Alberto Presti es hijo de un genocida
Quién es el nuevo jefe del Ejército y qué hay detrás de la "purga" en las Fuerzas Armadas
El abogado especializado en Derechos Humanos Pablo Llonto subrayó que la designación de Alberto Presti al frente del Ejército "es una señal política" y que "forma parte de la reestructuración en el Ministerio de defensa que está llevando a cabo el ministro Luis Petri".
Llonto recordó que Presti es hijo del genocida Roque Carlos Presti, "quien murió impune", y aunque evaluó que "un hijo no tiene que responder necesariamente por lo que hizo el padre", observó con preocupación que la designación pueda implicar un retroceso en materia de Derechos Humanos al interior del Ejército.
Además, el abogado recordó que Roque Presti estuvo a cargo de lo que se conocía como el Área Operacional 113 —el país estaba dividido en áreas, para que cada una se encargara de la represión de su zona— y él estaba al frente del regimiento de Infantería 7 de La Plata en "los años centrales de la dictadura cívico-militar.
"Políticamente es una señal que Presti esté ocupando el cargo de jefe del Ejército. Que hayan pasado a retiro a 22 oficiales de mayor edad que él. Esto forma parte de la reestructuración en el Ministerio de defensa que está llevando a cabo el ministro Luis Petri", sostuvo.
"Petri ha tomado una decisión política seguramente bajo el paraguas de Patricia Bullrich y de la vicepresidenta (Victoria) Villarruel de poner a la mayor cantidad de oficiales de las FFAA en el Ministerio de Defensa en posiciones que antes eran cumplidas por civiles", agregó.
"Habrá que ver qué se trae bajo el poncho esta conducción del Ministerio de Defensa respecto a los militares condenados por genocidios que seguramente es uno de los puntos en los que intentará avanzar la vicepresidenta Villarruel, el propio presidente Milei, el Ministerio de Defensa y los propios genocidas que ya andan reclamando aceleración de soluciones para los militares condenados", cerró.
Pedido de esposas, madres y hermanas de genocidas
Familiares de represores les reclaman a Milei y Villarruel que cumplan su promesa de campaña y los dejen en libertad
La movida es encabezada por Cecilia Pando y la madre y la hermana de Alfredo Astiz, entre otras. A través de una carta pública, explicitaron que hubo contactos con La Libertad Avanza (LLA) y afirman que el presidente y su vice incumplen lo pactado.
La luna de miel entre el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y las familias de los represores parece estar llegando a su fin. Esposas, hermanas y madres de condenados por delitos de lesa humanidad les reclamaron en una carta pública a Javier Milei y Victoria Villarruel que cumplan con lo que les habían prometido durante la campaña en un reconocimiento explícito de que hubo contactos y acuerdos.
En una nota publicada en el diario La Nación, un grupo de mujeres que militan contra los juicios por crímenes cometidos durante los años del terrorismo de Estado se quejaron porque los festejos de Año Nuevo están empañados por la prisión de sus familiares o amigos.
“¿Por qué las autoridades no cumplen con las promesas hechas a los familiares de las víctimas del terrorismo judicial de hoy y abandonan a quienes lucharon también por la vida de ellos y los retienen presos hasta los 100 años sufriendo tratos crueles y degradantes?”, se preguntan en el texto en el que presentan a los represores como damnificados por el accionar del Poder Judicial. No es una novedad la estrategia: ya lo había hecho la propia Villarruel en el debate vicepresidencial con Agustín Rossi cuando dijo que el represor multicondenado Juan Daniel Amelong había sido victimizado por el proceso judicial.
La carta cierra con una pregunta: “¿Es que ya no corre por nuestras venas una sola gota de sangre?” El interrogante parece estar centrado en Villarruel, hija de la familia militar y quien –como reveló Página/12– solía marchar por la libertad de los genocidas antes de mutar hacia la representación de las “víctimas del terrorismo”.
Quiénes firman la carta por la liberación de los represores
Cecilia Pando es una de las firmantes de la carta. Durante la campaña, Pando apoyaba la candidatura de Patricia Bullrich y no perdía oportunidad para atacar a Villarruel, a quien le reprocha haber abandonado la causa de los “presos políticos” –como denomina a los genocidas encarcelados. Meses atrás, Pando le enrostró a Villarruel sus visitas a los represores en las cárceles y la acusó de haber firmado libros que, en realidad, escribía Alberto González, un marino condenado a perpetua por crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Ana Magi también firma la carta. Es la esposa de Ernesto “Nabo” Barreiro, el excarapintada condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en Córdoba, y una de las militantes más reconocidas de la causa de la “otra campana del Nunca Más”. Otras de las mujeres que se sumaron a la cruzada fueron María Inés Lamolla –esposa de Carlos Esteban Pla, condenado a perpetua en San Luis– y Marta Ravasi, la psicóloga que diez años atrás estuvo acusada de facilitar la huida de su marido, Jorge Olivera, del Hospital Militar.
La periodista tucumana Luz García Hamilton también fue de la partida. García Hamilton se moviliza contra los juicios en Tucumán y se la ha fotografiado colgando carteles contra referentes del movimiento de derechos humanos como Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Armó el grupo de “las chicas del Operativo Independencia” para asistir a las audiencias de ese juicio para darles apoyo a los represores que estaban en el banquillo.
La familia de Alfredo Astiz se sumó a la movida para reclamar la libertad de los genocidas. Su madre, María Elena Vázquez, fue una de las que rubricó la nota. Lo mismo que la hermana del exmarino, Lucrecia.
Graciela de la Villa, esposa de Adolfo Donda, también firmó con ellas al igual que Patricia Isabel Mauriño, que está casada con Rafael Barreiro –un militar que fue excarcelado días después de que asumieron Milei y Villarruel-.
