La reforma en salud mental de la ley ómnibus suma rechazos
Todos contra la idea de volver al manicomio
Al rechazo expreso de la ministra Ciancio a la propuesta de Milei en la ley ómnibus, se suma una autoridad reconocida a nivel mundial y la Organización Panamericana de la Salud
En el abanico de asuntos que el proyecto de ley "Bases y puntos de partida para la libertad" altera, se cuenta un capítulo de ocho artículos destinados a modificar la ley n° 26.557, de Salud Mental, y que proponen volver a la manicomialización del paciente. La avanzada encontró pronto el rechazo de la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, a tono con un coro de voces autorizadas que advierten el peligro de volver a la etapa previa a la ley de 2010, donde las personas con problemas de salud mental eran despojadas de derechos y confinadas a encierros deshumanizantes.
Una de esas voces es la del psicoanalista Alberto Trímboli, ex presidente de la Federación Mundial de Salud Mental y coordinador del área de adicciones en el Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, de Buenos Aires.
"La idea del gobierno es volver al manicomio, aunque parezca sorprendente. La ley actual considera que los manicomios ya no deben existir, como tampoco las clínicas psiquiátricas, las comunidades terapéuticas. La ley tiende a un abordaje comunitario de la problemática, con perspectiva de los derechos de la persona. La internación queda como último recurso. Pero este proyecto de ley que envió el gobierno al Congreso echa por tierra estos avances en derechos humanos y acceso a la salud que Argentina logró con la ley 26.657, reconocida como la mejor en muchísimos países", destacó el especialista.
En Santa Fe, la posición también se encamina al rechazo frontal a este capítulo de la llamada "ley ómnibus" de Javier Milei. La ministra Silvia Ciancio rechazó con énfasis la propuesta del Ejecutivo. "Es retroceder en cuanto a los derechos de las personas con padecimientos subjetivos. Estamos trabajando para que esta situación nos interpele y ver por qué vuelven a escucharse discursos que avalan al manicomio como una solución. Estamos absolutamente en contra", afirmó.
El criterio que la ministra expuso en su informe de la semana pasada sobre la situación de su cartera apunta a refundar las regiones de Salud en la provincia y fortalecer el sistema de atención primaria, y de atención en salud mental porque –reveló– en 2023 se registró un incremento de 133 por ciento en las consultas de personas sobre este área.
"Nuestro plan de salud mental está basado en un enfoque de derechos. Necesitamos de un abordaje integral y eficiente. Abogamos por una implementación plena de la Ley de Salud Mental, que no es mala. Hay que interpretarla y aplicarla. También continuar un camino para que los hospitales aborden estas situaciones. Necesitamos recetas eficientes, no las que ya fracasaron. Las personas no pueden estar encerradas solo por estar locas", definió.
La propuesta libertaria no suma ni un voto a favor. La Organización Panamericana de la Salud se interesó por el caso argentino a partir de una consulta del diputado nacional por el socialismo, el rosarino Esteban Paulón, y declaró la semana pasada que "ciertas modificaciones podrían exacerbar las dificultades ya existentes en la implementación efectiva y contravenir estándares internacionales de derechos humanos".
La OPS alertó de esta manera que los cambios propuestos por la ley ómnibus "facilita internaciones involuntarias sin sustento científico". Choca contra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, "sobre igual reconocimiento como persona ante la ley" si impone que un juez decida la internación de alguien sin la evaluación previa del equipo interdisciplinario de salud que establece la ley vigente.
La opinión de la OPS sostiene que la reforma que propone Milei "reduce el foco en el abordaje comunitario y habilita comunidades terapéuticas, limitando el modelo comunitario de atención". Esto, en resumen, socava el derecho del paciente "a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad", plantea el comunicado que se conoció este viernes.
La OPS advierte que la iniciativa del Ejecutivo suma motivos para una internación involuntaria y la habilita con solo la firma de un solo profesional.
Trímboli, en una nota con el programa Estamos de vuelta, de radio Sí 98.9, trajo a cuento el caso de Natalia Kohen. Esta artista plástica, escritora y mecenas mendocina, al enviudar en 2005, fue internada a la fuerza por sus hijas en una institución psiquiátrica. Consideraban ellas que su madre no estaba capacitada para administrar la fortuna familiar. Entonces, la encerraron en una clínica psiquiátrica. Bastó para eso la orden de un juez apoyado en el diagnóstico del neurólogo y político radical Facundo Manes, quien convalidó la viabilidad de esa internación forzosa.
La mujer padeció el encierro por algunas semanas hasta que logró acceder a un teléfono y pedir ayuda a un amigo. "Esto no es ficción, sucedió y sucede: quien quiere librarse de una persona, o la manda a matar, o la hace encerrar", planteó Trímboli. "Para internar a una persona con problemas de salud mental, el lugar es el hospital general, nada más. Pero en el cambio que se pretende lo reemplaza por el eufemismo de 'instituciones adecuadas', y nadie sabe a qué se refiere", se alarmó.
Trímboli explicó que "la internación es un momento de crisis, pero no es para estar toda la vida, como hay gente que pasa años y años internada. Es como las muletas, que sirven como apoyo para poder caminar. Hay personas con problemas de salud mental que necesitan apoyo: viviendas asistidas, acompañamiento terapéutico, son una serie de dispositivos que permiten que puedan vivir en comunidad. El problema es que todavía no garantizamos estos dispositivos, y las familias así solo piensan en internar al paciente. Si no se lo damos, sí tendrán que estar encerrados. Y es lo que la ley vigente trata de evitar, y que ahora esta ley del gobierno retoma".
