Denuncian al tribunal que juzga a Olivera Róvere por "montar una parodia" sobre la difusión
La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) denunció hoy ante la Corte Suprema de Justicia el "incumplimiento" de la Acordada 29/08 de ese tribunal durante la apertura del juicio al represor Jorge Olivera Róvere en el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5).La AEDD consideró que el tribunal oral "montó una parodia destinada a hacer creer que cumplía con la acordada de este máximo Tribunal cuando en realidad una vez más estaba impidiendo la publicidad de este proceso".
El organismo pidió ante el máximo tribunal que adopte "los actos necesarios para garantizar el cumplimiento estricto y fidedigno de lo resuelto en dicha acordada a los fines de permitir el acceso de la prensa tal como está en ella previsto".
En su denuncia, el organismo realizó un ajustada síntesis de lo ocurrido esta mañana en el tribunal luego de que "impidió a los reporteros gráficos y de televisión ingresar con sus cámaras y les indicó que, en el caso de los medios televisivos sólo podían retransmitir la señal de la Policía Federal el Canal 7 y que los demás canales debían usar dicha transmisión".
"Ante la negativa del representante del canal de retransmitir dicha señal, el Tribunal ofreció al canal que alguno de sus camarógrafos manejara la cámara de la Policía Federal que se encuentra en el tribunal, propuesta que -añade- fue rechazada por motivos profesionales".
Por último el Tribunal propuso que ingresara una cámara de canal 7 pero solamente durante tres minutos y que "consultados los directivos del canal no aceptaron este condicionamiento ya que canal 7 se disponía a emitir en directo las alternativas del proceso".
En su presentación ante la Corte, el AEDD detalló que a los reporteros gráficos "se les indicó que sólo la agencia Télam, podría tomar fotos durante tres minutos y que a ella debían pedirle el material que obtuviera" el reportero Leonardo Zavataro.
Destacó que el Tribunal "permaneció en el más absoluto silencio sin desplegar actuación alguna hasta que transcurrieron tres minutos" e inmediatamente después "invitó al fotógrafo a retirarse".
"Ante la protesta de éste porque ni siquiera pudo fotografiar al imputado quién no había ingresado a la sala- el tribunal lo obligó a salir alegando que ya habían pasado los tres minutos impuestos".
Posteriormente el fotógrafo pretendió tomar fotografías a través del vidrio que divide la sala y "fue desalojado por la fuerza por personal policial lo que provocó la justa indignación del público presente", dijo la AEED.
En síntesis, la AEDD consideró que el TOF 5 "agravia a Vuestra Excelencia, pues la parodia montada evidentemente no iba dirigida a los presentes sino a efectuar un aparente cumplimiento con una formalidad afectada de la Acordada y no el cumplimiento de la finalidad de la misma que era permitir que nuestro pueblo conozca las alternativas de este juicio"
(Fuente:Agencia ALC-Telam).
Carta de Télam a la Corte Suprema: "No hay peligro cuando el fotógrafo dispara primero"
El titular de la agencia Télam Martín Granovsky envió al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, una carta en la que dice que "no hay peligro cuando el fotógrafo dispara primero" y comparte con el responsable del máximo tribunal su preocupación "por la actitud hostil hacia la prensa por parte de funcionarios del Tribunal Oral Federal número 5", que juzga al general retirado Jorge Olivera Róvere y cinco oficiales más de la dictadura. El secretario del Tribunal, Martín Schwartz, presionó al fotógrafo de Télam, Leonardo Zavattaro, con el propósito aparente de que no alcanzara a tomar ninguna imagen de Olivera Róvere. Zavattaro lo hizo pese a las presiones y antes de que fuera desalojado de la sala, donde había entrado con autorización del presidente del tribunal, Daniel Obligado.
En su carta a la Corte Suprema el presidente de Télam, Martín Granovsky, rescata la acordada del 28 de octubre pasado en la que la Corte estimula la difusión audiovisual de los juicios orales para "garantizar el derecho a la información en los casos judiciales de trascendencia pública que generan gran interés en la ciudadanía".
"No hay peligro cuando el fotógrafo dispara primero. Los riesgos aparecen cuando la Justicia no es tal, en dictadura, o cuando en democracia la morosidad de ciertos magistrados se convierte en una profecía autocumplida de la negación de justicia", dice un párrafo de la carta que se transcribe completa a continuación:
"Buenos Aires, 10 de febrero de 2009
Al señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
doctor Ricardo Luis Lorenzetti
S/D
Estimado señor Presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted para compartir mi preocupación por la actitud hostil hacia la prensa por parte de funcionarios del Tribunal Oral Federal número 5, que hoy a la mañana comenzaron la sustanciación del juicio que involucra al general retirado Jorge Olivera Róvere y cinco oficiales más.
