24 de enero de 2024

ROSARIO - SANTA FE.

 

La ley ómnibus desfinancia la urbanización en barrios de Rosario

¿Alguien piensa en los barrios populares?  

En Santa Fe se hicieron obras de urbanización en 77 barrios. En Rosario se afectarían las obras que se vienen desarrollando en Nuevo Alberdi y Los Pumitas.

Por Ignacio Cagliero
En Nuevo Alberdi las obras se van a ver frenadas por falta de pagos 

La ley ómnibus que impulsa el presidente Javier Milei en el Congreso quita el financiamiento para las obras de urbanización de barrios populares en todo el país. Se trata de una política “antigrieta” que comenzó durante el gobierno de Mauricio Macri y que se actualizó durante la gestión de Alberto Fernández, con el consenso de todos los sectores políticos. Hasta el momento las obras se financian mayoritariamente con el 9% de lo que se recauda por el Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), pero el texto de la ley busca borrar esos fondos de un plumazo. Como compensación –y casi como una burla– pretende fortalecer esas partidas con las multas que se cobren a las organizaciones sociales que se manifiesten o corten calles. En la provincia de Santa Fe, se hicieron obras en 77 barrios con una inversión que supera los 38 mil millones de pesos, mientras que más de 20 mil mujeres de barrios populares accedieron al programa Mi Pieza, en 359 barrios santafesinos. Y en Rosario se afectarían obras de urbanización que se vienen implementando en barrios como Nuevo Alberdi y Los Pumitas. Pero las consecuencias van más allá de las mejoras en infraestructura. “Dejar de urbanizar los barrios más postergados, y donde hay una creciente ola de narcotráfico, va a ser una conjunción de cosas negativas”, evaluó Fernanda Miño, exsecretaria de Integración Socio Urbana de la Nación, en diálogo con Rosario/12.

La normativa que propone urbanizar los barrios populares fue sancionada por unanimidad en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. La ley tuvo un antecedente directo que posibilitó su sanción: el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap) que llevaron adelante en 2016 distintas organizaciones sociales y que tuvo la participación de organismos como Cáritas o Techo. El proyecto adquirió financiamiento a partir del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) durante el 2020, ya en el gobierno de Alberto Fernández.

Tras varios años de ejecución, el artículo 211 de la ley ómnibus plantea la eliminación de la asignación específica al FISU. Se trata del 9% de lo recaudado por el Impuesto PAIS, que grava la compra de divisas extranjeras. El fondo también recibió el 15% de lo recaudado con el aporte extraordinario que se cobró por única vez a las grandes fortunas y recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo. De allí surgen los fondos para mejorar las condiciones de vida de los barrios más vulnerables del país. Pero hasta el momento no son muchas las voces que se alzaron para defender esta política inclusiva.

Fernanda Miño, titular de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) durante el gobierno anterior, consideró que se busca terminar con una política de Estado “que logró superar la grieta” y trascender gobiernos de distintas facciones partidarias. “Es ir directamente al corazón de una política que ha sido no solo valorada internacionalmente, sino aceptada por todo el arco político argentino”, expresó y agregó: “Pudimos llegar a una enorme cantidad de barrios populares, con proyectos de obras integrales en todos los servicios básicos. Esto lo afecta directamente y se frenarían las obras, si este financiamiento no continúa”.

Según detalló, los aportes sirvieron para que la SISU pueda ejecutar obras de infraestructura en más de 1.300 barrios populares de todas las provincias del país; más de 250 mil mejoramientos de vivienda con el programa Mi Pieza, realizadas en más de 5 mil barrios populares; generar 25 mil nuevos lotes con servicios; y garantizar la conexión a servicios básicos en más de 230 mil hogares. Todo eso redundó en la creación de 320 mil nuevos puestos de trabajo.

A su vez, Miño apuntó que el área hoy cuenta con fondos no solo para continuar las obras en ejecución, sino también para seguir iniciando nuevos proyectos de urbanización: “Entre lo que dejamos nosotros al final de nuestra gestión a principios de diciembre, más lo que se recaudó hasta ahora, estimamos que a fines de enero habrá unos 55 mil millones de pesos. Es un cálculo aproximado que hacemos de lo que hay disponible para continuar las obras que ya están en marcha y para comenzar otras nuevas”.

Impacto local

Desde el área brindaron detalles del impacto que tuvo esta política en la provincia de Santa Fe. Durante el gobierno anterior se iniciaron obras en 77 barrios de la provincia que significaron una inversión de más de 38 mil millones de pesos. A su vez, 20.082 mujeres santafesinas salieron sorteadas y accedieron a la asistencia económica que brinda el programa Mi Pieza para realizar refacciones, mejoras y ampliaciones de viviendas. Las obras del programa Mi Pieza se realizaron en 359 barrios santafesinos.

