Para Victoria Montenegro, la Ley Ómnibus “es una tiranía, es una dictadura”
La legisladora de Unión por la Patria volvió a mostrarse en contra de la iniciativa impulsada por el presidente de la Nación, Javier Milei. “Vamos a luchar y vamos a defender las conquistas”, adelantó.
29 diciembre, 2023
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y diputada de Unión por la Patria (UP), Victoria Montenegro, volvió a mostrarse en contra de la Ley Ómnibus que el presidente de la Nación, Javier Milei, remitió al Congreso y consideró que la misma “es una tiranía, es una dictadura”.
En ese sentido, la kirchnerista aseguró que “Argentina ya vivió eso. Lo que me asombra es que nunca en su vida repasaron un poco la historia de la Argentina. ¿No se dieron cuenta de lo que sucede con nuestro pueblo cuando intentan llevar adelante estas lógicas? Eso ya pasó en la historia”.
“Lo que se conquistó a partir de eso fue una resistencia organizada que lo mejoró todo”, siguió la legisladora y se preguntó: “¿qué están haciendo? ¿Piensan que el pueblo no tiene memoria? Milei ganó la elección, pero no es un cheque en blanco. Porque la historia argentina está llena de resistencias que nos constituyen”.
Por lo que concluyó adelantando, en diálogo con la AM 750, que “vamos a luchar y vamos a defender las conquistas. Queremos que nuestros adultos mayores tengan todos los derechos que se merecen y que los jóvenes tengan futuro. Y no va a venir un presidente con un decreto a intentar cambiar nuestra historia, porque va a haber resistencia”.
Fuente:Parlamentario.com
ALTO IMPACTO
500 intendentes de todo el país presentarán amparos para "frenar el DNU" de Milei: "Argentina no está en venta", dicen
Intendentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM) resolvieron hoy presentar un recurso de amparo contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del Gobierno nacional en una reunión que realizaron en la ciudad de Buenos Aires, y advirtieron que "la Argentina no está en venta".
El presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, dijo que "decidimos presentar este recurso de amparo con el pedido de una cautelar para frenar el DNU que llevó adelante Javier Milei, que avasalla totalmente los derechos que durante décadas supimos conseguir".
"No podemos vender así nuestros recursos naturales, nuestro país", expresó Espinoza al término del encuentro y remarcó que "Argentina no está en venta".
La reunión se realizó este mediodía con la participación presencial y virtual de intendentes de todo el país en la sede de la FAM, ubicada en Cerrito 832 del centro porteño, donde se decidió presentar un amparo con pedido de una cautelar contra el DNU 70/2023.
"Esperamos que la Justicia haga lugar a nuestro pedido para frenar este DNU, que se generen todos los debates en el Congreso y que nuestros diputados y senadores estén a la altura de las circunstancias", expresó Espinoza en declaraciones al canal C5N.
Para el intendente de La Matanza el DNU del Poder Ejecutivo es "totalmente inconstitucional" porque "deroga más de 300 leyes de un plumazo" y, al respecto, consideró que "reformas tan profundas tienen que tratarse con proyectos de ley en el Congreso de la Nación con el legado que la gente dio".
"Estamos en democracia pero parece como si estuviéramos en dictadura, con un Presidente y diez personas que generan un DNU que favorece a grandes grupos económicos y perjudica al 90% de los argentinos y un proyecto de ley que parece un estado de sitio", opinó Espinoza.
En este sentido, el intendente argumentó que junto a sus pares de todo el país y en su carácter de "representantes de millones de voces que son las de nuestros vecinos" a los que "escuchan todos los días" decidieron tomar esta medida para "protegerlos".
Además, afirmó que "500 intendentes de todo el país que tomamos esta decisión tenemos el legado del voto soberano de nuestros vecinos que nos piden que hagamos algo, por eso estamos acá" y dijo que "vamos a proteger a nuestros argentinos, abuelos, empresarios, comerciantes, trabajadores y vamos a llevar adelante el legado de esa Argentina que sueñan".
El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, por su parte, remarcó que se está "en un momento de mucha incertidumbre" y reflejó cómo las medidas económicas anunciadas "impactan fuertemente en la zona Atlántica".
"La incertidumbre es tal que hace que quienes quieren tomarse unos días de vacaciones, lo duden y no lo hagan. Teníamos una temporada antes de las medidas económicas del DNU y tenemos otra después de estos anuncios", indicó Barrera al finalizar el encuentro de intendentes.
De la reunión participaron, entre otros, el vicepresidente segundo de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente del municipio chaqueño de Machagai, Juan Manuel García y los intendentes bonaerenses Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Mario Secco (Ensenada).
Fuente:ImpulsoBaires
Para Katapodis, el gobierno de Milei se tomará atribuciones para "romper a Argentina"
El Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, cuestionó hoy al megaproyecto de ley presentado ante el Congreso por el Gobierno nacional al considerar que, con esta iniciativa, el presidente Javier Milei busca "tener potestades que no le corresponden para tomar decisiones que van a romper a Argentina".
En ese sentido, el funcionario del gabinete ministerial de Axel Kicillof evaluó que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) --emitido por el Gobierno la semana pasada para impulsar la desregulación de la economía-- y este proyecto de "Ley ómnibus" constituye "básicamente una delegación de poderes" para que el Presidente "pueda manejar a sola firma los destinos del país".
"Es una forma de reducir la capacidad de la democracia bajo el imperio de una supuesta emergencia. El Ejecutivo está tomando facultades y potestades que no le corresponden para tomar decisiones que van a romper a Argentina", apuntó el funcionario.
Katopodis sostuvo que es la "cuarta vez que se intenta" algo así en los últimos 50 años de historia de Argentina, al recordar las experiencias de las gestiones que cumplieron como ministros de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz (durante la última dictadura militar) y Domingo Felipe Cavallo, y el gobierno de Mauricio Macri.
"Ahora, Milei, viene a representar los mismos intereses y demostrar que quiere cumplir con los grandes grupos económicos de la Argentina que lo han puesto para cumplir esta tarea. El Presidente no sabe muy bien qué es lo que está mandando al Congreso", remarcó.
Para el funcionario bonaerense es necesario "explicar que la gente no votó esto", y lamentó que se "frene la obra pública" por los puestos de trabajo que se perderán en ese sector.
"Milei está acelerando la conflictividad social y política. Es necesario poder explicar y hacer mucha docencia porque nadie entiende qué es la ley ómnibus. Ni yo tengo el detalle de lo que se está al Congreso. Ayer hubo una expresión en la calle de los trabajadores. Nosotros vamos a defender que el debate pase por el Congreso nacional. Es con la política, en la calle y con la construcción de una coalición social que permita hoy oponerse a esto", subrayó. Télam
¿NUEVA TIRANÍA?
Argentina bajo la sombra de Milei: Un megapaquete de leyes que avasalla la democracia
El presidente Milei propone una ley que desata polémicas en Argentina, cuestionada por su alcance y comparaciones con épocas de dictadura. Entre privatizaciones, cambios electorales y restricciones a la protesta, el país se enfrenta a una encrucijada política.
En respuesta a las críticas y protestas contra el Decreto de Necesidad y Urgencia, el presidente Milei redobló la apuesta y ha presentado un paquete de leyes represivas, de ajuste y concentración de poder que busca ser tratado en sesiones extraordinarias antes del 31 de enero. El texto, entregado por el ministro del Interior Guillermo Francos, consta de 351 páginas con 664 artículos, generando una controversia inmediata. Profunda preocuación y emisión de críticas sobre la ley como un avance de la derecha liberal y quita de derechos adquiridos.
La iniciativa, bajo el nombre de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, propone que el Congreso declare "emergencia pública" en diversas áreas hasta el 31 de diciembre de 2025. Esto implica una delegación casi total de facultades legislativas al Ejecutivo, anulando efectivamente al Poder Legislativo.
El paquete incluye la privatización de más de 40 empresas públicas, entre ellas YPF, Aysa, Banco Nación, Enarsa, centrales nucleares, puertos, medios de comunicación y más. Además, plantea una reforma política que elimina las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, afectando la representación de minorías en la Cámara Baja.
A su vez, el megapaquete comprende una reforma política que elimina las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y establece un nuevo sistema de elección de diputados en base a circunscripciones uninominales. Esto hace que se elimine la representación de las minorías en la Cámara Baja, dado que aquel partido o fuerza política que gana la mayoría de una "circunscripción" se queda con la banca parlamentaria.
Asimismo, permite que los partidos políticos financien sus campañas con aportes privados millonarios sin límite y eliminan la publicidad gratuita en radio y televisión. De esta manera, sólo podrán llegar a la población con sus propuestas aquellas fuerzas que dispongan de grandes fondos privados.
La penalización de la protesta social y las reformas en el Código Penal que limitan el derecho de manifestación hacen eco de tácticas utilizadas en el pasado para reprimir la disidencia. Estos cambios, que incluyen penas de prisión por participar en manifestaciones, recuerdan a medidas implementadas durante periodos autoritarios, generando inquietud entre los defensores de los derechos civiles.
La analogía con la dictadura se intensifica con la propuesta de reinstaurar la "obediencia debida" en la Sección III de Legítima Defensa. Este término, asociado históricamente con la impunidad de actos represivos, levanta alarmas sobre la posible impunidad de acciones violentas por parte de las fuerzas de seguridad.
Puntos más polémicos:
- Penalización de Protestas: Se propone penalizar la protesta social, considerando como tal la reunión de tres o más personas, y buscando convertir el corte de calles en un "delito no excarcelable".
- Reformas en el Código Penal: Se introducen cambios que limitan el derecho de manifestación, liberan el accionar policial y reinstauran la "obediencia debida", generando preocupaciones sobre los derechos civiles y la represión.
- Privatizaciones: Más de 40 empresas públicas, incluyendo YPF y Banco Nación, están en la lista de privatizaciones, suscitando inquietudes sobre la concentración de poder en manos de grandes corporaciones.
- Reforma Ambiental: Modificaciones en leyes ambientales, como la de Bosques y Glaciares, plantean riesgos para la conservación y la biodiversidad, permitiendo desmontes y actividades mineras periglaciares.
