La cultura rosarina se organiza para resistir a los recortes de Milei
Una asamblea histórica con pluralidad de voces
Más de mil trabajadores convocaron a un “cacerolazo cultural” para el miércoles, en defensa a las instituciones de fomento de la cultura y las fuentes de trabajo.
Distintos sectores de la cultura rosarina se organizan para hacer frente a las medidas adoptadas por el gobierno nacional. Sostienen que el DNU y la Ley Ómnibus avanzan contra diversos institutos de promoción y financiación de la cultura cuyo cierre significaría el fin del teatro independiente, la industria audiovisual local y el mundo editorial, entre otras aristas. El pasado 2 de enero, más de mil trabajadores de la cultura rosarina se reunieron, de forma presencial y virtual, en el Centro Cultural Atlas para elaborar un plan de lucha en las calles que contempla un “cacerolazo cultural” el próximo miércoles, a las 18, desde la plaza Montenegro hasta la Plaza 25 de Mayo. La consigna es "en contra del DNU, la Ley Ómnibus y el Protocolo antipiquetes que buscan desfinanciar y destruir nuestra cultura". También habrá una asamblea pública el 20 y definieron el acompañamiento al paro general lanzado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 24 de enero. Rosario/12 dialogó con dirigentes de distintos sectores culturales para conocer el impacto que podrían traer estas medidas en la cultura rosarina.
De la asamblea realizada en el Centro Cultural Atlas quedaron dos conclusiones claras. La primera es que el panorama es grave. En un petitorio público dirigido a los legisladores nacionales por Santa Fe, distintos sectores culturales de la provincia denunciaron que tanto el DNU como la Ley Ómnibus proponen derogar el Instituto Nacional del Teatro (INT), cerrar el Fondo Nacional de las Artes (FNA), desfinanciar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de la Música (INAMU), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), y eliminar la Ley de Defensa de la Actividad Librera, que unifica de venta al público de libros (N° 25.542). La segunda conclusión fue que la resistencia debe ser colectiva.
El director, productor y guionista Gustavo Postiglione consideró que el impacto de estas medidas puede ser “muy grande y tremendo” para la cultura en general, y para la industria audiovisual en particular. Según explicó, el sector representa el 3% del empleo registrado del país y da trabajo a unas 620 mil personas de forma directa e indirecta, lo que hace mover la economía de múltiples maneras. “Por cada peso que se invierte en una película local se generan 5 pesos más”, señaló. Además, recordó que la eliminación del INCAA pone a Rosario “en un lugar muy complicado” porque complica la situación de los pequeños productores: “El que filma con Netflix o HBO no va a tener estos problemas, esto tiende a hacer pelota al cine argentino”.
Pero además de las consecuencias económicas, y de pérdidas de fuentes de trabajo, para el cineasta local las medidas tienen un trasfondo simbólico muy fuerte: la reducción y eliminación de voces. “La cultura y el arte siempre son disonantes y confrontan con el poder. Y esto hace que se quieran acallar. Lo que se está haciendo es tratar de eliminar algo que es fundamental para la existencia de un país, que es tratar de quitar su identidad. A su vez, eso lleva aparejado otra cuestión que es rebajar la condición del actor, de la actriz, del director, tratando de quitarle la dignidad de su trabajo. Y la dignidad de un trabajador es poder vivir y transitar la vida a partir de lo que uno sabe hacer. Quitarnos esa posibilidad es denigrarnos”, analizó.
Por su parte, el actor y director teatral Christian Álvarez, consideró que el avance de estas medidas puede generar consecuencias “muy graves” en el teatro autogestivo e independiente de Rosario. En ese sentido aclaró que un subsidio del INT garantiza alrededor del 50% de lo necesario para poder producir una obra, lo que genera un efecto multiplicador en el tiempo: “Uno recibe para esa obra y después la puede hacer muchísimas veces más en distintos lugares. Un subsidio se prorratea no solamente en la generación de esa obra, sino en ensayos y funciones a lo largo del tiempo. Y eso se multiplica en la economía, además de ser un sustento de vida”.
Para el delegado rosarino de la Asociación Argentina de Actores, esa situación dificultaría las posibilidades de producir en la ciudad. “Como cualquier otra labor, la mayoría de los actores y artistas, de los titiriteros y titiriteras, día a día nos levantamos para producir nuestras obras, para venderlas y poder referenciar la vida desde un lugar en el que creemos, que nos iguala a cualquier otro trabajador”, analizó.
