Unos 50 represores deberían ir a Bouwer
Están procesados y alojados en unidades militares o policiales, o con arresto domiciliario.
Pese a los recurrentes reclamos para que los procesados y con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura sean alojados en cárceles comunes, en Córdoba alrededor de 50 militares, ex policías y civiles continúan arrestados en cuarteles del Ejército o en dependencias de la Policía de la Provincia. Esa cifra incluye a otros que, aun procesados, fueron beneficiados con la prisión domiciliaria o la libertad por orden de tribunales de alzada. Desde la Justicia Federal, la fiscal Graciela López de Filoñuk ya se pronunció para que los represores esperen el juicio oral y público en la Cárcel de Bouwer, pero la iniciativa no ha prosperado por el rechazo de la jueza Cristina Garzón de Lascano. Desde el ámbito político, la ministra de Defensa, Nilda Garré, difundió una resolución por la cual puso al tanto a los mandos de las Fuerzas Armadas sobre la "prohibición de alojar en unidades militares a personas procesadas o condenadas penalmente" por delitos de lesa humanidad. Aquella requisitoria de López de Filoñuk llegó a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que dictaminó por analizar "cada situación en particular". Luego, en uno de los casos, los camaristas Humberto Aliaga Yofre y Abel Sánchez Torres fallaron por revocar la prisión domiciliaria de los acusados Vicente Meli y Victor Pino, lo que sentó un fuerte precedente. La Voz del Interior tuvo acceso a un listado de la Justicia en el que se incluye a represores bajo proceso que cumplen prisión preventiva en el Cuartel Unión BAL (Base de Apoyo Logístico), ubicado en camino a La Calera, en inmediaciones del Tercer Cuerpo de Ejército. También de ex policías y civiles que están arrestados en la Guardia de Infantería de la fuerza, frente al Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba, acusados de torturar y asesinar a detenidos durante la dictadura militar de 1976 a 1983. El cuadro de situación, sin embargo, no es definitivo y puede modificarse al ritmo de las apelaciones que presentan con frecuencia los abogados defensores. Este diario intentó conocer la opinión de Garzón de Lascano sobre la indefinición en resolver los planteos de la fiscal y de organismos de derechos humanos para que los procesados por delitos aberrantes vayan a parar a una cárcel común; pero, a través de una de sus colaboradoras, la jueza hizo decir que sólo habla por sus sentencias. Entre el casino y Bouwer Contrariando las directivas de Garré, en el cuartel Unión pernoctan varios militares, entre los que se anotan Gustavo Alsina (teniente coronel), Héctor Vergez (capitán), Enrique Mones Ruiz (teniente), Luis Alberto López (subteniente) y José Hugo Herrera (sargento ayudante). Además, el represor de La Perla y ex mayor carapintada Ernesto Barreiro figura como alojado en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas de Campo de Mayo, en la provincia de Buenos Aires. Otro procesado por delitos de lesa humanidad es el coronel Luis Diedrichs, con arresto en la Octava Brigada de Montaña, con asiento en Mendoza. En la mención sobre el alojamiento en la unidad militar del Tercer Cuerpo figura la precisión: "Casino de Suboficiales". Entre el amplio abanico de genocidas, por ahora pasan sus días en la Cárcel de Bouwer sólo los ocho condenados el 24 de julio pasado por el Tribunal Oral Federal N° 1, con Luciano Benjamín Menéndez a la cabeza. También reside en ese penal el cabo de la Policía Miguel Ángel Gómez, procesado en la causa UP1, que investiga los 28 crímenes perpetrados en 1976 en la Penitenciaría de barrio San Martín de la ciudad de Córdoba. En tanto, en la Guardia de Infantería de la Policía siguen arrestados ex uniformados acusados de actuar en la temible D-2 (oficina de investigaciones de la Policía provincial) que funcionó en el pasaje Santa Catalina de la capital cordobesa, hoy Espacio de la Memoria. La céntrica dependencia policial alberga a Carlos Alfredo Yanicelli, Yamil Yabour (ambos comisarios mayores), Ricardo Cayetano Rocha (cabo primero) y Marcelo Luna (sargento), entre otros. Hay lugar para todos. Raúl Pino, secretario de Organización y Gestión Penitenciaria de la Provincia, fue consultado por este diario acerca de si en la Cárcel de Bouwer hay disponibilidad para alojar a los represores sin condena. "Estamos preparados para recibirlos. Nosotros tenemos un pabellón especial que tiene una capacidad para 50 internos", sostuvo Pino en alusión al lugar del penal donde ya están presos Menéndez y los otros siete represores condenados en julio. Negó que se trate de una especie de sector VIP y aclaró que los reos ubicados en ese pabellón no tienen privilegios y "comen el servicio del rancho" que se sirve a toda la población carcelaria por igual. "Todos los internos, desde el más pobre al más poderoso, comen exactamente lo mismo", sostuvo Pino. Sin embargo, precisó que el pabellón donde reside Menéndez y al cual irían a parar los por ahora procesados por delitos de lesa humanidad, "obviamente está separado del resto por resguardo y garantía de la seguridad" de esta clase de detenidos.