En ese marco, Miño sostuvo que en la provincia hay obras que se concluyeron y otras que quedaron con distintos grados de avance, sobre el final de la gestión. En ese sentido advirtió que si no hay una continuidad en el financiamiento, las obras se van a ver frenadas por falta de pagos, pero además el dinero por el cual fue presupuestado el proyecto va a quedar atrasado. Por eso, reclamó que se sostenga ese financiamiento e instó a los legisladores a contemplar ese aspecto de la ley.

“Dejar de urbanizar los barrios más postergados, y donde hay una creciente ola de narcotráfico, va a ser una conjunción de cosas negativas”, evaluó. “Quienes vivimos en los barrios populares, y optamos seguir trabajando en ellos, sabemos lo que pasa cuando el Estado se retira; empiezan a aparecer eso que se lleva a nuestros hijos y nuestras juventudes, al camino que no corresponde. Se termina despedazando todo y haciendo más doloroso aún vivir en lugares como los barrios populares”, agregó. 

En Rosario, una de las obras más emblemáticas de urbanización tuvo lugar en Nuevo Alberdi, en la zona norte de la ciudad, motorizado en primer momento por Ciudad Futura y que luego contó con el acompañamiento de distintos niveles del Estado. En diciembre de 2022 Miño recorrió en persona el avance de las obras. De igual manera, en septiembre pasado se presentó un programa de urbanización integral de barrio Los Pumitas, en la zona oeste, uno de los barrios más afectados por la violencia urbana en la ciudad. Allí estaba prevista una inversión de 4 mil millones de pesos del gobierno nacional para ejecutar en un trabajo mancomunado con el gobierno provincial, la Universidad Nacional de Rosario y las organizaciones sociales del barrio.

“En Rosario hicimos obras muy importantes en Nuevo Alberdi. En el caso de Los Pumitas firmamos un proyecto grande, habían salido las licitaciones y justo nos agarró el final del ciclo. De eso ya habría que actualizar los montos, porque con la inflación quedaron desfasados”, explicó. “Es una pena que no puedan continuarse y que se desfinancie una política que es totalmente inclusiva para los barrios populares. Es una política que no tiene banderías partidarias, porque prioriza a las familias que necesitan de las obras para vivir con un piso de dignidad. En eso tratamos de ser eficaces y en algunos lugares pudimos trabajar muy bien”, añadió.

Burla

Uno de los aspectos que contempla la ley, en su artículo 338, es fortalecer el FISU con las multas que se cobren a las organizaciones sociales que se manifiesten cortando calles. Es decir, financiar las obras de los barrios con las sanciones a la protesta social. Para Miño se trata de una “burla” y un desconocimiento sobre el funcionamiento del programa. “Es inhumano, es sobre estigmatizar nuevamente a los que viven ahí. Es no conocer la realidad y no sensibilizarse ante el dolor del otro y del que menos tiene”, cuestionó.

 

“Las familias han sabido levantar barrios desde la nada, desde su propio esfuerzo, y después desde la ley en 2016, la historia empezó a ser distinta. Y cuando logramos financiamiento empezamos a trabajar de otra manera, y a pensar los barrios con entidad y con humanismo de sacarlos adelante y que las familias más empobrecidas tengan un piso de dignidad para vivir. Pensar como lo están planteando ahora es volver a menos 10”, finalizó. 


PARO

Desde la Unión Tranviarios Automotor Rosario (UTA) ratificaron la adhesión al paro general de hoy y recordaron que los colectivos funcionarán con normalidad hasta las 19 como en todas las provincias del país. Taxis reducirán frecuencia desde el mediodía y a partir de las 19 también dejarán de funcionar. Docentes movilizan desde las 11 y los bancos y comercios –salvo los que sigan atendidos por sus dueños– cerrarán desde las 12. La administración pública y Tribunales también dejarán de funcionar al mediodía, al igual que las estaciones de servicio del centro (Pellegrini y Oroño hacia el río). Los centros de salud municipales funcionarán de 7 a 12 con atención solo de urgencias y después de las 12 cerrarán; en cambio, los hospitales trabajarán con normalidad durante la mañana y mantendrán guardias mínimas a partir del mediodía. 


El voto de legisladores nacionales por Santa Fe sobre la ley ómnibus

La mayoría, en línea con Pullaro

Hasta en el PRO, aliado intrínseco de La Libertad Avanza, rechazará al menos el capítulo de retenciones, tal como pidió el gobernador. 

"Lo primero es defender a Santa Fe", dijo el diputado Mirabella.

Mientras en la Cámara de Diputados el oficialismo pugnaba a lo pirro anoche por asegurar la sanción de la ley ómnibus, y en medio de varios dictámenes con matices de luz verde y de rechazo, casi todos los legisladores nacionales por Santa Fe ya se mostraban en línea con la advertencia del gobernador Maximiliano Pullaro, de pedir el voto en contra al proyecto del Ejecutivo si persiste –como lo sostiene hasta ahora– en aumentar retenciones no solo al complejo agroexportador sino también agregarle impuestos a la industria. 

