La masacre de Margarita Belén: la ejecución brutal
de 22 detenidos que la dictadura quiso disfrazar como un “enfrentamiento”
La noche del 12 de diciembre de 1976, un grupo de detenidos fue subido
en la alcaidía policial de Resistencia a dos vehículos del Ejército para,
supuestamente, trasladarlos a Formosa. La versión oficial relató que un comando
subversivo emboscó a los vehículos para rescatar a sus compañeros. Ya en
democracia, la justicia demostró que se trató de una escena planificada bajo el
nombre clave de “Encubrimiento rojo” para ocultar una ejecución a sangre fría
12 Dic, 2023
El comunicado de la VII Brigada de
Infantería, escrito en el encorsetado estilo castrense, era pura ficción, copia casi fiel de muchos otros de la época, en
los que solo se cambiaban las fechas, los lugares, los nombres y el número de
muertos, a los que siempre se llamaba “delincuentes subversivos”.
Según ese parte oficial, reproducido sin el atrevimiento de
cambiar una coma por los medios, la madrugada del 13 de diciembre de 1976,
mientras un grupo de 13 “subversivos” que estaban detenidos era trasladado en
dos camiones militares y custodiado por un patrullero de la policía de la
provincia de Chaco, el convoy fue emboscado con la intención de rescatar a los
detenidos.
“Siendo aproximadamente
las 4.45 horas del día 13 de diciembre una columna que transportaba detenidos
subversivos hacia Formosa fue atacada por una banda armada en la ruta Nacional
N°11, próximo a la localidad chaqueña de Margarita Belén. Tres delincuentes subversivos fueron abatidos en
el enfrentamiento producido, logrando escapar los restantes; aprovechando
la confusión y la oscuridad”, decía el texto.
También precisaba
algunos supuestos detalles y terminaba con un pedido a la población, típico de
esos tiempos: “Dos integrantes de la custodia resultaron heridos. Fuerzas
combinadas de Ejército, Gendarmería Nacional y Policía Provincial operan
intensamente en la zona para lograr la detención de los prófugos. Colabore con
las fuerzas del orden proporcionándole cualquier información que facilite la
localización de los delincuentes subversivos”.
Un guion repetido
El guion del “traslado” de
prisioneros y el “enfrentamiento” con supuestos subversivos se
repetía una vez más y, como siempre, una lectura atenta podía poner al
descubierto las fallas en su construcción.
En este caso, se trataba del traslado de detenidos de la Unidad
Penitenciaria 7 y del Regimiento de Infantería 1, con sede en Resistencia hacia
la cárcel de Formosa y los tiempos no
cerraban. Los dos camiones con los detenidos y el móvil policial que
oficiaba de custodia habían salido de la capital chaqueña alrededor de las
23.30 del domingo 12 de diciembre y habían tardado más de cuatro horas -hasta
las 4.45 de la madrugada del lunes 13- en recorrer los apenas 21 kilómetros que
separaban la ciudad del lugar donde supuestamente se produjo la emboscada. Una demora inexplicable.
Otro dato sospechoso era
que se mencionaba a dos policías heridos, pero no se daban sus nombres ni se
mencionaban el grado de gravedad de las heridas y el hospital donde
supuestamente los habían llevado. Eso iba a contramano de lo que ocurría cuando
realmente había heridos de “las fuerzas legales” en un enfrentamiento: en esas
ocasiones se los nombraba y se exaltaba su “valiente comportamiento” en la
lucha contra “el enemigo apátrida”. Lo
más probable era que esos dos heridos no existieran más que en la ficción del
comunicado castrense, para darle más credibilidad al relato.
Por el contrario, luego se sabría que los prisioneros que supuestamente habían logrado escapar estaban en realidad muertos o desaparecidos y que sumaban 22, todos militantes de la Juventud Peronista o de Montoneros, y que los habían enterrado clandestinamente en tumbas preparadas con anterioridad al “traslado”.
