por la fiscal Bartocci tuvo como objetivo que se secuestrara material y documentación. "Es una investigación que tienen origen en una denuncia anónima que aporta datos en relación a que las denuncias recibidas en el 0800 (línea de denuncias con cuestiones relacionadas con el narcotráfico) no eran judicializadas o puestas en conocimiento de las autoridades de la Justicia Federal o Provincial. Esto ocurriría desde el año 2019. Esas denuncias eran utilizadas, por ejemplo, para la confección del mapa del delito. Aparentemente en mayo se comenzaron a judicializar las denuncias recibidas. Se investiga porque no pasó antes", se indicó.
Además, la Justicia Federal también recibió la misma denuncia anónima. "Se solicitó informe al OJO del protocolo que deben seguir con las denuncias ingresadas al 0800. Aparentemente por cuestiones de protocolos internos no se hacía; eso se investiga”, indicaron fuentes cercanas a la investigación.
Apuran el juicio por violencia policial en Cuatro Plazas
Con el agresor en el colectivo
Pese a un pedido de la querella de los jóvenes que en 2018 fueron víctimas de violencia institucional en las Cuatro Plazas (Mendoza y Provincias Unidas), para que le den prisión preventiva a uno de los agentes imputado que incumplió la orden de no acercamiento; la Justicia resolvió que siga en libertad y le ordenó presentarse a firmar cada quince días. El caso está cerca del juicio oral, con una veintena de agentes acusados, y ayer también se ordenó a la Oficina de Gestión Judicial que ponga fecha al debate "a la brevedad".
Luego de que en junio se realizara la audiencia preliminar, la querella del equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), presentó una denuncia sobre el incumplimiento de parte de Roberto Salinas, uno de los policías imputados.
El nuevo hecho tuvo lugar cuando una de las víctimas se tomó el colectivo, a la salida de la audiencia de mediados de año, y vio, una vez a bordo, que estaba uno de los policías. Agente que minutos antes se había comprometido a no acercarse ni tener contacto de ningún tipo con los jóvenes. Ante ello, consideran que lo que debería haber hecho el imputado es bajarse. Algo que la víctima no hizo "por temor a que la siguiera o tomara alguna actitud de amedrentamiento", reza la denuncia. Además, sostuvieron que durante todo el trayecto del viaje estuvo buscando con la mirada y dándose vuelta para mirarla.
Ante ello, la querella solicitó la prisión preventiva y la fiscal Karina Bartocci adhirió al pedido; pero el mismo no fue aceptado por la jueza Melania Carrara, quien de todos modos le sumó al imputado la orden de presentarse cada 15 días a firmar en la OGJ del Centro de Justicia Penal.
En tanto, el imputado hizo una declaración en la que dijo que no podía reconocer a las víctimas, por lo que la magistrada sostuvo que esa afirmación le resultaba inverosímil.
El hecho que generó la causa ocurrió el 23 de marzo de 2018. La acusación de Bartocci y la querella sostiene que los uniformados se acercaron a las siete víctimas y "con violencia física e insultos los aprehendieron, los golpearon y los requisaron contra los móviles". Incluso, a uno de los chicos llegaron a cortarle el pelo con un cuchillo. Además, el grupo fue trasladado a la comisaria 14°, donde "las agresiones continuaron".
ACUSACIÓN
Javkin apuntó contra Sain
Dejar atrás el eje represivo para luchar contra el narcotráfico y los consumos
Proponemos legalizar la droga para terminar con el narcotráfico y para proteger la salud de quienes tienen consumos problemáticos, porque entendemos que es un reclamo de toda la sociedad argentina y, si nos ponemos a mirar en profundidad, se trata de un problema internacional. La política no lo ha podido resolver y tanto el consumo como el narcotráfico han crecido de manera exponencial en los últimos 60 años.
Debemos entonces tener el coraje y la creatividad de plantear una salida a esta encerrona: creemos que es posible hacerlo desde el Congreso de la Nación en caso de acceder a una banca, aunque no con las mismas estrategias que hasta ahora han fracasado.