En una misma línea, el actor Manu Armoa se refirió a la situación de las salas de teatro de la ciudad que, en su mayoría, dependen de los subsidios que otorga el INT para sostener su funcionamiento. “A la vez que vemos venir un aumento de las tarifas de luz, gas y agua, entendemos que se va a dar una disminución importante de la ciudadanía en los consumos culturales”, sostuvo. Y agregó: “Perder los subsidios de producción y formación significa que la gente va a tener que buscar otra vocación porque no va a poder ser un ingreso principal”.
A su vez, la actriz y cantante rosarina, Miriam Cubelos, señaló que las medidas impulsadas por el presidente Javier Milei “arrasa con todos los apoyos culturales”, lo cual impacta no solo en los artistas, sino en todos los trabajadores que hacen posible un espectáculo cultural. “Esto es aberrante, es un retroceso infernal”, expresó y agregó: “A partir del surgimiento de esas instituciones de fomento, ha crecido tremendamente la cultura. Pero se ha perdido la batalla ideológica de hacerle entender a la sociedad para qué existen esos espacios”.
En el mundo editorial, la preocupación pasa por la posibilidad de que se derogue la Ley de Defensa de la Actividad Librera, que establece un precio único de los libros en todo el país y en todos los canales de comercialización. “La ventaja de eso es que da la posibilidad de competir en igualdad de condiciones a los más chicos y a los más grandes, porque los sectores más concentrados pueden lograr tener mejores descuentos”, explicó Perico Pérez, de la editorial Homo Sapiens.
Para el editor, que además es miembro del Consejo Directivo de la Cámara Argentina del Libro, esa ley fomenta la “biodiversidad” de los tipos de lecturas: “Las grandes superficies siempre privilegian los libros que más se venden, y las pequeñas y medianas editoriales de todo el país no tendrían posibilidad de exhibir su material si desaparecen las pequeñas librerías. Con lo cual, los autores tampoco tendrían tantas posibilidades de publicar. Entonces, un pequeño grupo va a determinar qué se lee”.
La situación impacta en toda la cadena del libro, que nuclea alrededor de 250 mil trabajadores. Según números difundidos por la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI), en la Argentina hay más de 1.500 librerías y más de 2.000 editoriales registradas, de las cuales el 80% son pymes que producen 6 de cada 10 novedades que se venden en librerías. Carolina Elorza, de la librería Mal de Archivo, señaló que Argentina fue pionera en Latinoamérica respecto a la sanción de la Ley de Defensa de la Actividad Librera, y recordó que en los países que tenían esta normativa y la derogaron, como Reino Unido, “los precios no disminuyeron con el tiempo, sino que se duplicaron por encima de los valores de mercado y la oferta de libros y librerías se vio visiblemente disminuida”.
A su vez, para la escritora María Fernanda Trébol, la pluralidad y la diversidad de voces hoy está garantizada “por la existencia de una gran cantidad de sellos editoriales que no solamente producen con una mirada comercial, sino que dan voz y dan lugar a artistas de todo tipo”. La derogación de las leyes de protección al sector del libro tendría un impacto negativo, por eso reclamó que el Poder Legislativo ponga un freno a las medidas que busca implementar el gobierno nacional. “No me extraña que la cultura sea un ámbito de ataque, porque es ahí donde reside la capacidad de memoria, de florecer, de ampliarse y de pensar. Si todo se acota, si todo se uniforma, es la manera de conducir más fácilmente a las comunidades y a los pueblos”, evaluó.
Por su parte, Carlos Núñez, referente de la Biblioteca Popular Pocho Lepratti, de barrio Tablada, consideró que las Bibliotecas Populares de Argentina son un ejemplo en toda Latinoamérica, y que en Rosario funcionan actualmente unas 25 instituciones, con logros muy importantes a partir de las políticas públicas implementadas por la CONABIP. Desde subsidios para la compra de libros, hasta la posibilidad de participar en distintas ferias del país, pasando por procesos de capacitación y formación que, al desfinanciarse el organismo, pasarían a ser irrealizables. “Todo eso está en absoluto riesgo”, cuestionó.
