Religión
Cambio histórico: la
Iglesia ya no recibirá ningún aporte del Estado
La Conferencia Episcopal Argentina anunció oficialmente, que el último
día de 2023 concluyó el proceso que había iniciado hace cinco
años para renunciar a la asignación mensual.
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02/01/2024
La Iglesia
Católica ya no recibirá el aporte económico del Estado. La
Conferencia Episcopal Argentina anunció oficialmente, que el último día de
2023 concluyó el proceso que había iniciado hace cinco años para renunciar a la asignación mensual que recibían los arzobispos y
obispos de todo el país.
Si bien el monto no era significativo -un poco más de un centenar de
prelados recibían unos 55 mil pesos mensuales-, el aporte suscitaba
polémica porque implicaba un privilegio hacia una religión de
parte de un Estado no confesional, y porque había sido dispuesto por una ley de
la última dictadura.
En mayo de 2018, durante el primer debate por la legalización del aborto
en que se alzaron voces pidiendo la "separación" entre la
Iglesia y el Estado, la Iglesia anunció que iniciaría el proceso para renunciar
al aporte estatal. Y puso en marcha un plan para auto sustentarse.
En este sentido, la ley -enmarcada en el artículo dos de la Constitución
que dice que el gobierno federal sostiene al culto católico- decía que los
arzobispos y obispos recibirían una asignación equivalente al sueldo de un juez
de primera instancia, pero hacía años que el monto no se actualizaba.
También se establecía una pequeña ayuda a párrocos de frontera, que en
los últimos años comenzó a ser reemplazada por ayuda social. Y otra, a
unos pocos seminaristas diocesanos, que se encamina a su total eliminación.
Por una disposición de
la Secretaría de Culto, permanecerá
una asignación de 98 mil pesos a un puñado de arzobispos y obispos ancianos y
con invalidez, que se tramitará de manera particular.
Milei renueva la cúpula del Ejército con el pase a retiro de 22 generales
Buenos Aires (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, renovó la cúpula del Ejército con el pase a retiro de 22 generales y el nombramiento del general de brigada Alberto Presti como nuevo jefe del Ejército, según un decreto firmado el pasado 30 de diciembre que se conoció este martes.
La decisión del mandatario también afecta a la Fuerza Aérea y especialmente a la Armada, donde pasan a la reserva activa siete almirantes y tres brigadieres.
A los cambios en la cúpula militar ordenados por Milei se suma la decisión de apartamiento voluntario adoptada el pasado 23 de diciembre por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA., teniente general Juan Martín Paleo, quien se nombró en el cargo durante la Presidencia de Alberto Fernández (2019-2023) y se reemplazó por el brigadier general Xavier Isaac.
El brigadier mayor Fernando Luis Mengo se hace cargo de la Fuerza Aérea, en reemplazo de Xavier Isaac, en tanto que el contralmirante Carlos María Allievi asume como nuevo jefe de la Armada.
Milei piensa hacer una auditoría
Este cambio en la alta esfera militar es el mayor dentro de las Fuerzas Armadas desde el realizado en 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007).
Además de estos nombramientos, Milei tiene en mente llevar a cabo una auditoría de recursos y funciones dentro de las Fuerzas Armadas, a lo que se suma la política de austeridad en el gasto emanada del decreto de necesidad urgente (DNU) firmado por el nuevo presidente el pasado 20 de diciembre.
En un gesto inhabitual, el ministro de Defensa, Luis Petri, asisitió el domingo por la noche a la cena de Año Nuevo con la guardia del Colegio Militar, en las instalaciones de Campo de Mayo.
Fuente:EFE
Las mujeres según Javier Milei
Por Sonia Santoro, Resumen Latinoamericano, 2 de enero de 2024.
La caída de grandes conquistas como la Ley de Paridad, y la degradación de otras como la Ley Micaela o la de los Mil Días. Un cambio de paradigma donde las mujeres son vistas solo como madres o como víctimas y no como sujetos de derechos afectados por desigualdades estructurales.