El megapaquete de leyes propuesto por Milei en nombre de "la libertad" y "la emergencia" ha desencadenado una profunda preocupación en Argentina. Desde la penalización de protestas hasta la privatización de empresas estatales y cambios en leyes ambientales, el proyecto desafía principios democráticos y derechos adquiridos.
Los próximos días serán cruciales mientras el Congreso decide si frenar este atropello a la democracia o permitir que avance, afectando la división de poderes y derechos fundamentales.
Fuente:NoticiasdeNecochea
El nuevo decreto de Milei echará a la calle a más de 7.000 empleados públicos
No quedarán empresas del Estado, advierte Milei.
La Navidad en Argentina fue la más triste y desangelada desde el retorno de la democracia (1983), incluso peor que lo sucedido durante el argentinazo de diciembre de 2001, cuando el país cayó en la crisis más fuerte de su historia, y ahora la Nochebuena se transformó para miles de familias en una noche mala, debido a que el gobierno del presidente ultraderechista, Javier Milei, promulgó otro decreto de necesidad y urgencia (DNU), que dejará en la calle a partir del primero de enero a más de 7 mil empleados públicos, además de advertir que no quedará ninguna empresa pública en el país.
“El contrato electoral de Javier Milei con quienes lo eligieron en segunda vuelta (…) puede incluir ajuste y represión, pero difícilmente contemplará ese nivel de crueldad que puede confundirse con sadismo, ni la sorna del ministro sin cartera, Federico Sturzenegger, tampoco el amateurismo pornográfico de la canciller, Diana Mondino, que rompe todo lo que toca”, señala Nicolás Llantos en la página de Internet El Destape, que coincide con diversos análisis que se publicaron ayer.
Esta fue una Navidad sin nada para festejar. Millones se toparon con el costo de lo que sería una cena básica, pues los precios subieron a niveles inalcanzables. Los bazares, negocios y grandes mercados redujeron sus ventas a la mínima expresión. Apenas hubo algún cohete, nada de cañitas voladoras (fuegos artificiales), salvo en algunos lugares de altísimo nivel de vida.
Ahora Milei se enfrenta al Congreso, al que ha menospreciado abiertamente desde que asumió el cargo, el pasado 10 de diciembre, cuando por primera vez en la historia no presentó su discurso frente a diputados y senadores, sino de espaldas al recinto.
“Una realidad que ya resulta palpable explica los cacerolazos más que el discurso del presidente por cadena nacional o los detalles de un DNU, que muchos no necesitan leer a fondo para entender como una amenaza”, señala Llantos, ante lo cual sorprendieron los cacerolazos y la convocatoria espontánea, lo que sucedió por primera vez a sólo 10 días de que un presidente asumiera el gobierno.
“Los cacerolazos funcionan también como anticuerpos contra la normalización de un nuevo status quo alentado desde el discurso oficial y los medios que lo reproducen.
No es común que el ganador de una elección lleve a cabo el plan del que salió tercero. No es habitual chivear (nombrar) a una empresa extranjera por cadena nacional. No es normal que en Argentina la carne salga lo mismo que en Europa, como tampoco lo es que la policía suba a colectivos a filmar a ciudadanos. No es lógico arrogarse la suma del poder público para imponer una reforma que, si se concreta, volverá irreconocible al país y la vida de quienes lo habitamos, agregó el analista.
Es evidente también el fracaso del protocolo de seguridad de la ministra Patricia Bullrich, durante la mañana del 20 de diciembre militarizando el centro de esta capital sin poder detener una movilización del Frente de Izquierda y otros organismos que llegaron a la Plaza de Mayo para recordar a las víctimas que produjo la represión ante el levantamiento popular en esa fecha en 2001, que dejó casi medio centenar de muertos.
En estos tres días que siguieron no ha podido contener la protesta de las cacerolas y las marchas que llegaron ante el Congreso.
Cena solidaria
Antenoche, más de 4 mil personas que duermen en las calles, entre los más pobres, que aumentan sus cifras cada semana, participaron de la cena navideña que el Frente Patria Grande, liderado por el diputado peronista y dirigente social Juan Grabois, organiza desde 2016 en la plaza frente al Congreso.
También se repartieron regalos navideños, juguetes para niños y se instaló un espacio para peluquería, duchas y baños.
Bajo el lema de Ninguna familia sin Navidad, en esta iniciativa solidaria colaboran y participan movimientos populares.
Lo más importante es amar al hermano
¿Qué nos vino a decir Jesús hace 2023 años? Que no hay nada más importante que amar al hermano, a la hermana, al compatriota, al migrante que necesita, sobre todo los más pobres. Nosotros lo hacemos con solidaridad, sí, pero también con organización y lucha, dijo Grabois, quien agradeció a los militantes y a todos su colaboración.
El obispo auxiliar de Buenos Aires, monseñor Gustavo Carrara, quien es también responsable de la pastoral de las villas miseria, bendijo la cena, y el músico Santiago Motorizado cantó en vivo para todos en un momento muy emocionante, con una tensión tan fuerte alrededor. Nunca como hoy este año creció la solidaridad, como una respuesta a las amenazas diarias del gobierno de Milei.
En su mensaje de Navidad el presidente Javier Milei dijo que esperaba que esta fiesta marque el principio de una nueva era para todos los argentinos, utilizando su cuenta de X, antes Twiter. En esta misma red social, publicó una fotografía suya con un palo parecido a un bate de beisbol, y arriba la frase: Felices fiestas y ojo con hacerse comunista.
El presidente rechaza críticas a sus medidas
Al rechazar críticas a sus DNU, también en X señaló: pareciera que algunos por sadismo, y otros por corruptos, quieren mantener encadenados a los argentinos que desean salir de la miseria.
En una entrevista que le hicieron en la noche del sábado pasado se refirió a la televisión pública preguntándose: ¿por qué tenemos que sostenerla como empresa pública cuando hay niños muertos de hambre?, y aseguró que hay que cerrar todas las empresas del Estado.
En el DNU convertimos a todas las sociedades del Estado en anónimas y pueden ser privatizadas y está la posibilidad de que sean entregadas a los empleados, dijo hablando en el programa de la conductora Mirta Legrand.
Recordó que “hay una cláusula antiboicot, porque los sindicatos pueden querer bloquearlo. Con uno solo que la quiera (a la empresa pública) se la puede quedar (…) nos pasó en el caso de Aerolíneas Argentinas, que un sindicalista, de manera grosera y prepotente, expresó que no le gustó la propuesta”.
Aseguró además que hay que cerrar todas las empresas del Estado. Éste no tiene por qué participar de la economía. La oferta para que los empleados se queden con una empresa, fue calificada como un nivel de cinismo, que es una afrenta para el pueblo.
Además de cuestionar las protestas tras el decretazo, señaló sin ningún reparo que el empresario Elon Musk y muchas empresas de Estados Unidos tienen la intención de adquirir el litio de varias provincias del noroeste.
Se mostró orgulloso de que lo llamara el propio Musk para decirle que estaba interesado en el litio, y quería saber la viabilidad de un negocio. Asimismo, advirtió a los gobernadores provinciales a cargo de los recursos naturales que las compañías necesitan un marco jurídico que respete los derechos de propiedad, dejando el mensaje de que no puede haber, desde su punto de vista, producción local ni desarrollo industria, como señala Página/12.
En estos momentos están circulando los nombres de todas las grandes empresas y corporaciones a las que favorece en forma absoluta Milei.
Fuente: https://www.jornada.com.mx/2023/12/26/mundo/019n1mun
Fuente:Rebelion
La CGT convocó a un paro nacional
con movilización al Congreso el 24
de enero /Fuerte repudio al paquete
de leyes de Milei
Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2023.
El Comité Central Confederal (CCC) de la CGT llamó a un paro nacional desde las 11 horas para el próximo 24 de enero, que además incluirá una movilización al Congreso, en rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica. El 10 de enero habrá un plenario de delegaciones regionales en la sede de la central obrera de la calle Azopardo.
La fecha tiene que ver con que Milei intentará que el paquete de leyes se mueva rápido por las comisiones del Congreso y que el 25 de enero se apruebe. La CGT con este paro nacional presionará con todo para tirar abajo el sueño de la ultraderecha de instalar una dictadura institucional, y arrasar con todas las conquistas de las y los trabajadores.
PLAN DE LUCHA CGT
Aprobado por el Comité Central Confederal
✅ presentación Judicial contra el DNU
✅ pedidos de reunión con TODOS los bloques de diputados y senadores para debatir su acompañamiento a nuestra postura frente al DNU y la Ley Ómnibus
✅ Reunión con las demás Centrales Obreras para articular medidas en conjunto
✅ llamado a Plenario de Delegaciones Regionales de CGT el 10 de Enero a las 11 hs
✅ Paro nacional a partir de las 12 hs del 24 de Enero y movilización al Congreso Nacional
✅ facultar al Consejo Directivo Nacional para dictar las medidas que considere pertinentes en la oportunidad que requiera el actual estado de situación
Habla en el Confederal cegetista Héctor “Gringo” Amichetti, secretario general del gremio Gráfico
AL PARO GENERAL SE SUMAN TAMBIEN LAS DOS CTA Y LA UTEP
Por unanimidad, el plenario de la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadres y la UTEP resolvió:
Convocar a un paro nacional con movilizaciones en todo el país el 24 de enero con abrazo al Congreso Nacional para rechazar el DNU y la Ley Ómnibus.
Ratificar unidad y estado de asamblea y movilización.
Constuir la unidad en todo el país con plenarios en cada provincia.
Promover reuniones con gobernadores, intendentes y legisladores de todas las bancadas.
Articular acciones con la CGT y movimientos sociales.
Dar mandato a la Mesa de Unidad de la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la UTEP para adoptar medidas que se requieran en el plan de lucha.
ADHIERE AL PARO GENERAL LA COORDINADORA POR EL CAMBIO SOCIAL
Las siguientes organizaciones que componen la Coordinadora se sumaron a la convocatoria del paro genera con movilización que se efectivizará el próximo 24 de enero.
FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) – MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN CORRIENTE PLURINACIONAL; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL) – FAR Y COPA EN MARABUNTA – FOB AUTÓNOMA (FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUTÓNOMA) – OLP RESISTIR Y LUCHAR – MOVIMIENTO JUANA AZURDUY – ARRIBA LXS QUE LUCHAN
Condenan el DNU que intenta llevar a cabo el gobierno ultraderechista de Javier Milei y llaman a organizar el paro desde los barrios de todo el país.
La Coordinadora de Televisoras
Alternativas presentó una cautelar
contra los cambios en
Telecomunicaciones y Medios
públicos
Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2023.
CUESTIONAN EL DNU 70/23 EN LA JUSTICIA
La Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA) presentó en la Justicia una medida cautelar para suspender los efectos del DNU 70/2023 que modifica, sin ningún debate, leyes vinculadas a los servicios audiovisuales, Internet, medios públicos y actividades culturales.
La medida cautelar, requerida por CONTA en el marco de una acción de declarativa de inconstitucionalidad, solicitó que se dejen sin efecto las reformas que el DNU introduce a la ley 26.522 (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual) y la ley Argentina Digital (27.078).
Sin transitar la vía legislativa, el DNU 70/23 elimina todo límite a la acumulación de licencias en el orden nacional, llevando la concentración a niveles inauditos. Consolida la exclusión de la televisión por cable de cumplir lo establecido en la ley 26.522, como cuota de pantalla y ordenamiento de la grilla; suma la exclusión de los servicios satelitales y ostenta una redacción difusa respecto de los tributos audiovisuales, materia expresamente vedada por la Constitución para un DNU.
A través de la medida cautelar, CONTA también cuestionó la constitucionalidad -vía DNU- de la transformación de las empresas de medios públicos en sociedades anónimas; y pidió la suspensión de los efectos de la derogación de la ley 26.736, que regula la fabricación y comercialización de pasta celulosa y papel de diario.
El DNU 70/23, junto con el paquete de ley “ómnibus”, implica una profunda regresión en materia de derechos en todos los ámbitos. En el terreno de la cultura y la comunicación, los efectos son devastadores, atacando a pluralidad, la diversidad y la soberanía audiovisual en una acción propia de una monarquía tiránica.
Ya no quedan dudas: Javier Miliei defiende los intereses de los grandes jugadores del mercado. Cada artículo del DNU tiene una empresa de la casta directamente beneficiada, en detrimento de la democratización y la transparencia.
La medida cautelar fue solicitada por los canales comunitarios Urbana Tv y Barricada Tv de la Ciudad de Buenos Aires, PAREStv de Luján, Giramundo Tv de Guaymallén, Mendoza y Canal 9 Proa Centro, de Villa Cura Brochero, Córdoba. Está radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nro. 11, a cargo del Dr. Diego Cormick.
Contra el DNU y el ajuste, D’Elía y
Alderete volvieron a cortar la Ruta
3 en La Matanza, emblemático
epicentro piquetero de hace más de
20 años
Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2023.
El primero fue un activo defensor de Alberto Fernández y el segundo estuvo cuatro años como diputado. Hoy regresaron al mismo lugar donde se concentraron las protestas que derivaron en la crisis del 2001.
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Alderete y D’Elía, de rojo, volvieron a cortar la ruta 3, emblemático epicentro piquetero de hace 20 años (foto Franco Fafasuli)
Que veinte años no es nada lo pueden atestiguar Luis D’Elía y Juan Carlos Alderete, los dos líderes piqueteros que hoy volvieron a cortar la Ruta 3, epicentro de las protestas sociales que derivaron en la crisis política del 2001, que terminó con el entonces gobierno de Fernando De la Rúa. D’Elía fue un activo defensor del ex presidente Alberto Fernández y Alderete estuvo los últimos cuatro años sentado en una banca de diputado.
Referentes de la Unidad Piquetera también se hicieron presentes en el corte para saludar a sus organizadores
Lo cierto es que la manifestación de los dos dirigentes ocurrió en la Ruta N° 3, a la altura de Isidro Casanova, partido bonaerense de La Matanza, entre las vías del ferrocarril y la calle Germán Abdala. Fue convocada en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 promulgado por Javier Milei para desregular la economía, una administración que asumió el 10 de diciembre, hace exactamente 18 días.
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La protesta en la Ruta 3 comenzó pasadas las 10 (Franco Fafasuli)
La medida de fuerza es encabezada por Alderete, que ahora es sólo secretario general de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), una organización que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); y D’Elía, que conduce la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV). El punto elegido es emblemático, los dos dirigentes piqueteros iniciaron en ese lugar los cortes durante la crisis económica y social de 2001 que derivó en la caída del gobierno de Fernando de la Rúa.
En mayo de ese año, D’Elia y Alderete protagonizaron en ese lugar el “Matanzazo”, una de las mayores protestas contra el gobierno de La Alianza.
Entre otras organizaciones también estuvieron presentes Somos Barrios de Pie, el Frente Barrial de la CTA; el Sindicato de los Canillitas; la UOM y agrupaciones de jubilados y pensionados de la Matanza.
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El operativo de seguridad está a cargo de la policía bonaerense y también la policía federal (Franco Fafasuli)
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ayer anunció que la fuerzas federales actuarán para evitar el corte de una de las principales arterias del país. Sin embargo, al inicio de la protesta se pudo divisar el accionar de la Policía Bonaerense, para permitir la circulación del Metrobús, y también de la Policía Federal, para custodiar las vías del ferrocarril Belgrano-Sur. Igual, se permitió protestar e interrumpir parte del tránsito.
D’Elía confirmó que los organizadores del piquete solicitaron autorización a la intendencia, a cargo del peronista Fernando Espinoza, para manifestarse sobre esa arteria que ya no es jurisdicción nacional, sino de la provincia de Buenos Aires.
Consultado por la medida de fuerza, D’Elía advirtió sobre un “corte por tiempo indeterminado” en la Ruta 3 “si no cae el DNU que consagra los privilegios de la mafia neoliberal conservadora”. Sin embargo, en la primera hora de la tarde y tras unas improvisadas ollas populares, la manifestación se disolvió y cada uno de los participantes despejó la manifestación.
En la previa de la medida de fuerza, el dirigente piquetero adelantó: “Vamos a cortar la Ruta 3 en La Matanza, que es un lugar histórico de los piquetes en el país, porque estamos frontalmente en contra del decreto ómnibus de Milei que consagra para todos los tiempos el modelo neoliberal conservador en la Argentina”. Y agregó: “Será la primera de una serie de acciones de protesta que se irán desarrollando a lo largo y ancho de todo el país”.
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Efectivos de la policía federal en la Ruta 3 (Franco Fafasuli)
El exdiputado Alderete, a su vez, indicó: “Toda la sociedad debe tener un enérgico repudio al DNU de Javier Milei, porque constituye un ataque directo a las libertades democráticas, a los derechos adquiridos y representa un intento de golpe de Estado”.
El gobernador Axel Kicillof hasta ahora no adhirió al Protocolo Antipiquetes cuya guía oficial policial, establecida a través de la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, apunta a “evitar los cortes de la circulación de vehículos en la vía pública por piquetes y manifestaciones callejeras, resguardando derechos protegidos por las normas constitucionales, al habilitar que las expresiones de protestas se realicen sobre las veredas”.
Ayer, en el marco del paquete de proyectos de ley que el Gobierno envió al Congreso, Milei propuso una serie de sanciones duras para los piqueteros, entre las cuales se encuentran multas por destrozos en la vía pública y hasta 6 años de prisión para los organizadores de aquellas protestas que impidan la libre circulación vehicular, lo cual quedó expresamente prohibido.
Las protestas contra las medidas
de Milei se extienden al conurbano
bonaerense
Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2023.
Los manifestantes cortaron parte del tránsito en la Ruta Nacional 3 de Argentina, en el municipio bonaerense de La Matanza
Varias organizaciones sociales cortaron este jueves parte del tránsito en la Ruta Nacional 3 de Argentina, en el municipio bonaerense de La Matanza, durante una protesta contra las medidas económicas anunciadas en los últimos días por el Gobierno del ultraliberal Javier Milei, sin que se produjeran incidentes ni altercados.
El corte de la ruta, que es de carácter federal, comenzó a las 10:00 hora local (13:00 GMT) con la participación de centenares de manifestantes pertenecientes a la Federación de Tierra, Vivienda y Hábtitat (FTV), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Barrios de Pie, el Frente Barrial de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), el Sindicato de los Canillitas y otras agrupaciones provinciales y locales.
“(La movilización) es una clara pelea contra la reinstalación del modelo neoliberal conservador en su versión más cruel”, dijo a EFE el dirigente social Luis D’Elía, de la FTV.
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D’Elía apuntó que “detrás de Milei están el grupo BlackRock (una empresa de inversión multinacional estadounidense), los hermanos Koch (David y Charles Koch, dos multimillonarios estadounidenses conocidos por su ideas ultraconservadoras) y el círculo rojo (…) que quiere volver a endeudar la Argentina”.
“Vienen por el litio, por el gas, por el oro, por el petróleo y por el agua”, aseguró el dirigente social, quien advirtió al Gobierno que “su pelea en la calle será hasta que caiga el DNU”, en referencia al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado la semana pasada por Milei y que entrará en vigor este viernes y con él se desregulará gran parte de la economía argentina.
“Nos estamos poniendo de pie porque no nos vamos a rendir frente a la destrucción de nuestra patria, tanto desde lo económico como con la entrega de nuestros recursos naturales”, declaró a EFE Beto Galeano, dirigente de la CTA en La Matanza.
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Con casi dos millones de habitantes, el municipio de La Matanza es el más poblado y pobre de la provincia de Buenos Aires y tradicionalmente ha sido uno de los más combativos.
La presencia de las organizaciones sociales y del movimiento piquetero en este bastión del kirchnerismo es muy amplia, y lugares como la Ruta 3 se han convertido en icónicos escenarios de las protestas en el conurbano bonaerense.