El eje represivo de la llamada “guerra contra las drogas” es una receta que nunca rindió en ningún lugar del mundo. Harto comprobado y sobran ejemplos como los de Colombia, México y Brasil. Mientras, los principales candidatos en estas elecciones primarias en la Argentina nos dicen que debe haber más gendarmes, más armas, más policías. Algunos hasta plantean que las Fuerzas Armadas deben dedicarse a combatir el narcotráfico, algo que en nuestro país es directamente inconstitucional. El ejemplo en México es contundente: los principales capos narcos son militares que habían salido a combatir el narcotráfico y hoy están a la cabeza de los carteles.
Por eso nosotros tenemos la obligación de plantear una propuesta alternativa, nueva. No repetir algo que puede sonar tranquilizador pero que en definitiva carece de efectos. Siempre doy el ejemplo de la “Ley Seca” en Estados Unidos: en los años 20 los conservadores norteamericanos prohibieron por una cuestión moral y religiosa, el consumo, la producción y la distribución de bebidas alcohólicas. El resultado fue una catástrofe: proliferaron bandas mafiosas y negociados espurios, surgieron fábricas clandestinas que terminaron envenenando a la población y lejos de reducirse el consumo, muchos coinciden en que se incrementó. Finalmente la solución fue dejar atrás la prohibición, legalizar.
Por supuesto que nuestra propuesta no es ni sencilla ni unidireccional sino más bien integral y progresiva; consideramos a este problema desde varias dimensiones y reconocemos su complejidad. Se trata de un problema con dimensiones sociales, de seguridad, de salud pública y con una importante faceta económica (detrás de este negocio están los grandes grupos económicos que se dedican a lavar dinero o a introducir ese dinero en el circuito legal a través de emprendimientos comerciales). Para imaginar alternativas que puedan resultar efectivas en nuestro territorio nos interiorizamos sobre otras experiencias concretas, como la de Uruguay y Portugal.
En el país vecino, por ejemplo, se legalizó la producción de marihuana con buenos resultados: el narcotráfico bajó un 40 por ciento y el consumo que era muy alto entró en una meseta, no creció como afirmaban algunas voces alarmistas. Claro que esto tiene que estar acompañado de un programa de salud para los consumidores que incluya su registro, acompañamiento y programas integrales de reducción de daños. En el país vecino la marihuana se vende en farmacias, su fabricación está a cargo de empresas privadas con estricto control del Estado, los que van a comprar deben presentar su documento y comprometerse a desarrollar un plan de recuperación. En Portugal la legalización alcanza a otras sustancias también.
Este abordaje del tema puede parecer disruptivo pero la política debe serlo para cambiar las cosas, para transformar la realidad. Tenemos que ponerlo sobre la mesa, asumir la complejidad del problema. Y en ese camino deben comprometerse todos los sectores de la vida nacional, es decir los partidos políticos, los diferentes poderes del Estado, las organizaciones sociales. Es necesario consensuar una política de Estado que se asuma como compromiso nacional y se lleve adelante gobierne quien gobierne.
Como dijimos al inicio, no podemos insistir con la misma fórmula que fracasa en el mundo porque mientras tanto ganan las organizaciones delictivas por la enorme capacidad económica y de corrupción que tienen en los diferentes niveles. Nuestra propuesta se basa en ejes como la protección de derechos y la reducción de daños. Queremos llevar este proyecto y este enfoque al Congreso de la Nación y debatirlo junto a otras iniciativas que puedan darle una solución a los grandes problemas del pueblo trabajador, de los sectores medios, de quienes estudian y apuestan por nuestro país.
* Precandidato a diputado nacional por Santa Fe por el Frente Amplio por la Soberanía.
Fuente:Rosario12
Denuncian transporte ilegal de pasajeros
El Sindicato de Peones de Taxis (SPT) destacó el avance en el Concejo para legislar las app vinculadas al transporte –excepto Uber por ser ilegal– aunque reclamó al municipio decisión política para fiscalizar a quienes incumplen las ordenanzas.
La Comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal volvió a tratar la regulación de aplicaciones para el transporte, particularmente MoviTaxi, dejando a Uber fuera de la discusión por considerarse expresamente como ilegal. El gremio de choferes celebró la discusión, pero exigió más controles para hacer cumplir la ley.
“Está muy bueno lo de la legislación, regular, que con muy buena fe se trata de darle un marco legal al servicio público de pasajeros, eso está perfecto. Pero el problema pasa por la decisión política después de hacer cumplir las ordenanzas”, indicó el secretario general del SPT Horacio Yannotti.
Al respecto, el gremialista puso de ejemplo el caso Uber: “Por más que no esté legislado –y seguramente Uber no ha pedido que se lo regularice, porque no lo ha hecho en ninguna parte del mundo, pero está trabajando y no hay un control efectivo sobre eso– sabemos que sí, que de tanto en tanto se secuestra algún vehículo que está trabajando con la aplicación Uber”.
“Y si no está el mismo ejemplo –continuó al respecto– de hace más de 20 años que hay transporte trucho de pasajeros, las remiserías que están en los barrios. Cuántos remises truchos están trabajando y sin embargo está prohibido el transporte legal de pasajeros”.
Por eso, el dirigente sindical reiteró que “estamos a favor de que se legisle, pero después que se cumpla la ordenanza”. Y también apuntó a la provincia: “Tampoco se cumple, como dice la ley, la registración laboral de los trabajadores, no hay control sobre eso. Así como el municipio no tiene control sobre el cumplimiento de las 16 horas que tienen que trabajar los taxis. Tenemos la mitad de la flota de taxis que trabaja un solo turno, no tiene choferes”.
“No está el municipio, hoy por hoy, en condiciones de hacer un control estricto sobre el transporte ilegal. A lo mejor no tiene los medios suficientes, no tiene el personal suficiente para hacerlo, no está la decisión política de hacerlo”, dijo Yannotti.
Por último, agregó que “de parte de la provincia tampoco hay inspectores que controlen la registración laboral, como dice la ley. Entonces estamos como estamos, lamentablemente. Al no haber control, proliferan todo este tipo de aplicaciones que trabajan de forma ilegal y esto es un aquelarre”, lamentó.
Se vota en las escuelas
La docencia santafesina define con su voto si acepta la propuesta salarial del gobierno de la Provincia o va al paro. Desde la asamblea de Amsafé Rosario surgieron tres mociones: dos por el paro y una por la aceptación. Sadop Rosario analiza y define a través de su cuerpo de delegadas y delegados. La Provincia ofreció un aumento del 51% en relación a los sueldos de febrero, en pago escalonado hasta diciembre y con dos cláusulas de actualización salarial.
Este martes las y los docentes reunidos en Amsafé realizaron las asambleas departamentales para analizar la propuesta del gobierno en la mesa paritaria y proponer las mociones que se votarán en las escuelas.
De la asamblea de la Seccional Rosario de Amsafé surgieron tres mociones. La N°1 impulsa: “Rechazar la propuesta por insuficiente. Definir un plan de lucha con dos semanas de 48 horas de paro los días 15 y 16 de agosto con acciones locales y 23 y 24 de agosto con una gran movilización a Santa Fe”. La moción N°2, que propone “aceptar la propuesta paritaria” por considerarla integral (no solo en respuesta al salario sino en referencia a reivindicaciones laborales) y la moción N°3 que impulsa el “rechazo de la propuesta” y propone “paro por tiempo indeterminado, a partir del viernes 11 de agosto” y con movilización.
Las mociones serán analizadas y votadas en las escuelas. Este jueves 10 de agosto será la asamblea provincial de Amsafé donde se considerarán las votaciones de todas las seccionales y definirá si se acepta o rechaza la oferta oficial.
Desde el Sadop Rosario, anunciaron -tras la reunión paritaria de este martes- que trasladarían la propuesta salarial “delegados y delegadas y será el conjunto de la docencia privada quien definirá su aceptación o rechazo”.
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