"El proyecto dice que el juez, por su condición, podrá internar de forma involuntaria a una persona. Eso desdibuja la autoridad del equipo interdisciplinario, de los organismos de control y revisión de las internaciones. Está claro que es un regreso a la manicomialización", señaló el psicoanalista.
TURISTAS
Se viene otro encuentro paritario con posturas opuestas
Cada cual con una cifra diferente
El gobierno provincial ya adelantó que la oferta se hará en base a la recaudación de Santa Fe. No conforma a los gremios
El gobierno de Santa Fe convocará en los próximos días a los gremios que representan a los trabajadores docentes y estatales a retomar las paritarias para definir la política salarial, en una negociación que se presenta compleja debido a la disparidad de cifras que manejan de ambos lados. Voceros oficiales indicaron que la convocatoria se efectivizará en la semana que se inicia y, en el caso de los docentes, se tratará de la segunda reunión del año, en tanto que hasta el momento no hubo encuentros con los gremios de la administración central.
Por un lado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) remarca que el promedio salarial del sector es de 250.000 pesos frente a una canasta básica de 609.392, según la Junta Interna de ATE del Indec, mientras que el gobierno provincial señala que el año pasado tuvo una merma del 92% en sus ingresos.
Esas cifras anticipan un panorama complejo no sólo para discutir los salarios de este año, sino para cerrar la paritaria 2023, que en la provincia tiene vigente una cláusula de ajuste automático que, según los gremios, debe incluir un aumento del 84% con base a febrero del año pasado.
Esa pretensión choca con la postura oficial, expresada por el ministro de Economía, Pablo Olivares, quien anticipó que la actualización de los salarios se dará “en función del crecimiento de los recursos provinciales”.
Por su parte, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) exigió “el cumplimiento del salario 2023 para discutir la base del salario 2024”, a la vez que voceros gremiales expresaron su preocupación por la liquidación de haberes de los sueldos de enero, ya que hasta el momento no ha habido precisiones sobre el porcentaje de aumento que se les otorgará.
Otro de los factores que está sobre la mesa es la continuidad de trabajadores de distintos organismos que fueron cesanteados por el gobierno provincial con el argumento que no llegaron a tomar posesión de los cargos durante el proceso de pase a planta permanente.
Se trata de 191 agentes cuya incorporación fue acordada en paritarias durante la gestión anterior y refrendada por la Legislatura provincial a través de un artículo de la Ley de Presupuesto, que fue votado, entre otros legisladores, por el gobernador Maximiliano Pullaro en su carácter de diputado provincial.
Además, otra prueba de la complejidad de la discusión fueron las repercusiones del primer encuentro paritario con los docentes, ya que mientras los maestros advirtieron que “no darán ni un paso atrás” en materia salarial, el ministro de Educación, José Goity basó su análisis en el hecho que su cartera gastó el 25% del dinero destinado a la masa salarial de diciembre en reemplazos.
El gobierno había anticipado que iba a convocar a los docentes la semana pasada, tras conocerse el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, pero no hubo novedades pese a que el indicador fue publicado el lunes 15 de enero con una inflación del 27,9 en diciembre pasado y una variación del 215,4% en todo el año.
Los docentes habían adelantado que antes de una nueva convocatoria "deben efectivizar lo que se adeuda de la pareitaria 2023" para lugo sí empezar a discutir la política salarial de año en curso. La negociación va a ser muy compleja en base a los recursos que no llegarán a Santa Fe por los recortes anunciados.
Opinión
Mataron a Chaparrito
En las noticias policiales de la ciudad de Rosario del sábado 20 de enero de 2024 decía que mataron a un joven de un disparo en la cabeza en barrio Grandoli. Tenía unos 17 años, se llamaba Marcos, pero muy pocos conocen su nombre, porque se conoce el nombre de los famosos, pero generalmente de los pobres no se conoce su nombre, menos si es alguien que comete delitos, por eso a ese niño-adolescente lo conocíamos como “el Chaparrito”. Vivía en una cortadita, cerca de los pasillos del bajo Ayolas. Por lo que sabemos, su mamá es una mujer con discapacidad mental, que fue violada, y fruto de esa violación fue el nacimiento de Chaparrito.
Su abuela era alcohólica y murió casi ciega; su bisabuela Irma se vio siempre sobrepasada por la situación; y una de sus tías, destruida por el consumo de drogas, fue la que lo introdujo desde muy chico (por eso lo de Chaparrito) en el delito y en el consumo. Algunos los vieron con apenas un añito de vida caminando solito por la colectora de la Circunvalación. Con una de las Hnas. de la comunidad de Misioneras Eucarísticas de Nazaret, que tienen su casa en el barrio, nos preocupamos por lo mal que estaba su vivienda, donde vivían hacinados niños y mayores, con un baño –si así se le puede decir- donde los excrementos llenaban el lugar, ya que su pozo ciego ya estaba lleno.
Aunque parezca mentira, no fue eso lo que más nos preocupó, sino que la instalación eléctrica eran unos cables sueltos que pasaban por las paredes y debajo del techo de chapas, por lo que en cualquier momento alguien podía morir electrocutado. Con un aporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe, con el resto del dinero que aportó la Parroquia Nuestra Señora de Fátima y con la colaboración de unos albañiles que estaban trabajando en la parroquia, se le hizo nueva la instalación eléctrica de la casa. Chaparrito no era el único menor que asolaba a los habitantes de barrio Tablada, pero a él lo caracteriza que salía a robar con su tía. En las noches era común verlo saltando tapiales o subiendo a los techos, con su tía de campana.
