Al referirse a las declaraciones de la integrante de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay, la Presidenta coincidió en criticar a los medios de comunicación por contribuir a generar temor en la sociedad al repetir "358 veces al día" un crímen porque -dijo citando palabras de la jueza- "parece que hubiera exactamente 358 crímenes y no uno solo".
"Me gustaría que las noticias se publicaran completas y que dijeran que además de criticar al gobierno, (Argibay) también criticó a los medios de comunicación por cómo contribuyen a generar un temor en la sociedad", dijo la mandataria durante el acto de llamado a licitación para la construcción de la autopista Perón.
Argibay -dijo la Presidenta- "también criticó a los medios de comunicación por el tratamiento que dan al tema inseguridad, y se pronunció también contra la pena de muerte, y acerca de la inclusión social como tema clave en materia de inseguridad".
La presidenta descartó que la inseguridad responda a la falta de jueces porque, dijo, "todas las causas tienen juez, no hay ninguna causa paralizada, si no tienen juez titular, tienen juez subrogante".
Además, recordó que en los últimos años se designaron "más de 300 funcionarios y magistrados" y que en el 2008 "el Parlamento, por iniciativa del Poder Ejecutivo, sancionó leyes para agilizar aún más los trámites de subrogancia, para que todos los casos estén absolutamente cubiertos".
En cuanto al presupuesto, dejó claro que "hay presupuesto" en el Poder Judicial, y mencionó las obras que se están realizando para "una importante biblioteca, la morgue y la digitalización de la Justicia".
Dijo que el tema de derechos humanos y de inseguridad en general son "centrales" para el gobierno y asumió que "las causas de delitos de lesa humanidad están demoradas por "las constantes chicanas judiciales y la constante demora de los jueces para tomar decisiones, lo que hace que se llegue al disparate de que jueces dejen en libertad (a represores como) al capitán (Alfredo) Astiz".
En este marco, también hizo referencia a la absolución del violador de una joven discapacitada por un error procesal de la fiscal a cargo del caso.
"Todos tenemos responsabilidades, pero la liberación de detenidos que luego vuelven a cometer delitos y que tienen un altísimo grado de peligrosidad es responsabilidad de la Justicia, y esto no es echar la culpa a otro poder, porque los únicos que pueden juzgar y encarcelar a quienes delinquen en un sistema de división de poderes es la Justicia", puntualizó la jefa de Estado.
La Presidenta dejó claro que el Poder Ejecutivo puede "comprar muchos patrulleros, nombrar policías, construir comisarías, todo lo que sea la infraestructura de la seguridad, pero lo que hace a juzgar, encarcelar y condenar y no liberar a quienes resultan personas peligrosas para el conjunto de la sociedad, eso solamente en la República Argentina, afortunadamente, pueden hacerlo los jueces".
"Creo que cada uno tiene que hacerse cargo de la parte de responsabilidad que le cabe en este tema", enfatizó.La mandataria también se refirió al debate respecto a la justicia garantista o la justicia de mano dura, y dijo que la discusión "no tiene sentido" porque "los argentinos necesitamos justicia a secas, para los que delinquen y violan las leyes, sea para los derechos humanos o para los delitos comunes
No hay tal dicotomía, hay justicia o no hay justicia, hoy los jueces en la Republica Argentina cuentan con los instrumentos apropiados para que aquellas personas que constituyan un peligro para la sociedad por los delitos que han cometido no deban ser liberados", agregó.
La Presidenta, también en referencia a los dichos de Argibay, dijo que suscribía con ella el concepto de que la "mayor inclusión social" y la "mejor calidad de vida" para la sociedad contribuyen a generar "una mayor seguridad para todos los argentinos", y también su rechazo a la pena de muerte.
Durante su discurso, Cristina dijo también que "los grandes problemas de la sociedad deben ser abordados por todos, por los integrantes de los poderes y por los medios de comunicación, sin verdades a medias, sin inexactitudes y con honestidad intelectual".
"Estamos sinceramente ante la necesidad de una Justicia que sea más eficaz, que tenga mayor celeridad, que no produzca los errores y horrores (como la liberación del violador), y estos no son ni problemas de presupuesto ni de designaciones de jueces, esto es un problema de un sistema que tiene graves errores" porque -enfatizó- "presupuesto hay" y "los medios están allí".
La Presidenta también instó a la Corte Suprema de Justicia que "en su rol de jefatura de uno de los poderes del Estado, asuma su rol de superintendencia, que no es decirle a cada juez cuál es la sentencia que tiene que dictar porque cada uno lo hace según su sano juicio y crítica, sino intimar para que cada juez cumpla con los plazos que establece la Justicia".