Las víctimas eran trabajadores, estudiantes, docentes y
periodistas, la mayoría de ellos muy jóvenes: Fernando Piérola, Carlos Zamudio,
Luis Arturo Franzen, Manuel Parodi Ocampo, Patricio Blas Tierno, Luis Alberto
Diaz, Néstor Sala, Luis Barco, Mario Cuevas, Carlos Alberto Duarte, Roberto
Yedro, Reinaldo Amalio Zapata Soñé, Julio Andrés Pereyra, Emma Beatriz Cabral,
Alcides Bosch, Dora Noriega, Delicia González, Carlos Enrique Tereszecuk,
Eduardo Fernández, Ramon Luciano Diaz, Ramón Vargas y Raúl María Caire.
La “emboscada” y el
“enfrentamiento” habían sido en realidad
una masacre que pasaría a la historia con el nombre del lugar donde se
montó la escena para encubrirla: La
Masacre de Margarita Belén.
Las horas previas
Todo el montaje
había sido planificado con anterioridad por orden expresa del jefe del Área
Militar 233, general Cristino Nicolaides, y el comando operativo del
jefe del Destacamento de Inteligencia 124 del Ejército, teniente coronel Armando
Hornos.
Los días previos a
la masacre, las víctimas elegidas fueron trasladadas de los lugares donde
estaban detenidas -la Unidad Penitenciaria 7 y el Regimiento de Infantería 1 de
Resistencia- a la Alcaidía policial de la capital chaqueña, donde
fueron brutalmente torturadas. Para la tarde del domingo 12 de diciembre,
ya todos los condenados a muerte estaban allí.
En ese lugar estaba
detenido también el ex diputado radical Víctor Marchesini, que después declaró
que los hicieron caminar entre una doble fila de policías que los apalearon
hasta dejarlos sin sentido. También contó que a uno de ellos -a quien no pudo
identificar- lo tuvieron crucificado durante casi dos días.
El domingo 12
ocurrieron también dos hechos clave que luego servirían para probar que se
trató de una masacre.
Ese día, por orden
militar, se cavaron fosas en el cementerio Francisco Solano,
de Resistencia, cuando los presos que iban a ejecutar todavía estaban vivos en
la Alcaidía.
Horas más tarde, un
helicóptero de la Casa de Gobierno chaqueña sobrevoló la Ruta 11. A bordo iban
el interventor militar de la provincia, Facundo Serrano y otros dos militares
que fueron identificados como Oscar José Zucconi y Alcides Larrategui, con la misión
de elegir el lugar apropiado para montar la escena de la emboscada.
El operativo final
Con la escenografía
ya preparada, a última hora del domingo, los presos golpeados y torturados
-algunos de ellos casi inconscientes- fueron subidos a una camioneta Mercedes
Benz y a un camión Unimog, que enfiló hacia la ruta 11, seguidos por un
patrullero de la policía provincial.
Los militares que
llevaban a los detenidos vestían uniformes de fajina e iban fuertemente
armados, con fusiles FAL, pistolas calibre .45 y escopetas.
Una vez que
llegaron al lugar previamente elegido, bajaron a los detenidos de los
vehículos y los fusilaron. En ese momento, algunos ya estaban moribundos a
causa de las torturas sufridas ese mismo día y después se sabría que muchos no
murieron por las balas sino que ya los habían matado a golpes.
Luego distribuyeron
los cadáveres en un Peugeot 504, uno de los vehículos supuestamente utilizados
por el grupo “subversivo” para emboscar al convoy militar, dentro del camión
Unimog y por diferentes lugares del monte para montar la escena del
enfrentamiento. Para darle mayor credibilidad, balearon a los dos vehículos.
Montada y registrada
la escena, los cadáveres fueron llevados al cementerio Francisco Solano, donde
ya estaban preparadas las tumbas para enterrarlos.
Confesión en el lecho de muerte
El primer
testimonio ante un tribunal sobre la Masacre de Margarita Belén fue registrado
en el Juicio a las Juntas Militares, en 1985, y fue el de un muerto.