“Ya no se pueden llegar a cubrir las cuatro comidas diarias y no tenemos que aguantar más. Nos rebelamos ante esta situación y creo que el pueblo argentino está enojado y va a salir a repudiar todo esto (…) ¡No es justo!”, consideró a EFE Miguelina Gómez, representante de la CCC.
A pesar de que los manifestantes sólo permitieron el paso de autobuses urbanos por la vía habilitada para este tipo de vehículos, las fuerzas policiales y de seguridad no han llegado a intervenir en la Ruta 3 de para hacer cumplir el controvertido protocolo de seguridad impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que prohíbe el corte de calles y carreteras durante las marchas y propone severas sanciones a quienes lo incumplan.
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Las movilizaciones contra las medidas económicas anunciadas por el economista ultraliberal Javier Milei han ido multiplicándose a lo largo de los últimos días en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina.
Este jueves, la principal central sindical del país, la Confederación General del trabajo (CGT) -de inspiración peronista- decidirá si convoca un paro general en el país.
Mientras tanto, los distintos actores políticos que se oponen al DNU de Milei y al macroproyecto de ley de emergencia pública -que tendrán que aprobarse en el Congreso de la Nación- siguen criticando las medidas, y las denuncias y recursos de amparo contra ambas normas siguen llegando a los tribunales argentinos.
Fuente: El Comercio Pe
Decretazo: un juez le dio tres días
al gobierno de Javier Milei para
que responda a los cuestionamientos
de la CGT
Por Luciana Bertoia, 28 de diciembre de 2023.
Hay presentaciones contra el DNU 70/23 en distintos fueros y jurisdicciones. Claudio Lozano, la CTA Autónoma, ATE y el Observatorio por el Derecho a la Ciudad reclaman en Comodoro Py que el gobierno muestre que siguió el trámite correspondiente antes de firmar el decreto. La batalla por el fuero de origen.
El gobierno de Javier Milei deberá defender en un plazo de tres días el Decreto de Necesidad Urgencia (DNU) que publicó la semana pasada y con el que pretende desregular la economía y el mundo del trabajo. Así lo decidió el juez José Ignacio Ramonet, que rechazó dictar una cautelar como reclamaba la Confederación General del Trabajo (CGT), pero resolvió avanzar con el planteo que presentó ante la justicia la central obrera.
Movilización y judicialización: así podría resumirse la estrategia de la CGT frente al megaDNU de Milei. Este miércoles, la CGT ocupó —junto a las dos CTA— la zona de la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia, mientras en los tribunales laborales empezaba a moverse el amparo que habían presentado los triunviros Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña —con la representación del abogado Pablo Topet—.
La CGT pide que se declare la inconstitucionalidad del DNU 70 por considerarlo un avasallamiento a la división de poderes pero, además, habla de su afectación a los trabajadores y trabajadoras en particular. “La reforma laboral incluida en el DNU 70/23 es una pretensión de modificación global del marco normativo de las relaciones individuales y colectivas de trabajo que exige ser evaluada como un conjunto inseparable: en lo individual un retroceso sustancial en el universo protegido por la tutela laboral y en los niveles de protección y, en inescindible vinculación, un menoscabo mayúsculo de los medios de autotutela, de acción colectiva y de debilitamiento del sujeto sindical”, afirman en su escrito Daer, Moyano y Acuña.
El juez Ramonet tomó tres decisiones importantes. Por un lado, rechazar el dictado de una medida cautelar interina porque entiende que el DNU aún no está en vigencia —entraría recién el 29 de diciembre—. “Lo expuesto no significa sentar posición acerca de la validez constitucional del decreto cuestionado en general y de las regulaciones laborales que contiene en particular”, aclaró el magistrado.
El otro elemento de relevancia es que notificó al Poder Ejecutivo Nacional —a través de la Jefatura de Gabinete— para que conteste el traslado en un plazo de tres días. Es posible que la CGT tenga que pedir que se habilite la feria. Ramonet ya se anticipó y dijo que él no puede hacerlo. La representación del Ejecutivo la asumirá la Procuración del Tesoro, a cargo del abogado Rodolfo Barra, que justifica el dictado del DNU en la “situación” que atraviesa el país.
En tercer lugar, el juez Ramonet declaró la competencia del fuero laboral para entender en esta disputa con el gobierno de Milei. “Sería aconsejable que las acciones colectivas que se iniciaran (o que ya se han iniciado) ‘se desagregaran’ por fuero especializado”, resaltó Ramonet.
En realidad, lo que Ramonet plantea sobre la competencia parece leerse en respuesta a lo que sucedió en el fin de semana: el juez en lo contencioso administrativo federal Esteban Furnari entendió que podía tramitarse como un amparo colectivo la presentación que habían hecho el economista Claudio Lozano (Unidad Popular) junto con la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Observatorio por el Derecho a la Ciudad. El juez Furnari, además, ordenó inscribir el planteo como un proceso colectivo contra el Poder Ejecutivo Nacional, con lo que podría atraer todas las presentaciones que se hagan contra el DNU de Milei. La pelea por la competencia será importante. De hecho, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires también hizo una presentación ante los tribunales federales platenses y pidió ser excluido del proceso colectivo que tramita en el fuero contencioso administrativo.
En las últimas horas, el fiscal de la demanda que tramita ante Furnari, Miguel Ángel Gilligan, se notificó de la decisión sobre el amparo colectivo y avisó que no asumirá la calidad del parte en el pleito —es decir, no acompañará lo que vayan planteando Lozano, la CTA, ATE y el Observatorio—. Por el contrario, se expedirá sobre la competencia del fuero contencioso administrativo y sobre el fondo del planteo.
En este caso, Lozano, la CTA, ATE y el Observatorio también plantearon que Milei pretende hacer una transformación profunda saltándose al Congreso y la participación de los ciudadanos en los asuntos de relevancia pública. La Asociación Exigir se presentó como un tercero en este expediente —que tramita en el fuero contencioso— y planteó una anomalía: en el DNU aparece como que la canciller Diana Mondino lo firmó desde Buenos Aires cuando no estaba en ese momento en el país.
En paralelo, se formuló una denuncia penal que recayó en el juzgado federal de Sebastián Ramos. Lozano, Hugo “Cachorro” Godoy (CTA-A), Rodolfo Aguiar (ATE) y Jonatan Baldiviezo (Observatorio) acusan a Milei de abuso de autoridad y de arrogarse la suma del poder público –algo que la Constitución prohíbe en su artículo 29 y cataloga como traición a la patria.
En la presentación —a la que tuvo acceso Página/12—, los denunciantes reclaman que el Poder Judicial le requiera información a Milei sobre el expediente por el cual tramitó el DNU 70 —que, a su entender, modifica más de 80 leyes— y de cada uno de los dictámenes que debieron hacer los distintos ministerios para justificar la firma del decreto. El pedido apunta a desentrañar si efectivamente fue una tarea encarada por el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) o una tarea en la que intervinieron particulares ajenos a la administración pública. Una de las rarezas del DNU 70 es que se lo presenta como una creación del economista Federico Sturzenegger, que no tiene cargo en el gobierno de Milei. Además, trascendió que distintos estudios jurídicos de la City porteña estuvieron implicados en la redacción.
En el fuero contencioso administrativo tramita también al amparo que presentó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Este expediente cambió de manos: después de que fuera recusado, el juez Pablo Cayssials lo remitió a su colega Walter Lara Correa.
“El DNU 70 /2023 sumado al proyecto de ley denominado ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’ es un intento de reforma constitucional encubierta sin cumplir con el mecanismo previsto por el artículo 30 de la Constitución“, opinó en X (exTwitter) Gil Domínguez sobre la “ley ómnibus” que Milei envió a la Cámara de Diputados.
Una de las rarezas del proyecto es que en su artículo 654 dispone la ratificación del DNU 70. Según Gil Domínguez, eso habilita su tratamiento durante las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo y también da luz verde para que un juez dicte una cautelar.
Fuente: Página12
Estado de excepción sin golpe militar
Por Jorge Alemán, 28 de diciembre de 2023.
Desde hace varios años vengo afirmando que el Neoliberalismo solo se sostiene eliminando el control democrático sobre los poderes concentrados. Para lograr esta situación fue necesario que distintos dispositivos desencadenaran en distintos segmentos de la población un odio sistemático a toda la cultura política que había constituido la referencia histórica de lo que se denomina el proyecto nacional y popular.
Esta operación exigió que durante años se fuera transformando el humor social a partir de un cambio subjetivo que posibilitara la emergencia de sujetos capturados por un imaginario impenetrable para la argumentación, el debate y el análisis político. En este sentido, la instrumentación ejercida de un modo tenaz y persistente del término Corrupción fue determinante.
Gracias al psicoanálisis se sabe que el sujeto siempre puede sentir que algo esencial se le ha hurtado, que ha sido engañado, robado y estafado por un Otro. Estos sentimientos son constitutivos de la vida del sujeto y, cuando se va destruyendo el tejido social, encuentran un campo propicio para desarrollarse y desplegarse. Por supuesto, la Pandemia colaboró de una forma definitiva para la expansión del sentimiento de estafa y la manipulación de la misma.
Luego, los dispositivos neoliberales se encargan a través de su extensa fila de colaboradores de otorgarle nombres propios a ese Otro y de promover un odio ilimitado hacia las personalidades de la política que sea necesario destruir.
La situación extrema se produce y se obtiene cuando eso se dirige al propio Estado y a su propia Constitución. En otros términos, entonces sí se logra el robo total: la transferencia de recursos de los más explotados a los grupos del Poder.
Cuando se llega a este punto, el Neoliberalismo se realiza de un modo absoluto, como aquella forma del capitalismo que expropia a la gran mayoría del pueblo de su soberanía contando con un gran apoyo por parte del mismo.
De esta manera, el neoliberalismo funciona como una dictadura sin golpe de Estado, que a partir de ese punto empleará al Estado para administrar el aparato represivo y ahora sí, con sus distintos protocolos de regulación.
El interrogante crucial cuando se llega a esta situación es, por un lado, la pregunta por el cuantum de opresión que la población puede soportar y, por otro, cuáles son las fuerzas políticas que separándose de su modo de existencia anterior estarán en condiciones de afrontar la tremenda novedad de la situación.