La carta de las mujeres explicita que hubo un compromiso de los dirigentes de LLA con las familias de los presos de lesa, que –hasta ahora– se intuía pero del que no se tenía confirmación. Durante la campaña, hubo expresiones de júbilo por parte de quienes están detenidos por crímenes contra la humanidad. Entre ellos, Jorge Acosta, el exjefe de inteligencia del grupo de tareas que operaba en la ESMA. “Se aproxima la hora de la verdad”, había escrito el exmarino condenado a prisión perpetua. Otros represores –con condenas no firmes y en prisión domiciliaria– pidieron ir a votar en el balotaje con un entusiasmo que no se había percibido antes.
Después de que Milei derrotó a Sergio Massa en la segunda vuelta, la Unión de Promociones (UP) le hizo llegar una carta al Presidente en la que le solicitaba una “solución definitiva” para los presos de lesa humanidad. El intermediario fue el diputado de LLA Facundo Correa Llano, uno de los legisladores que estuvieron reunidos el miércoles con Milei.
Hasta ahora, la única señal que se conoció vino del lado de la justicia. Una sala de la Cámara Federal de Casación Penal envió un pedido para discutir la prisión domiciliaria de los mayores de 70 --formulado por los defensores de Diego Chemes, represor del Vesubio. La solicitud se cursó horas antes de que Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia de Milei, llegara para una visita protocolar al primer piso de los tribunales de Comodoro Py.
Reclama por la libertad de los represores y es el nexo con Victoria Villarruel
Patricia Bullrich oficializó a Carlos Manfroni como su jefe de gabinete
Durante el macrismo tuvo que pasar a cuarteles de invierno después de que se conocieran sus columnas en la revista procesista Cabildo en las que despotricaba contra el rock.
Patricia Bullrich oficializó a Carlos Manfroni como su jefe de gabinete en el Ministerio de Seguridad. Manfroni aboga porque no haya represores mayores de 70 años en las cárceles –que ahora también dependen de Bullrich– y es un puente con la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien escribió un libro.
Manfroni y Bullrich se conocen desde hace, al menos, 20 años. En 2003, el abogado la secundó en la boleta para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Después, ella lo llevó al Congreso como su asesor en temas de corrupción. Cuando Mauricio Macri la puso al frente de la cartera de Seguridad, Bullrich nombró a Manfroni como su enlace con el Poder Legislativo, pero el nombramiento quedó en la nada cuando Página/12, en una nota de Horacio Verbitsky, reveló que era un antiguo columnista de la revista procesista Cabildo y en sus artículos despotricaba contra el rock. Hasta Charly García pidió su salida. Bullrich buscó un cargo menos visible para Manfroni entonces: lo puso al frente de las investigaciones internas del Ministerio de Seguridad. Lo escondió, pero no lo corrió de la gestión. Cuando desapareció Santiago Maldonado, Manfroni fue parte de su “equipo de crisis”.
Manfroni tiene nueve libros escritos. Uno de ellos, Los otros muertos, con Villarruel. Esa publicación –hecha en 2014– se presenta como el “Nunca Más” de las “víctimas del terrorismo”. El abogado podría funcionar como un punto de acercamiento entre Bullrich y Villarruel, las dos mujeres que se disputan la conducción de los uniformados. Manfroni posiblemente se ocupe de acercar esos dos mundos a través de un tema de interés de los tres: la situación de los detenidos por delitos de lesa humanidad.
En una columna publicada en el diario La Nación el 30 de junio pasado, Manfroni afirmó que nadie debería estar en prisión después de los 70 años. Esa afirmación implicaría decir que no debe haber presos por lesa humanidad porque, en su gran mayoría, los represores superan los 70 años. En ese mismo texto, el ahora funcionario adelantó que los equipos de Bullrich estaban trabajando en una “solución” para los detenidos de lesa que implicaba la “aplicación lisa y llana de las convenciones internacionales de derechos humanos”. Después de la asunción de Javier Milei, el tema apareció curiosamente en la agenda de la Cámara de Casación Penal, que posiblemente debata la domiciliaria para mayores de 70 años después de febrero.
Fuente:Pagina12
Repudio desde Mendoza por la
elección de Jerónimo Shantal para
la Dirección de Minería
Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2024.
Desde la Asamblea de Las Heras Por el Agua Pura repudiamos profundamente el nombramiento del abogado Jerónimo Shantal al frente de la Dirección de Minería de la provincia de Mendoza. Esta decisión del gobernador Cornejo no solo pone a cargo de esa dirección a un ex asesor de la legislatura que con falsas acusaciones tuvo en jaque a varias/os de nuestras/os compañeros en las jornadas de diciembre de 2019 (defensa de la ley 7722), sino que incluso, a partir de ellas, nuestra compañera Nora Moyano, permanece imputada hasta el día de hoy.
También denunciamos la interpretación absolutamente discrecional de las leyes en nuestra provincia. Mientras por un lado pretenden ser rigurosos en toda aquella legislación que restringe, controla, impide o criminaliza la protesta social, por el otro hacen caso omiso de las estrictas especificaciones para nombrar un responsable en la citada Dirección, que establece la ley de procedimiento minero: “el titular de la Dirección de Minería debe ser ingeniero en minas o geólogo” (más allá de que terminen dibujando un puesto de “asesor a cargo”).
Creemos que esta decisión, junto con expresiones públicas de la directora de desProtección Ambiental, Miriam Skalany -de “mostrar a la parrilla a ‘chivos’ que protestaban en la ruta”- son muestras claras del disciplinamiento social mediante amedrentamiento que pretenden estos gobernantes, ante el promovido avance de los poderes concentrados sobre nuestros Bienes Comunes.
Dictaron una medida cautelar que
suspende la reforma laboral incluida
en el DNU de Milei
Por Patricia Blanco, Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2024.