“Con las radios comunitarias sucede lo mismo. En el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) convivimos más de 100 experiencias de comunicación popular, que vinculan a las comunidades con otra forma de pensar y desarrollar las agendas informativas, con plena participación, desde una perspectiva plural y federal”, sostuvo Nuñez, también integrante de Radio La Hormiga. “De suspenderse los fondos concursables del Ente Nacional de las Comunicaciones (ENACOM), Solo se escucharán las voces emanadas de los medios hegemónicos que consideran a la comunicación como una mercancía y no como un derecho”, añadió.
LIBRO
ATENTADO
Adolescentes con molotov
La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano puso el foco en Niñez
"Lo que debemos hacer es restituir derechos"
Victoria Tejeda afirmó que la prioridad es que el sistema de protección integral "vuelva a funcionar" en la provincia.
La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano Victoria Tejeda aseguró que la "prioridad" y "el foco" de su cartera está apuntado a Niñez, cuya secretaría quedó a cargo de la radical Daniela León. "Creemos que es necesario que el sistema vuelva a funcionar", dijo la funcionaria sobre el sistema de protección integral vigente por ley nacional y provincial. En ese sistema, cuando no alcanzan las intervenciones para apuntalar a una familia para frenar la vulneración de derechos de un niño o niña, la provincia debe tomar una medida de protección excepcional. "La institucionalización tiene que ser el último estamento. Tenemos que generar las herramientas para que las familias puedan tomar a un niño o una niña, cuando se toma una medida excepcional", expresó la funcionaria en diálogo con el programa La siesta jugada, por Radio Nacional Rosario. Durante la anterior gestión, se habían desalentado los programas de familias transitorias, según lo analizó un informe de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes publicado por este diario.
"Hoy estamos en una situación compleja, tenemos la emergencia social, en la que hemos abordado varios temas de Niñez. Para darse una idea de la situación de Niñez, hay que ir a la Secretaría de Niñez en Rosario, para ver cómo está el edificio, cómo trabajan los empleados y darse cuenta de cómo está funcionando el sistema, porque es el claro ejemplo de que no se están llevando a cabo las actividades y la función de la Secretaría de Niñez", expresó Tejeda. En cuanto a las instituciones de alojamiento, aseguró que están "revisando convenios" y también las instituciones propias. "Lo que tenemos que hacer desde la Secretaría es restituir derechos", afirmó.
La funcionaria se reunió esta semana con el Secretario de Niñez y Familia de la Nación, Pablo de la Torre. “Tuvimos la grata noticia de que a nivel nacional, nos planteó la misma situación, que ellos van a enfocar todas sus políticas sociales al área niñez, así que es una buena noticia que podamos articular en conjunto también con los gobiernos locales es una buena noticia para las políticas sociales en general”, agregó.
Tejeda subrayó que no todos los municipios y comunas tienen sus servicios locales conformados, y que en este momento, su cartera analiza los convenios que existen con los gobiernos locales para fortalecer esos equipos, ya que representan el primer contacto con la situación de vulneración de niñas, niños y adolescentes. "Estamos muy preocupados, pero estamos haciendo foco en la Secretaría, pero estamos ocupados. Daniela está ocupada en su equipo, primero en las urgencias que surgen minuto a minuto", aseguró Tejeda.
"Estamos hablando muchísimo con los intendentes y presidentes comunales, también con legisladores, pidiéndoles leyes para priorizar el Área de niñez, que nos acompañen. Tenemos que fortalecer los equipos de primer nivel para promocionar los derechos de los niños y las niñas, articulando con las instituciones educativas, culturales, deportivas, incluso con las fuerzas de seguridad. Muchas veces, lo que nos falta incluso a los funcionarios es formación sobre lo que es niñez, y cómo se debe abordar", dijo la ministra, quien consideró que "el desafío es ordenar el sistema de Niñez". Para ello, van a convocar al Consejo Provincial del área. Adelantó que van a "intentar mejorar los convenios" con los gobiernos locales, que estamos analizando uno por uno".
Sobre la situación del personal del área, especialmente de los precarizados acompañantes personalizados, con pagos irrisorios por hora, Tejeda dijo: "Claramente tenemos que ordenarlo, incluso lo que estamos pensando es en la formación que tienen los acompañantes personalizados. Primero queremos abordar la capacitación, para que las personas que puedan desarrollar su función como corresponde y obviamente que existe ese programa, y hay que buscarle un orden para poder legalizar el trabajo como corresponde".