Oivera Róvere está acusado de cuatro homicidios y 120 casos de privación ilegítima de la libertad durante la dictadura militar.
El secretario del Tribunal, Martín Schwartz, presionó de mala manera al fotógrafo de Télam Leonardo Zavattaro para que saliera de la sala de audiencias e impedir, presuntamente, que tomara una fotografía de Olivera Róvere.
Por suerte para el derecho de los ciudadanos a informarse, el fotógrafo alcanzó a cumplir con su trabajo incluso en medio de los forcejeos a que fue sometido.
El fotógrafo concurrió a realizar su cobertura en el horario indicado y el sitio indicado por el presidente del Tribunal, el doctor Daniel Obligado, con quien yo mismo hablé el lunes por la tarde para garantizarle que la agencia actuaría de manera responsable y veloz para difundir las fotografías del juicio a todos los medios que las solicitaran.
Más aún: el doctor Obligado recibió en persona esta mañana a nuestro fotógrafo, lo trató correctamente y no le comunicó ningún cambio en las condiciones acordadas.
Todo cambió cuando Zavattaro fue informado de que disponía de solo tres minutos para su trabajo, y cambió aún más cuando notó que, cuando esos tres minutos estaban por cumplirse, los acusados ni siquiera habían ingresado a la sala.Como la información sobre un juicio incluye, fotográficamente, a todos los protagonistas, para la agencia y los miles de medios en el país y en el exterior quedaba claro que el trabajo sería incompleto sin una imagen del reo principal.
La fotografía del reo Olivera Rovere que los argentinos y el mundo conocieron hoy a pesar de las presiones es fruto de esa convicción profesional.
Lamentablemente, ese mismo público se enteró también de otra noticia: para el Tribunal Oral Federal número 5, que integran junto al doctor Obligado los doctores Guillermo Gordo y Ricardo Farías, el general retirado Olivera Róvere no debe ser fotografiado.
Le escribo esta carta porque conozco el espíritu democrático y republicano que lo anima a usted y nutre a la Corte Suprema que preside, tal como lo sintetiza un párrafo de la acordada 29/08 firmada por unanimidad del tribunal el 28 de octubre de 2008: "(...) es preciso garantizar el derecho a la información en los casos judiciales de trascendencia pública que generan gran interés en la ciudadanía".
Por supuesto en Télam tomamos nota también de otra parte de la nota, la que dice que "esta regla de transparencia debe ser ponderada teniendo en cuenta el debido proceso, la privacidad de las personas acusadas y su derecho al respeto del principio de inocencia", y de ese otro tramo que pide "preservar el buen cumplimiento de los actos procesales, la reserva de los testimonios y la mesura con que deben ser tratadas las cuestiones del enjuiciamiento".
La Justicia de la Argentina democrática garantiza a Olivera Róvere el principio de inocencia consagrado por la Constitución Nacional. Pero el principio de que Olivera Róvere es inocente hasta que la Justicia demuestre lo contrario no se contradice con el hecho de que sea fotografiado, y menos aún con el derecho de los ciudadanos a ser informados.
Olivera Róvere no es una persona que acaba de ser detenida en un procedimiento policial. Es un reo que ya pasó por el proceso de instrucción y que, luego de haber sido indultado por el entonces presidente Carlos Menem, fue procesado por el juez Rodolfo Canicoba Corral en 2004, hace nada menos que cinco años.
En el levantamiento de Semana Santa de 1987, un carapintada apuntó con su arma contra un auto en el que viajaban periodistas de la agencia Noticias Argentinas.
Rafael Calviño tomó la imagen, que muestra el agujero de la pistola dirigido a su cámara. Esa vez el suboficial Maguire llegó tarde.El fotógrafo disparó primero.
No hay peligro cuando el fotógrafo dispara primero.
Los riesgos aparecen cuando la Justicia no es tal, en dictadura, o cuando en democracia la morosidad de ciertos magistrados se convierte en una profecía autocumplida de la negación de justicia.
Sería bueno que lo supieran algunos miembros del Tribunal Oral Federal número 5 y el secretario Schwartz, encargados de sustanciar el juicio público sobre Olivera Róvere y, al menos en la teoría, responsables de iniciar el proceso judicial a los acusados de violaciones a los derechos humanos en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada.