La Cámara Nacional del Trabajo aceptó el pedido de la CGT y suspendió los efectos del título IV del decreto de desregulación de la economía hasta que haya una sentencia definitiva sobre la cuestión
La Justicia del Trabajo resolvió este martes hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la CGT que suspende la aplicación de las normas laborales incluidas en el DNU del presidente Javier Milei. Se trata del primer freno que imponen los tribunales a los alcances del decreto de necesidad y urgencia 70/2023. “Las formas republicanas no son mera retórica, sino que hacen a la esencia misma del sistema”, advirtió el fallo, que hasta incluyó citas a Juan Bautista Alberdi, el jurista admirado por el jefe de Estado.
Por dos votos a uno, la Cámara de feria ni siquiera esperó la justificación oficial en el expediente para defender el DNU, justo cuando estaba en juego si podía pronunciarse. Se descuenta que el Gobierno apelará la resolución ante la Corte Suprema. El Procurador del Tesoro Rodolfo Barra quería que el caso quedara bajo la órbita del fuero en lo contencioso administrativo, que ya concentró la mayoría de las presentaciones.
“Es un hecho público y notorio que el de los trabajadores es un sector socialmente vulnerable y que se encuentran en juego derechos de naturaleza alimentaria -per se o por sus derivaciones-, no tengo dudas de que se encuentran configuradas las circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican el dictado de una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Titulo IV TRABAJO del Decreto de Necesidad y Urgencia n.° 70/23 hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en estos actuados (arg. art. 5° segundo párrafo de la ley 26854)”, sostuvo el fallo de la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo
La decisión fue firmada por mayoría por los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Vior, que resolvió frenar los tramos que aluden a las modificaciones laborales. En disidencia, la tercera jueza Dora González decía que el caso había que pasarlo a la Cámara Contencioso Administrativo Federal para que defina qué fuero debe tramitar el expediente, como había dicho la fiscalía.
“Sin perjuicio de destacar que al dictarse el decreto de necesidad y urgencia en cuestión no se le fijó fecha de entrada en vigencia, de modo tal que no lo hizo en forma inmediata a su publicación sino de conformidad con lo regulado en los art. 5° y 6° del Código Civil y Comercial, a mi entender los propios considerandos de dicho DNyU traducen -al menos en lo que respecta a la materia laboral- que no se evidenciaría objetivamente la ‘necesidad’ de adoptar tan numerosas medidas y que, aunque ello pudiera -hipotéticamenteintentar justificarse en la referencias genéricas a ‘un hecho demostrado’, lo cierto y jurídicamente relevante es que no se avizorarían las que se alegan constituyan razones de ‘urgencia” para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo, máxime cuando varias de las normas que el Poder Ejecutivo Nacional pretende modificar sin darle intervención a los legisladores tienen naturaleza represiva o sancionatoria al punto que se las ha incluido como integrativas del derecho penal laboral, calificadas como’“leyes antievasión’”, sostuvo el voto de Sudera.
Y añadió: “no se explica cómo las reformas planteadas, de aplicarse en forma inmediata y por fuera del trámite normal de sanción de las leyes, podrían remediar la situación referida a la generación de empleo formal, máxime cuando el propio decreto reconoce que se encuentra estancada hace 12 años, lo que impide -en principio- considerar la irrupción de alguna circunstancia súbita, imprevisible o de extrema ‘excepcionalidad’”.
“Por otro lado, creo pertinente destacar que resulta también una inveterada doctrina del máximo tribunal que las consideraciones genéricas expuestas en los considerandos de los Decretos de Necesidad y Urgencia resultan inhábiles para justificar el dictado de medidas legislativas por parte del Poder Ejecutivo Nacional”, afirmó.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/HEDYMLKR3JE5DGLWRXTZM5RKDY.jfif%20420w)
La semana pasada, a horas de la masiva movilización al Palacio de Tribunales que tuvo lugar el último miércoles de diciembre del 2023, la CGT presentó un amparo para que se declarara la inconstitucionalidad del título IV del DNU en el que se derogan leyes laborales y se hacen modificaciones a otras. La entidad pidió, previamente a resolver ese planteo, que se dicte una medida cautelar que suspenda su entrada en vigencia.
El juez José Ignacio Ramonet, que recibió la denuncia, rechazó dictar una precautelar porque el decreto aún no había entrado en vigencia, pero se declaró competente para intervenir en el reclamo de la CGT. Y le pidió a la Jefatura de Gabinete de la Nación, a cargo de Nicolás Posse, que en tres días conteste la demanda de la entidad sindical.
En ese interín, Barra se presentó ante el juez del fuero en lo contencioso administrativo Esteban Furnari, que tramita el primer amparo colectivo y fue concentrado decenas de demandas. El Ejecutivo le reclamó que pida la causa de la CGT. El juez hizo lugar. Sin embargo, Ramonet se resistió a entregar en ese tramo su causa. Para esa altura, la CGT fue la Cámara del Trabajo para insistir con frenar la aplicación del DNU.
Lo primero que hizo la la Cámara del Trabajo fue pedirle opinión al fiscal. Y fue entonces que ayer, martes, el fiscal general interino ante la Cámara del Trabajo Juan Manuel Domínguez dictaminó que la Cámara en lo Contencioso Administrativo debe resolver sobre si ese fuero se queda con la causa que impulsó la CGT contra el DNU de Javier Milei, en base a la ley de cautelares.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GMOYDEOZLZADNPB64NBMELTJAQ.jpg%20420w)
Procurador del Tesoro Rodolfo Barra Foto NA
La decisión entonces estaba en manos de la Cámara del Trabajo. Y resolvió voltear, por dos votos a uno, las reformas laborales que ponía en vigencia el DNU.
La primera en pronunciarse fue a jueza González, que quedó en minoría. “Comparto lo dictaminado por el Sr. Fiscal General en cuanto en el presente caso”, dijo la jueza. Distinta fue la interpretación del juez Sudera, al que adhirió su colega García Vior.