Es necesario aclarar de que no se trata de nuevos nombres propios ni tampoco de fuerzas políticas nuevas, pero sí de construir una posición que discursivamente sea claramente distinta del pasado del que proviene.
Cuando se puede llegar a imponer un Estado de excepción de apariencia democrática es fundamental que las fuerzas emergentes cumplan con una doble función: por un lado, deben tener una actuación de recomposición y reconstrucción del tejido político, pero a la vez deben mantener una tensión irrevocable, sin ceder sobre la situación, en su confrontación con el espacio que se propone destruir a la democracia y el pueblo que la habita.
Fuente: Página12
Por el freno a la obra pública,
constructoras advierten por la
pérdida de un millón de empleos
Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de2023.
El presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de Argentina, Gerardo Fernández, aseguró al contemplar los empleos directos e indirectos.
El presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de Argentina, Gerardo Fernández, advirtió este miércoles por AM750que hay en riesgo más de un millón de puestos de trabajo vinculados al sector en el país debido al freno a la obra pública anunciado por el Gobierno y el feroz ajuste que sacudirá al sector privado.
Fernández rechazó el planteo de feroz ajuste fiscal que promueve Javier Milei, donde, con la justificación de que “no hay plata”, así como la suspensión de nuevos proyectos de obra pública una vez finalizados los que se encuentran en marcha.
“Hay que ser prudentes. El Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) releva el dato histórico de 500 mil puestos de trabajo, de los cuales se han perdido cerca de 80 mil. Ya estamos en 420 mil puestos de trabajo a principios de diciembre”, explicó Fernández. Sin embargo, dijo que hay que tener en cuenta que esos 500 mil puestos de trabajo históricos vienen siendo ponderados como un número importante, pero que hace 15 años es el mismo.
“Ha habido un crecimiento poblacional. El crecimiento real del empleo no fue tal. Eso significa que si hay crecimiento, hay un crecimiento del área informal”, señaló dando un nuevo trasfondo a los números duros.
Para Fernández, una explicación de la creciente informalidad tiene que ver con los trabajadores que, para no perder los beneficios de los planes sociales, solicitan trabajar en la informalidad. El planteo es llamativo, debido a que durante la gestión de Alberto Fernández se habilitó la compatibilidad de percibir planes sociales y tener empleo registrado.
“Se calcula que existen empleos en negro en el sector privado. Porque el sector público garantiza que estén todos en blanco. Ahí hay 800 mil en negro en el sector privado”, añadió.
Luego, ante la pregunta de cómo se llega al cálculo estimativo del millón y medio de personas afectadas por el freno de la obra pública, señaló: “Son los que se llaman colaterales”. “Si vos destruís el empleo registrado formal, impacta en los prestadores de servicios, en los montajistas, en los corralones. Todo eso se ve resentido y va bajando el empleo en esos sectores que no son directos de la construcción”, apuntó.
Y finalizó: “El empleado, cuando sale de la obra, generalmente va a la esquina y consume una comida y una gaseosa. Bueno, eso se ve resentido en el consumo también. Impacta a lo mejor en la baja de esta producción de forma indirecta”.
Fuente: Página12
Salud mental: Milei impulsa el regreso
de los manicomios y quiere
“internaciones involuntarias”
Por Dylan Resnik, Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2023.
El proyecto del Gobierno se mete de lleno en el corazón de la normativa vigente, facilitando internaciones involuntarias y abriendo la posibilidad de la creación de nuevos manicomios y centros terapéuticos privados.
El proyecto de ley ómnibus con el que el Gobierno de Javier Milei busca modificar de un saque un sinfín de leyes tiene un capítulo especial para la salud mental. Allí, la gestión de ultraderecha avanza sobre el corazón de la normativa vigente, la Ley 26.657 y entre otros cambios pretende facilitar las internaciones involuntarias y habilita el regreso de manicomios, así como también da luz verde a los negocios en torno a las intervenciones.
Consultado por Página|12, el exdiputado nacional y autor de la Ley de Salud Mental, Leonardo Gorbacz, advirtió que el proyecto “intenta cambiar de un plumazo una ley que fue construida en un debate de 3 años con participación de organismos de derechos humanos, profesionales y personas usuarias”.
Para el exdiputado, las propuestas “parecen responder más al reclamo de ciertas comunidades terapéuticas que prefieren tener menos controles y más discrecionalidad para disponer de la libertad de las personas”. Y añadió: “Recordemos que en algunas de ellas han perdido la vida de manera violenta muchos jóvenes y han habido muchas denuncias”.
A lo que añadió: “Por otra parte, hay algunas madres de jóvenes con problemas de consumo que se han organizado para reclamar por sus hijos, y legítimamente muestran las dificultades que hoy existen en el sistema. Pero esas dificultades realmente existentes no se van a resolver restituyendo la legitimidad de los manicomios ni dejando que los jueces puedan internar sin criterio interdisciplnario previo”.
El mismo punto fue resaltado Luciano Grasso, exdirector Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud del Gobierno de Mauricio Macri, que aseguró a Página|12 que “la Ley de Salud Mental, que es una ley de avanzada, no se está cumpliendo”. “No hubo una decisión política de implementar la ley y muchos problemas siguen estando vigentes”, resaltó ,y aclaró que “la reforma parece tener viabilidad por la no aplicación de la ley, una ley que necesita una urgente implementación”.
En tanto, sobre los motivos que explican todas estas reformas en el marco de una ley ómnibus, explicó que desde la sanción siempre hubo sectores que atacaron la normativa con visiones “corporativas”, y apuntó a sectores gremiales, laboratorios y empresas de salud que militaron contra la legislación y buscaron modificar algunos aspectos.
En particular, Grasso marcó dos puntos de la ley: el que amplía los criterios de internación, que está vinculado con el negocio de los privados. Explicó que con las internaciones “se paga por cada cama por día internación; si puedo internar más, gano más”; y el artículo que permite la creación de manicomios, un punto que va en la misma dirección.
“La modificación vuelve a permitir el manicomio y las clínicas privadas. En muchos casos son negocios. El modelo del exceso de la internación, de darle al psicofármaco un lugar priorizado en determinado de los dispositivos comunitarios, de poder trabajar con la persona en su comunidad, con sus redes. Es un modelo donde algunos pocos ganan plata”, finalizó.
Ante la consulta de este medio, la prestigiosa psicóloga especializada en salud pública y mental, Alicia Stolkiner, puso el centro de su crítica sobre dos puntos centrales: “Reinstala la figura del juez de manera significativa como decisor de la internación en más situaciones que lo preexistente y en el artículo 28 reinstala las instituciones monivalentes al reemplazar los hospitales generales por ‘hospitales o centros médicos, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados’”.
Punto por punto, qué cambia en materia de salud mental
Internación dictada por jueces
El plan de Milei propone, en primer lugar, una modificación al artículo 5º de la Ley actual y habilita a los jueces a dictar internaciones involuntarias a las personas que presuntamente tengan “existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental”.
De esta manera, se deja tal cual la primera parte del artículo, que dice que “la existencia de diagnóstico por sí solo en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que sólo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado”.
Así, se añade un segundo párrafo que ya deja ver el espíritu de la reforma: “En caso de que situaciones particulares del caso frente a elementos concordantes y de convicción que así lo indiquen, el juez podrá adoptar medidas de atención urgentes y deberá posteriormente realizar la correspondiente evaluación interdisciplinaria.” En otras palabras, implica una inversión en la lógica: primero internar, después evaluar.
De todos modos, esta normativa, para el autor de la ley original, Gorbacz, no tiene sentido: “La ley le da las herramientas a los jueces e incluso a los sistemas de urgencias en salud para disponer traslados aun sin consentimiento de la persona para que la persona sea evaluada en un hospital, por lo que no es necesario facultar a un juez para que él mismo determine una internación que es una competencia específicamente sanitaria”.
Luz verde a las comunidades terapéuticas
El segundo punto del proyecto avanza con una reforma sobre el artículo 11º de la Ley de Salud Mental, en este caso, el Gobierno busca “promover el desarrollo de comunidades e instituciones terapéuticas”.
Lo deja en claro al agregar unas breves pero centrales palabras en la reacción del artículo y marcadas a continuación en negrita:
- “La Autoridad de Aplicación debe promover que las autoridades de salud de cada jurisdicción, en coordinación con las áreas de educación, desarrollo social, trabajo y otras que correspondan, implementen acciones de inclusión social, laboral y de atención y rehabilitación en salud mental comunitaria”.
- “Se debe promover el desarrollo de (…) prestaciones tales como casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo, centros de capacitación socio-laboral, emprendimientos sociales, comunidades e instituciones terapéuticas, hogares y familias sustitutas”.
Más motivos para internaciones involuntarias
Un punto central del proyecto de La Libertad Avanza tiene que ver con el artículo 20º, que enumera los casos en los que puede haber una internación involuntaria.
En la ley original se dice que “debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios”. Y da tres escenarios en los que estas pueden suceder: cuado hay riesgo cierto e inminente y un informe con la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas, cuando hay ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento y siempre y cuando se realice un informe acerca de las instancias previas implementadas si las hubiera.
En el nuevo proyecto, se cambia esto y dice que la internación involuntaria “es considerada como recurso terapéutico excepcional y procede, previa evaluación médica y del equipo interdisciplinario, en los siguientes casos”. Estos son muchísimos más y más amplios que en la ley original:
- Cuando no logre adherencia a los abordajes ambulatorios y presente una falta de conciencia de enfermedad que afecte su capacidad de discernimiento y que implique una grave vulneración a su salud integral;
- Cuando se encuentre en situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros,
- Cuando con posterioridad a la internación bajo el supuesto del inciso b), no entrañe riesgo cierto e inminente para sí o para terceros pero no hayan cesado las causas que generaron tal situación,
- Cuando a pedido de ambos padres o de quien/es ejerzan la responsabilidad parental, tutor o a requerimiento del Juez previa solicitud del órgano administrativo competente, se trate de un menor de edad que padece adicción a sustancias psicoactivas que comprometa gravemente su salud integral o desarrollo psicofísico.