Afortunadamente lo sabe la Corte Suprema, que en su acordada de octubre, al sugerir normas de cobertura audiovisual, dijo que la reglamentación no podrá "interpretarse en el sentido de que ella importe una restricción al ejercicio del derecho de informar, amparado por la Constitución Nacional y los Tratados Internaciones sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional".
Lo saludo con mi mayor consideración.
Martín Granovsky
Presidente de Télam Sociedad del Estado".
(Fuente:Agencia ALC-Telam).
(Fuente:Agencia ALC-Telam).
RESTRICCIONES PARA LA PRENSA EN EL JUICIO AL JEFE DE LA REPRESION EN LA CAPITAL FEDERAL DURANTE LA ULTIMA DICTADURA MILITAR
Por Diego Martínez
Tal como anticipó Página/12 el jueves y pese a las gestiones de la Corte Suprema de Justicia para que cumpla con su acordada que ordena garantizar la “difusión radial y televisiva” de las audiencias, el Tribunal Oral Federal 5 volvió a impedir el trabajo de los reporteros gráficos durante la jornada inicial del juicio al general Jorge Olivera Róvere, imputado por 120 secuestros y cuatro homicidios en 1976.
Los jueces Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías sólo permitieron el ingreso de un fotógrafo de la agencia Télam con la condición de que se retirara en tres minutos y sin aclararle que el imputado no estaría en la sala.
Pese al esfuerzo del secretario Martín Schwab por obstruir con sus propias manos la lente de la cámara, Leonardo Zavattaro logró en medio de un forcejeo con policías y judiciales trajeados registrar el rostro insípido del represor.
En la Corte hay malestar por la reticencia del tribunal a dar publicidad al juicio. El CELS, Justicia Ya!, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina y el Foro de Periodismo Argentino repudiaron las restricciones y la agresión al fotógrafo.
El miércoles pasado el tribunal confirmó a Página/12 que, tal como lo hizo en la sentencia a los ex jefes de Mansión Seré, volvería a prohibir el ingreso de los reporteros gráficos. La acordada de la Corte es clara. Encomienda al tribunal determinar “la ubicación de cámaras de televisión y de reporteros gráficos” con el fin de “garantizar el mejor registro de imágenes posibles” y requerir a un canal la toma de imágenes para aquellos que no puedan ingresar a la sala “por insuficiencia de espacio”.
Ante la noticia de la prohibición y el repudio de Argra, Fopea y los querellantes, la Corte se reunió el lunes con el tribunal, que accedió a autorizar el ingreso de Canal 7 y Télam. El mismo día, Daniel Obligado, presidente del TOF5, le comunicó la autorización concedida al presidente de la agencia pública Martín Granovsky y al gerente de noticias de Canal 7, Raúl Dellatorre. Ambos confirmaron a Página/12 que el juez no mencionó límite de tiempo ni imposibilidad de fotografiar y filmar al imputado.
Ayer a primera hora, mientras Hijos realizaba un “camarazo” en la vereda de Comodoro Py para repudiar la prohibición, el tribunal le comunicó al camarógrafo de Canal 7 que habían resuelto interponer un pequeño obstáculo: no podría ingresar con su cámara, debería usar la del tribunal.
Debatieron durante una hora, mientras familiares de desaparecidos aguardaban el comienzo de la audiencia, prevista para la 10.30. Cuando finalmente Gordo & Cía. dijeron acceder al pedido, desempolvaron otra mala nueva: su trabajo duraría tres minutos, ni más ni menos, y no podría filmar a Olivera Róvere. El periodista consideró que no tenía sentido seguir dialogando en esos términos y el canal continuó con su cobertura desde la vereda. Militantes de Hijos le pidieron ayuda al titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, pero no consiguieron comprometerlo para una gestión inmediata.
Los amigos
–¡No se ve un carajo! –lamentó en voz alta uno de los cuatro amigos de Olivera Róvere, en la bandeja superior de la sala, cuando se percató de que desde allí sólo podría ver las corbatas de Gordo, Obligado y Farías.
–Cuando entre, parémonos para que nos vea. Va a ser importante para él –propuso otro hombre mayor, mientras se deleitaba con las fotos de verano del diario La Razón.
El fotógrafo de Télam ingresó a la sala con la misión de obtener imágenes para distribuir al resto de los medios. Cuando le comunicaron que tenía sólo tres minutos se sorprendió, pero trató de hacer algunas tomas, a la espera del ingreso del represor.