En términos de políticas de género, el proyecto de ley Ómnibus presentado por el Ejecutivo pretende borrar del mapa político y social a las mujeres y las diversidades. No solo porque da por tierra con leyes que han sido grandes conquistas de los movimientos feministas, como la ley de paridad, o las degrada a ser algo completamente distinto de sus objetivos originales como la Ley Micaela y la Ley de los Mil días, sino porque pretende suplantar el paradigma con el que abordar cuestiones vinculadas a los derechos de las mujeres y diversidades en el marco de una sociedad estructuralmente desigual por otro en el que no existen brechas de género, las mujeres son reconocidas sólo en tanto madres y víctimas, las diversidades no existen pero sí tienen entidad los “niños por nacer”. “Todo está puesto en debate” dijo la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz en diálogo con Página/12. Se pretende anular todo lo conseguido en materia de derechos y empezar de cero, de forma “autoritaria y anticonstitucional”, planteó el Colectivo #Niunamenos.
Esta agrupación repudió la Ley Ómnibus en general y desglosó los problemas en términos de género. Más allá de analizarla sectorialmente, señaló que hay que entender que hay un espíritu general que está ya en la introducción: la idea de tener la suma del poder público para el Ejecutivo. “Nosotras evaluamos que hay un intento de reforma constitucional de facto y además una primera señal clarísima de autoritarismo”, dijo a este diario Luci Cavallero, integrante de #Niunamenos. “La operación es clara: concentrar el poder en el Ejecutivo para favorecer corporaciones y avanzar en derogar regulaciones que amparan a distintos sectores de la sociedad frente al accionar de esas corporaciones”, agregó.
Díaz, a cargo del único Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades que quedó en pie en el país, se mostró preocupada en particular por “la idea de quitar facultades legislativas por cuatro años. Eso es un problema porque suma un poder que no tiene con el voto popular”. Por otro lado, marcó la perspectiva conservadora en relación a los derechos de mujeres y diversidades.
La (des) institucionalidad de las políticas de género
Para la ministra el problema empezó con “la desjerarquización del Ministerio de Mujeres… no solo lo convierten en subsecretaría sino que además reducen el enfoque exclusivamente a la atención de la violencia contra las mujeres y a un reconocimiendo nada más que de la violencia familiar”. Luego, en el propio campo de la violencia, “esta propuesta de ley es mucho más restrictiva que nuestra ley de violencia y la Convención de Belem do Para. Y aborda a las mujeres sólo en tanto víctimas, algo que había pasado en el macrismo, y no como sujetos plenos de derechos afectadas por desigualdades estructurales en la sociedad en distintos campos”, explicó.
En este contexto en que según la mirada del Ejecutivo la discriminación de género no existe, la agenda de los feminismos y las diversidades fue particularmente atacada por el proyecto. ¿Qué concepción del lugar de las mujeres y diversidades en la sociedad acarrea? “Es una ley que obviamente no nombra brecha salarial, la desigualdad, más bien intenta reforzar el rol de madres de las mujeres, renaturalizar el rol de las mujeres y borrar de cuajo la idea de diversidad y disidencia sexual. Hay una remoralización a través de la figura de las madres, eso obviamente lo podemos ver en la modificación de la Ley de los Mil Días, donde se elimina toda referencia a diversidad de género y la figura de ‘persona gestante’, que era un debate muy importante que se dio en el Congreso en relación a que hay maternidades travestis trans, son gestantes y están incluidas en la ley de aborto. La incorporación de ‘hijo por nacer’ y ‘vida desde la concepción’ es una señal de alerta clarísima en términos de cómo retrocede en las legislaciones ganadas en las calles y consensuadas en el Congreso como es la de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Nosotras leemos que hay un primer avance contra esa legislación que luego se podrá completar derogando la ley de aborto o afectando muy claramente esa legislación”, apuntó Cavallero.
“En lugar de hablar de la ‘gestación’, que es un término científico, hablan de la ‘concepción’, que es término moral. Y tomando definiciones tutelares de las mujeres embarazadas. Podemos leer lo que subyace detrás de esto, que si pueden retrotraerían la legalidad del aborto. No avanzaron en ese punto pero está claro que van en ese camino ya que restringen el derecho que nos garantiza el actual Código Penal. Y además muestra la incoherencia político-ideológica porque aparece el super liberalismo para todos los órdenes de la vida pero cuando son los derechos de las mujeres, son tutelares, ahí viene el control. Es una incoherencia muy fuerte”, remarcó Díaz.