“No se me escapa que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal n.° 2 admitió la inhibitoria planteada por el Estado Nacional – Jefatura de Gabinete de Ministros (respecto de lo cual no hay comunicación formal en estos actuados -sólo un informal email-, pero sí reconocimiento de la recurrente), con relación a la causa principal de esta incidencia, y requirió al Sr. Juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo n.° 69 su remisión para proseguir su trámite ante aquella sede, en el marco del proceso colectivo “Asociación Civil Observatorio del Derecho a la ciudad y otros c/ EN-DNU 70/23 s/ amparo ley 16986″, señaló. Pero como la CGT había apelado, Sudera dijo “en mi opinión aún no es posible considerar que tal pronunciamiento se encuentre firme y en condiciones de ser ejecutoriado”, dijo. Es más, añadió: “aún en la hipótesis de considerarse configurado un conflicto positivo de competencia, ello no impediría ni exime de emitir pronunciamiento”.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IGUKB4E6TFBVLAFG7AP6F2FQGA.jpg%20420w)
Marchas al Congreso el 21/12/2023 tras el anuncio del DNU (Europa Press)
En el voto que construyó el corazón del fallo, Sudera afirmó: “se dan, a mi ver, circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican tanto la asunción de la competencia cuanto la habilitación de la vía elegida, en tanto la aptitud jurisdiccional de esta Justicia Nacional del Trabajo para entender en la contienda resulta inobjetable no sólo en base a las normas procesales antes mencionadas, que definen su ámbito material de actuación, sino también por su especial versación en materia de derecho social”, afirmó.
Sobre esa base, Sudera analizó el DNU y sostuvo: “En el presente se encuentra transcurriendo el plazo de 3 días concedido en los términos del art. 4.2 de la ley 26854 para que el Estado Nacional dé cuenta del interés público comprometido, y si bien podría disponerse la espera del mismo para emitir pronunciamiento en el marco del presente recurso de apelación, dada la entidad de las modificaciones dispuestas en la norma y su inmediata incidencia no sólo en las relaciones de trabajo en general, sino particularmente en la regulación de la actividad sindical y su financiamiento, ninguna razón advierto para dilatar un pronunciamiento que deje en suspenso lo dispuesto en el mencionado DNyU en materia laboral”.
El fallo fustigó al juez de primera instancia por avanzado antes con un freno al DNU. Y habló del “peligro en la demora” frente a disposiciones del DNyU que establecen importantes modificaciones de aplicación inmediata en materia de interpretación de las normas, contratación laboral, modalidades contractuales, derechos y obligaciones de las partes, protección de la trabajadora embarazada y de la maternidad, jornada, protección contra el despido arbitrario, ruptura del contrato y sus consecuencias, discriminación y sus consecuencias, funcionamiento de las asociaciones gremiales, conflictos colectivos”.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/WDLYVWNAJFBGPNB6Q2RDC3O47U.jpg%20420w)
Alejandro Sudera
Citando jurisprudencia de la Corte Suprema sobre el alcance de los DNU, el juez también hizo un tiro por elevación al presidente Milei. “Viene a mi memoria que en su inmortal obra ‘Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina -que obró como una de las fuentes materiales de la Constitución Nacional de corte liberal de 1853- Juan Bautista Alberdi se preguntó -y respondió- al respecto: “¿Qué importa que las leyes sean brillantes, si no han de ser respetadas? Lo que interesa es que se ejecuten, buenas o malas; ¿pero, cómo se obtendrá su ejecución si no hay un poder serio y eficaz que las haga ejecutar? ¿Teméis que el ejecutivo sea su principal infractor? En tal caso no habría más remedio que suprimirlo del todo”.
La cita continúa: “¿Pero podríais vivir sin gobierno? ¿Hay ejemplo de pueblo alguno sobre la tierra que subsista en un orden regular sin gobierno alguno? No: luego tenéis necesidad vital de un gobierno o poder ejecutivo. ¿Lo haréis omnímodo y absoluto, para hacerlo más responsable, como se ha visto algunas veces durante las ansiedades de la revolución? No: en vez de dar el despotismo a un hombre, es mejor darlo a la ley. Ya es una mejora el que la severidad sea ejercida por la Constitución y no por la voluntad de un hombre. Lo peor del despotismo no es su dureza, sino su inconsecuencia, y sólo la Constitución es inmutable. Dad al poder ejecutivo todo el poder posible, pero dádselo por medio de una constitución”.
Tras subrayar que “las formas republicanas no son mera retórica, sino que hacen a la esencia misma del sistema”, el fallo afirmó que “resulta una inveterada doctrina del máximo tribunal que las consideraciones genéricas expuestas en los considerandos de los Decretos de Necesidad y Urgencia resultan inhábiles para justificar el dictado de medidas legislativas por parte del Poder Ejecutivo Nacional”.
Sudera recalcó que “los propios considerandos de dicho DNyU traducen -al menos en lo que respecta a la materia laboral- que no se evidenciaría objetivamente la ‘necesidad’ de adoptar tan numerosas medidas y que, aunque ello pudiera -hipotéticamenteintentar justificarse en la referencias genéricas a ‘un hecho demostrado’, lo cierto y jurídicamente relevante es que no se avizorarían las que se alegan constituyan razones de ‘urgencia’ para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo, máxime cuando varias de las normas que el Poder Ejecutivo Nacional pretende modificar sin darle intervención a los legisladores tienen naturaleza represiva o sancionatoria al punto que se las ha incluido como integrativas del derecho penal laboral”.
Así las cosas, por mayoría, la Cámara del Trabajo resolvió: “díctase una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Titulo IV TRABAJO del Decreto de Necesidad y Urgencia n.° 70/23 hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en estos actuados”, con costas.
FUENTE: Infobae
Javier Milei avanza con su ajuste
y crece la resistencia al DNU y la
ley ómnibus
Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2024.
Gobernadores patagónicos cuestionaron las modificaciones a la Ley de Pesca. La CGT ratificó su paro con movilización para el 24 de enero y desmintió que exista un “canal de diálogo abierto” como afirma la Casa Rosada. Volvieron a subir las naftas.