Sus Señorías entraron a la sala y ante el asombro de todos se quedaron en silencio, inmutables, durante tres minutos. Recién entonces el diligente Schwab le informó a Zavattaro que a pedido de Norberto Giletta, ex juez de la dictadura y abogado del represor, no podría fotografiar al imputado. El reportero le dijo que era un criterio “absurdo” y comenzó a retroceder
–Que pase el imputado –dijo Obligado.
Zavattaro escuchó la orden y se dio vuelta para conseguir la imagen del represor. Schwab se abalanzó sobre la cámara, pero no logró impedir que retratara al militar. La intervención de varios policías sobre el periodista derivó en un forcejeo y desató la bronca de los familiares de las víctimas presentes.
–¿Por qué no dejan sacar fotos? ¡Es un represor!
–¿Quién sos vos? –increparon a Schwab, posado cual mariposa sobre la lente.
–Es resolución del tribunal –invocó la obediencia debida el secretario.
–Señores del público: guardar compostura –pidió Obligado, mientras la policía se llevaba a Zavattaro.
De traje gris, anteojos, canoso, considerable cabellera y tranco ágil para sus 82 años, Olivera Róvere apoyó una carpeta negra sobre el escritorio y se sentó entre sus abogados.
Obligado ordenó entonces que se leyera el requerimiento de elevación a juicio y el camarógrafo del tribunal, cuyo único movimiento del día fue un paneo del público que ningún canal difundió, enfocó de lleno a la secretaria Fernanda Alberti, que comenzó a leer el detalle de los secuestros y homicidios imputados a Olivera Róvere.
Si desde el lugar reservado al “público” sólo se ve la nuca de los imputados, desde el espacio que ocupa la prensa ni siquiera eso: sólo a los jueces. La prohibición ordenada por Sus Señorías no sólo impidió seguir los gestos del represor ante la descripción de sus crímenes. También impidió a la sociedad poder ver y analizar la nula atención que el juez Guillermo Gordo le prestó a la lectura de la secretaria, obsesionado en controlar cada movimiento de la sala mientras se planchaba la corbata sobre la panza.
Sobre los graves riesgos que corren los represores en manos de los voraces familiares de desaparecidos puede dar fe el coronel retirado Bernardo José Menéndez, imputado por 41 privaciones ilegales de la libertad, quien presenció la audiencia sentado entre sobrevivientes de centros clandestinos sin que nadie le dirigiera la palabra y sin que Gordo & Cía. se enteraran.
Molestia suprema
“Es difícil hacerles entender a algunos jueces que sus acciones deben difundirse”, se quejaban ayer en la Corte Suprema. El máximo tribunal intentó influir en el Tribunal Oral Federal Nº 5 para que se garantizara la difusión del juicio contra el represor Jorge Olivera Rovere.
En el máximo tribunal creen que no pueden –y tampoco desean hacerlo– ordenar a los jueces detalles de la organización de un juicio, pero el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, hizo gestiones para que el TOF 5 se plegara al espíritu de la acordada que firmaron los ministros a fin de año y flexibilizara su postura de impedir que fotógrafos y camarógrafos ingresaran a la sala de audiencia.
El lunes, los ministros de la Corte se dieron por satisfechos con la respuesta del juez Daniel Obligado, quien aseguró que una cámara de Canal 7 y un fotógrafo de la agencia Télam iban a poder presenciar el inicio del proceso. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se preocupó ayer por saber cómo había comenzado todo, pero se llevó una decepción.
Por Diego Martínez
Tal como anticipó Página/12 el jueves y pese a las gestiones de la Corte Suprema de Justicia para que cumpla con su acordada que ordena garantizar la “difusión radial y televisiva” de las audiencias, el Tribunal Oral Federal 5 volvió a impedir el trabajo de los reporteros gráficos durante la jornada inicial del juicio al general Jorge Olivera Róvere, imputado por 120 secuestros y cuatro homicidios en 1976.
Los jueces Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías sólo permitieron el ingreso de un fotógrafo de la agencia Télam con la condición de que se retirara en tres minutos y sin aclararle que el imputado no estaría en la sala.
Pese al esfuerzo del secretario Martín Schwab por obstruir con sus propias manos la lente de la cámara, Leonardo Zavattaro logró en medio de un forcejeo con policías y judiciales trajeados registrar el rostro insípido del represor.
En la Corte hay malestar por la reticencia del tribunal a dar publicidad al juicio. El CELS, Justicia Ya!, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina y el Foro de Periodismo Argentino repudiaron las restricciones y la agresión al fotógrafo.