Pullaro, y una corte de funcionarios, mantuvieron ayer en Buenos Aires un encuentro con diputados en el que plantearon su posición renuente a bancar la avanzada del gobierno nacional. 

Sin contar los tres libertarios –Romina Diez, Nicolás Mayoraz y Rocío Bonacci–, más algunos del PRO muy obedientes de Patricia Bullrich, el resto de los 19 diputados santafesinos ya tienen decidido votar en contra el capítulo de retenciones y otros más, según cada caso. 

Gabriel Chumpitaz se mostró desencantado por la forma en la que el Ejecutivo presentó un proyecto tan extenso y diverso. "Una ensalada de 600 temas sin profundizar", despreció el legislador del macrismo. Acorde con su ideario liberal, se pronunció por "no acompañar ninguna suba de impuestos ni retenciones, y apoyar al que produce, genera riqueza y empleo. Santa Fe aporta mucho y recibe poco", dijo. 

Chumpitaz: "Una ensalada de 600 temas sin profundizar",

Por lo tanto, la bancada PRO votará a favor en general, y luego irá objetando y aprobando artículo por artículo. "Retenciones en contra, seguro, luego las privatizaciones yo al menos quiero discutir una por una, no son todas lo mismo", advirtió ayer por Sí 98.9.

Chumpitaz, como su compañera de bloque Verónica Razzini, los radicales Mario Barletta y Melina Giorgi, más los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, y los 6 de Unión por la Patria, obvio, votarán en contra.

En la misma línea se pronunció José Núñez, bien cercano a Bullrich. "Hay puntos que no vamos a negociar. Podemos perder la votación, pero yo no voy a avalar ninguna suba de impuestos", avisó en declaraciones al portal Letra P.

El peronista Roberto Mirabella anticipó desde el vamos su voto acorde a la advertencia de Pullaro, pero no por obediencia partidaria sino por convicción. "Lo primero es defender a Santa Fe. Veremos los 10 del gobernador qué hacen. Es raro porque están con (Ángel) Pichetto, unos socialistas, otros radicales", chicaneó. 

El rafaelino definió el proyecto del Ejecutivo como "un mamotreto desopilante", y marcó las contradicciones que lo hacen darse de bruces contra provincias como Santa Fe y Córdoba. "Cómo puede ser que si fabricás sembradoras y pudiste exportar a Kazajistán, te pongan un impuesto del 15%. Es raro lo de Milei porque recuerdo que se cortaría un brazo antes de poner un impuesto, había dicho", apuntó. En esa línea, afirmó: "Yo no votaré en contra de la provincia, de quienes producen y exportan. Tampoco estoy de acuerdo con que tengamos que maltratar a jubilados y pensionados y congelarle el ingreso. Hay medio millón de jubilados en Santa Fe", advirtió.

Por otra parte, Mirabella calificó de "un apriete deleznable" la amenaza de Milei a los gobernadores sobre revisar las partidas de dinero a provincias en caso de que manden a rechazar la ley. "Ya el Banco Central sacó una resolución para que desde el 31 de enero no extenderá la posibilidad de que las provincias tomen deuda para pagar sueldos. El gobierno no tiene vocación de debatir, si no no hubiera mandado un proyecto de 600 artículos mezclando un montón de temas", fustigó.

Mirabella denotó el aislamiento político del justicialismo en esta etapa. "Nadie del gobierno dialoga con nosotros, no nos informan nada. Iremos con un dictamen de rechazo", anticipó.

Dentro del frente Unidos, y como parte del bloque Hacemos Coalición Federal, el socialismo también irá con dictamen propio, votando en contra en la general, y distinguiendo capítulos en lo particular. "Hay aspectos que no podemos acompañar como retenciones, meterle la mano en el bolsillo a las provincias, empobrecer más todavía a los jubilados, desfinanciar el sistema previsional al rematar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y las delegaciones parlamentarias al Ejecutivo. Imposible", marcó Esteban Paulón.

Lo que sí accederían a acompañar es el capítulo corregido para un nuevo régimen de biocombustibles que Pullaro y Gisela Scaglia les presentaron ayer. "Pero el dictamen que sacará el oficialismo incluye las retenciones; entonces no. Tampoco asuntos de educación, de cultura, mucho menos las privatizaciones, que por principio jamás votaremos", dijo.  

Paulón miró de soslayo aspectos particulares como las correcciones del gobierno en materia de cultura: "Zafaron todos los institutos, menos el de Teatro; raro porque el secretario viene de ese palo. Parece más una vendetta personal. No es serio", dijo en alusión al productor teatral Leonardo Cifelli.

"Acá lo que único que le importa al gobierno es el capítulo de los negocios y es lo que va a obtener, lamentablemente. Los gobernadores presionan porque deben pagar los sueldos, y Nación a su vez los apretó muy fuerte", develó.

Fuente:Rosario12


Rechazo al DNU y la ley ómnibus

Ataque a la libertad de expresión y a los medios comunitarios

 

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