Más de una vez algún vecino lo encontró robando en su casa y terminaba dándole una gran paliza. Después de cumplir los 16 años fue llevado al IRAR (Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario), pero al salir siguió igual; el encierro solo no cambia a nadie. ¿Por qué lo mataron?: ¿porque quedó con deuda con un vendedor de droga?, puede ser; ¿porque estaba robando e hicieron justicia por mano propia?, puede ser. Tal vez no nos enteraremos nunca por qué lo mataron y quién lo mató.
Con Chaparrito fracasamos todos: la escuela que no lo supo contener dentro de sus aulas, la justicia y el IRAR que nos lo ayudó en su recuperación, las iglesias que no le supimos mostrar que le felicidad no está en el consumo de droga. Para muchos era “Chaparrito, el raterito”; para Dios “Marcos, su hijo amado”. Me preocupa algo: el temor de que muchos estén pensando: “este ya no nos jode más”, incluso que lo piensen algunos que se llaman cristianos. Y me queda una esperanza, que me lleva a comprometerme: que ya no haya otro Chaparrito.
*Padre obispo
Opinión
La libertad de los cementerios
“…el liberal económico puede pedir que el Estado use la fuerza de la ley, sin ninguna inconsistencia; puede apelar incluso a las fuerzas violentas de la guerra civil para establecer las condiciones necesarias para un mercado autorregulado”. Karl Polanyi
No son antiestatistas, son usurpadores de un Estado que pretenden operarlo para intereses propios. Lo supo decir Lenin en 1904, la libertad es una gran palabra, pero bajo su bandera se han hecho las guerras más expoliadoras, los despojos más descarados, las esclavitudes más aceptadas. En Davos se habló de Occidente, de su peligro, del socialismo y algunos opas nacionales lo aplaudieron, mientras gran parte del mundo observó absorto el espectáculo circense. Como si Camino de servidumbre, publicado en 1944 fuese repetido ochenta años después frente a un auditorio con media sala vacía y cuyos presentes, empresarios que habrán estado esperando razones que los convenzan para invertir en Argentina, se estrellaron contra la insensatez y la sinrazón.
Hace casi un siglo el liberalismo se encontró en una disyuntiva. Seguir por el camino del mercado autorregulado (esa sociedad libre que vocifera Milei) que estaba conduciendo a la desaparición del capitalismo o, por el contrario, un mercado acompañado por el Estado. El Coloquio Walter Lippman en 1938 tal vez haya sido el momento donde se planteó salvar al capitalismo más allá del liberalismo clásico y muchas veces contra el mismo. Hace unos años se publicó un recomendable texto llamado El nuevo orden del mundo, de Laval y Dardot que, refiriéndose a aquel momento, decían: “fuera de un núcleo de economistas universitarios irreductibles, aferrados a la doctrina clásica y profundamente hostiles a la intervención del Estado, cada vez más autores esperaban una transformación del sistema liberal capitalista, no para destruirlo sino para salvarlo. Sólo el Estado parecía estar capacitado para restaurar una situación económica y social dramática”. El keynesianismo (liberalismo embridado lo llamó David Harvey) compartió un tiempo esta preocupación, hasta que se convirtiera en blanco de ataque del neoliberalismo. Pero compartían esa preocupación sobre cómo salvar al capitalismo, contra el propio liberalismo que lo estaba conduciendo a la catástrofe.
Quien abordó parte de este momento crítico como una suerte de umbral civilizatorio fue Karl Polanyi, a tal punto que mencionó la crisis del liberalismo clásico en términos de la gran transformación. Lo que parece ser una confrontación entre liberales e intervencionistas (entendidos como lo hace el sentido común y como lo hace Milei) no es otra cosa que un movimiento entre fines del XIX y comienzos del XX, que enfrentó a un mismo grupo de liberales. Unos abogaban por los principios puros del laissez-faire frente a otros que lo hacían por cierto intervencionismo del Estado para garantizar el mercado autorregulado, lo que recién mencionamos sobre la figura de Keynes. Dice Polanyi: “Paradójicamente, no sólo los seres humanos y los recursos humanos, sino también la organización de la propia producción capitalista necesitaba una protección contra los efectos devastadores de un mercado autoregulado”. Efectos sobre las personas, los bienes comunes, la tierra, el agua, los servicios públicos, los alimentos.
La disputa abierta entre esas tendencias se pone de relieve recién en el siglo XX, cuando ante la crisis del '29 y las dramáticas consecuencias sociales (desocupación), económicas (pérdida de valor de la moneda) y políticas (avance del totalitarismo), muchos 'liberales' se percatan que para salvar al capitalismo se debía dejar a un lado los principios puros del liberalismo clásico. Sin embargo, es en el XIX donde el laissez-faire se constituye en un principio militante. Éste se logra a través de leyes específicas del Estado para producir un "proletariado libre" que se vea volcado a la búsqueda incesante de trabajo, una "moneda sana" lograda a través del patrón oro y un comercio internacional liberalizado que permita el flujo de granos hacia Inglaterra. El laissez-faire no tenía nada de natural, sino pura estatalidad. Gran sorpresa para el sentido común, el laissez-faire sólo puede desplegarse con una alta dosis de laissez moins-faire, en otras palabras, imponer el 'dejar hacer' a través de las leyes y de las armas.