Sobre el aumento de los pedidos de asistencia alimentaria, si bien no precisó un porcentaje, admitió que llegan pedidos a diario. "Estamos tratando de ordenar con los recursos que tenemos, para que realmente se pueda llegar a destino. Nosotros conformamos el Gabinete Social la semana pasada, con la presencia del gobernador y en ese marco, queremos avanzar con un proyecto de ley de la plataforma única social, donde podamos contar con la información social de cada persona, pero también de su familia, que involucre el área de salud, el área de educación y en general las políticas sociales para cuando tengamos que hacer intervenciones con los pocos recursos que tengamos puedan estar destinados realmente a quien lo necesita". Para eso, también estuvo reunida con el director Ejecutivo de Ansés, Osvaldo Giordano. "Hay predisposición para poder avanzar en un convenio para la información que necesitamos para esta plataforma, y que los recursos que tengamos de las distintas áreas realmente lleguen a destino, obviamente con el grado de confidencialidad que amerita la situación".
Avanza la construcción de dos escuelas en Rosario
La inversión con mayor rédito
Con una inversión de más de 2.340 millones de pesos, el gobierno provincial avanza en la construcción de dos nuevos edificios escolares. Una de ellas es la Primaria “Barrio Nuevo Alberdi” y la otra, la Escuela de Educación Técnica Nº392 “Juramento de la Bandera”, ubicada en el sur de Rosario. “La educación y la obra pública, que son pilares en la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, se dan la mano en estos valiosos proyectos a los que les estamos dando impulso en el sur provincial”, aseguró el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, tras supervisar los trabajos junto al secretario de Obras Públicas y Hábitat, Marcelo Pascualón, al subsecretario Lucas Condal y al subdirector José Rabasedas.
Enrico afirmó que "los prototipos de estos edificios escolares que estamos llevando adelante desde el gobierno son sustentables y funcionales. Esto posibilitará un uso intensivo. Todos los espacios de aprendizaje contemplados en estos proyectos se caracterizan por contar con flexibilidad espacial y ambientes saludables que podrán integrarse o segregarse según las necesidades pedagógicas”.
En este sentido, Enrico explicó que “el edificio en barrio Nuevo Alberdi, ubicado en el predio de calle Benito Álvarez entre Joaquín Suárez y Matheu, posee un avance del 20 por ciento, mientras que la obra de la EET Nº392, ubicada entre Av. San Martín, Av. Arijón, calle Mitre y calle Centenario, cuenta con un avance de tareas que supera el 30 por ciento".
En el caso de la escuela primaria, el proyecto desarrolla una planta baja, donde estará la escuela de nivel primario con un polideportivo semicubierto con un área de vestuario y un sector de huerta intermedio y nueve aulas, de las cuales ocho tienen la posibilidad de agruparse de a dos. La superficie abierta intervenida es de 3097.71 m2, la cubierta es de 842.40 m2, y la semicubierta es de 679.97 m2.
En tanto, para la Escuela Técnica “Juramento de la Bandera”, el proyecto preserva el edificio histórico para someterlo a una restauración y reacondicionamiento general. La Escuela se diseñó para una matrícula de 600 estudiantes de nivel secundario y cuenta con una superficie cubierta total de 2.485 m2, una semicubierta de 2.047 m2, desarrolladas en dos niveles, y una superficie abierta de 3.157 m2. El proyecto se desarrolla en planta baja y primer piso con un total de 13 aulas comunes (con la posibilidad de agruparse de a 2) además de 13 aulas talleres.
El ministro Puccini y la vicegobernadora van a la Rosada por la ley de biocombustibles
En defensa de la producción
Para plantear la necesidad de mantener un corte de combustibles fósiles en aumento, al contrario de lo que plantea la ley ómnibus, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini y la vicegobernadora Gisela Scaglia participarán mañana de un encuentro en la Casa Rosada, que tendrá como anfitrión al ministro del Interior, Guillermo Francos; junto a funcionarios nacionales y de otras provincias con desarrollo en la problemática. En el paquete de reformas que impulsa el Ejecutivo nacional, se incluyen cambios en la ley que regula la industria del biocombustible, eliminando el corte obligatorio y permitiendo el ingreso de industrias petroleras al mercado. “Entendemos que hay un lobby petrolero que perjudica directamente a Santa Fe. En nuestra mirada, tenemos que ir a un esquema similar al de Brasil, donde vienen aumentando el corte de combustibles fósiles. Para que haya más producción de biodiesel debemos fijarlo en un mínimo del 10 % y llevarlo a un 14 % en 2024 y a un 15 % en 2025. El mundo va en este camino y no podemos permitir que Argentina retroceda”, afirmó Puccini.