Pese a los recurrentes reclamos para que los procesados y con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura sean alojados en cárceles comunes, en Córdoba alrededor de 50 militares, ex policías y civiles continúan arrestados en cuarteles del Ejército o en dependencias de la Policía de la Provincia. Esa cifra incluye a otros que, aun procesados, fueron beneficiados con la prisión domiciliaria o la libertad por orden de tribunales de alzada. Desde la Justicia Federal, la fiscal Graciela López de Filoñuk ya se pronunció para que los represores esperen el juicio oral y público en la Cárcel de Bouwer, pero la iniciativa no ha prosperado por el rechazo de la jueza Cristina Garzón de Lascano. Desde el ámbito político, la ministra de Defensa, Nilda Garré, difundió una resolución por la cual puso al tanto a los mandos de las Fuerzas Armadas sobre la "prohibición de alojar en unidades militares a personas procesadas o condenadas penalmente" por delitos de lesa humanidad. Aquella requisitoria de López de Filoñuk llegó a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que dictaminó por analizar "cada situación en particular". Luego, en uno de los casos, los camaristas Humberto Aliaga Yofre y Abel Sánchez Torres fallaron por revocar la prisión domiciliaria de los acusados Vicente Meli y Victor Pino, lo que sentó un fuerte precedente. La Voz del Interior tuvo acceso a un listado de la Justicia en el que se incluye a represores bajo proceso que cumplen prisión preventiva en el Cuartel Unión BAL (Base de Apoyo Logístico), ubicado en camino a La Calera, en inmediaciones del Tercer Cuerpo de Ejército. También de ex policías y civiles que están arrestados en la Guardia de Infantería de la fuerza, frente al Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba, acusados de torturar y asesinar a detenidos durante la dictadura militar de 1976 a 1983. El cuadro de situación, sin embargo, no es definitivo y puede modificarse al ritmo de las apelaciones que presentan con frecuencia los abogados defensores. Este diario intentó conocer la opinión de Garzón de Lascano sobre la indefinición en resolver los planteos de la fiscal y de organismos de derechos humanos para que los procesados por delitos aberrantes vayan a parar a una cárcel común; pero, a través de una de sus colaboradoras, la jueza hizo decir que sólo habla por sus sentencias. Entre el casino y Bouwer Contrariando las directivas de Garré, en el cuartel Unión pernoctan varios militares, entre los que se anotan Gustavo Alsina (teniente coronel), Héctor Vergez (capitán), Enrique Mones Ruiz (teniente), Luis Alberto López (subteniente) y José Hugo Herrera (sargento ayudante). Además, el represor de La Perla y ex mayor carapintada Ernesto Barreiro figura como alojado en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas de Campo de Mayo, en la provincia de Buenos Aires. Otro procesado por delitos de lesa humanidad es el coronel Luis Diedrichs, con arresto en la Octava Brigada de Montaña, con asiento en Mendoza. En la mención sobre el alojamiento en la unidad militar del Tercer Cuerpo figura la precisión: "Casino de Suboficiales". Entre el amplio abanico de genocidas, por ahora pasan sus días en la Cárcel de Bouwer sólo los ocho condenados el 24 de julio pasado por el Tribunal Oral Federal N° 1, con Luciano Benjamín Menéndez a la cabeza. También reside en ese penal el cabo de la Policía Miguel Ángel Gómez, procesado en la causa UP1, que investiga los 28 crímenes perpetrados en 1976 en la Penitenciaría de barrio San Martín de la ciudad de Córdoba. En tanto, en la Guardia de Infantería de la Policía siguen arrestados ex uniformados acusados de actuar en la temible D-2 (oficina de investigaciones de la Policía provincial) que funcionó en el pasaje Santa Catalina de la capital cordobesa, hoy Espacio de la Memoria. La céntrica dependencia policial alberga a Carlos Alfredo Yanicelli, Yamil Yabour (ambos comisarios mayores), Ricardo Cayetano Rocha (cabo primero) y Marcelo Luna (sargento), entre otros. Hay lugar para todos. Raúl Pino, secretario de Organización y Gestión Penitenciaria de la Provincia, fue consultado por este diario acerca de si en la Cárcel de Bouwer hay disponibilidad para alojar a los represores sin condena. "Estamos preparados para recibirlos. Nosotros tenemos un pabellón especial que tiene una capacidad para 50 internos", sostuvo Pino en alusión al lugar del penal donde ya están presos Menéndez y los otros siete represores condenados en julio. Negó que se trate de una especie de sector VIP y aclaró que los reos ubicados en ese pabellón no tienen privilegios y "comen el servicio del rancho" que se sirve a toda la población carcelaria por igual. "Todos los internos, desde el más pobre al más poderoso, comen exactamente lo mismo", sostuvo Pino. Sin embargo, precisó que el pabellón donde reside Menéndez y al cual irían a parar los por ahora procesados por delitos de lesa humanidad, "obviamente está separado del resto por resguardo y garantía de la seguridad" de esta clase de detenidos.
(Fuente:rdendh-lavozdelinterior-Carlos Paillet).
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