Pero mientras que el laissez-faire sí fue una política de Estado, el movimiento contrapuesto no, fue resultado de tapar baches que iba generando la radicalidad del libre mercado. No hubo intención deliberada de extender las funciones del Estado, de ensancharlo restringiendo las libertades individuales (como suele decir algún liberal ramplón), fue espontáneo, sin plan, sin proyecto, conducido por puro pragmatismo: “Mientras que la economía del laissez-faire era el producto de una acción estatal deliberada, las restricciones subsecuentes al laissez-faire se iniciaron de forma espontánea. El laissez-faire se planeó; la planeación no”. El mercado necesita del Estado, mientras que la protección social es resultado de la presión y la lucha de los pueblos.
Si a este liberalismo clásico no le interesaban los sacrificios, el sufrimiento, las privaciones de los desempleados que perdían su trabajo por la deflación, la destrucción del empleo público para mantener la integridad monetaria, presupuestos equilibrados y monedas sanas, fue recién en la década del '30 del siglo XX donde estos postulados se pusieron en tela de juicio y se comenzaron a tomar medidas que abandonaban los principios del liberalismo económico.
Pero, además, ¿cuál fue otro problema que el laissez-faire les generó a los amantes de la libertad? El laissez-faire había permitido el surgimiento de los sindicatos a partir de la libertad y el derecho de los trabajadores a agruparse (un 'dejar hacer' a los trabajadores). Cuando el laissez-faire se volvió contra la instauración de un mercado autorregulado y una economía libre, los liberales económicos no tuvieron problema en descartar de un plumazo aquel principio y de demandar al Estado regulaciones y restricciones para asegurar lo segundo. Para el liberalismo económico no hay contradicción entre el sistema de mercado y la intervención, consumen intervención del Estado para producir el mercado libre y para mantenerlo.
La cita del comienzo estremece, el liberalismo económico exige un Estado de fuerza, prohibir las garantías democráticas, regular administrativamente las prohibiciones, prohibir las libertades de reunión, atentar contra el derecho de protesta. Incluso pueden apelar a la guerra civil para generar sus óptimas condiciones para establecer ese mercado autorregulado. Crear una sociedad libre a partir de protocolos puede resultar paradójico, pero es sensato pensar que se trata del modo de construir la libertad de los cementerios.
*UNR-CONICET. Director del Centro de Investigaciones sobre Gubernamentalidad y Estado (CIGE).
"Javkin ya no habla más de la injusta distribución de subsidios"
El precio del bondi en manos del intendente
La concejala Gigliani dijo que "hoy parece que estaría todo bien y conforme a eso, en los próximos días va a producir un nuevo aumento del boleto de colectivos”
Transcurrido el primer mes de la segunda gestión del intendente Pablo Javkin, desde la oposición no ven cambios significativos a la hora de entender las problemáticas que tiene la ciudad. En esa línea, la concejala Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, manifestó a Rosario/12 sus cuestionamientos al manejo que tiene el oficialismo desde el Ejecutivo, que ahora cuenta también con mayoría en el Concejo Municipal. Normativas urbanísticas, transporte, nocturnidad, obras y la defensa de Rosario son algunos de los ejes en los que hizo hincapié la edila que renovó su mandato legislativo por cuatros años más en las últimas elecciones.
Desde la oposición local todavía no vislumbran “los nuevos vientos” que según Javkin nacían el día en que festejó su reelección a la Intendencia, allá por septiembre del año pasado, cuando logró algo casi excepcional: ser uno de los pocos Ejecutivos que gestionaron durante la pandemia que lograba la continuidad en el poder. Algo que en ese momento se veía como un mérito, ahora puede volverse en contra ante la exigencia inmediata de cambios al venir gobernando la ciudad desde hace cuatro años. En esa línea, una de las voces opositoras que ha mantenido la crítica en los últimos años sobre la visión de ciudad que tiene el Intendente es la concejal Fernanda Gigliani, quien inició en diciembre su tercer mandato consecutivo como concejala en representación del partido Iniciativa Popular, integrando a su vez el Interbloque Justicialista, la primer fuerza opositora que tiene actualmente el cuerpo legislativo.
Al ser consultada por este medio sobre su balance del primer mes de esta segunda gestión de Javkin, la edila fue contundente al manifestar que no ve “que haya signos de cambios en su modo de entender la ciudad y lo que esta necesita”. En ese sentido, agregó: “Claramente tenemos miradas muy diferentes acerca de los mecanismos y formas de construir ciudad. Esto lo he dejado planteado en diferentes debates que hemos tenido desde el Concejo Municipal”. Al mismo tiempo, evaluó que lo “más llamativo de este mes de gestión lo marca el cambio de rumbo en lo discursivo y en la defensa de los intereses de los rosarinos”. Para dar más precisiones sobre esto, mencionó como ejemplo que el jefe municipal “ya no habla más de la absoluta injusticia que existe en la distribución de subsidios al transporte entre el AMBA y las demás ciudades del país” y cuestionó: “Hoy parece que estaría todo bien y conforme a eso, en los próximos días va a producir un nuevo aumento del boleto de colectivos”.
Entre los principales ejes de gestión que criticó la concejala de Iniciativa Popular se encuentran las “normativas urbanísticas pensadas y diseñadas la mayor de las veces para y por Desarrolladores y Constructoras y no para la ciudadanía” y “la ausencia de proyectos de Obras con sentido trascendental, por cuenta propia o en convenio con Nación y Provincia, una característica de los anteriores gobiernos, que hicieron de Rosario una urbe con identidad”. En la misma línea, sumó la precarización del Transporte Urbano de Pasajeros y manifestó que disiente con respecto al manejo de la nocturnidad que lleva adelante el Ejecutivo municipal: “Es muy débil con los fuertes y muy fuerte con los débiles, que en este caso son los vecinos de la ciudad”.