Ley de los Mil Días
En relación a la Ley de los Mil Días, Sandra Tirado, ex secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud, que tuvo a cargo la aplicación de la ley desde su sanción, recordó que la esta ley se sancionó por unanimidad en ambas cámaras del Congreso hace tres años, de la mano de la Ley de IVE y que garantiza el acompañamiento del Estado en el caso de las mujeres y personas gestantes que quieren seguir con su embarazo. Explicó que ya desde el primer artículo, el proyecto de ley Ómnibus modifica las y los destinatarios de los objetivos de la ley: “La ley actual habla de ’embarazadas y personas con capacidad de gestar’ y después dice ‘niños y niñas durante los primeros 3 años’ y este proyecto dice solo ‘niños’ y ‘desde la concepción’. Ahí vemos el cambio de mirada”. “Al poner el niño desde el momento de la concepción genera un choque con la ley de IVE, deberá ser analizado. Volvemos a toda la discusión que tuvimos en 2018 y en 2020 y eso claramente es un retroceso”, agregó.
Así, el proyecto cambia el paradigma: niega la perspectiva de género y la suplanta por una perspectiva familiarista. ¿Cuál es el problema de este cambio y qué consecuencias puede tener en la práctica? “Donde había perspectiva de género, se habla de vínculos familiares y genera un nuevo capítulo de registro de embarazadas vulnerables y vínculos familiares, si esto siguiera su evolución habría que ver por qué ese registro. No tiene perspectiva de derechos. De hecho en el artículo 2, en el marco legal, no aparecen la ley 26061 (de los derechos de niñas, niños y adolescentes) y la 26485 (de violencia de género), que son necesarias porque justamente la Ley de los Mil Días plantea el derecho a la identidad, a la seguridad social y a vivir una vida libre de violencias. Ahí el trabajo era en relación a la violencia de género. Acá ya no aparece, acá habla de violencia familiar”, aclaró Tirado.
Recordemos que la Ley 26485 plantea distintos tipos y modalidades de violencia de género que van mucho más allá que la que pueda darse en el ámbito familiar y de relaciones familiares. Las últimas tipologías agregadas, por ejemplo, fueron la violencia política y la violencia digital.
Otra cuestión que no aparece en esta propuesta de modificación es el concepto de “autonomía progresiva” que les permitiría a adolescentes tomar decisiones que afectan a su cuerpo, como el acceso a una IVE por ejemplo, sin la necesidad de la aprobación de madres, padres o adultos responsables. Esto es considerado de gravedad por las especialistas. Otro aspecto cuestionado es que deja a criterio de las provincias la adhesión a la ley, lo que también limita la actuación y monitoreo de su aplicación, así como la producción de información sanitaria valiosa como indicadores de mortalidad materna, mortalidad infantil, prematurez, anemia, entre otros.
Ley Micaela
Por otro lado, la Ley Micaela también fue cercenada hasta reducirla a algo muy diferente de su objetivo, que es la capacitación obligatoria en materia de género y violencia de género al personal de los tres poderes del Estado. Ahora se propone limitar la capacitación a aquellas personas que estén involucradas en la materia (que son en general quienes ya están formadas en estas cuestiones). Además se reducen sus contenidos a la violencia intrafamiliar. “Ahí lo que vemos es una doble operación: por un lado, esta idea de reducir la lucha del feminismo a la violencia y despegarla de las violencias económicas, por ejemplo, de otro tipo de discusiones como la autonomía económica; y por supuesto también acotar la lucha del movimiento feminista solamente hacia el tema de violencia hacia las mujeres y no otro tipo de identidad de género”, analizó Cavallero.