FRANCOS ANALIZÓ CON VILLARRUEL Y MENEM LA CONFORMACIÓN DE COMISIONES PARA TRATAR DNU Y LEY ÓMNIBUS
El ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunió hoy en la Casa Rosada con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; para analizar la conformación de la comisiones que tratarán el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el proyecto de ley ómnibus enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso.
El encuentro, en el que también participó el Secretario de Relaciones Parlamentarias y con la Sociedad Civil, Omar de Marchi, se concretó este mediodía en el despacho del ministro del Interior tras la reunión que encabezó el presidente Javier Milei, también en la Casa de Gobierno, con legisladores de La Libertad Avanza para analizar estrategias que buscan aprobar ambas iniciativas.
EL BLOQUE DE DIPUTADOS DEL PRO SE REÚNE A TRATAR LA LEY ÓMNIBUS
OTRA CRÍTICA A LA LEY ÓMNIBUS POR LAS POSIBLES CONSECUENCIAS EN LA ACTIVIDAD PESQUERA
La subsecretaria de Pesca de Río Negro, Jessica Ressler, aseguró este miércoles que los cambios que el Gobierno nacional pretende realizar por medio de la llamada Ley Ómnibus en la norma que regula la actividad pesquera “atentan” contra el sector “y la sustentabilidad del mar”.
“Son modificaciones que atacan por completo a la actividad pesquera, que ponen en peligro la soberanía y la sustentabilidad de los recursos marinos argentinos“, afirmó en declaraciones periodísticas.
Ressler consideró que la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional expresa un “desconocimiento sobre cómo es la actividad pesquera en el Mar Argentino” y “no tiene en cuenta a los actores principales del rubro”, como lo son “el Consejo Federal Pesquero ni a las provincias con litoral marítimo”, entre ellas Río Negro.
FUENTE: Pagina 12
Distintos sectores de la cultura
invitan a subirse al “Colectivo
Anti-Ómnibus” este jueves en
Plaza Congreso
Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2024.
Organizada por la Frente de Soberanía Cultural (FSC), se realizará una intervención artística a partir de las 18 en defensa del campo cultural. La consigna es “la Cultura está en peligro”.
La convocatoria se realizará bajo la consigna “La Cultura está en peligro”. La intervención artística representará, precisamente, los peligros que acechan a la cultura si entraran en vigencia las leyes del proyecto del Ley Ómnibus que el Poder Ejecutivo envió al Congreso.
“La Ley Ómnibus de Milei quiere arrasar con la soberanía cultural. Construyamos un colectivo de cultura federal y solidario en defensa de nuestro pueblo”, dicen desde el Frente de Soberanía Cultural (FSC) que convoca a la intervención artística abierta y participativa mañana, en la Plaza del Congreso de la Nación a partir de las 18.
Y agrega: “La convocatoria tiene dos dimensiones. Por un lado, al público en general y a la comunidad cultural toda. Por otro, para colectivos culturales teatrales que quieran formar parte activamente, de manera presencial ese día en la plaza o través de las redes sociales.”
La organización del “Colectivo Anti-ómnibus” se da como consecuencia del plenario de más de 3000 integrantes de distintos campos de la cultura que se realizó la semana pasada en la Plaza de la Memoria del Teatro Argentino de La Plata.
Allí se dieron cita representantes del teatro, el cine, las librerías, la música, gremios, y docentes y estudiantes universitarios. La reunión contó con la presencia, además, del ex ministro de Cultura Tristán Bauer y Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la Provincia.
Del multitudinario plenario que se realizó en La Plata surgió el frente de artistas (escritores, músicos, actores, etc.) convocados y autoconvocados para generar una respuesta a la ley ómnibus“.
Participaron de él conocidas figuras de la cultura como Raúl Rizzo,Teresa Parodi, Luisa Kuliok y Cecilia Rossetto entre otras.
Como se sabe, la ley presentada por Milei ante el Congreso contempla el cierre del Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, el desfinanciamiento del INCAA, el Instituto Nacional de la Música y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Además, prevé la derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera N° 25.542, que establece que los editores deben fijar el precio de venta de los libros. De aprobarse las leyes referidas al campo cultural , el sector se vería perjudicado en su conjunto. Por esta razón, la consigna de la convocatoria es “la cultura está en peligro”.
Las medidas que quieren implementarse no sólo tienen una voluntad expresa de dañar, sino que, además, revelan que el gobierno de Milei desconoce cuál es el mecanismo de cada uno de los sectores que componen el campo de la cultura.
“Vale destacar que en dicha reunión –dicen desde la entidad organizadora de la convocatoria.-se definió un plan de acción a seguir con encuentros, intervenciones públicas de visibilización en el marco de una campaña federal, amparos judiciales, diálogo legislativo y con el resto de los colectivos que se oponen al proyecto presidencial. En este caso, serán grupos de teatro y de artes escénicas quienes lleven adelante la intervención.”
Los grupos interesados pueden escribir al Instagram o al mail establecido para tal fin. .
Bajo la consigna “la cultura está en peligro”, la convocatoria a participar de la intervención artística abierta tendrá lugar el jueves 4 de enero a partir de las 18 en Plaza Congreso
FUENTE: Tiempo Argentino
ATE convocó a una “jornada de
lucha” contra los despidos en el
Estado y el ajuste de Milei
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una "jornada de lucha" para el 15 de enero, apenas nueve días antes de la movilización que hará el 24 la CGT, en protesta por los despidos en varios sectores del Estado nacional y porteño. En los primeros días de 2024 ya se confirmaron más de 1.500 despidos. El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, ratificó se convocará a una "jornada de lucha".
La delegada de ATE en el exMinisterio de Trabajo, Andrea Franco, afirmó que la situación para los trabajadores estatales es "realmente grave" luego que la administración de Javier Milei comenzara el año con 120 despidos en el área y alrededor de 1.500 en el resto de las dependencias estatales.