Al ser consultada por su rol como edila opositora en el contexto de un Concejo Municipal dominado por el oficialismo de Unidos, ya que cuenta con mayoría propia con 15 concejales, Gigliani destacó de su nueva etapa en el Palacio Vasallo haber asumido “la responsabilidad de ser Presidenta de la Comisión de Obras Públicas y Vice Presidenta de Planeamiento y Urbanismo”, dos comisiones estratégicas a la hora planificar y definir un estilo de ciudad: “Serán estas áreas, sumado a Seguridad, donde centraré mi trabajo”, adelantó. Al mismo tiempo, destacó que ha “venido promoviendo iniciativas dirigidas a mejorar la prestación de servicios y la ejecución de obras en el territorio de la ciudad, con un sentido equilibrador” y que desde su bloque impulsaron “programas que contribuyen a la Seguridad Ciudadana con la implementación de Entornos Seguros, el Control en la venta de Armas y Municiones y el combate a las Economías del Delito y el Lavado de Activos”.
Por otro lado, la concejala adelantó que ya tiene agendadas reuniones con funcionarias y funcionarios de diferentes niveles de gobierno “para interiorizarme de sus miradas respecto lo que se tiene pensado llevar adelante en la ciudad, y darle mi parecer al respecto”. Para cerrar, Gigliani aseguró que su idea “es una práctica propositiva y colaborativa” por lo que espera “que los niveles de madurez política y el entendimiento de la grave crisis que atraviesa nuestro pueblo, estén a la altura de las circunstancias”.
Multisectorial Artistas y Trabajadores de la Cultura
Rosario se mueve hacia el 24
El diputado Eduardo Toniolli propuso declarar a Fabricaciones Militares, Tandanor y FAdeA –empresas públicas sujetas a privatización en el proyecto de ley ómnibus– como activos estratégicos de la Nación. Alertó sobre pérdidas de fuentes de trabajo y de soberanía.
Luego de que el bloque de diputados de Unión por la Patria se reuniera con trabajadores de Fabricaciones Militares, Tandanor y FAdeA, el diputado nacional Eduardo Toniolli presentó una iniciativa con el fin de evitar la privatización. “De concretarse la voluntad de Milei, Argentina pasaría a depender totalmente de otros países para proveer a sus Fuerzas Armadas”, señaló.
“El complejo industrial para la defensa está bajo ataque”, advirtió el legislador y referente del Movimiento Evita, y agregó: “El Presidente pone en riesgo no sólo miles de fuentes de trabajo, si no también nuestra soberanía nacional”, ya que “en un mundo convulsionado, y con una parte de nuestro territorio ocupado ilegalmente, sería gravísimo para nuestros intereses depender integralmente de privados, de empresas extranjeras o de otros estados para equipar a nuestras Fuerzas Armadas”.
Para el diputado y ex concejal rosarino, Milei quiere “hacer pasar como una solución al déficit fiscal lo que en realidad es una política de liquidación de nuestras capacidades nacionales”. Y añadió: “Las empresas públicas de la industria para la defensa son solventes y son un ejemplo a nivel continental en materia tecnológica, por lo que la excusa del gasto público se cae: lo que se busca en realidad es ofrecerles pingües negocios a ciertos grupos, al mismo tiempo que se precariza el equipamiento de nuestros soldados, marinos y pilotos”.
La iniciativa –que cuenta también con las firmas de Germán Martínez, Gabriela Estévez, Florencia Carignano y Julia Strada– propone declarar a Fabricaciones Militares, a la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y a los Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor), como activos estratégicos de la Nación “por su relevancia en el desarrollo industrial para la Defensa Nacional”, prohibiendo su privatización o enajenación sin la aprobación de dos terceras partes de los miembros de cada Cámara del Congreso de la Nación.
Patronales en síntonía con Milei
La Seccional Rosario del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) denuncia el aumento de despidos “sin causa” en instituciones educativas privadas.
En la primera quincena de enero se han tomado conocimiento de más de 15 situaciones de despido o “reducción de horas cátedra” (modalidad que encubre el despido parcial). Afirman que la cifra no tiene antecedentes en los años anteriores, debiendo remontarse a más de una década para encontrar un escenario similar.
En 2016, de manera conjunta, las Seccionales Rosario y Santa Fe del Sadop lograron una reforma en la ley de educación privada provincial que expone a la pérdida del subsidio estatal a aquellas instituciones educativas que dispongan “despidos sin causa”, lo cual implica el pago de una indemnización. La reforma fue aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras y con un solo voto en contra.
El secretario general del Sadop Rosario, Martín Lucero, expresó: “Después de años de lucha, la Legislatura nos dio la razón, el Estado no puede subsidiar por vía indirecta el pago de indemnizaciones, que el propio Estado no paga. Si una escuela quiere despedir un docente que haga el sumario respectivo como lo dice la ley de educación privada. Sino que pierda el aporte del cargo”. A su vez el dirigente agregó: “Es innegable que el clima de época ayuda. La retórica discursiva y el DNU del presidente Milei alientan los despidos. Nunca faltan empresarios educativos inescrupulosos que se suban a la ola”.
Despido por discriminación en el Colegio D´ibarre.
