Opinión
El día que apagaron la luz
Cada día que pasa sin que un atentado se aclare, es un día más en que el atentado se repite. Y la impunidad afecta a las víctimas directas pero también a toda la sociedad. Esto es lo que ocurre a un año del intento de asesinato contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Como nunca antes en la historia de este siglo, el pacto democrático se quebró desde entonces y también se terminó de quebrar el delicado vínculo entre la ciudadanía y sus instituciones; en particular, la Justicia: un sector de la justicia.
No es posible entender lo que pasa en el presente sin volver nuestra mirada a lo ocurrido hace tan poco tiempo pero ya cubierto con un manto de impunidad. No es posible mirar al futuro sin situar a actores políticos que hoy hablan de libertad mientras sus nombres aparecen manchados por la sospecha.
La investigación a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y delegada por ella al fiscal Carlos Rívolo se focalizó en Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Rafael Carrizo, integrantes de la denominada “Banda de Los Copitos”, como si se tratara de tres violentos “locos” sueltos. Esa banda ha tenido vínculos inexplicables con otra organización, Revolución Federal, que a la vez está directamente relacionada con ciertos sectores de Juntos por el Cambio.
Capuchetti y Rímolo siguen desestimando la dimensión política del crimen y sus partícipes. La más saliente es la “pista Milman”, referida al diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, ex mano derecha de la candidata presidencial Patricia Bullrich, que lo involucra a él, a su asesora Ivana Bohdziewicz y a Carolina López Mónaco, quien trabajó con Milman en el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. La Vicepresidenta se refirió a estas decisiones de no vincular a Milman y de no investigar a una cantidad de integrantes de Revolución Federal como “la consagración de la impunidad”.
Y en ese decir se sitúa no ya para aludir a su situación personal, sino para describir, sin eufemismos, un modo de recortar el objeto de las investigaciones al que lamentablemente se recurre con liviandad y ligereza y me atrevo a decir sin ingenuidad, mientras se socavan los cimientos de nuestro Estado de Derecho.
Además, Brenda Uliarte tiene un nuevo abogado, Carlos Telleldín, quien fuera imputado y luego absuelto en la causa por el atentado a la AMIA. En declaraciones radiales remarcó que su defendida y los otros partícipes del delito “no fueron pagados para hacer un magnicidio, sino una convulsión social” y que Fernando Sabag Montiel, quien apretó el gatillo a centímetros de la cabeza de CFK, “en ningún momento fue con la idea de matar”.
Como abogada, ex jueza penal de Rosario, docente universitaria y actual Vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe sé que los hechos y las responsabilidades no son abstracciones sino evidencias que cuando cierto sector de la Justicia (por cierto, uno muy gravitante) elige no mirar, soslayar y relativizarlos o en todo caso enmarcarlos en una peligrosa atipicidad se sitúa en una zona funesta: la de la complicidad.
La verdadera grieta es la que separa lo luminoso de lo oscuro. Y esto no es poético sino político. Quienes dicen defender la libertad son los principales responsables de haber acudido a la impunidad como mecanismo que se devora al sistema democrático. Más que nunca, quienes fuimos elegidos por el voto popular debemos estrechar lazos con la ciudadanía para explicar, esclarecer y defender la continuidad de un sistema que ve amenazadas de este modo sus garantías y un bien supremo: el debido proceso.
Como en algún momento señalamos desde el Foro de Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina (FOVIRA), “la división de poderes, esa premisa que impregna nuestro sistema constitucional y por ende el modelo normativo que nos sostiene, hoy se encuentra jaqueada por una serie de factores que conmueven los cimientos de la democracia y lesionan las virtudes republicanas’’. En ese texto expresamos que “el Poder Judicial puede funcionar como espacio de protección de derechos e instituciones republicanas, pero también como amenaza a esos derechos e instituciones. Esta paradoja es factible de ser verificada desde un doble registro: la judicialización de la política y la politización de la justicia”. Y precisamos, con especial énfasis, que “es necesario llevar a cabo acciones de revisión de las prácticas de la actual administración de la Justicia con la firme convicción de que es necesaria la participación ciudadana y la independencia judicial”.
El intento de magnicidio contra CFK es un crimen que enluta la democracia pero también una parábola de lo que puede ocurrir si no asumimos la responsabilidad colectiva de defender nuestra institucionalidad y el derecho a una sociedad libre, justa y soberana.
(*) Vicegobernadora de la provincia de Santa Fe.
Fuente:Rosario12
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