Sobre este punto, Gorbacz precisó: “Esto es peligroso porque se presta a un uso inadecuado e incluso hasta malintencionado de una herramienta delicada como la internación involuntaria de una persona. Sabemos que ha habido casos de internaciones forzadas para despojar a personas de su patrimonio, o en el marco de divorcios conflictivos en contextos de violencia de género, por ejemplo”.
Más dificultades para terminar las interacciones
En los cambios sobre el artículo 22º, nuevamente el Gobierno, con unos cambios sutiles, modifica rotundamente el sentido y espíritu de la normativa.
La ley vigente señala que “la persona internada involuntariamente o su representante legal, tiene derecho a designar un abogado” y que éste puede “oponerse a la internación y solicitar la externación en cualquier momento”.
La nueva normativa plantea un cambio sutil pero central. Dice que el abogado podrá “oponerse a la internación o a la externación y solicitar la medida que terapéuticamente sea más adecuada”.
En esta misma línea se modificó el artículo 23º de la ley, donde se explica cuándo una internación debe finalizar. La ley actual dice que será “apenas cesa la situación de riesgo cierto e inminente”. La modificación, en tanto, cambia esto y dificulta las salidas de los pacientes. Dice que las externaciones serán “apenas cesan las circunstancias que le dieron motivo” de la internación.
El regreso de los manicomios
Por otro lado, mientras la normativa actual prohíbe expresamente la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados y promueve que los ya existentes se adapten a los objetivos y principios expuestos, hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos, la normativa Milei plantea totalmente lo contrario y dice que “deberán funcionar conforme a los objetivos y principios expuestos, y de acuerdo a las reglamentaciones que establezca la autoridad de aplicación.”
En este mismo guiño a las granjas y centros de rehabilitación, así como los centros privados de internaciones, que siguen existiendo más o menos adaptadas a la ley actual, el nuevo decreto plantea, otra vez, un sutil cambio que habilita el terreno de la interpretación. Así queda claro cuando, en el artículo 28º se habla sobre dónde deben realizarse las internaciones y se pasa de “los hospitales generales” a “instituciones adecuadas”.
Este es un punto central de la normativa. Es menester tener en cuenta que las granjas de rehabilitación funcionan en muchísimos casos en la marginalidad y las personas que se acercan a estas comunidades ven, en muchísimos casos, severas violaciones a sus derechos humanos, ya sea con prácticas no científicas que los exponen a tratamientos perjudiciales como a la reducción a servidumbre y el impedimento a volver a tener una vida fuera de esas comunidades.
Además, esta nueva disposición anula el proceso de desmanicomialización y vuelve a legitimar la existencia de este tipo de instituciones, en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Comité de Discapacidad de Naciones Unidas, explicó el exdiputado Gorbacz.
Sin organismos públicos en el Órgano de Revisión
El último de los cambios tiene que ver con las modificaciones en el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental, donde pasa de ser un equipo multidisciplinario integrado por el Ministerio de Salud de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del Ministerio Público de la Defensa y diversos profesionales a un esquema donde el Estado no aparece y solo quedan profesionales de diversas áreas.
Fuente: Página12
En el proyecto ómnibus se pretende
castigar a quienes organicen
reuniones “de más de tres personas”
en la calle
Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2023.
Foto de Portada ilustrativa y anacrónica.
El protocolo “antipiquetes” impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se institucionaliza y agrava en materia de persecusión y cercenamiento de los derechos civiles en el capítulo de “Seguridad interior” en el proyecto “ómnibus” enviado al Congreso. El proyecto modifica el artículo 194 del Código Penal y la Ley Nacional de Tránsito, eleva las penas para quienes interrumpan la circulación de transportes o servicios, incorpora la figura de “organizadores” para tipificar a cualquier ciudadano que convoque a más de tres personas y lo hace pasible de multas por daños. Además obligar a notificar toda reunión y habilita al Ministerio de Seguridad a oponerse a su realización por motivos de “seguridad nacional”.
El artículo 194 del Código Penal fue redactado durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y, actualmente, es utilizado para criminalizar la protesta social en todo el país. El megaproyecto de Milei propone profundizar el uso de esa herramienta en la persecusión de la protesta social. El artículo 326 del megaproyecto propone modificarlo y aumentar las penas 1 a 3 años y seis 6 meses para quienes “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, deprovisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas“.
La modificación propuesta en el artículo avanza en línea con el discurso punitivista de Milei y Bullrich sintetizado en “el que marcha no cobra”. En ese sentido, la modificación propuesta menciona la figura de “organizador” y propone penarlo con 2 a 5 años en caso de que la manifestación o corte “causare lesiones a las personas o daños a la propiedad”, y la pena podrá ser aplicada aunque el organizador “estén o no presentes en la manifestación o acampe”.
En el mismo sentido, el proyecto de ley avanza sobre la idea de la extorsión de los movimientos sociales a las personas que reciben beneficios sociales al sostener que “le corresponderá pena de prisión o reclusión de 3 a 6 años a quienes mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quitar de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”.
Además, en el 332, menciona la Convención de los Derechos del Niño y la Ley Integral de Niñez y el Código Civil y Comercial de la Nación para que las fuerzas de seguridad denuncian la presencia de cualquier persona menor de trece años.
La figura de “organizador” sería incorporada al Código Penal mediante un artículo 194 bis y la tipifica como toda persona humana o jurídica que:
- convoque a otras personas a participar de la reunión,
- coordine a personas para llevar a cabo la reunión,
- provea cualquier tipo de medio material o logístico para la realización de la reunión,
- pase lista, registre las presencias o las ausencias por cualquier medio escrito o de grabación de imágenes.
Además de avasallar el derecho a la protesta y reunión, y dejar abierta a discrecionalidad de poder imputar a personas que no participan de las manifestaciones, la sección del megaproyecto también oficializa la idea de hacer pagar a quienes manifiestan por los operativos de seguridad decididos desde el Poder Ejecutivo, algo que el vocero presidencial Miguel Adorni ya anunció tras la marcha del 20 de diciembre.
El articulado también propone aplicar a los manifestantes las multas contempladas en la Ley de Tránsito (N° 24.449) y propone sumar un nuevo inciso a las “prohibiciones” que figuran en la norma: “inciso z) Impedir u obstaculizar totalmente el tránsito en arterias o avenidas, rutas nacionales y puentesinter jurisdiccionales mediante una movilización o protesta social.” En el mismo tono, el artículo 337 propone la figura de “vulneración de derechos de terceros”, habilitando el discurso de la derecha respecto de poner el derecho a circular por encima del derecho a la protesta y lo esconde bajo el objetivo de destinar las multas al Fondo de Integración Socio Urbana (Ley N° 27.453).
El megaproyecto señala que considerará “reunión o manifestación” a la “congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos” y obliga –con el Ministerio de Seguridad como órgano de aplicación– a que toda reunión sea notificada “con una antelación no menor de 48 horas”.
De aprobarse la iniciativa presentada por el Gobierno, cualquier reunión o manifestación de más de tres personas deberá detallar ante el Ministerio de Seguridad: características de la manifestación
- datos de la persona humana o jurídica que la organiza,
- nombres propios y datos personales de sus organizadores, delegados o autoridades, independientemente de que participen o no de la reunión o manifestación,
- el objeto y finalidad, laubicación y recorrido,
- tiempo de duración y cantidad estimada de convocados.
En tanto, si se trata de una “manifestación espontánea” -¿qué pasaría con un “cacerolazo”?-, el proyecto ordena que debe notificarse “con la mayor antelación posible” con toda la información requerida. A cambio, el Ministerio de Seguridad deberá otorgar un comprobante en el cual conste la correcta presentación de la manifestación, en caso de que la permita, con posibilidad de modificar, lugar, fecha y horario.
La iniciativa de Milei y Bullrich va más allá de la Constitución y deja en manos del Ministerio de Seguridad el derecho a la protesta al poder rechazar las manifestaciones o reuniones notificadas por “seguridad de las personas o seguridad nacional”.
En venta: cuáles son las compañías que podrían dejar de ser del Estado
En total, son 41 empresas y organismos, entre las que destacan Aysa, Banco Nación, YPF, Correo Argentino, Enarsa, la agencia de comunicación pública Télam (entre otros medios estatales) y, por supuesto, Aerolíneas Argentinas.
El listado completo de empresas que pueden privatizarse:
- ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS S.E.
- AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.
- EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A.
- AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.
- BANCO DE LA NACION ARGENTINA
- BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR S.A.
- CASA DE MONEDA S.E.
- CONTENIDOS PÚBLICOS S.E.
- CORREDORES VIALES S.A.
- CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A.
- CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LA ARMADA ARGENTINA S.E.
- DIOXITEK S.A.
- EDUC.AR S.E.
- EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA S.E.
- ENERGÍA ARGENTINA S.A.
- FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONES “BRIG. SAN MARTÍN” S.A.
- FABRICACIONES MILITARES S.E.
- FERROCARRILES ARGENTINOS S.E.
- INNOVACIONES TECNOLÓGICAS AGROPECUARIAS S.A.
- INTERCARGO S.A.U.
- NACIÓN BURSÁTIL S.A.
- PELLEGRINI S.A.
- NACIÓN REASEGUROS S.A.
- NACIÓN SEGUROS DE RETIRO S.A.
- NACIÓN SERVICIOS S.A.
- NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A.
- PLAYAS FERROVIARIAS DE BUENOS AIRES S.A.
- POLO TECNOLÓGICO CONSTITUYENTES S.A.
- RADIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL S.A.
- RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA S.E.
- SERVICIO DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA S.A.
- TALLERES NAVALES DÁRSENA NORTE S.A.C.I. y N.
- TELAM S.E.
- DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO FERROVIARIO SAPEM.
- BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A.
- ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E.
- OPERADORA FERROVIARIA S.E
- VEHÍCULO ESPACIAL NUEVA GENERACIÓN S.A.
- YACIMIENTOS CARBONIFEROS FISCALES EMPRESA DEL ESTADO
- YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)
- YPF S.A
Marcha contra el DNU de Milei:
cortes de calles, acto y protesta
en Córdoba
Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre se 2023.