En consonancia, Díaz dijo que “la reduce considerablemente en una visión que es coherente con algo que el presidente ha dicho más de una vez, que niega que exista la violencia de género, cuando solo en provincia hay cerca de 200 mil denuncias al año. Acá es recortado y negado cuando lo que necesitas es que los operadores del Estado en todos los niveles se capaciten para cambiar prácticas. En estos cuatro años de aplicación en la provincia se han producido cosas impresionantes, mejora la calidad de los trabajadores”. La ministra dijo además que en su jurisdicción la Ley Micaela va a seguir implementándose tal y como fue concebida. Las provincias tienen potestad sobre estos asuntos (aunque esto requiere siempre de presupuesto y voluntad política) y de hecho Buenos Aires tiene su propia Ley Micaela.
Ley de paridad de género
La paridad de género desaparece con el nuevo sistema electoral que propone la ley Ómnibus. Recordemos que Argentina fue pionera en el mundo en sancionar la ley de Cupo en 1991, que exigía que las listas legislativas estuvieran compuestas al menos por un 30 por ciento de mujeres. Ese 30 por ciento se convirtió en un techo y por eso llegaron las leyes de Paridad provinciales, avanzados los años 2000, y la nacional en 2017, para garantizar el 50 por ciento de composición femenina en las listas.
Para Díaz es grave la propuesta electoral que hace Milei: “La idea de candidatos uninominales no favorece los liderazgos de las mujeres. Qué pasa con la paridad en este tipo de sistema es toda una incógnita. Y sabemos que este sistema es el que ha permitido que la participación de las mujeres crezca. El uninominal hace que los que más recursos y tiempos tienen para dedicarle a la política ganen, y en general son los varones”.
“La paridad de género en el Congreso sigue siendo muy importante aunque sabemos que tiene sus límites, que haya una mujer en el Congreso no significa que defienda los intereses de las mayorías populares, pero de no estar esa ley el Congreso sería mucho más conservador y retrógrado”, dijo Cavallero. De aprobarse la ley Ómnibus “podríamos tener un Congreso cien por ciento de hombres –agregó–, además de eliminar las minorías electorales. Además también propone que las corporaciones puedan financiar sin límites a los partidos políticos, por lo cual empezaríamos a tener una democracia mucho más restringida donde solo podría hacer política electoral quien esté vinculado a financiamientos multimillonarios de corporaciones como vemos en el caso de La Libertad Avanza o de Juntos por el Cambio y sería muchísimo más difícil para otros partidos participar”.
¿Qué hacer frente la avanzada conservadora y antiderechos? Desde #Niunamenos convocan a todo el feminismo a unirse al próximo paro del 24 de enero. El otro actor clave es el Congreso, que debe defender su rol y no entregar las funciones que les fueron concedidas con el voto popular. “Estamos frente a alguien que está planteando un nuevo pacto social totalitario, necesitamos que se restablezca el acuerdo democrático que se ha conseguido en estos 40 años, es con más Estado y más eficiente, y con más democracia”, finalizó Díaz.
FUENTE: Pagina 12
El Gobierno empezó el año con
despidos de trabajadores estatales
Resumen Latinoamericano, 2 de enero de 2024.
Los telegramas y traslados compulsivos empezaron a darse el primer día del 2024. La conducción nacional de ATE se reunirá este martes para encabezar un plan de lucha.
“Es el primer día del año y ya recibimos denuncias sobre despidos, sanciones y traslados compulsivos en el Estado. La insensibilidad de este gobierno es absoluta, dejan a miles de familias en la calle. Son empresarios que no tienen ni idea sobre las verdaderas necesidades de la gente y violentan todas las normas”, denunció anoche el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar. La conducción nacional de ATE se reunirá este martes en la Ciudad de Buenos Aires para resolver medidas frente a los despidos.
El lugar donde ATE se convocó para monitorear el alcance de las cesantías es el hotel sindical ubicado en Moreno al 2.600, a partir de las 16.00 horas. El sindicato ya estaba en alerta a partir de la decisión del Gobierno de revisar todos los contratos con menos de un año de vigencia en la Administración Pública Nacional.
“Hay que salir a la calle de forma
masiva y en unidad con todos los
sectores”
También la seccional Capital de ATE denunció que trabajadores la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a enterarse en las últimas horas que quedarán sin empleo. Por el tipo de contrato en juego, hay siete mil trabajadores en riesgo de ser despedidos.
