La reforma en salud mental de la ley ómnibus suma rechazos
Todos contra la idea de volver al manicomio
Al rechazo expreso de la ministra Ciancio a la propuesta de Milei en la ley ómnibus, se suma una autoridad reconocida a nivel mundial y la Organización Panamericana de la Salud
En el abanico de asuntos que el proyecto de ley "Bases y puntos de partida para la libertad" altera, se cuenta un capítulo de ocho artículos destinados a modificar la ley n° 26.557, de Salud Mental, y que proponen volver a la manicomialización del paciente. La avanzada encontró pronto el rechazo de la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, a tono con un coro de voces autorizadas que advierten el peligro de volver a la etapa previa a la ley de 2010, donde las personas con problemas de salud mental eran despojadas de derechos y confinadas a encierros deshumanizantes.
Una de esas voces es la del psicoanalista Alberto Trímboli, ex presidente de la Federación Mundial de Salud Mental y coordinador del área de adicciones en el Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, de Buenos Aires.
"La idea del gobierno es volver al manicomio, aunque parezca sorprendente. La ley actual considera que los manicomios ya no deben existir, como tampoco las clínicas psiquiátricas, las comunidades terapéuticas. La ley tiende a un abordaje comunitario de la problemática, con perspectiva de los derechos de la persona. La internación queda como último recurso. Pero este proyecto de ley que envió el gobierno al Congreso echa por tierra estos avances en derechos humanos y acceso a la salud que Argentina logró con la ley 26.657, reconocida como la mejor en muchísimos países", destacó el especialista.
En Santa Fe, la posición también se encamina al rechazo frontal a este capítulo de la llamada "ley ómnibus" de Javier Milei. La ministra Silvia Ciancio rechazó con énfasis la propuesta del Ejecutivo. "Es retroceder en cuanto a los derechos de las personas con padecimientos subjetivos. Estamos trabajando para que esta situación nos interpele y ver por qué vuelven a escucharse discursos que avalan al manicomio como una solución. Estamos absolutamente en contra", afirmó.
El criterio que la ministra expuso en su informe de la semana pasada sobre la situación de su cartera apunta a refundar las regiones de Salud en la provincia y fortalecer el sistema de atención primaria, y de atención en salud mental porque –reveló– en 2023 se registró un incremento de 133 por ciento en las consultas de personas sobre este área.
"Nuestro plan de salud mental está basado en un enfoque de derechos. Necesitamos de un abordaje integral y eficiente. Abogamos por una implementación plena de la Ley de Salud Mental, que no es mala. Hay que interpretarla y aplicarla. También continuar un camino para que los hospitales aborden estas situaciones. Necesitamos recetas eficientes, no las que ya fracasaron. Las personas no pueden estar encerradas solo por estar locas", definió.
La propuesta libertaria no suma ni un voto a favor. La Organización Panamericana de la Salud se interesó por el caso argentino a partir de una consulta del diputado nacional por el socialismo, el rosarino Esteban Paulón, y declaró la semana pasada que "ciertas modificaciones podrían exacerbar las dificultades ya existentes en la implementación efectiva y contravenir estándares internacionales de derechos humanos".
La OPS alertó de esta manera que los cambios propuestos por la ley ómnibus "facilita internaciones involuntarias sin sustento científico". Choca contra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, "sobre igual reconocimiento como persona ante la ley" si impone que un juez decida la internación de alguien sin la evaluación previa del equipo interdisciplinario de salud que establece la ley vigente.
La opinión de la OPS sostiene que la reforma que propone Milei "reduce el foco en el abordaje comunitario y habilita comunidades terapéuticas, limitando el modelo comunitario de atención". Esto, en resumen, socava el derecho del paciente "a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad", plantea el comunicado que se conoció este viernes.
La OPS advierte que la iniciativa del Ejecutivo suma motivos para una internación involuntaria y la habilita con solo la firma de un solo profesional.
Trímboli, en una nota con el programa Estamos de vuelta, de radio Sí 98.9, trajo a cuento el caso de Natalia Kohen. Esta artista plástica, escritora y mecenas mendocina, al enviudar en 2005, fue internada a la fuerza por sus hijas en una institución psiquiátrica. Consideraban ellas que su madre no estaba capacitada para administrar la fortuna familiar. Entonces, la encerraron en una clínica psiquiátrica. Bastó para eso la orden de un juez apoyado en el diagnóstico del neurólogo y político radical Facundo Manes, quien convalidó la viabilidad de esa internación forzosa.