El miércoles pasado el tribunal confirmó a Página/12 que, tal como lo hizo en la sentencia a los ex jefes de Mansión Seré, volvería a prohibir el ingreso de los reporteros gráficos. La acordada de la Corte es clara. Encomienda al tribunal determinar “la ubicación de cámaras de televisión y de reporteros gráficos” con el fin de “garantizar el mejor registro de imágenes posibles” y requerir a un canal la toma de imágenes para aquellos que no puedan ingresar a la sala “por insuficiencia de espacio”.
Ante la noticia de la prohibición y el repudio de Argra, Fopea y los querellantes, la Corte se reunió el lunes con el tribunal, que accedió a autorizar el ingreso de Canal 7 y Télam. El mismo día, Daniel Obligado, presidente del TOF5, le comunicó la autorización concedida al presidente de la agencia pública Martín Granovsky y al gerente de noticias de Canal 7, Raúl Dellatorre. Ambos confirmaron a Página/12 que el juez no mencionó límite de tiempo ni imposibilidad de fotografiar y filmar al imputado.
Ayer a primera hora, mientras Hijos realizaba un “camarazo” en la vereda de Comodoro Py para repudiar la prohibición, el tribunal le comunicó al camarógrafo de Canal 7 que habían resuelto interponer un pequeño obstáculo: no podría ingresar con su cámara, debería usar la del tribunal.
Debatieron durante una hora, mientras familiares de desaparecidos aguardaban el comienzo de la audiencia, prevista para la 10.30. Cuando finalmente Gordo & Cía. dijeron acceder al pedido, desempolvaron otra mala nueva: su trabajo duraría tres minutos, ni más ni menos, y no podría filmar a Olivera Róvere. El periodista consideró que no tenía sentido seguir dialogando en esos términos y el canal continuó con su cobertura desde la vereda. Militantes de Hijos le pidieron ayuda al titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, pero no consiguieron comprometerlo para una gestión inmediata.
Los amigos
–¡No se ve un carajo! –lamentó en voz alta uno de los cuatro amigos de Olivera Róvere, en la bandeja superior de la sala, cuando se percató de que desde allí sólo podría ver las corbatas de Gordo, Obligado y Farías.
–Cuando entre, parémonos para que nos vea. Va a ser importante para él –propuso otro hombre mayor, mientras se deleitaba con las fotos de verano del diario La Razón.
El fotógrafo de Télam ingresó a la sala con la misión de obtener imágenes para distribuir al resto de los medios. Cuando le comunicaron que tenía sólo tres minutos se sorprendió, pero trató de hacer algunas tomas, a la espera del ingreso del represor.
Sus Señorías entraron a la sala y ante el asombro de todos se quedaron en silencio, inmutables, durante tres minutos. Recién entonces el diligente Schwab le informó a Zavattaro que a pedido de Norberto Giletta, ex juez de la dictadura y abogado del represor, no podría fotografiar al imputado. El reportero le dijo que era un criterio “absurdo” y comenzó a retroceder
–Que pase el imputado –dijo Obligado.
Zavattaro escuchó la orden y se dio vuelta para conseguir la imagen del represor. Schwab se abalanzó sobre la cámara, pero no logró impedir que retratara al militar. La intervención de varios policías sobre el periodista derivó en un forcejeo y desató la bronca de los familiares de las víctimas presentes.
–¿Por qué no dejan sacar fotos? ¡Es un represor!
–¿Quién sos vos? –increparon a Schwab, posado cual mariposa sobre la lente.
–Es resolución del tribunal –invocó la obediencia debida el secretario.
–Señores del público: guardar compostura –pidió Obligado, mientras la policía se llevaba a Zavattaro.
De traje gris, anteojos, canoso, considerable cabellera y tranco ágil para sus 82 años, Olivera Róvere apoyó una carpeta negra sobre el escritorio y se sentó entre sus abogados.
Obligado ordenó entonces que se leyera el requerimiento de elevación a juicio y el camarógrafo del tribunal, cuyo único movimiento del día fue un paneo del público que ningún canal difundió, enfocó de lleno a la secretaria Fernanda Alberti, que comenzó a leer el detalle de los secuestros y homicidios imputados a Olivera Róvere.
Si desde el lugar reservado al “público” sólo se ve la nuca de los imputados, desde el espacio que ocupa la prensa ni siquiera eso: sólo a los jueces. La prohibición ordenada por Sus Señorías no sólo impidió seguir los gestos del represor ante la descripción de sus crímenes. También impidió a la sociedad poder ver y analizar la nula atención que el juez Guillermo Gordo le prestó a la lectura de la secretaria, obsesionado en controlar cada movimiento de la sala mientras se planchaba la corbata sobre la panza.