El gremio responsabilizó al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, por los despidos y los contrastó con la reciente decisión de “los funcionarios de la Ciudad de aumentarse sus ingresos en un 185 por ciento”.
Los despedidos son personas que la Ciudad contrató bajo el régimen del monotributo, algunos con años de antigüedad. “Cumplen funciones como agentes de tránsito, operadores territoriales y de asistencia técnica y social de los proyectos de reurbanización, trabajadores de programas Educativos, psicólogos de atención a personas en situación de calle, entre otros tantos”, detalló ATE Capital.
“No hay problemas de déficit en la Ciudad de Buenos Aires”, añadió el gremio para recordar que “de hecho, Larreta anunció antes de irse la creación de un fondo anticíclico.
FUENTE: Pagina 12
Milei: un mes de gobierno de 48%
de aumento en alimentos
Por Isaac Rudnik*, Resumen Latinoamericano, 2 de enero de 2024.
Una vez más, se constata que en los barrios populares en los que viven las familias de menores recursos, es donde primero y más fuertemente impactan los incrementos de precios. Probablemente, en los meses siguientes se produzcan subas de menor magnitud, pero sobre el piso de valores que no bajarán, mientras tanto los salarios y las jubilaciones mínimas, las asignaciones sociales, las remuneraciones de los empleos informales, reciben aumentos -si los reciben- siempre de menor cuantía. Por ahora, no hay ni final ni luz para este oscuro túnel en que nos metió el presidente.
El 10 de diciembre asumió el nuevo gobierno encabezado por Javier Milei, que según anunció en su discurso de asunción viene a resolver alguno de los problemas más graves que afectaron a los argentinos y argentinas en los últimos años: en primer lugar, la creciente inflación que no dejó de multiplicarse desde fines de 2007 a la fecha.
Dieciséis años de creciente inflación
A fines de 2007, se producen los primeros indicios de la reaparición esta enfermedad que llegaba para quedarse. Ya durante el segundo el gobierno de Cristina, desde 2012 a 2015, la Canasta Básica Total (CBT) subió un 165,90% y la Canasta Básica de Alimentos (CBA) aumentó 160,32%[1]
A su llegada a la presidencia a fines de 2015, Macri intento generar una expectativa positiva respecto a la solución de este cáncer (Macri dixit: “lo solucionamos rápidamente”). Pero por el contrario se pudo ir constatando rápidamente, que las recetas que fue aplicando su gobierno, lejos de empezar a resolver el problema, lo fueron agravando: en sus cuatro años de mandato la CBT se incrementó 349,87% y la CBA 310,12%
Alberto Fernández inició su gobierno con 4,26% de aumento en CBA, y 4,68% en la CBT en los primeros treinta días, diciembre de 2019. Al término de su presidencia, la suba total llegó a más de 1000% (más de mil por ciento) en ambas mediciones.
Desde fin de 2007 en adelante, a lo largo de dieciséis años los distintos gobiernos ensayaron estrategias similares: negociaciones con los formadores de precios con la puesta en marcha de programas de precios de referencia acordados con ellos (precios cuidados, precios cercanos, precios justos y otros parecidos), sin instalar controles reales para el cumplimiento de los “acuerdos”, evadiendo la aplicación de la ley de abastecimiento, y sobre todo, evitando confrontar con ellos. El resultado está a la vista: multiplicación exponencial de todos los precios no regulados, especialmente de los alimentos, que obviamente fueron dejando desfasados los precios regulados: energía, combustibles, transporte, tarifas en general, y sobre todo el valor de la divisa. En paralelo, un avance generalizado de la concentración en la producción y comercialización de alimentos, que fortalece la capacidad de negociación de los grandes grupos y un debilitamiento manifiesto de las herramientas de control del estado.
La “solución” libertaria
Ante el naufragio manifiesto de estas estrategias, que una y otra vez anunciaban “enérgicas” intervenciones del estado que nunca llegaron a producirse, Javier Milei desarrolla la misma argumentación que instala en todos los frentes en los que disputa contra la presencia del estado. Según su curioso parecer, los supuestos controles que se instalaron (que en la realidad no fueron tales) no tuvieron ningún efecto, porque cualquier interposición del estado sobre la dinámica del mercado está destinada al fracaso.