"La Corte Suprema de Justicia debe ejercer la superintendencia y garantizarle a todos, a los que son juzgados que van a contar con las garantías, pero al resto de la sociedad, que quienes han atentado contra la sociedad, también tengan un condigno castigo", dijo.
SI QUIEREN QUE ACELEREMOS, PRIMERO NOMBREN A LOS JUECES QUE NO TENEMOS"
Réplica de Argibay a Cristina por la demora en los juicios a represores
La jueza de la Corte rechazó los planteos de la Presidenta. Y pidió más presupuesto.
La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay eligió la voz alta y firme para responderle a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre su reclamo a los jueces de mayor celeridad en la resolución de los delitos cometidos por la última dictadura.
SI QUIEREN QUE ACELEREMOS, PRIMERO NOMBREN A LOS JUECES QUE NO TENEMOS"
Réplica de Argibay a Cristina por la demora en los juicios a represores
La jueza de la Corte rechazó los planteos de la Presidenta. Y pidió más presupuesto.
La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay eligió la voz alta y firme para responderle a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre su reclamo a los jueces de mayor celeridad en la resolución de los delitos cometidos por la última dictadura.
"Le diría a la señora presidenta, que además lo sabe perfectamente bien, que dice que los poderes Legislativo y Ejecutivo lo han hecho todo y ahora es hora de la Justicia, que eso no es cierto", disparó la jurista ante media docena de periodistas en el cuarto piso del Palacio de Tribunales de la provincia.
"El ejecutivo y el legislativo nos han recortado presupuesto (y) si quieren que aceleremos los juicios primero que nombren a los jueces que no tenemos (porque) hay un montón de jueces que se excusan o son recusados por las partes y de dónde sacamos jueces si no los tenemos", enfatizó Argibay
Cristina había pedido la celeridad de los juicios durante su discurso de apertura de las sesiones legislativas ordinarias, el domingo en el Congreso.Argibay estaba junto al presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Jorge Nanclares, cuando embistió contra Cristina.
Fue durante una conferencia de prensa en el cuarto piso de los tribunales provinciales, minutos antes de participar en el acto de apertura del año judicial.
A este encuentro asistió el gobernador peronista Celso Jaque y varios de sus ministros.--
En una larga explicación, la jueza insistió: "No tenemos infraestructura, no tenemos jueces, no tenemos dinero para pagar a los empleados y toda la parte informática".
Advirtió a renglón seguido que "estamos pidiendo un refuerzo de presupuesto porque no nos alcanza".Se la sintió molesta y con el tono elevado.
Dijo, en otro momento de sus declaraciones, que "los jueces se nombran a través del Consejo de la Magistratura, que está dominada por políticos, que son la mayoría, y después de una selección que hace el Ejecutivo, tienen que dar acuerdo en el Congreso".
Argibay no retaceó respuestas a los temas de actualidad que se le plantearon. Por ejemplo, formuló una fundamentación sobre por qué no debe existir la pena de muerte en La Argentina. Hizo notar que nuestro país adhiere en la Constitución Nacional a tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica.Se refirió, entonces, a expresiones de Susana Giménez, Sandro y hasta del actor mendocino Mike Amigorena, que respaldan la pena capital frente a los asaltos violentos que terminan con la vida de las víctimas, como ha ocurrido últimamente en Buenos Aires.
El tema caló hondo en las últimas dos semanas y la oposición criticó a la Presidenta porque durante su mensaje en la Asamblea Legislativa no mencionó la inseguridad.
El miércoles, en un intento por revertir ese olvido, la Presidenta admitió que la seguridad es una cuestión "preocupa" al Gobierno.
¿Un caso de negligencia?
Walter Curia
Tras el pedido de excarcelación de Astiz, en diciembre, en el máximo nivel del Gobierno se habló de llamar a extraordinarias para apurar las causas contra los responsable de delitos aberrantes. El miércoles, en la primera sesión del año en el Senado, el titular del bloque radical pidió tratar el proyecto de ley de reforma del código procesal de la oposición. Ernesto Sanz recogió el mensaje de apertura de sesiones de la Presidenta e invitó al oficialismo a darle preferencia. Su par Miguel Pichetto reconoció el aporte intelectual del ex camarista Ricardo Gil Lavedra a ese proyecto, pero insistió en que el Congreso aprobó los instrumentos necesarios y que están en poder de la justicia. En una discusión casi de juristas, Argibay incorpora ahora cuestiones propias del subdesarrollo como obstáculo para la agilización de los juicios. Los Kirchner impulsaron la reapertura de las causas a los criminales de la dictadura. ¿Estamos entonces frente a un caso de negligencia?