Sobre los graves riesgos que corren los represores en manos de los voraces familiares de desaparecidos puede dar fe el coronel retirado Bernardo José Menéndez, imputado por 41 privaciones ilegales de la libertad, quien presenció la audiencia sentado entre sobrevivientes de centros clandestinos sin que nadie le dirigiera la palabra y sin que Gordo & Cía. se enteraran.
Molestia suprema
“Es difícil hacerles entender a algunos jueces que sus acciones deben difundirse”, se quejaban ayer en la Corte Suprema. El máximo tribunal intentó influir en el Tribunal Oral Federal Nº 5 para que se garantizara la difusión del juicio contra el represor Jorge Olivera Rovere.
En el máximo tribunal creen que no pueden –y tampoco desean hacerlo– ordenar a los jueces detalles de la organización de un juicio, pero el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, hizo gestiones para que el TOF 5 se plegara al espíritu de la acordada que firmaron los ministros a fin de año y flexibilizara su postura de impedir que fotógrafos y camarógrafos ingresaran a la sala de audiencia.
El lunes, los ministros de la Corte se dieron por satisfechos con la respuesta del juez Daniel Obligado, quien aseguró que una cámara de Canal 7 y un fotógrafo de la agencia Télam iban a poder presenciar el inicio del proceso. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se preocupó ayer por saber cómo había comenzado todo, pero se llevó una decepción.
(Fuente:Agencia ALC-Pagina12).
"Agravia a la sociedad”
El CELS, Justicia Ya! y las organizaciones de prensa Fopea y Argra repudiaron el comportamiento del TOF-5.
El CELS, Justicia Ya! y las organizaciones de prensa Fopea y Argra repudiaron el comportamiento del TOF-5.
El CELS calificó como “absurda” la autorización para trabajar “tres minutos”, sostuvo que el tribunal “impidió el ejercicio del derecho a la información” y le reclamó “no persistir en administrar justicia a espaldas de la sociedad”.
Justicia Ya! denunció “la parodia montada para impedir el ingreso de los medios” y “hacer creer que cumplía con la acordada” de la Corte y anticipó que se presentará ante la Corte.
Fopea agregó que el fotógrafo “fue sacado a empujones”, reclamó el cumplimiento de la acordada y que el tribunal “facilite el acceso de los medios audiovisuales”. Argra repudió “el maltrato” al periodista y solicitó “el levantamiento de las inconstitucionales y antirrepublicanas restricciones” a la prensa. La diputada Diana Conti también repudió la actitud del tribunal.
(Fuente:Agencia ALC)
Justicia Ya! denunció “la parodia montada para impedir el ingreso de los medios” y “hacer creer que cumplía con la acordada” de la Corte y anticipó que se presentará ante la Corte.
Fopea agregó que el fotógrafo “fue sacado a empujones”, reclamó el cumplimiento de la acordada y que el tribunal “facilite el acceso de los medios audiovisuales”. Argra repudió “el maltrato” al periodista y solicitó “el levantamiento de las inconstitucionales y antirrepublicanas restricciones” a la prensa. La diputada Diana Conti también repudió la actitud del tribunal.
(Fuente:Agencia ALC)
Poder y oscuridad
Por Mario Wainfeld
León Arslanian leyó la sentencia a las Juntas Militares. Cuando se escucharon las primeras condenas, el público estalló en una ovación. “¡Silencio!”, gritó el presidente de la Cámara ante una reacción usual, por ejemplo, en el Parlamento. “¡Silencio o desalojo la sala!”. El proceso no había sido transmitido en directo, se habían permitido algunas tomas de la tevé, sin audio. La difusión de ese hito histórico concedía a la correlación de fuerzas. Juzgar a los genocidas era muchísimo, mostrarlos podía colmar el vaso.
Años después empezó a ampliarse la luz. El juicio a los presuntos asesinos de María Soledad Morales fue pionero. Acaso el primero seguido en directo en todo el país, sin duda uno de los más observados. La presencia de las cámaras nacionalizó un episodio provincial, fumigó la impunidad local, también incidió en el cierre traumático de ese juicio oral, que fue anulado y debió reiniciarse.
Se conjugaron allí dos novedades, el proceso oral y la explosión de la televisión por cable. Con el tiempo los juicios orales y públicos ampliarían su presencia, en correlato lógico con la consolidación de la democracia. Como tantas otras rutinas, son una adquisición que ganó fuerza frente a tradiciones secretistas, filoautoritarias, por decir lo menos. Esos avances tienen siempre sus contrapesos, rémoras de élites reacias a la luz, al debate, a la apertura.