En la audiencia de
5 de agosto de ese año, el ex miembro de la Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas (Conadep) Edwin Tissembaum presentó ante los jueces
los detalles de una confesión que le hizo el parapolicial Eduardo Pío Ruiz
Villaluso, cuando agonizaba en terapia intensiva luego de ser herido a
cuchilladas por un oficial de la policía del Chaco.
Tissembaum grabó su
testimonio en la sala de terapia intensiva, en presencia de un médico y de un
escribano que certificaron la lucidez del hombre al contar los hechos.
Según el
parapolicial, cuando los vehículos llegaron al lugar donde se montó la escena,
casi todos los “trasladados” estaban muertos. Los habían matado a
golpes en la Alcaidía la misma tarde del domingo 12.
También señaló a
varios de los responsables de la masacre: los capitanes Bianchi y Rampulla, los
tenientes primeros Pateta y Chancaca Martínez Segón, el subteniente Simoni y
los auxiliares de Inteligencia Valussi y Edgardo Eugenio Vicente, todos del
Destacamento de Inteligencia 124, que estaba a cargo del coronel Hornos.
También acusó al comisario general Carlos Alcides Thomas y a los sargentos
Gabino Manader y Cardozo, de la policía chaqueña y al ex interventor militar
del Chaco, general Facundo Serrano.
Los juicios
La Masacre de
Margarita Belén fue incluida como el Caso 678 en el juicio contra las juntas
militares. Los jueces encontraron responsable de homicidio agravado por
alevosía al dictador Jorge Rafael Videla -en su calidad de jefe del Ejército
cuando ocurrieron los hechos- y sentenciaron que la versión difundida por el
comunicado de la VII Brigada de Infantería, la de la “emboscada”, carecía de verosimilitud
y que lo detenidos “fueron muertos por las fuerzas encargadas de su
traslado y no por elementos subversivos como oficialmente se anunciara”.
Las Cámaras
Federales de Rosario y Paraná habían citado a declarar por la misma causa a
Cristino Nicolaides, a Leopoldo Fortunato Galtieri y al jefe de la policía
santafesina, Wenceslao Ceniquel, todos ellos encontrados culpables.
El 16 de mayo de
2011 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Resistencia,
integrado por los jueces Gladis Mirtha Yunes, Eduardo Ariel Belforte y Ramón
Luis González, dictaron sentencia a los autores materiales de la masacre.
En su fallo
declararon probado que el 12 de diciembre de 1976, 13 detenidos fueron
trasladados a un paraje cerca de Margarita Belén y muertos a tiros. También
señalaron que no se trató de un intento de fuga sino de un plan
premeditado para matarlos y que también fueron muertas allí dos
personas que mantenían detenidas, para escenificar un intento de rescate.
En el caso de cuatro de las víctimas incluidas en el traslado,
la sentencia consideró que no estaban probados los homicidios, aunque sí la
privación ilegítima de la libertad.
Fueron condenados a
prisión perpetua por once homicidios agravados por alevosía y por el número de
participantes en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada
y por cuatro privaciones ilegítimas de la libertad: Athos Renés, Ernesto
Simoni, Aldo Martínez Segón, Jorge Carnero Sabol, Ricardo Reyes, Germán
Riquelme, Horacio Losito y Luis Alberto Patetta.
En cambio, absolvieron a
Luis Alfredo Chas, un policía que estaba asignado a la custodia de los
vehículos militares, porque iba unos 800 metros delante de los camiones y no se
encontraron elementos para probar que había participado de la masacre.
Pero Chas no quedó
impune, aunque la justicia demoró en castigarlo. A principios de este mes -37
años después de la masacre- la Sala II de Casación, conformada por los jueces
Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, decidió ratificar la
decisión del Tribunal Oral Federal de Resistencia, que lo consideró partícipe
secundario del delito de homicidio agravado por alevosía y por el número de
partícipes, y de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido
cometida con violencia y por el transcurso del tiempo. Lo condenó a 15 años de cárcel.
Fuente:Infobae
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