El Sadop Rosario también denunció el despido discriminatorio Franco Casasola, secretario docente del Instituto D´Ibarre. Franco es un reconocido militante político y gremial (miembro del CD de Amsafe Rosario). También afiliado a Sadop. Su desempeño a lo largo de más de 4 años en la institución ha sido intachable recibiendo el reconocimiento de sus pares y el personal directivo de la Institución.
De manera intempestiva en la primera semana de enero (previa a la suspensión del DNU) es despedido por Adrían Di Franco, representante legal del Instituto. En los meses previos Franco, junto con un grupo de docentes, venían reclamando que le paguen los salarios en tiempo legal, ya que cobraban después del 10 de cada mes. La institución recibe aportes del Estado.
Este ejemplo es por demás de elocuente: la entidad propietaria no “podía pagar en término” pero sí tiene dinero para despedir a un trabajador con una trayectoria intachable por reclamar el pago que por derecho le corresponde.
Sobre el particular Lucero expresó: “El caso de Franco Casasola es paradigmático. Tiene el respaldo de todo el personal docente de su escuela y del personal directivo. Un legajo intachable. Claramente lo despiden por reclamar que se cobre en término. Un despido que busca ser aleccionador y generar un antecedente. Es vergonzoso el accionar del empleador Di Franco. Debería recibir la sanción correspondiente y no poder tener más escuelas a cargo”.
Sobre las acciones a seguir el dirigente de Sadop expresó: “Franco ha iniciado las acciones legales correspondientes con los abogados del sindicato. Además hemos realizado la denuncia en el Ministerio de Educación. Haremos lo propio en el Ministerio de Trabajo. Creemos que más allá de los procedimientos administrativos las autoridades ministeriales tienen que tomar cartas en el asunto e impedir estas acciones. Un empleador que no paga en término y recibe fondos del Estado ¿Con qué cara paga indemnizaciones? El Estado debe impedir estas conductas”.
Al respecto de esta denuncia, Lucero manifestó: “Agotaremos todas la instancias para lograr la reincorporación de Franco Casasola, incluso las medidas de fuerza en la institución. Esperamos que la patronal reconsidere esta medida arbitraria y evite males mayores al proyecto educativo que tienen en manos”.
Fuente:RedaccionRosario
Toniolli: “Las fábricas para la defensa están bajo ataque”
El diputado nacional de Unión por la Patria impulsa un proyecto de ley que impida la privatización de Fabricaciones Militares, Tandanor y FAdeA, en riesgo por el proyecto de ley ómnibus
Luego de que el bloque de diputados de Unión por la Patria se reuniera con trabajadores de Fabricaciones Militares, Tandanor y FAdeA -empresas públicas sujetas a privatización en el proyecto de Ley Ómnibus enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso-, el diputado Eduardo Toniolli presentó una iniciativa con el fin de evitar su enajenación: “De concretarse la voluntad de Milei, Argentina pasaría a depender totalmente de otros países para proveer a sus Fuerzas Armadas”, señaló.
“El presidente pone en riesgo no sólo miles de fuentes de trabajo, si no también nuestra soberanía nacional” afirmó Toniolli, y agregó: “En un mundo convulsionado, y con una parte de nuestro territorio ocupado ilegalmente, sería gravísimo para nuestros intereses depender integralmente de privados, de empresas extranjeras o de otros estados para equipar a nuestras Fuerzas Armadas”.
Para el diputado, Milei quiere “hacer pasar como una solución al déficit fiscal lo que en realidad es una política de liquidación de nuestras capacidades nacionales”. “Las empresas públicas de la industria para la defensa son solventes y son un ejemplo a nivel continental en materia tecnológica, por lo que la excusa del gasto público se cae: lo que se busca en realidad es ofrecerles pingües negocios a ciertos grupos, al mismo tiempo que se precariza el equipamento de nuestros soldados, marinos y pilotos”, apuntó.
La iniciativa -que cuenta también con las firmas de Germán Martínez, Gabriela Estévez, Florencia Carignano y Julia Strada- propone declarar a Fabricaciones Militares, a la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y a los Talleres Navales Darsena Norte (Tandanor), como activos estratégicos de la Nación “por su relevancia en el desarrollo industrial para la Defensa Nacional”, prohibiendo su privatización o enajenación sin la aprobación de dos terceras partes de los miembros de cada cámara del Congreso de la Nación.
Crisis en el transporte especial: consecuencias para personas con discapacidad y sus trabajadores
Los transportistas de personas con discapacidad aseguran que desde el aumento de combustible de diciembre es imposible brindar el servicio y reclaman por una solución urgente. Desde Nación aseguran que todavía "es muy pronto" y patean reuniones para febrero. Mientras tanto, la pérdida en la calidad de vida de las personas que usan el sistema crece y con ella la desesperación de sus familias.
Los transportistas de personas con discapacidad están al borde del abismo. Desde comienzo de año no pueden brindar su servicio, salvo contadas excepciones, por el abrupto incremento en el combustible. El freno en su actividad repercute directamente en la calidad de vida de las y los discapacitados, que no pueden llegar a las instituciones que ayudan a la rehabilitación, la recuperación, el estímulo y la inclusión. Se estima que en toda la provincia son unas 20 mil personas las afectadas por el cese del servicio, y unas 200 mil en el país.
Pablo Bolego, presidente de la Federación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe, explicó que el reclamo del sector es por una recomposición arancelaria frente a los fuertes aumentos en los combustibles, el principal insumo de la actividad que representa. Los transportistas reclamaron durante todo 2023 para que el gobierno nacional aumente los aranceles acorde al proceso inflacionario. En diciembre, las dificultades saltaban a la vista, con un arancel por kilómetro recorrido de 272 pesos y el litro de gasoil a 328 pesos. Ese mismo mes, el combustible aumentó un 215 por ciento.
