Entre los 44 casos denunciados que comprenden la megacausa por los delitos de privación ilegítima de la libertad y torturas ocurridos antes del 24 de marzo de 1976, figura el de Rubén Aníbal Jantzon, un empleado de la oficina de Estadísticas y Censos que fue detenido en lugar de trabajo en enero de 1975 y llevado por la fuerza al Departamento de Informaciones Policiales (DIP) de Santiago del Estero.
Según el expediente judicial, allí Jantzon fue torturado por Ramiro López, Tomás Garbi y Antonio Musa Azar. El joven era dirigente socialista del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y en ese rol firmaba solicitadas en los diarios reclamando por reivindicaciones de los estudiantes y de los trabajadores forestales. "De los interrogatorios que le realizaban, se desprende que lo consideraban un opositor al gobierno de Carlos Juárez y suponían que estaba relacionado a organizaciones ilegales", se lee en el fallo.
Según su testimonio, durante los interrogatorios a los que fue sometido incluían golpes, inmersiones en aguas conocidas como "bañadera", ahogos con bolsas plásticas, golpes en la planta de los pies y en las orejas llamadas "el teléfono", descargas eléctricas en el cuerpo (picanas) y golpes de todo tipo.
Después fue trasladado a la Escuela de Policía, donde continuaron los tormentos y maltratos durante 15 días. Luego, su detención fue "blanqueada" y fue trasladado al penal de varones donde permaneció hasta noviembre de 1976. Allí protagonizó la protesta del 17 de julio de 1975 en contra del traslado de presos a la DIP, donde eran brutalmente torturados.
En este caso, después de evaluar los testimonios y las pruebas existentes, se declaró la falta de mérito por el delito de privación ilegítima de la libertad para Garbi, López Veloso y Musa Azar, y se confirmó el procesamiento por el delito de torturas solo para los dos primeros.
Otro de los casos que figura en el expediente es el de las privaciones ilegales de la libertad y torturas cometidas contra Gustavo Urtubey y Margarita del Valle Urtubey. El 6 de febrero de 1976, Gustavo Urtubey, piloto de la gobernación de Santiago del Estero, fue detenido luego de regresar de Tucumán, donde había sido enviado para colaborar en la lucha antisubversiva en la localidad de Simoca, bajo las órdenes del represor Antonio Domingo Bussi, al frente en ese entonces del Comando del Ejército. Y en la noche que regresó a su domicilio, cuatro personas armadas y vestidas de civil, lo secuestraron e introdujeron en el baúl del auto con rumbo nuevamente a Tucumán. Según su testimonio, fue alojado en cautiverio en la Escuelita de Famaillá, que funcionó en ese entonces como un centro clandestino de detención. Después de 20 días, lo liberaron en las proximidades del dique El Cadillal, atado a un alambre perimetral de una torre de Gas del Estado. En tanto, el 7 de febrero de ese año, personal de la DIP detiene a su hija Margarita, de 16 años. Allí fue víctima de golpes y torturas.
También figura el caso de Ramón Aguilar, un joven que prestaba el servicio militar y que estuvo más de 30 días incomunicado en la DIP, sin que existan pruebas de una privación legítima de su libertad. Este caso, se declaró la falta de mérito para los imputados, con excepción de Musa Azar, a quien se le atribuye la responsabilidad como autor mediato por el dominio del hecho en la privación ilegítima de la libertad. En el caso de Cayetano Fiorini, uno de los militares involucrados, se concluyó que a la fecha del hecho no se encontraba en la provincia vecina, sino que estaba en Tucumán asignado al Operativo Independencia.
En el escrito, los jueces recalcaron la diferencia crucial que existe entre los delitos comunes y los delitos de lesa humanidad. "Si bien en ambos casos, implican la lesión de derechos fundamentales de los seres humanos, mientras que los primeros lesionan sólo los derechos básicos de la víctima, los segundos, en cambio, implican una lesión a toda la humanidad en su conjunto", puntualizaron.
(Fuente:Rdendh).
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