El Poder Judicial argentino es, por historia y linaje, oscurantista. Oscuros son los pasillos, oscuros los trajes, oscuro el lenguaje. Unos cuantos abogados y jueces argentinos conservan el uso del latín, junto a ciertos fundamentalistas católicos. Acaso, a diferencia de éstos, son pocos los hombres de leyes que dominan esa lengua muerta, pero se valen de ella con asiduidad. Ese pintoresquismo es un ejemplo más de una vocación: retacear la comprensión de documentos y actos jurídicos. El lenguaje del Foro es críptico, engolado, inaccesible para los legos y aun a los “leidos” que no son profesionales del derecho.
Se sabe: el enigma, la jerga cifrada son recursos proverbiales del poder. Pero un estamento estatal debe tener la capacidad de transmitir sus actos al menos versado de los ciudadanos, como tratan de hacerlo los demás. La difusión, la accesibilidad son claves en la república. No es la norma en uno de sus poderes, al menos por acá.
Por cierto, no toda actividad gubernamental admite abrirse a las cámaras y los micrófonos. Hay instancias, en especial de negociación o deliberación, que necesitan sigilo para ser eficaces. Por ejemplo, es sensato mantener en reserva las conversaciones previas a una sentencia entre los jueces. Las decisiones son tajantes, inequívocas, en el discurrir previo los magistrados pueden (hasta deben, eventualmente) dudar, modificar sus pareceres, tomar razón de aspectos no contemplados en sus primeros abordajes. Pero la regla republicana es la visibilidad y la difusión.
Restringir al absurdo, como lo hace tozudamente el Tribunal Oral Federal Nº5 (TOF 5), la divulgación de imágenes de un proceso oral y público desnaturaliza su esencia. ¿Qué conserva de público un acto de gobierno que sólo pueden presenciar algunas docenas de personas? El velo impuesto por Sus Señorías atenta contra el derecho a la información de la ciudadanía. No se permite conocer el rostro de un acusado, personaje conspicuo por demás. No hay razones válidas que justifiquen esa sustracción a la mirada ciudadana, sólo sofismas.
La preservación de los testigos o de las víctimas en general legitima que se restrinjan imágenes en ciertas audiencias. ¿Por qué vedar a la opinión pública que conozca el rostro de un acusado?
Dos observaciones finales, centrales en este debate.
Una. La Corte Suprema, tardía pero razonablemente, solicitó en una Acordada de fin del año pasado mayor compromiso a los jueces en las causas que investigan violaciones de derechos humanos. Reclamó menos permeabilidad a las defensas obstructivas, más aplicación para que avancen los trámites, colaboración para que la prensa difunda los juicios.
En consonancia, en estos días, encareció a los integrantes del TOF 5 que abrieran la sala de audiencias a la mirada pública. El TOF 5 es moroso para llevar a los represores al banquillo, esta vez fue veloz. De volea desairó el pedido de la Corte. La reacción pone en duda la influencia o la autoridad del máximo tribunal respecto de los tribunales inferiores. Esta Corte ha sido señera para marcarles los puntos a otros poderes del Estado, sigue mostrándose débil para encarrilar el alma conservadora y ocultista de tantos magistrados.
Dos. En los últimos meses el presidente de la Asociación de Magistrados, en un exceso de solidaridad corporativa, afirmó que no hay ¡en toda la Argentina! jueces que deseen entorpecer las causas de derechos humanos. Cuesta compartir el diagnóstico cuando día a día Sus Señorías fuerzan la inventiva para sobreproteger (fuera de todo sustento legal) a los represores. En el caso que comentamos, para entorpecer (no ya sus procesamientos o sus condenas) sino “apenas” la divulgación de las pruebas de sus proezas.
(Fuente:Agencia ALC-Pagina12).
Por Mario Wainfeld
León Arslanian leyó la sentencia a las Juntas Militares. Cuando se escucharon las primeras condenas, el público estalló en una ovación. “¡Silencio!”, gritó el presidente de la Cámara ante una reacción usual, por ejemplo, en el Parlamento. “¡Silencio o desalojo la sala!”. El proceso no había sido transmitido en directo, se habían permitido algunas tomas de la tevé, sin audio. La difusión de ese hito histórico concedía a la correlación de fuerzas. Juzgar a los genocidas era muchísimo, mostrarlos podía colmar el vaso.