Por otro lado, el funcionario remarcó que “tiene que ser una reforma que contemple a todos pero en defensa de las industrias que ya están dentro del mercado, y sin sumar el impuesto que le cobran a las petroleras, porque el biocombustible es no contaminante”. En el caso de la provincia, "tiene 19 plantas, representa el 82% de la producción de biodiesel, genera empleo y valor agregado. Hay industrias que han hecho inversiones con un marco legal que las protegía hasta 2030; no se puede cambiar las reglas de juego”.
Por otro lado, el ministro llevará a la reunión planteos relacionados a contemplar como economía regional a la industria del maíz pisingallo “que tiene 9 plantas en Santa Fe y que exporta el 95% de su producción”. Aplicarle una retención del 15 % “las hará quedar fuera del mercado internacional, perdiendo además capacidad de inversión e innovación”.
En el mismo sentido, Puccini plantea que “no se apliquen retenciones a la industria del algodón”, con fuerte desarrollo en el norte santafesino, donde concentra en tres departamentos casi la totalidad de la producción algodonera provincial: 9 de Julio con casi el 80%, General Obligado 10% y Vera 9%. “Una retención del 15 % la pondría en desventaja frente a otros cultivos y provocaría una caída de la superficie del textil, conllevando una baja notable de la economía en las provincias productoras”, afirmó el ministro de Pullaro.
Se suma a estas actividades la harina de trigo, que hasta el día de hoy tenía retención cero. “Representantes de la industria molinera de la provincia nos plantean que si se aplican retenciones corren riesgo los mercados internacionales. Lo sabemos: si pierden esos mercados es imposible recuperarlos”, destacó.
Fuente:Rosario12
Conflicto con trabajadores de Sedronar: “Somos necesarios en la coyuntura de la ciudad”
Trabajadores del Dispositivo Territorial Comunitario (DTC), que reciben a personas con consumos problemáticos, visibilizaron su estado de incertidumbre ante el posible cierre del centro de atención ubicado en la zona oeste de Rosario. El 31 de diciembre finalizó el contrato que mantenían con la gestión nacional, pero desde la asunción de la nueva administración no tuvieron novedades sobre su renovación.
“Estamos en una zona álgida en materia de violencia y problemáticas de consumo. Nos hicieron sentir que somos necesarios en el barrio y en la ciudad teniendo en cuenta la coyuntura que atravesamos”, dijo a Rosarioplus.com Xavier Izurieta, trabajador del DTC.
Son 14 trabajadores, de un total de 20, que dependen de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) bajo la forma precarizada de “Beca Fondo Estimulo”. Esta semana realizaron un abrazo simbólico para visibilizar la situación en el centro de atención, ubicado en Bulevar Segui 5440.
“Entendemos que nuestra apuesta a sostener a la institución es porque tenemos cariño al territorio y al barrio. No se soluciona solo militarizando. El Plan Bandera (impulsado por la Ministra Patricia Bullrich) no es una respuesta a los problemas de consumo. Hay que trabajar sobre la contención y prevención, ese es nuestro trabajo, un trabajo indispensable que no puede desaparecer”, reflexionó Izurieta.
El plantel del DTC está compuesto por trabajadores del campo de la salud mental, que desarrollan un trabajo de abordaje de los consumos problemáticos en el territorio, desde un enfoque salud integral y restitución de derechos en condiciones de vulnerabilidad y extrema precarización.
Trabajan con adolescentes y jóvenes de entre 14 y 30 años en la zona oeste de la ciudad de Rosario desde el año 2014, con situaciones de vulnerabilidad extrema en el contexto de crisis social que atraviesa la ciudad. Hacen hincapié en este dato, ya que la desaparición de este espacio implicaría un abandono a jóvenes que encuentran un refugio en el consumo.
“Durante el abrazo simbólico que hicimos esta semana en el centro de atención, también participaron muchos de los usuarios que llegan a la institución. Eso nos hace sentir muy emocionados. Sentimos mucha angustia y tristeza. Seguiremos pidiendo respuestas, tomando medidas para visibilizar la situación. Las políticas de salud tienen que ser integrales y no solo desde la fuerza”, deslizó el trabajador del DTC.