Por este camino llega a la conclusión que la liberación total de todo tipo de barreras o vigilancias, va llevar al autocontrol de los monopolios, y a la moderación de los incrementos en los precios de la economía en general, y de los alimentos en particular. Según esta insólita teoría, los grandes formadores de precios que en estos años fueron adquiriendo cada vez más poder, y que nunca dejaron empujar para aumentar sus ganancias subiendo los precios, ahora que no se les aplica ninguna limitación se van restringir solos, induciendo a una tendencia inflacionaria descendente.
Resultado: en su primer mes de gobierno con esta orientación, los alimentos suben 48,48%.
Según el relevamiento mensual que realizamos en 850 negocios de cercanía de barrios populares de 20 distritos del conurbano bonaerense, una familia de dos adultos/as y dos hijos/as pequeños/as en noviembre pasado necesitaba para adquirir sus alimentos indispensables durante todo el mes $182.905 , mientras que en diciembre –ya con Javier Milei en la conducción del gobierno nacional- la misma familia requirió para tener los mismos alimentos en su mesa la suma de $271.572 o sea 48,48% más que treinta días antes.
Esta abrupta suba en diciembre también contribuyó a elevar fuertemente la variación anual, que ya venía muy alta (185% de noviembre 2022 al mismo mes de 2023). Así a lo largo de todo el año 2023 la CBA subió por encima del 323%.
Por su lado, la Canasta Básica Total (CBT) que incluye, además de los alimentos, un conjunto de productos que son igualmente indispensables para la vida cotidiana de las familias y las personas, tuvo en diciembre una suba de 45,71%, mientras el incremento en todo el 2023 llegó a 292%. Así, una familia de cuatro personas requirió en diciembre casi 180 mil pesos más que en noviembre para adquirir sus productos básicos, y no caer bajo la línea de pobreza.
En los doce meses de 2023 las carnes encabezaron los aumentos con un 354,03%, seguidas por los productos de almacén que se incrementaron 350%, y las verdura y frutas tuvieron subas de 222,21%.
Cena de Navidad y/o Año Nuevo, difícil de solventar
Según nuestro relevamiento de precios para una austera cena navideña y/o de año nuevo, compuesta por 22 productos básicos, el incremento de la misma mesa con los valores del año pasado tuvo una suba de 209% si optan por comer pollo, y si eligieron reemplazar el pollo por una tira de asado de 2kg el aumento es 278%.
A finales de 2022 esta cena con pollo se podía cubrir con $6785, mientras que este año la misma costó $20.966. Con asado el año pasado costaba $8060, y doce meses después se podía repetir sólo si la familia podía gastar $ 30.466 en la comida de una sola noche.
Es difícil ver que una familia en la que el jefe y la jefa de hogar tiene empleo registrado y cada uno cobra el salario mínimo, hayan podido gastar más de $50.000 para disfrutar de una cena con asado y la otra con pollo en ambas fechas. Ni pensar si tienen que deambular detrás de empleos informales, con salarios inferiores al mínimo, situación que padecen una gran parte de los hogares que se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
Una vez más se constata que en los barrios populares en los que viven las familias de menores recursos, es donde primero y más fuertemente impactan los incrementos de precios. Probablemente en los meses siguientes se produzcan subas de menor magnitud, pero sobre el piso de valores que no bajarán, mientras tanto los salarios y las jubilaciones mínimas, las asignaciones sociales, las remuneraciones de los empleos informales, reciben aumentos -si los reciben- siempre de menor cuantía. Por ahora no hay ni final ni luz para este oscuro túnel en que nos metió el presidente.
Los productos que más aumentaron
*Isaac Rudnik es Director Nacional del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI).
[1]Todos los datos de variación de precios de esta nota son los que surgen del Índice Barrial de Precios, relevados en el conurbano bonaerense.
FUENTE: ISEPCi
Gobierno de Milei suspende el
acceso a créditos sociales para
jubilados y pensionados
Resumen Latinoamericano, 2 de enero de 2024.
El cese de los financiamientos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se publicó este martes en el Boletín Oficial.