La mujer padeció el encierro por algunas semanas hasta que logró acceder a un teléfono y pedir ayuda a un amigo. "Esto no es ficción, sucedió y sucede: quien quiere librarse de una persona, o la manda a matar, o la hace encerrar", planteó Trímboli. "Para internar a una persona con problemas de salud mental, el lugar es el hospital general, nada más. Pero en el cambio que se pretende lo reemplaza por el eufemismo de 'instituciones adecuadas', y nadie sabe a qué se refiere", se alarmó.
Trímboli explicó que "la internación es un momento de crisis, pero no es para estar toda la vida, como hay gente que pasa años y años internada. Es como las muletas, que sirven como apoyo para poder caminar. Hay personas con problemas de salud mental que necesitan apoyo: viviendas asistidas, acompañamiento terapéutico, son una serie de dispositivos que permiten que puedan vivir en comunidad. El problema es que todavía no garantizamos estos dispositivos, y las familias así solo piensan en internar al paciente. Si no se lo damos, sí tendrán que estar encerrados. Y es lo que la ley vigente trata de evitar, y que ahora esta ley del gobierno retoma".
"El proyecto dice que el juez, por su condición, podrá internar de forma involuntaria a una persona. Eso desdibuja la autoridad del equipo interdisciplinario, de los organismos de control y revisión de las internaciones. Está claro que es un regreso a la manicomialización", señaló el psicoanalista.
TURISTAS
Se viene otro encuentro paritario con posturas opuestas
Cada cual con una cifra diferente
El gobierno provincial ya adelantó que la oferta se hará en base a la recaudación de Santa Fe. No conforma a los gremios
El gobierno de Santa Fe convocará en los próximos días a los gremios que representan a los trabajadores docentes y estatales a retomar las paritarias para definir la política salarial, en una negociación que se presenta compleja debido a la disparidad de cifras que manejan de ambos lados. Voceros oficiales indicaron que la convocatoria se efectivizará en la semana que se inicia y, en el caso de los docentes, se tratará de la segunda reunión del año, en tanto que hasta el momento no hubo encuentros con los gremios de la administración central.
Por un lado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) remarca que el promedio salarial del sector es de 250.000 pesos frente a una canasta básica de 609.392, según la Junta Interna de ATE del Indec, mientras que el gobierno provincial señala que el año pasado tuvo una merma del 92% en sus ingresos.
Esas cifras anticipan un panorama complejo no sólo para discutir los salarios de este año, sino para cerrar la paritaria 2023, que en la provincia tiene vigente una cláusula de ajuste automático que, según los gremios, debe incluir un aumento del 84% con base a febrero del año pasado.
Esa pretensión choca con la postura oficial, expresada por el ministro de Economía, Pablo Olivares, quien anticipó que la actualización de los salarios se dará “en función del crecimiento de los recursos provinciales”.
Por su parte, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) exigió “el cumplimiento del salario 2023 para discutir la base del salario 2024”, a la vez que voceros gremiales expresaron su preocupación por la liquidación de haberes de los sueldos de enero, ya que hasta el momento no ha habido precisiones sobre el porcentaje de aumento que se les otorgará.
Otro de los factores que está sobre la mesa es la continuidad de trabajadores de distintos organismos que fueron cesanteados por el gobierno provincial con el argumento que no llegaron a tomar posesión de los cargos durante el proceso de pase a planta permanente.
Se trata de 191 agentes cuya incorporación fue acordada en paritarias durante la gestión anterior y refrendada por la Legislatura provincial a través de un artículo de la Ley de Presupuesto, que fue votado, entre otros legisladores, por el gobernador Maximiliano Pullaro en su carácter de diputado provincial.
Además, otra prueba de la complejidad de la discusión fueron las repercusiones del primer encuentro paritario con los docentes, ya que mientras los maestros advirtieron que “no darán ni un paso atrás” en materia salarial, el ministro de Educación, José Goity basó su análisis en el hecho que su cartera gastó el 25% del dinero destinado a la masa salarial de diciembre en reemplazos.
El gobierno había anticipado que iba a convocar a los docentes la semana pasada, tras conocerse el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, pero no hubo novedades pese a que el indicador fue publicado el lunes 15 de enero con una inflación del 27,9 en diciembre pasado y una variación del 215,4% en todo el año.
Los docentes habían adelantado que antes de una nueva convocatoria "deben efectivizar lo que se adeuda de la pareitaria 2023" para lugo sí empezar a discutir la política salarial de año en curso. La negociación va a ser muy compleja en base a los recursos que no llegarán a Santa Fe por los recortes anunciados.
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