Fuente:RosarioPlus
Según Gobierno
Santa Fe: hay 7.700 docentes reemplazantes y hasta titulares sin
carpetas médicas
Es
un requisito para acceder al sistema, aún como suplente. ¿Por qué se llegó a
este cuello de botella?
Al salir de
la primera reunión paritaria docente, el ministro de Educación, José Goity,
manifestó su preocupación por los "más de 7.000 docentes" que no
tienen sus carpetas médicas hechas, a lo que agregó que es una responsabilidad
del Estado ese control, así como el del ausentismo.
Las llamadas "carpetas médicas" son una serie
de estudios médicos y exámenes clínicos, que determinan el grado de aptitud
psicofísica que presenta ese agente para desarrollar la tarea para la que fuera
designado. Es requisito para ingresar a trabajar a la administración pública,
incluida la docencia.
La subsecretaria de Recursos Humanos del Ministerio de
Educación, Erica Figueroa, amplió a El Litoral que el número exacto es "de
7.700 docentes, entre titulares, interinos y reemplazantes que no tienen hecha
su carpeta médica, lo que le da la aptitud psicofísica para el ejercicio del
trabajo".
No obstante, aclaró que de ese número, unos 2.500
docentes ya tienen un turno entre las dependencias de Salud Laboral Escolar de
la cartera educativa y las del Ministerio de Salud, que son quienes se ocupan
de hacer las carpetas médicas. "Y ahí nos preocupa que hay 5.200 docentes
que ni siquiera tienen turno y están en el sistema", añadió.
"Como decía el ministro, esto es un problema a la
hora del otorgamiento de las licencias, pero también porque la carpeta médica
es aquella que establece que la persona está en condiciones de estar trabajando
con niños, niñas y adolescentes", destacó Figueroa, al referirse a la
relevancia de contar con el apto.
Consultada sobre de cuánto tiempo es la demora, la
funcionaria admitió que "hay algunos recientes, otros casos que llevan dos
o tres años, y otros bastante más atrás" sin cumplir con esta condición.
De todas formas, hizo la misma aclaración que el ministro Goity: "No es
responsabilidad del docente, es el Estado el que tiene que garantizar las
condiciones para que todos los educadores puedan hacer su carpeta médica".
¿Titulares?
-¿Llama la
atención que haya docentes titulares también sin su carpeta médica?
-Sí, eso también nos ha
llamado mucho la atención, que hayan llegado a ser titulares sin tener la
carpeta médica, si bien es un porcentaje mejor. Son personas que están
ejerciendo la docencia en distintos niveles y modalidades del sistema, sin
tener esto que es importante, insisto, no solo por lo que implica después las
licencias que se les otorgan, sino también porque es lo que garantiza el estado
del docente que está frente al grupo de alumnos.
-¿Cómo van a
resolver esta situación?
- Hace poco que llegamos y
estamos haciendo la evaluación. Pero seguramente todo aquello que sea
necesario, lo vamos a estar haciendo porque es una responsabilidad que tenemos
como Estado, así que vamos a buscar los mejores canales para que esto se
resuelva lo antes posible.
-¿Qué es lo que
pasó a nivel de Estado? ¿Por qué se dejó avanzar hasta llegar a este número?
-Seguramente hay un conjunto
de factores que llevaron a este número, que es muy alto en la provincia. Así
que estamos evaluando los distintos factores que pueden haber desencadenado que
lleguemos a esta situación.
Posibles
causas
En Salud Laboral, los
docentes deben presentar los estudios que se hacen en efectores públicos y ahí
son analizados por una Junta Médica que, además, les hace el estudio
psicológico y define si están aptos o no para dar clases u ocupar el puesto
designado. No hay un plazo para tener la carpeta médica completa pero es
requisito para ingresar al sistema.
Según pudo averiguar El
Litoral de fuentes relacionadas con el magisterio, la mayor demora se produjo
en el otorgamiento de los turnos para presentar los estudios dado que hubo por
lo menos dos años sin que Salud Laboral Escolar estuviera dando citas para
hacer el trámite.
A esto se le suma el aumento
de los reemplazos, mencionado por el propio ministro Goity, que originó que más
docentes soliciten iniciar la carpeta médica.
Fuente:ElLitoral
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