Con una marcha y concentración en el Centro, la Confederación General del Trabajo (CGT) Córdoba y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA-T). Se sumaron distintos espacios y manifestantes para “repudiar” lo dispuesto por el presidente. Hubo un breve acto al frente de Tribunales I. Se planea un paro nacional.
(cobertura audiovisual de Resumen Latinoamericano)
La jornada de protesta nacional se hizo sentir en Córdoba, en una marcha que los gremios definieron “para repudiar el DNU que afecta gravemente nuestros derechos ciudadanos y laborales, y en contra de la represión a trabajadoras y trabajadores de nuestra ciudad” (según difundió por su parte, el SUOEM).
La movilización se dirigió hacia Tribunales I, donde hubo un breve acto para expresarse en contra del DNU.
En el lugar, el titular de la CGT Córdoba, José Pihen, dijo en su discurso: “Nosotros hemos demostrado en la calle que salimos a repudiar el Decreto de Necesidad y Urgencia, y todas las medidas que se adopten en función del mismo”.
Luego, Pihen se refirió a la represión ocurrida la semana pasada, cuando una marcha frente al Patio Olmos decidió cortar la calle y recibió un fuerte choque por parte de la Policía de Córdoba. “Venimos a reclamar por la represión que la Justicia de Córdoba ordenó realizar contra los trabajadores que se manifestaron”, dijo.
Finalmente, confirmó que este jueves podría sería definido un paro nacional en el marco de los rechazos que plantean a las políticas dispuestas por el Gobierno Nacional.
Por su parte, Federico Giuliani, secretario general de ATE y CTA -A de Córdoba, aprovechó también para cuestionar el Decreto mediante el cual el Gobierno dispuso la no renovación de unos 7.000 contratos del Estado. Cuestionó además que la medida “se tome a fin de año y con la situación económica y social que hay en el país”.
“ATE no va a aceptar ningún despido; Milei ha construido un relato de que el Estado Nacional está lleno de vagos, de ñoquis, de militantes, y no son una planilla de Excel, atrás de cada despido hay una familia, hay una historia de vida, hay una mesa que llenar”, dijo.
“No vamos a permitir el desguace del Estado, no vamos a permitir las privatizaciones en empresas del Estado que hoy funcionan manteniendo áreas estratégicas”, apuntó.
El dirigente gremial cuestionó el “mega ajuste” y denunció que al mismo lo pagarán los trabajadores. “Nos ponen en la mira del ajuste del Gobierno”, insistió.
Entre las distintas entidades sindicales y organizaciones sociales, también participaron miembros de la organización Inquilinos Córdoba, quienes aprovecharon la movilización para repudiar la derogación de la Ley de Alquileres.
Los estatales de ATE y Clate
fueron parte de la movilización
contra el DNU que quiere imponer
Milei
Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2023.
Las organizaciones que integran la CLATE en Argentina participaron este 27 de diciembre de la movilización convocada por las centrales sindicales contra el Decreto de Necesidad y Urgencia promulgado por el gobierno de Javier Milei, que modifica o elimina más de 300 leyes. Gremios estatales de América Latina y el Caribe hicieron llegar su solidaridad con los trabajadores argentinos.
Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos se movilizaron este miércoles en la Plaza de los Tribunales, en Buenos Aires, para expresar su repudio al mega decreto del gobierno que desregula la economía, elimina derechos laborales consagrados en la Constitución y privatiza empresas públicas, entre otras medidas regresivas.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se sumó a la concentración y, además, realizó una Jornada Nacional de Lucha en todo el país para rechazar el despido de más de 7 mil trabajadores de la Administración Pública Nacional decretado este martes por el presidente Javier Milei.
«Los estatales hoy nos movilizamos en las 24 provincias argentinas y en más de 2.200 municipios para rechazar el mega DNU del presidente, pero también para decir que no vamos a aceptar ningún despido frente a esta amenaza de dejar 7.000 familias en la calle en los primeros días del próximo año. Enfrentamos el fraude laboral más grande de la historia del Estado«, afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
«Desde ATE hemos decidido enfrentar este ajuste en tres planos: el Congreso, la Justicia y la calle. Esta última es la única que depende de nosotros», agregó el dirigente.
«Acá estamos de vuelta en la calle luchando para abortar este DNU, que trata de estancar a todo nuestro pueblo argentino y que trata de quitarnos todos nuestros derechos laborales», manifestó, a su vez, la secretaria de Comunicación de ATE y secretaria alterna de Género de CLATE, Estérea González.
Secretaria alterna de Género de CLATE, Estérea González.
A su turno, la secretaria de Género y Diversidad de ATE, Clarisa Gambera, sostuvo que el mega decreto de Milei «arrasa conquistas históricas, vinculadas a lo que ellos entienden por costo y nosotros entendemos como vida digna. No puede ser un costo regular los alquileres, no puede ser un costo regular las relaciones laborales».
Secretaria de Género y Diversidad de ATE, Clarisa Gambera
Y añadió: «Son relaciones desiguales, esa es la discusión de fondo. Quieren convencernos que estamos en un mercado de relación de iguales y todo lo que tiene que ver con la protección, arrasarlo. Le vamos a decir que no, el malestar crece en la Argentina y cada vez más estamos en la calle luchando y organizando la resistencia».
También la Federación Judicial Argentina (FJA) se hizo presente en la movilización contra el «decretazo» de Milei. «Desde la FJA hemos adherido para reclamar a los cortesanos que declaren la inconstitucionalidad del decretazo de Milei, que cercena los derechos de los trabajadores y trabajadoras, afecta los derechos humanos, civiles y sociales, y profundiza el saqueo de nuestros bienes comunes naturales, la venta de empresas públicas, la privatización de servicios», sostuvo el secretario general del gremio y secretario alterno de Formación de CLATE, Matías Fachal.
Secretario alterno de Formación de CLATE, Matías Fachal
Asimismo, el secretario general de la Unión del Personal Jerárquico del Banco de la Provincia de Buenos Aires (UPJ), Guillermo Lugones, participó de la movilización. «Rechazamos este Decreto de Necesidad y Urgencia, porque va en detrimento de todo el pueblo argentino. Como UPJ, siempre defenderemos la Banca Pública. No permitiremos que el Banco de la Nación Argentina, ni ningún otro banco oficial, sea convertido en sociedad anónima para su posterior venta a liquidación», señaló el dirigente.
Solidaridad regional
Distintas organizaciones sindicales de América Latina y el Caribe, entre ellas, las adheridas a la CLATE, hicieron llegar sus mensajes de apoyo y solidaridad con las y los trabajadores argentinos, ante las primeras medidas anunciadas por el nuevo gobierno.
Mediante un comunicado, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) de Chile expresó su «más profunda solidaridad» con los trabajadores y las organizaciones sindicales de Argentina. «Frente a las recientes medidas económicas y sociales implementadas por el gobierno del presidente Javier Milei, nos mantenemos firmes en apoyo a la lucha de nuestros hermanas y hermanos argentinos», manifestó la organización.
También la Confederación General del Trabajo (CGT) de Colombia, encabezada por Percy Oyola Paloma, vicepresidente 3º de CLATE y titular de la Unión de los Trabajadores del Estado y los Servicios Públicos de Colombia (UTRADEC), se solidarizó con los trabajadores y el pueblo argentino, «ante la violenta arremetida del gobierno neofascista de Javier Milei que pretende con un paquetazo económico y por decreto arrasar el Estado Social De Derecho de Argentina, condenando a los trabajadores y al pueblo a una situación de precarización sin precedentes».
Asimismo, la central uruguaya PIT-CNT hizo llegar su solidaridad «ante la embestida de un gobierno reaccionario y negacionista de los derechos de la gente«. Y añadió: «El mismo debe ser enfrentado con con firmeza y con la convicción de que no están solos en esta lucha, las trabajadoras y trabajadores uruguayos transitamos el mismo camino de lucha y esperanza hacia una sociedad más justa, libre e igualitaria».
También la dirigenta de la Confederación Nacional de Trabajadores del Estado (CONATE) de República Dominicana, María Guadalupe Sánchez, hizo llegar su mensaje de solidaridad «para la clase trabajadora y todo el pueblo argentino, ante las luchas que están llevando para preservar la democracia y sus derechos».
A su vez, Narciso Castillo, titular de la Unión Nacional de Trabajadores del Estado (UNTE-SN) de Paraguay, expresó su «apoyo a la clase trabajadora movilizada en defensa de estado social de derecho del pueblo argentino».
Por su parte, la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Municipales y Provinciales (FETMYP) difundió un comunicado en repudio al “protocolo antimarchas» anunciado por el Ministerio de Seguridad de Argentina. Nos resulta evidente que, bajo el falso pretexto de mantener el orden y supuestamente abordar ‘el impedimento al tránsito’, el gobierno argentino la verdad busca suprimir las legítimas manifestaciones públicas contra los efectos brutales de sus propias políticas. Denunciamos firmemente que estas acciones como un claro retroceso en términos de derecho y libertades fundamentales», expresa la FETMyP.
Julio Fuentes, presidente de la CLATE agradeció a las organizaciones fraternales de la Confederación por el apoyo y la solidaridad con la lucha del pueblo argentino y de los trabajadores del sector público contra el Decreto de Necesidad y Urgencia promulgado por el nuevo gobierno.
Fuente: Prensa Clate
Denuncian a Milei en Comodoro Py
por el DNU y por dichos sobre
supuestos sobornos a legisladores
Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2023.
La presentación quedó radicada en el juzgado federal 6 que está vacante y subroga el juez federal Ariel Lijo.
Dos abogados denunciaron este jueves al presidente Javier Milei en los tribunales federales de Retiro por la emisión del DNU 70/2023 de desregulación económica y debido a sus dichos referidos al presunto cobro de sobornos por parte de legisladores en el Congreso nacional.
La primera denuncia la presentó el abogado Leonardo Martínez Herrero en relación a declaraciones del presidente Milei vinculadas a supuesto cobro de sobornos por parte de legisladores que deben dar trámite al DNU de desregulación económica, informaron fuentes judiciales.