“La ecuación hace que prácticamente no podamos salir a trabajar”, resume Bolego. “Esta ni siquiera es una medida de fuerza. Es un cese de servicio involuntario porque no podemos trabajar y eso repercute en el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, porque no están pudiendo llegar los concurrentes a las instituciones a rehabilitarse, a recuperarse, a incluirse”.
Los titulares de servicio de transporte son unos 125 en Rosario, más de 300 en la provincia y cerca de 20 mil en todo el país. Su trabajo está regulado por la Ley 24901 que crea el Sistema de Prestaciones Básicas a favor de las Personas con Discapacidad. Entre las prestaciones están los centros de día, centros educativos terapéuticos, centros de habilitación, hogares, y el transporte, entre otros.
El sistema se financia con el PAMI, las obras sociales sindicales y prepagas, y, a su vez, aquellas personas que no disponen de ningún tipo de cobertura tienen el Programa Federal de Salud que les otorga acceso a las prestaciones en igualdad de condiciones. Así, una persona que no tiene ningún tipo de recurso asiste al mismo centro, con la misma camioneta, que aquel que tiene obras sociales, sindicales o prepagas.
“El Sistema ha sido virtuoso a lo largo de estos años, se han incluido muchas personas con discapacidad que no tenían el certificado y aún queda muchísimo, pero si no hay financiamiento se resiente y finalmente quiebra. Esto lo venimos reclamando hace muchos años.Ahora el aumento fue exponencial, muy fuerte, y termina sucediendo que las personas con discapacidad estén en sus casas sin rehabilitarse, los trabajadores transportistas sin poder salir a trabajar y las instituciones vacías”, detalló Bolego.
Demasiado pronto
Bolego dice que prácticamente imploran a la Agencia Nacional de Discapacidad por una ayuda, un guiño, para que puedan seguir trabajando y atendiendo a las personas. La respuesta que reciben tanto de este área del gobierno libertario como de la Superintendencia de Servicios de Salud es que es “muy pronto” o que “el gobierno recién asume”.
La única alternativa que tienen los transportistas, sin embargo, es apelar a la celeridad del gobierno para que encuentre una solución a través de la Agencia Nacional de Discapacidad. “Pero tiene que ser ya mismo. Necesitamos una solución inmediata para salir a trabajar y después ver el verdadero aumento que se necesite para las diferentes prestaciones del sistema. Pero nosotros necesitamos salir a trabajar, estamos muy, muy preocupados”.
Las familias, una familia
El transporte es el primer eslabón de la cadena de servicios que la tiene las personas con discapacidad: se suben a un transporte adecuado para su traslado para poder asistir a un lugar a que te atiendan. Sin transporte no sólo no hay sistema de transporte, tampoco hay instituciones, atención y, por supuesto, sin transporte no hay mejoría en la calidad de vida de estas personas. Los vehículos en cuestión unen lugares inhóspitos con centros de salud. También unen a personas con el único plato de comida del día, el que pueden encontrar en las instituciones a las que ahora no pueden asistir.
Los transportistas se relacionan diaria, semanal, mensualmente con niños, adultos y ancianos con distintas discapacidades. Durante años conviven en ese camino de la casa a un lugar del que, de a poquito, salen mejor. Ven los cambios físicos, expresivos, anímicos de las personas. Crean un vínculo que la crisis no rompió. “Las familias están siendo muy perjudicadas, pero aún así nos acompañan. La verdad es muy duro, durísimo, porque hay que decirle a la persona con discapacidad que no vamos a poder pasar a buscarlos porque realmente no se puede. Lo más perverso es que la continuidad de los servicios recaiga sobre las espaldas del prestador”.
Rosana tiene 61 años, es viuda y tiene una hija, Daiana, de 31, con retraso mental. Desde hace ocho años, Daiana va todos los días a un centro de día. Se levanta con un objetivo: esperar a la combi que la lleve y la traiga. Daiana es feliz en el centro de día: tiene amigos, hace colonia en el verano, juega, charla, tiene la vida social que no puede conseguir en otra institución. Para su mamá, el transporte es todo, es lo fundamental. Mientras ella trabaja, es la seguridad de que alguien lleva y trae con seguridad a su hija.
“El transporte es una contención muy grande, parte fundamental de nuestra vida. En la pandemia, nos traían a casa las viandas y material para trabajar en casa. Son indispensables”, dice la mujer. Rosana renunció hace algunos años a la pensión por discapacidad porque la cobertura no abarcaba mucho. Le hizo el monotributo a su hija para que tenga obra social y aún así los riesgos en el sistema continuaron. “En una época mi hija estuvo 8 meses sin ir al centro de día porque la obra social no pagaba. Fueron ocho meses terroríficos, porque ella va para atrás. No es que nuestros hijos no puedan estar en casa. Pero esa no es la forma. Los anulamos completamente de su vida social”.
La mujer sabe que si se cae el sistema de prestaciones básicas será imposible sostener la calidad de vida de su hija. Ni siquiera le va a alcanzar para comprar su medicación. “Todos perdemos: los transportistas, los chicos, las familias. Es muy decepcionante el trato a las personas con discapacidad y su entorno”. Bolego, por su parte, concluye: “Ninguna de esas personas puede ganar calidad de vida si no funcionamos. Hay una involución real y concreta en su tratamiento, en su capacidad de mejorar y nuestro miedo es, finalmente, que se busque que el mercado cumpla el rol que le corresponde al Estado. Si esto sucede, van a poder acceder a las prestaciones solo aquellas personas que pueden pagar”.