Años después empezó a ampliarse la luz. El juicio a los presuntos asesinos de María Soledad Morales fue pionero. Acaso el primero seguido en directo en todo el país, sin duda uno de los más observados. La presencia de las cámaras nacionalizó un episodio provincial, fumigó la impunidad local, también incidió en el cierre traumático de ese juicio oral, que fue anulado y debió reiniciarse.
Se conjugaron allí dos novedades, el proceso oral y la explosión de la televisión por cable. Con el tiempo los juicios orales y públicos ampliarían su presencia, en correlato lógico con la consolidación de la democracia. Como tantas otras rutinas, son una adquisición que ganó fuerza frente a tradiciones secretistas, filoautoritarias, por decir lo menos. Esos avances tienen siempre sus contrapesos, rémoras de élites reacias a la luz, al debate, a la apertura.
El Poder Judicial argentino es, por historia y linaje, oscurantista. Oscuros son los pasillos, oscuros los trajes, oscuro el lenguaje. Unos cuantos abogados y jueces argentinos conservan el uso del latín, junto a ciertos fundamentalistas católicos. Acaso, a diferencia de éstos, son pocos los hombres de leyes que dominan esa lengua muerta, pero se valen de ella con asiduidad. Ese pintoresquismo es un ejemplo más de una vocación: retacear la comprensión de documentos y actos jurídicos. El lenguaje del Foro es críptico, engolado, inaccesible para los legos y aun a los “leidos” que no son profesionales del derecho.
Se sabe: el enigma, la jerga cifrada son recursos proverbiales del poder. Pero un estamento estatal debe tener la capacidad de transmitir sus actos al menos versado de los ciudadanos, como tratan de hacerlo los demás. La difusión, la accesibilidad son claves en la república. No es la norma en uno de sus poderes, al menos por acá.
Por cierto, no toda actividad gubernamental admite abrirse a las cámaras y los micrófonos. Hay instancias, en especial de negociación o deliberación, que necesitan sigilo para ser eficaces. Por ejemplo, es sensato mantener en reserva las conversaciones previas a una sentencia entre los jueces. Las decisiones son tajantes, inequívocas, en el discurrir previo los magistrados pueden (hasta deben, eventualmente) dudar, modificar sus pareceres, tomar razón de aspectos no contemplados en sus primeros abordajes. Pero la regla republicana es la visibilidad y la difusión.
Restringir al absurdo, como lo hace tozudamente el Tribunal Oral Federal Nº5 (TOF 5), la divulgación de imágenes de un proceso oral y público desnaturaliza su esencia. ¿Qué conserva de público un acto de gobierno que sólo pueden presenciar algunas docenas de personas? El velo impuesto por Sus Señorías atenta contra el derecho a la información de la ciudadanía. No se permite conocer el rostro de un acusado, personaje conspicuo por demás. No hay razones válidas que justifiquen esa sustracción a la mirada ciudadana, sólo sofismas.
La preservación de los testigos o de las víctimas en general legitima que se restrinjan imágenes en ciertas audiencias. ¿Por qué vedar a la opinión pública que conozca el rostro de un acusado?
Dos observaciones finales, centrales en este debate.
Una. La Corte Suprema, tardía pero razonablemente, solicitó en una Acordada de fin del año pasado mayor compromiso a los jueces en las causas que investigan violaciones de derechos humanos. Reclamó menos permeabilidad a las defensas obstructivas, más aplicación para que avancen los trámites, colaboración para que la prensa difunda los juicios.
En consonancia, en estos días, encareció a los integrantes del TOF 5 que abrieran la sala de audiencias a la mirada pública. El TOF 5 es moroso para llevar a los represores al banquillo, esta vez fue veloz. De volea desairó el pedido de la Corte. La reacción pone en duda la influencia o la autoridad del máximo tribunal respecto de los tribunales inferiores. Esta Corte ha sido señera para marcarles los puntos a otros poderes del Estado, sigue mostrándose débil para encarrilar el alma conservadora y ocultista de tantos magistrados.
Dos. En los últimos meses el presidente de la Asociación de Magistrados, en un exceso de solidaridad corporativa, afirmó que no hay ¡en toda la Argentina! jueces que deseen entorpecer las causas de derechos humanos. Cuesta compartir el diagnóstico cuando día a día Sus Señorías fuerzan la inventiva para sobreproteger (fuera de todo sustento legal) a los represores. En el caso que comentamos, para entorpecer (no ya sus procesamientos o sus condenas) sino “apenas” la divulgación de las pruebas de sus proezas.
(Fuente:Agencia ALC-Pagina12).
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