En diálogo con AM750, Franco calificó la jornada del martes como de "mucha organización pero también de mucha tristeza". La delegada sostuvo que la situación comenzó con "la degradación del Ministerio cuando entra en la órbita de la Secretaria de Capital Humano".
"En el marco del decreto 84 que establecía que no iba a haber una renovación para aquellas personas contratadas en el 2023 y el resto de las modalidades de contratación solo sería por 90 días, es decir, de enero a marzo, el viernes a las 17, 120 compañeros recibieron correos en donde se les informaba que no iban a ser renovados los contratos", señaló.
"Esto es el principio del avance contra el Estado y sus dependencias"
En la asamblea organizada ayer por el gremio de Estatales, se juntó un ingreso masivo para acompañar la situación de los trabajadores, como así también "para comenzar a defenderse porque la situación, según la delegada, "es realmente grave para los estatales".
"Además, ya nos anuncian un congelamiento de los salarios. Está claro que el déficit del Estado no se va a solucionar con nuestro despido, porque tenemos sueldos bastante bajos. Nosotros no somos ñoquis y no los defendemos. Y ahora tenemos que sumar que no somos la casta. Esto es el principio del avance contra el Estado y sus dependencias", advirtió.
"Lo que está pasando es que están atacando el derecho de todas las personas, porque los trabajadores estatales estamos siendo estigmatizados hace mucho tiempo. Los trabajadores estatales tenemos que ver con los derechos que adquirimos, en el caso del Ministerio de Trabajo, nosotros somos autoridad de aplicación de más de 100 leyes, trabajamos en la promoción del empleo, más allá de las relaciones laborales", cerró.
“Perderemos nuestras viviendas”:
El creciente drama hipotecario
durante el gobierno de Milei
Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2024.
La llegada del nuevo Gobierno supone un duro golpe a los deudores de créditos hipotecarios atados a la disparada inflación, a la que también se suma la fuerte devaluación del 50 % del peso.
Daniela, una docente universitaria argentina, teme perder la vivienda que adquirió en 2018 con un crédito hipotecario atado a la inflación, por un valor total de 2,7 millones de pesos (ese año, la moneda nacional perdió más de la mitad de su valor, al pasar de las 18 unidades por dólar en enero, a más de 37 en diciembre).
“En ese momento [aunque no especificó qué mes], la cuota estaba a 13.000 pesos (más de 470 dólares, al precio promedio del dólar en 2018), obviamente atada a la inflación, que no era tan elevada”, explicó en una entrevista a la Revista Cítrica y difundida en las redes sociales. Ese año, el país suramericano cerró con una variación de precios de 47,6 %, según datos oficiales, la más alta desde 1991.
El crédito que adquirió Daniela funciona así: el préstamo del banco se calcula con base a la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) que, a su vez, va ajustándose en función de la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que, en noviembre de 2023, ya acumulaba 160,9 % interanual. Además, se suma la tasa de interés del banco.
La llegada del ultraliberal Javier Milei a la presidencia supone un duro golpe a los deudores de este tipo de créditos, pues a la ya disparada inflación se le suma la fuerte devaluación del 50 % del peso anunciada por su gobierno en diciembre, poco después de asumir. Un coctel explosivo.
“Después de cinco años de haber pagado la cuota consecutivamente, sin deber absolutamente una cuota y haciendo el esfuerzo para poder pagar día a día (…) Hoy estoy debiendo 42 millones de pesos (cerca de 52.000 dólares, con el tipo de cambio actual) en cinco años, y pago una cuota de 260.000 pesos (320 dólares) “, lamentó Daniela, quien, en menos de un mes, al igual que el resto de los argentinos, ha visto disminuido a la mitad su poder adquisitivo por la devaluación decretada por Milei.
La docente calificó la situación de “inviable”. “Ahora no solo pagamos 260.000 pesos, [sino que] la inflación nos va a repercutir en estos meses y va a ser trágico. Vamos a perder nuestras viviendas”, advirtió.
“Nadie les puso uno pistola en la cabeza”
Sobre las familias enganchadas a estos créditos, Milei aseguró al asumir su mandato que “nadie les puso uno pistola en la cabeza” para contratarlos.
“Los tomadores de créditos UVA tomaron esos créditos en función de una tasa de interés. Podrían haber tomado otro tipo de crédito. Si yo decido tener una vida temeraria y entonces, como consecuencia de ello, se manifiesta el resultado adverso y tengo una lesión, ¿le parece correcto que les pase la cuenta a ustedes?”, dijo.
Por otro lado, al drama de la vivienda a Daniela se le suma la posibilidad de perder su puesto de trabajo. “Nos acaban de informar en los últimos días que, sí, que no hay presupuesto y que posiblemente nos quedemos sin trabajo”, comentó.
Y continuó: “Tengo a mi marido que está con ataques de pánico. Está muy mal con ataques de ansiedad. Yo estoy peleándola como puedo. Pienso en mis hijos, pienso que necesitamos que la gente nos escuche, que la gente entienda que no queremos beneficios, que no queremos que nadie nos pague la casa, no queremos subsidio, nosotros queremos poder pagar la casa”. “Los bancos ganan fortuna con nosotros“, criticó.
FUENTE: RT
Fuerte rechazo de organizaciones
ambientalistas a la ley ómnibus de
Milei / “No permitiremos que
fundamentalistas hagan caer
proyectos mineros en Río Negro”
Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2024
Luego de que Javier Milei presentara su proyecto de «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (@abogadesambientalistas) advierten que el proyecto «permitirá desmontes en todos los bosques del país y la actividad minera en ambientes periglaciares».
La investigadora Maristella Svampa (@maristellasvampa) y el abogado ambientalista Enrique Viale (@enrique.viale) señalan que «es un golpe al corazón de la legislación de protección ambiental argentina» y que, «al parecer, la casta para este gobierno también son los Glaciares y los Bosques».