Fuente:RosarioPlus
Productividad y cuasimonedas
El aporte riojano en exportaciones y su fuerte contraste con Santa Fe
En
ventas al exterior, santafesinos y riojanos están en los extremos de la
estadística por sus aportes al total nacional. El anuncio del gobierno norteño
de emitir para cubrir gastos corrientes recuerda el estallido de 2000-2001.
Mientras, se observa en detalle su economía y la compara con otras
jurisdicciones.
Domingo 21.1.2024
Luis Rodrigo
La novedad de que la Provincia de La Rioja retoma el camino de la emisión de su
propia moneda, ante la imposibilidad de atender sus gastos corrientes, ha puesto una
lupa sobre esa provincia. Un estudio de unn privada se ocupa de brindar información
comparada sobre su economía y, entre otros datos, indica que su peso en las ventas
al exterior del total del país está en el extremo más pobre de la estadística nacional. Y
que Santa Fe está en el opuesto.
Mientras que 156.562 habitantes de La Rioja contribuyen con el 4% de las ventas
argentinas al exterior, 1.970.809 de Santa Fe lo hacen con el 34% de lo que produce la
provincia.
El dato pertenece a un informe del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad
Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea, referido a la decisión
de La Rioja de volver a emitir su propia moneda, con opiniones y advertencias sobre el
conocido fenómeno de las cuasimonedas en la Argentina, un aspecto clave de la grave
crisis de 2001-2002 que terminó con la Convertibilidad del tipo de cambio 1 a 1 entre el
peso y el dólar que se había iniciado en la
década de los '90.
Ricardo Quintela,
gobernador de La Rioja.
La Revista de Novedades Económicas incluye un cuadro sobre la economía del noroeste
argentino en la que va a impactar la cuasimoneda riojana. Allí se pueden ver las
contribuciones de cada provincia al producto exportable: Jujuy (15%), Santiago del
Estero (14%), Salta (12%), Tucumán (9%), La Rioja (4%) y Catamarca (3%). Por fuera
de esa zona, solo quedan con casi nula participación en el comercio internacional
Corrientes (4%) y Formosa (1%), entre los guarismos más bajos.
A propósito de La Rioja, donde la Legislatura ya autorizó al gobierno provincial la emisión
propia, el informe reconoce que "es prematuro anticipar el desenlace" respecto de esa
medida, pero la describe "parece responder a un patrón de provincia extremadamente
dependiente de las transferencias de coparticipación y discrecionales, sin holgura fiscal
(comparada con el resto), con un perfil productivo de muy limitado sesgo exportador,
fuerte dinamismo en la creación de empleo público y caída (en términos per-capita) del
empleo privado, ocupando puestos de retaguardia en los rankings que miden el nivel de los
salarios y la
formación de los recursos humanos por provincia".
El
doble y más del promedio
Mientras La Rioja integra un lote de muy baja incidencia en las exportaciones globales
del país, con el 4% del total, es justamente Santa Fe la primera provincia en ventas al
exterior con el 32% de los bienes transados en el exterior, seguida por Córdoba con el
26%, Neuquén (17%) y Provincia de Buenos Aires (17%). Por arriba del 15% quedan
también San Juan, Chubut y Santa Cruz. Y algo por debajo, Entre Ríos y Santiago del
Estero. El promedio nacional es del 14%, y la estructura productiva santafesina duplica
y más ese valor.
Exportaciones provinciales 2022
El informe sostiene que una eventual cuasimoneda riojana (en el pasado emitió el bono
"Bocade") "habría consecuencias significativas" y enumera: "a) en primer lugar, como
los agentes económicos buscarán desprenderse antes de esos papeles que de otras
monedas, la velocidad de circulación aumentará, potenciando el
descuento impuesto por el mercado al valor de eso bonos; b) consecuencia de los
dos factores descriptos, la población local sufrirá un golpe inflacionario
adicional al impuesto por la propia dinámica devaluatoria del peso; c) pero,
además, las empresas instaladas en la provincia verán encarecerse los impuestos
nacionales en términos de la cuasimoneda (que será la moneda predominante en la
que cobrarán por la venta de sus bienes y servicios), porque para pagar (los
impuestos nacionales) deberán cambiar bonos locales por debajo de la par; d)
puede ser que esas empresas incurran en atrasos en el pago de esos impuestos
nacionales pero, dada la ponderación de La Rioja en el PIB total, ese efecto
será marginal sobre el fisco nacional; e) el impacto mayor en este plano se
dará sobre la rentabilidad de las empresas instaladas, debilitando aún más los
incentivos a la creación de empleos privados en la provincia".
La "locomotora"
No es la primera vez que desde el Poder Ejecutivo
Provincial se compara a Santa Fe con la locomotora de la formación de las
provincias que hacen marchar el tren de la economía nacional. Lo hizo el
gobernador Maximiliano Pullaro al asumir,
ante la Legislatura, al decir que "Santa Fe tiene todo para ser la
locomotora del crecimiento nacional, con más producción, más productores, con
mayor sostenibilidad, con más y mejor infraestructura productiva, exportando
para crecer e innovando para exportar" y que "vamos a trabajar
arduamente para acompañar con acciones a las empresas y emprendimientos de
nuestra Provincia". Se planteó como objetivo llevar de las 750 pymes
actuales a 1500, en cuatro años.
Fuente:ElLitoral
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