El Gobierno de Javier Milei en Argentina suspendió el acceso a los créditos para pensionados y jubilados que se otorgaban mediante el programa de financiamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
La decisión, que apareció publicada este martes en el Boletín Oficial, entrará inmediatamente en vigencia. El Gobierno justificó la medida alegando que el contexto económico “torna dificultoso ponderar el índice inflacionario de los próximos meses, así como la tasa de interés a aplicar dentro del mercado de préstamos personales”.
Esos créditos se otorgaban con dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), a cargo del ANSES, para “contribuir a la preservación del valor y la rentabilidad” de esos recursos. No obstante, la administración de Milei se ampara en el cuestionado Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para desregular el comercio, los servicios y la industria, lo que ahora toca a los créditos preferenciales que se otorgaban a jubilados y pensionados.
El programa de créditos se anunció en noviembre del año pasado, cuando la cartera de Economía era ocupada por el excandidato presidencial Sergio Massa.
Las condiciones de acceso eran más flexibles que en una entidad bancaria y le permitían a personas en edad de jubilación del Sistema Integrado y Previsional Argentino (SIPA) tener acceso a financiamientos de entre 250.000 y 600.000 pesos (312 a 750 dólares); con una tasa nominal anual (TNA) del 29%, que era muy baja, ya que representaba un tercio de la que ofrecen en el mercado; y con la posibilidad de cubrir la deuda en 24, 36 o 48 cuotas.
La cancelación también afecta a los trabajadores en situación en dependencia, quienes ya no podrán acceder a créditos de hasta 1.000.000 de pesos (1.250 dólares) a los que tenían derecho.
En el apartado de “considerandos”, el Gobierno del libertario aseguró que la medida está en consonancia con el DNU porque deroga “toda normativa que distorsione precios del mercado que impida la interacción de la oferta y demanda de manera espontánea para corregir la crisis que enfrenta la economía argentina y promover a su reconstrucción”.
La suspensión de los créditos estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 y seguirá en estado de “revisión”. En el apartado de consideraciones, ANSES estimó “deseable” el freno a los financiamientos “como una medida preventiva en resguardo de la rentabilidad del fondo, y con el fin de privilegiar la liquidez del mismo”.
Del mismo modo, la resolución adelanta que la medida podría extenderse de manera indefinida, “hasta tanto se estabilicen las variables económicas y puedan evaluarse las condiciones financieras vigentes y los ajustes que eventualmente correspondan efectuar dentro del Programa”.
FUENTE: RT
Milei recibirá a una comitiva del
FMI para renegociar la deuda
Resumen Latinoamericano, 2 de enero de 2024.
El anuncio fue oficializado por el vocero presidencial, Manuel Adorni.
El vocero presidencial de Argentina, Manuel Adorni, anunció que el próximo jueves funcionarios del Gobierno de Javier Milei recibirán a una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para rediscutir la deuda que el país sudamericano mantiene con el organismo.
“A la comitiva la van a recibir el jefe de Gabinete [Nicolás Posse] y el ministro de Economía [Luis Caputo], en línea con renegociar el acuerdo que se encuentra virtualmente caído”, dijo en conferencia de prensa.
Este será el primer encuentro formal del FMI en Buenos Aires con el nuevo Gobierno argentino, que asumió el pasado 10 de diciembre.
La deuda, que fue contraída durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019), ronda los 45.000 millones de dólares y representa el monto más abultado que el organismo ha autorizado en su historia.
El encuentro con el FMI tiene carácter de urgente ya que el 9 y 16 de enero Argentina debe pagar vencimientos por 1.900 millones de dólares y el presidente ha advertido que no hay recursos.
Por otra parte, Adorni convocó a la dirigencia política, sindical y a la ciudadanía en general a formar parte del cambio que propone Milei, basado en un duro ajuste del gasto público y la desregulación total de la economía.
“Quien no acompañe será porque efectivamente considera que la mitad del país pobre, que cinco millones de indígentes, que la falta de empleo y salario y que estar alejado del mundo es el camino. Como para nosotros no es el camino, invitamos a todos aquellos que quieran sumarse a un país más normal”, afirmó.
Fuente: RT.
Envio:RL
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