La ONG ambientalista @greenpeacearg alertó sobre el «desastre ambiental que ocasionaría», al tener un doble impacto, «tanto en la preservación ambiental como en el ejercicio del derecho a la protesta pacífica».
En este contexto, organizaciones movilizarán #Hoy desde las 17 al Centro Cívico de Bariloche, a 12 años de la derogación de la Ley Anticianuro en Río Negro, señalando que la gestión de Milei «facilita la llegada de nuevas corporaciones y demás intereses que profundizarán el capitalismo extractivista».
+Info: https://www.anred.org/…/la-ley-omnibus-de-milei…/
JOAQUÍN ABERASTAIN ORO : “NO PERMITIREMOS QUE FUNDAMENTALISTAS HAGAN CAER PROYECTOS MINEROS EN RIO NEGRO”
Por Ariel Boffelli
El secretario de Minería de Alberto Weretilneck, habló con Letra P sobre las perspectivas de la actividad a gran escala. Calcatreu, punta de lanza.
El secretario de Minería de Río Negro, Joaquín Aberastain Oro, defiende el proyecto que impulsa Alberto Weretilneck.
Joaquín Aberastain Oro, secretario de Minería de Río Negro, es el vocero del gobernador Alberto Weretilneck ante las empresas de un sector con amplias expectativas de invertir en esta región de la Patagonia. Con la orden de defender el desarrollo de la actividad en la provincia, habló con Letra P sobre las expectativas para 2024 y la posibilidad de que el proyecto Calcatreu, un amplio reservorio de oro y plata anclado en las inmediaciones de Ingeniero Jacobacci, sea el caso testigo para dar el salto hacía un desarrollo metalífero de primera categoría a gran escala.
Tras la promulgación del nuevo código minero y el cambio en la Ley de tierras fiscales, apalancado en un mapa de inversiones nutrido en las diversas regiones, con la meseta como centro primordial de operaciones, la gestión que comenzó hace 20 días capea una profunda crisis económica en busca de una alternativa que le genere el ingreso de divisas.
“Las expectativas de los inversores son las señales, algo que Weretilneck dio en la asunción”, asegura el funcionario en relación al anuncio de que “Río Negro será una provincia minera, con todo lo que eso significa”.
“No nos dejemos engañar, que los intereses ajenos no perjudiquen a las comunidades”, asegura el secretario sobre el rechazo de ambientalistas y algunos sectores de comunidades originarias. “No vamos a permitir que algunos fundamentalismos hagan caer los proyectos mineros”, se planta.
-¿Cuál es la expectativa en el gobierno provincial con la nueva normativa minera?
-El desarrollo de la actividad de manera responsable, respetando las normativas vigentes para acompañar el crecimiento de Río Negro. Estamos tocados por la varita mágica por la riqueza geológica que tenemos. Somos una provincia minera, primeros productores en varios minerales. Se nos abre la posibilidad de un desarrollo de minería metalífera de gran valor.
“No permitiremos que fundamentalistas hagan caer proyectos mineros”, dijo el funcionario de Alberto Weretilneck. Carretra Medios
-Weretilneck se transformó en uno de los voceros de este proyecto. ¿Cuánto puede incidir realmente en el sector?
-Cambia el rumbo del desarrollo de Río Negro. Es un dirigente al que se lo respeta muchísimo, sus declaraciones cambian el escenario. Hay muchos inversores interesados en lo que viene. Para entender la importancia de esta decisión política hay que conocer el índice Fraser, el que ranquea jurisdicciones mineras con su potencial geológico y la capacidad de extracción. Escalamos progresivamente, la suma de ambos nos posicionaron en un lugar de gran expectativa.
-¿No hay temor a un rechazo social como pasó en Chubut?
-Hay una gran diferencia: no debemos modificar normativas para poner en marcha un proyecto. Vamos a respetar todas las instancias democráticas para avanzar en la puesta en marcha de la explotación. Con las modificaciones del código minero es una obligación la consulta previa, libre e informada. La presentación de informes de impacto ambiental, con estándares internacionales, como demanda la sociedad, está garantizada.
Alberto Weretilneck volvió al gobierno de Río Negro. Tercer mandato en marcha.
–Representantes de pueblo originarios recuerdan que son dueños de la tierra y los recursos. ¿Cómo analizan su resistencia?
-Uno de los principios rectores, que nos impulsó a la modificación del código minero, es transformar en obligación la consulta libre e informada. Ningún proyecto minero va avanzar sin esas consultas. Se explicará de qué se trata cada proyecto. La resistencia que hay no tiene argumentos. Militaron y lucharon por la consulta previa, pero a pesar de que se las garantiza dicen que van a cerrar las tranqueras. No vamos a permitir que los fundamentalismos hagan caer los proyectos.
Aberastain Oro milita el desarrollo minero hace años en Río Negro.
-La modificación del código minero habla de una policía designada por la autoridad provincial. ¿Ya consensuaron con la oposición?
-El código actual habla del inspector de policía minera, que tiene ciertas facultades. Le hicimos mucha fuerza a las penalidades, que se pusieron en debate en la Legislatura. El control y fiscalización se transforma en obligación para las partes. Entiendo que es osado, porque el control y las garantías corren por parte del Estado.
-La nueva normativa plantea un consejo evaluador con representantes de la oposición en la Legislatura. ¿Hay contactos para armarlo?
-No hay un proyecto que requiera la conformación del Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera (Co.P.E.A.M.). El caso testigo es Calcatreu, que tiene un informe de impacto ambiental en curso. Cuando se dictamine, se realizará la conformación del consejo. Legisladores, intendentes, universidades, comisiones de fomento, comunidades originarias del radio de influencia y de Río Negro serán parte de la discusión.
Hay una gran diferencia con Chubut: no debemos modificar normativas para poner en marcha un proyecto
-¿La idea, entonces, es no nacionalizar los debates?