Antecedentes
Leonardo Mindez
La recomposición de la Corte Suprema fue una de las obras insignias del kirchnerismo temprano. Con justicia -que de eso se trata-, Néstor Kirchner puede jactarse de haber impulsado una renovación profunda del viciado aire que reinaba en el máximo tribunal de la República cuando llegó a la Casa Rosada. Por aquellos días, y también a propuesta presidencial, el Congreso aprobó la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida. Eran los tiempos de la acumulación primaria de poder en que todo era ganancia para el todavía escuálido y enigmático escuadrón llegado desde la Patagonia profunda.La nave kirchnerista remontó los cielos y bajó a tierra desde entonces. Siempre haciendo de los derechos humanos y de la justicia para las víctimas de la dictadura su bandera.Pero las buenas intenciones no lograron ser acompañadas hasta ahora por los hechos. Al menos, no los suficientes. Los datos son contundentes: apenas 14 juicios concluyeron y 36 represores fueron condenados desde 2003. En la cuenta del debe, otros 800 procesos están casi parados y 281 acusados continúan en prisión preventiva a la espera de un juicio.El año pasado comenzó a crecer el debate sobre quién es el culpable de tamaño despropósito. Ni la renuncia del juez Alfredo Bisordi a la Cámara que es un agujero negro para muchos de los procesos sirvió de mucho. Los tres poderes del Estado se señalan unos a otros por el infortunio de una realidad que, a decir verdad, va más allá de las causas por crímenes de lesa humanidad, aunque genera particular indignación en estos casos, a un cuarto de siglo de la recuperación democrática. El domingo pasado, Cristina volvió a reclamar mayor celeridad. Y Carmen Argibay salió ayer a responderle a la Presidenta, como antes lo había hecho, en un tono menos directo, su colega Carlos Fayt. Esas también son ventajas de una Corte con magistrados probos e independientes: puede genera un contrapunto provechoso con un poder político que no está acostumbrado a eso.
¿Un caso de negligencia?
Walter Curia
Tras el pedido de excarcelación de Astiz, en diciembre, en el máximo nivel del Gobierno se habló de llamar a extraordinarias para apurar las causas contra los responsable de delitos aberrantes. El miércoles, en la primera sesión del año en el Senado, el titular del bloque radical pidió tratar el proyecto de ley de reforma del código procesal de la oposición. Ernesto Sanz recogió el mensaje de apertura de sesiones de la Presidenta e invitó al oficialismo a darle preferencia. Su par Miguel Pichetto reconoció el aporte intelectual del ex camarista Ricardo Gil Lavedra a ese proyecto, pero insistió en que el Congreso aprobó los instrumentos necesarios y que están en poder de la justicia. En una discusión casi de juristas, Argibay incorpora ahora cuestiones propias del subdesarrollo como obstáculo para la agilización de los juicios. Los Kirchner impulsaron la reapertura de las causas a los criminales de la dictadura. ¿Estamos entonces frente a un caso de negligencia?
Antecedentes
Leonardo Mindez
La recomposición de la Corte Suprema fue una de las obras insignias del kirchnerismo temprano. Con justicia -que de eso se trata-, Néstor Kirchner puede jactarse de haber impulsado una renovación profunda del viciado aire que reinaba en el máximo tribunal de la República cuando llegó a la Casa Rosada. Por aquellos días, y también a propuesta presidencial, el Congreso aprobó la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida. Eran los tiempos de la acumulación primaria de poder en que todo era ganancia para el todavía escuálido y enigmático escuadrón llegado desde la Patagonia profunda.La nave kirchnerista remontó los cielos y bajó a tierra desde entonces. Siempre haciendo de los derechos humanos y de la justicia para las víctimas de la dictadura su bandera.Pero las buenas intenciones no lograron ser acompañadas hasta ahora por los hechos. Al menos, no los suficientes. Los datos son contundentes: apenas 14 juicios concluyeron y 36 represores fueron condenados desde 2003. En la cuenta del debe, otros 800 procesos están casi parados y 281 acusados continúan en prisión preventiva a la espera de un juicio.El año pasado comenzó a crecer el debate sobre quién es el culpable de tamaño despropósito. Ni la renuncia del juez Alfredo Bisordi a la Cámara que es un agujero negro para muchos de los procesos sirvió de mucho. Los tres poderes del Estado se señalan unos a otros por el infortunio de una realidad que, a decir verdad, va más allá de las causas por crímenes de lesa humanidad, aunque genera particular indignación en estos casos, a un cuarto de siglo de la recuperación democrática. El domingo pasado, Cristina volvió a reclamar mayor celeridad. Y Carmen Argibay salió ayer a responderle a la Presidenta, como antes lo había hecho, en un tono menos directo, su colega Carlos Fayt. Esas también son ventajas de una Corte con magistrados probos e independientes: puede genera un contrapunto provechoso con un poder político que no está acostumbrado a eso.
(Fuente:Rdendh).
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