La presentación quedó radicada en el juzgado federal 6 que está vacante y subroga el juez federal Ariel Lijo.
Martínez Herrero pidió al magistrado que en principio cite a Milei a declarar como testigo bajo juramento de verdad para que aporte todo lo que sepa respecto a ese delito al que aludió en una entrevista periodística y en base a ello se abra una investigación.
Y que, de no aportarse nada a la causa en ese sentido, «se inicie la investigación contra el Sr. Presidente por los posibles delitos de incumplimiento de funcionario públicos tras no haber efectuado la denuncia correspondiente o el de encubrimiento», dijo en su presentación.
«Solicito se cite a prestar declaración en los términos de ley al Sr. Presidente de la Republica Javier Gerardo Milei obre sus dichos que dan origen a estos actuados, caso contrario se dirija la presente contra el mismo por incumplimiento de los deberes de funcionario público», pidió.
El abogado manifestó que «queda claro que según los dichos del Sr. Milei los imputados serian algunos diputados y senadores nacionales y caso contrario podría ser hasta el propio Presidente», agregó.
El letrado advirtió que lo dicho por Milei «conlleva una gravedad institucional de dos poderes del Estado» y por eso se lo debe convocar «para que dé precisiones sobre a qué diputados y senadores se refiere”.
La segunda denuncia la presentó el abogado Daniel Valmaggia, quien incluyó al Presidente, al ministro de Economía Luis Caputo, al asesor presidencial Federico Sturzenegger; al secretario de Energía Eduardo Chirillo; al de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo; al ministro de Salud, Mario Russo, y a la canciller Diana Mondino, según la presentación que resultó sorteada en el juzgado federal 3 a cargo del juez Daniel Rafecas, informaron a Télam fuentes judiciales.
El denunciante aludió a los posibles delitos de «traición a la Patria«, «abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público», «administración fraudulenta», «cohecho y tráfico de influencias» y «negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública».
Valmaggia aludió a «los falsos argumentos que expuso Milei en su discurso a la sociedad para justificar la redacción y publicación de semejante proclama antidemocrática, monárquica e inconstitucional».
El decreto «crea un desequilibro macro y micro económico en la población, generando inmensas transferencias de recursos económicos desde la población, ciudadanía, trabajadores y consumidores, hacia los grupos concentrados y monopólicos productores de bienes y que prestan servicios», argumentó.
En relación al delito de Traición a la Patria, denunció que «surge con total claridad que el hecho dirigido a someter total o parcialmente la Nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad es el DNU 70/2023».
Los tribunales federales de Retiro entrarán desde la próxima semana en receso durante todo enero, por lo cual salvo que alguna de las partes solicite habilitar feria judicial, el trámite de las denuncias quedaría para febrero de 2024.
Fuente: Tiempo Ar
La motosierra de Milei sigue
sumando repudios en el campo
de la cultura
Por Mónica López Ocón, Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2023.
La Fundación El Libro, la Cámara Argentina del Libro, el Instituto Nacional de Teatro, el Fondo Nacional de las Artes y diversas instituciones de la actividad cultural se manifiestan contra la motosierra presidencial que amenaza con no dejar nada en pie.
Aunque Milei pretende arrogarse autoritariamente la suma del poder público, practica una suerte de democracia negativa: todas las instituciones culturales sin distinción se verán afectadas por igual por la acción de la famosa motosierra que utilizó en campaña como objeto de marketing electoral y que hoy se ha transformado en una amenaza concreta.
La Fundación El Libro, entidad organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, rechaza enfáticamente el proyecto de derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera y lo expresa a través de un comunicado.
Foto: Prensa Cultura BA
La Fundación, que está integrada por la Cámara Argentina del Libro; la Cámara Argentina de Publicaciones; la Sociedad Argentina de Escritores; La Cámara de Librerías, Papeleras y afines; la Federación Argentina de la Industria Gráfica y el Sector español de Libros y Revistas.
“La Ley de Defensa de la Actividad Librera N.° 25.542 -manifiesta en su comunicado- protege la bibliodiversidad y su derogación haría colapsar a toda la cadena de valor del libro, sobre todo a los eslabones más débiles. Además, se busca hacer desaparecer a dos de las instituciones culturales insignias de nuestro país: el Fondo Nacional de las Artes y del Instituto Nacional del Teatro, y así destruir el entramado cultural argentino, tan admirado en todo el mundo”.
Esta Ley que fue sancionada en noviembre de 2001 y promulgada en enero de 2002, establece, entre otras cosas, que “los editores, importadores o representantes de libros deberán fijar un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final de los libros que edite o importe”.
Por su parte, la Cámara Argentina del Libro se manifestó en el mismo sentido. “La Cámara Argentina del Libro expresa su preocupación por el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos recientemente presentado por el Poder Ejecutivo que propone derogar la Ley de Defensa de la Actividad Librera Nº 25.542, iniciativa apoyada y llevada adelante por toda la cadena del sector del libro. Este proyecto pone en riesgo la existencia de las pequeñas y medianas librerías y consecuentemente, el acceso a la lectura y a la bibliodiversidad de forma federal e igualitaria.”
Si esta ley se derogara se verían afectadas las librerías de manera directa que podrían ofrecer libros a precios menores perjudicando las ventas de las editoriales más chicas. De alguna manera se reproduciría la situación de privilegio que tienen las grandes cadenas de supermercados respecto de los pequeños negocios de barrio.
Foto: Egurza Victoria Telam
«Uno de los malentendidos más comunes –le dice a Télam Víctor Malumián de Ediciones Godot- es que si se elimina la ley de precio único el pvp promedio cae, lo cual ha resultado falso en varios países. Lo que sucede es que en un principio vemos ofertas de los grandes jugadores que pueden acceder a comprar mayor cantidad de unidades, por ende con mayores descuentos, y trasladan ese descuento al público. Ganan cuota de mercado, reducen drásticamente a los pequeños jugadores hasta hacerlos desaparecer y luego vuelven a subir los precios. Es decir, a mediano plazo, no funciona».
En nombre de la libre competencia, el proyecto de Ley que Milei envió al Congreso podría hacer peligrar la subsistencia de muchas las librerías independientes que son tan características de Argentina. No siempre 2 más 2 es 4.
Foto: Eliana Obregon / Telam
Malumián es contundente en su conclusión: “Bajo una lógica liberal se podría decir que esta medida es buena porque se traslada a precios más baratos en los libros, pero no es así porque, una vez que el más poderoso elimina a la competencia, vuelve a subir los precios y los fija como considera».
Por su parte, Juan Pampín, Presidente de la Cámara Argentina del Libro y editor de la editorial Corregidor le dice a Tiempo Argentino: “Gran parte del entramado librero argentino que incluye 1800 librerías pymes y micro pymes se sustenta en el precio fijo del libro. Es extraño que se quiera derogar esa ley, ya que se trata de un acuerdo entre privados en la que el Estado no tiene ninguna participación. Incluso la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es una iniciativa privada a diferencia, por ejemplo, la Feria del Libro de Guadalajara que tiene que ver con la Universidad de Guadalajara. La Ley de Defensa de la Actividad Librera Nº 25.542, responde a un acuerdo entre integrantes del sector, por lo que la voluntad de derogarla resulta inentendible.”
La motosierra sigue podando
El proyecto de Ley ómnibus enviado al Congreso por Milei arremete sin piedad y sin criterio o mejor dicho, con un criterio estrecho basado en el desconocimiento y el desinterés por la cultura, sobre instituciones fundamentales.
Uno de sus propósitos más temibles es la Ley de la derogación de la Ley Nacional de Teatro (24.800) que, de concretarse, se expresaría en el desmantelamiento del Instituto Nacional del Teatro (INT). La Ley entiende que el teatro debe contar con “la promoción y el apoyo del Estado Nacional” por lo que a través del INT otorga subsidios y becas a grupos y salas, organiza certámenes, muestras y festivales y promueva la creación y conservación de espacios teatrales.
Para el teatro independiente el INT es una institución fundamental. Posiblemente el presidente y su entorno no sepan o no les importe que Buenos Aires es una de las grandes ciudades teatrales del mundo y que el teatro independiente es un rasgo de identidad nacional que por su desarrollo y calidad sorprende a los extranjeros.
Se derogaría la ley que establece que cuando se demuele un teatro es obligatorio construir otro. En nombre del libre mercado se desfinancia la cultura nacional.
También se contempla el cierre del Fondo Nacional de las Artes cuyo objetivo es “promover y desarrollar la promoción de los artistas de todo el país financiando su formación y la creación de sus obras”. Su posible cierre que desfinanciaría gran parte de la actividad artística, también plantea otros interrogantes: cuál sería el destino de la casa ubicada en Barrio Parque que es una de sus sedes. Esa casa fue construida por el arquitecto Alejandro Bustillo y perteneció a Victoria Ocampo fue declarada Monumento Histórico Nacional.
El proyecto motosierra también establece la reforma de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) que fuera creada por Domingo Faustino Sarmiento en 1870. La nueva propuesta cancelaría las asignaciones específicas que le fueron otorgadas en 2022 por 50 años y la Conabip pasaría a depender de los subsidios que les otorgue el Congreso.
Además, ya no habrá en la Conabip representantes de todas las provincias, sino 7 miembros que serán designados por el Poder Ejecutivo.
Existen 2000 bibliotecas populares en el país que son atendidas por 30.000 voluntarios.
La motosierra de Milei también desfinancia la Instituto Nacional de la Música (INAMU) y al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) del que reduciría, además, al 70 por ciento de su personal.
De concretarse el plan motosierra de Milei, se produciría del mayor ataque de la historia a la cultura nacional. El panorama del país es oscuro en todas las áreas y el campo cultural no es la excepción. En una nota publicada por Tiempo Argentino dijo Diana Saiegh, quien fuera directora del Fondo Nacional de las Artes hasta que asumió el gobierno Milei: “De un lado está la motosierra y del otro, el futuro”.
No quedar del lado de la motosierra será una tarea de todos, desde los políticos a los ciudadanos de a pie en defensa de los derechos adquiridos.
Fuente: Tiempo Ar
Envio:RL
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