-El dominio es de las provincias, por eso son los actores de Río Negro los que decidirán si el proyecto avanza o no. No nos dejemos engañar, que los intereses ajenos no perjudiquen a las comunidades. En Chubut, si se censaba a los manifestantes de las marchas antimineras, había un importante porcentaje de personas que no pertenecían a la provincia.
-¿Cuáles son las expectativas de las empresas mineras con interés eninvertir?
-Las expectativas son las señales concretas. Por ejemplo, que el gobernador, en el acto de asunción, diga que la actividad es primordial implica toda una señal. Hoy hay inversiones, pero con pie de plomo por lo que pasó en Chubut o hace unos años en Mendoza. Vienen con cierto cuidado y cumpliendo los requisitos mínimos para preservar el derecho minero. Todo eso cambiaría con un proyecto en marcha.
@arielboffelli pic.twitter.com/de5xYy0sWo— LETRA P (@Letra_P) December 6, 2023
-Ese proyecto es Calcatreu. ¿Qué inversión se estima? A largo plazo, la operadora promete desembolsar 300 millones de dólares.
-Hay muchos números dando vueltas, pero aparecerán cuando se inicie realmente. Hay un proyecto previo, que tentativamente nombra inversión en puestos de trabajo, directos e indirectos, pero no es serio tirar números sin datos concretos.
-¿Cuánto puede llegar a recaudar la provincia por regalías?
-Hicimos una modificación de regalías, que antes hablaba de un 2 a 3% de valor de venta. Modificamos la ley para que el nuevo valor de bocamina sea del 3%. Otro cambio significativo es la adhesión de comisiones de fomento. Será más justa la coparticipación. Hoy los ingresos no son altos. Todo cambiará significativamente si se pone en marcha un proyecto de primera categoría.
FUENTE: Letra P
La justicia del Trabajo frenó el
artículo laboral del DNU de
Milei
Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2024.
Lo hizo a través de una medida cautelar que tiene vigencia hasta que se haya una sentencia definitiva.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó este miércoles una medida cautelar que suspende la aplicación del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el Gobierno de Javier Milei, informaron fuentes de la justicia.
El tribunal de feria hizo lugar al pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT), que había apelado una resolución de primera instancia, y dispuso el dictado de una medida cautelar hasta tanto se analice la cuestión de fondo vinculada al análisis de constitucionalidad de la reforma realizada mediante un DNU.
«Díctase una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Titulo IV Trabajo del Decreto de Necesidad y Urgencia n.° 70/23 hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en estos actuados», decidieron los jueces por mayoría.
La decisión fue adoptada con los votos de los magistrados José Alejandro Sudera y Andrea García Vior, que integran la sala de feria de la Cámara del Trabajo junto con la jueza Dora González, que postuló remitir la causa a la Cámara Contencioso Administrativo Federal para que defina qué fuero debe tramitar el expediente.
«No se evidenciaría objetivamente la ´necesidad´ de adoptar tan numerosas medidas y que, aunque ello pudiera -hipotéticamente- intentar justificarse en la referencias genéricas a ‘un hecho demostrado’, lo cierto y jurídicamente relevante es que no se avizorarían las que se alegan constituyan razones de ‘urgencia’ para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo», sostuvieron los jueces que conformaron la mayoría, según surge del fallo al que accedió Télam.
«Varias de las normas que el Poder Ejecutivo Nacional pretende modificar sin darle intervención a los legisladores tienen naturaleza represiva o sancionatoria al punto que se las ha incluido como integrativas del derecho penal laboral, calificadas como ‘leyes antievasión’», agregaron los magistrados.
Foto: Leonardo Spinetti
Los jueces destacaron, además, que «no se explica cómo las reformas planteadas, de aplicarse en forma inmediata y por fuera del trámite normal de sanción de las leyes, podrían remediar la situación referida a la generación de empleo formal, máxime cuando el propio decreto reconoce que se encuentra estancada hace 12 años, lo que impide -en principio- considerar la irrupción de alguna circunstancia súbita, imprevisible o de extrema ‘excepcionalidad’».
«En lo que hace al trámite legislativo que el decreto pretende obviar, cabe mencionar que el Presidente de la Nación se encuentra facultado a convocar al Congreso a sesiones extraordinarias (art. 99 inc. 9 de la Constitución Nacional) y que tanto el Reglamento de la Cámara de Diputados como el de la Cámara de Senadores poseen herramientas que permitirían darle mayor celeridad al tratamiento de cada proyecto en caso de que sus autoridades o integrantes de los cuerpos lo requieran (tramitación en comisiones de manera conjunta y mociones de preferencia o de tratamiento «sobre tablas»)», recordaron.
Además, señalaron que «resulta, al respecto, insoslayable que mediante el Decreto 76/23 (BO 26/12/23) se ejerció esa facultad y se convocó al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias desde el 26/12/23 y hasta el 31/1/24, a fin de tratar -entre muchísimos otros temas- la ratificación del DNyU 70/23».
Foto: Eduardo Sarapura
Los magistrados también resaltaron que es una «inveterada doctrina del máximo tribunal que las consideraciones genéricas expuestas en los considerandos de los Decretos de Necesidad y Urgencia resultan inhábiles para justificar el dictado de medidas legislativas por parte del Poder Ejecutivo Nacional».
Algunas de las modificaciones en materia laboral establecidas en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el presidente Milei, que ahora quedaron provisoriamente suspendidas, son la ampliación del periodo de prueba hasta los 8 meses, la incorporación de los bloqueos o tomas de establecimientos como causa de despido y cambios en el sistema de indemnizaciones.
En materia de convenciones colectivas de trabajo, el DNU indica que esa materia «solamente mantendrá subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ellas y hasta tanto entre en vigencia una nueva convención colectiva o exista un acuerdo de partes que la prorrogue».
«El resto de las cláusulas (obligacionales) podrán mantener su vigencia, solo por acuerdo de partes o por la específica prórroga dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional», señala el DNU.
FUENTE: Tiempo Argentino
Envio:RL
No hay comentarios:
Publicar un comentario