Juicio a la Corte: el kirchnerismo avanza con los cargos contra el máximo tribunal.

 Juicio a la Corte: el kirchnerismo avanza con los cargos contra el máximo tribunal

Los diputados de Unión por la Patria de la comisión de Juicio Político

someterán a votación si presentarán cargos contra la Corte Suprema por 

mal desempeño.

Los diputados de Unión por la Patria de la comisión de Juicio Político someterán a votación si presentarán cargos contra la Corte Suprema por 

mal desempeño.

7 octubre, 2023

Fuente:DiputadosBonaerenses

En el marco del encausamiento contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Horacio

Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, los diputados 

nacionales de Unión por la Patria de la comisión de Juicio Político avanzará con los cargos 

contra los magistrados del máximo tribunal, a los que planea citar para que puedan realizar sus

descargos.

En concreto, el próximo miércoles a las 15 horas la comisión de Juicio Político someterá a votación

“las resoluciones que disponen las citaciones de los señores ministros con los cargos formulados 

y la prueba individualizada”, bajo tres hipótesis que ya fueron tratadas en el proceso contra la 

Corte Suprema: los fallos 2×1, coparticipación federal y Consejo de la Magistratura.

Con este avance, la comisión de Juicio Político dejará atrás la etapa de investigación contra la 

Corte Suprema, algo que anunció la presidenta del cuerpo parlamentario, Carolina Gaillard, 

cuando remarcó que las intenciones del organismo son “ir concluyendo cada una de las 

investigaciones y, si ya están todas las constancias probatorias, darles la posibilidad a los 

jueces, según lo establece el artículo 13 del reglamento interno, de que puedan presentar el 

oportuno descargo”.

En efecto, de acuerdo al artículo 13 de la comisión de Juicio Político, “reunidas las actuaciones 

sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión sobre los 

cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También 

podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado”.

Desde su inicio en enero de este año, la comisión de Juicio Político recibió más de veinte testigos 

que abordaron distintos fallos en las que se presume que la Corte Suprema tuvo manejos irregulares,

como los ya nombrados 2×1, la coparticipación federal, el Consejo de la Magistratura, como así

también la gestión en la Obra Social en el Poder Judicial de la Nación y la más reciente, “Abuso 

de Poder”, que será retomada en la audiencia de la semana que viene.

Esta última causa, fue abordada en la anterior reunión de Diputados, en la que se analizó el pedido 

de juicio político que realizó Unión por la Patria contra Rosenkrantz. El oficialismo, denunció 

que el juez de la Corte Suprema incumplió la ley al no apartarse de los fallos en los que 

estaban implicados sus exclientes.

En rigor, el kirchnerismo realizó un pedido de juicio político contra Rosenkrantz porque 

supuestamente, en su carácter de miembro y de presidente de la Corte Suprema, el juez firmó al

menos 25 fallos que involucran a ex clientes suyos. Según marca la ley, un magistrado no puede

intervenir en casos en los que están implicados usuarios a los que anteriormente ofreció sus servicios, 

mucho menos si es integrante del máximo tribunal.

Ahora, la comisión de Juicio Político recibirá como testigos para seguir con el análisis de la causa

“abuso de poder” al exadministrador de la Corte Suprema y mano derecha de Lorenzetti, Hector

Marchi, que ya acudió varias veces por la causa del Obra Social del Poder Judicial de la Nación,

y al secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato.

Juicio a la Corte: de qué trató el fallo 2×1

El fallo 2×1, fue dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2017, pero ya había sido sancionada

por el Congreso en 1994. La norma determinó que, después de haberse cumplido dos años de una 

prisión preventiva, “se computará por un día de prisión preventiva dos de prisión o uno de 

reclusión”.

En otras palabras, el fallo 2×1 establecía que, luego de que se transcurran esos dos años de prisión 

preventiva, el período posterior se contabilizaba como parte de la pena impuesta, con el objetivo de 

dar un plazo razonable a los procesos penales y reducir el impacto de la prisión condena.

No obstante, la ley fue derogada en 2001, hasta que la Corte Suprema la volvió a dictar en 2017. 

Pero, luego de protestas sociales y boicots de tribunales de todo el país que se negaron a adherir al 

fallo que favorecía a genocidas de la última dictadura cívico-militar, el 4 de diciembre de 2018, el 

máximo tribunal decidió dar marcha atrás y revertir la sentencia.

Juicio a la Corte: el fallo por la coparticipación federal

El 10 de diciembre de 2020, el Ejecutivo nacional liderado por el presidente Alberto Fernández, 

consiguió sancionar la ley 27.606, que postulaba que la Ciudad de Buenos Aires debía recibir el 

2,32% de coparticipación federal por el costo de la Policía Federal, que fue trasladada de Nación 

a Capital Federal en 2016.

El recorte, no fue del agrado del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que exigió

que los impuestos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires debía ser del 2,95%.

Ante la falta de acuerdo y luego de que el caso se eleve al máximo tribunal, el pasado 21 de 

diciembre la Corte Suprema avaló la medida cautelar de Larreta, suspendió la ley 27.606, y 

dispuso que el Ejecutivo nacional debe pagarle al Gobierno porteño el 2,95% de la coparticipación

federal “en forma diaria y automática”.

En este contexto, la principal hipótesis que sostuvieron los diputados de Unión por la Patria en esa

etapa del juicio a la Corte es que, para que se sancione el fallo sobre la coparticipación federal, 

hubo vínculos entre el máximo tribunal y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En rigor, los legisladores oficialistas insistieron en que existieron negociaciones entre el el 

exministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, el jefe de Asesores de 

Rosatti, que trascendieron mediaticamente mediante una serie de chats filtrados. Esto, con el 

objetivo para acordar las normas del fallo por la coparticipación federal.

Juicio a la Corte: el fallo por el Consejo de la Magistratura

En diciembre de 2021, la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley del Consejo de la 

Magistratura aprobada en el 2006, que estipulaba la reducción del cuerpo del ente de 20 a 13 

miembros, ya que el número impar no permitía el equilibrio entre la representación política 

(funcionarios y legisladores) y la de los estamentos (jueces y abogados).

Por ende, el organismo encargado de seleccionar y destituir jueces sufrió un aumento de integrantes,

y quedó en manos de Rosatti, quien se había convertido en presidente de la Corte Suprema en 

octubre de ese mismo año, es decir, dos meses antes del fallo.

Esto, fue condenado por la propia Gaillard, quien expuso que el fallo del Consejo de la 

Magistratura fue enviado “diez días después” de que el Ejecutivo nacional enviara un proyecto de 

reforma del organismo. “Demoraron el fallo para que salga cuando Rosatti detentara la

 presidencia de la Corte”, denunció.