En torno a un nuevo aniversario del secuestro de Miguel Ragone
Avanzar el juicio histórico
Por Ramiro Daniel Escotorin*
Este 11 de marzo se cumplio un nuevo aniversario del secuestro y desaparición del ex gobernador de Salta, Dr. Miguel Ragone.
El hecho acaeció catorce días antes del golpe de Estado que derribó las instituciones democráticas de nuestro país e instauró el régimen político más sangriento de nuestro de historia.
Treinta y tres años después la búsqueda de justicia y la lucha contra la impunidad sigue siendo un eje de acción de las fuerzas populares para sentar en el banquillo a quienes diseñaron y ejecutaron el aberrante plan de exterminio implementado a partir de 1975.
La sincera y justa lucha encarada desde el momento mismo del inicio de este plan en la década del setenta no debe hacernos perder de vista la realización del otro juicio.
El juicio histórico, aquel que prescinde de maniqueísmos o polarizaciones simplistas para abrir la puerta al debate social sobre las responsabilidades sobre el proceso desarrollado en esos años.
De esta forma se evitará en primer lugar cerrar las instancias de investigación y conocimiento de esa etapa, además de evitar que los responsables directos de los crímenes sean los únicos señalados e identificados.
La construcción de una memoria integral no puede acabar en la sola instancia judicial, de por si incompleta.
Pero también este juicio histórico debe cumplir el rol de ampliar a escala social general una trama que hoy está reducida a los ámbitos judiciales; si no ocurre esto torceremos el camino para caer en la judicialización de la historia.
Esto es pretender circunscribir a una compleja realidad política, sobre todo la de esos años, al simple expediente de dividir a los actores en culpables e inocentes.
Ragone fue permanentemente hostilizado y calificado como "zurdo" por sectores políticos peronistas que respondían al lineamiento del gobierno nacional de Isabel y López Rega, por el sindicalismo ortodoxo, la alta sociedad conservadora salteña y la jerarquía eclesiástica local, tradicionalmente reaccionaria y derechista.
Si ya existe la permanente tentación de reducir juicios históricos a buenos y malos, justos e injustos, limitar el espacio de los hechos políticos en el espacio de la justicia implica un maniqueísmo extremo del que ya hay evidencias concretas de su avance.
Si ya existe la permanente tentación de reducir juicios históricos a buenos y malos, justos e injustos, limitar el espacio de los hechos políticos en el espacio de la justicia implica un maniqueísmo extremo del que ya hay evidencias concretas de su avance.
El caso Rucci es uno de ellos, las diversas responsabilidades de María Estela Martínez como presidenta es otro.
Pero en el tema de Miguel Ragone es donde debemos poner el énfasis no solo por la fecha, sino porque su caso es un paradigma del camino recorrido por el ex gobernador peronista.
Camino que en su última etapa se inicia como candidato a gobernador proclamado en 1972 y junto a esto una cerrada oposición política interna, prosigue ya con Ragone gobernador y un ataque sostenido y en alza permanente contra él con acusaciones de infiltrado, marxista, montonero, etc. y se manifiesta en el ataque físico contra su gobierno (toma de la casa de gobierno) y termina en el acto de la intervención federal en noviembre de 1974 y el secuestro en marzo de 1976.
Un camino sinuoso donde política y violencia fueron de la mano ineludiblemente dentro de un contexto de crisis general donde se jugaba algo mas que cargos partidarios o oficiales.
Estaba en disputa modelos de Nación antagónicas, cuyas contradicciones se habían ido tensando a lo largo de cuarenta años.El juicio histórico apunta a desenredar esta compleja trama de actores, personajes, modelos e ideologías puestas sobre un tablero que debía descartar a todos menos uno.
Miguel Ragone fue uno de ellos inserto en campo determinado, no fue ajeno ni ingenuo al momento que vivía, fue el último peronista políticamente honesto (y auténtico).
Con él y otros cientos que dejaron su vida por una causa que reivindicaban como justa, se agota una etapa histórica: la del peronismo de la justicia social, la distribución y el acuerdo social.
Se profundiza otra, la del disciplinamiento de de las clases populares, el vaciamiento ideológico y la cooptación por parte de las clases dominantes de sus organizaciones, cuadros y dirigentes, previa aniquilación física de las personas más lúcidas del campo popular.
Entonces, debe ponerse el foco en dirección a quienes fueron sus principales detractores, enemigos y conspiradores contra su gobierno para aclarar el quien es quien.
Ellos no firmaron sentencia alguna, no apretaron el gatillo, no formaron ningún comando pero abrieron el camino para que Ragone transitara ese breve trecho entre su casa y la esquina donde fuera interceptado.
Allí están sus nombres, sus agrupaciones: la lista Azul y Blanca, la Coalición del Interior, el grupo Reconquista, las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas de Salta.
Horacio Bravo Herrera, Roberto Romero, Eleodoro Rivas Lobo, Mario Amelunge, Jorge Lavadenz, Ramos, Lezcano, etc..
En diversos niveles ellos no podían conciliar con Ragone y todos celebraron y corrieron a ponerse al servicio de la reaccionaria intervención federal encabezada por los expertos golpistas cordobeses que a principio de ese año 1974 habían derribado al gobernador cordobés Ricardo Obregón Cano en el funesto navarrazo.
Lo que una lógica simplista y hasta algo gorila diría que fue una interna violenta del peronismo, fue en realidad la concurrencia de actores diversos en una coyuntura donde la crisis alcanzaba a todas las instancias sociales y políticas por igual.
Entonces se impone abrir un debate donde se ponga blanco sobre negro: la responsabilidad del partido justicialista en la caída del gobierno de Ragone.
La masacre, reitero, no comenzó el 24 de marzo de 1976 sino que tuvo sus prolegómenos sobre fines de 1974, se expresa abiertamente en 1975 y se institucionaliza (se estatiza) en 1976.
Es válido el dato recordatorio que todos los fusilados el 6 de julio de 1976 en Palomitas habían sido detenidos durante la intervención federal, en la que participan la mayoría de los dirigentes pejotistas.
Está claro entonces porque el silencio y el olvido culposos durante casi dos décadas de la figura de Ragone por parte del PJ salteño.Este reaparece ya no para ser vehículo de transformación a favor de los sectores populares sino para mostrar su faceta de partido del orden y administrador de la pobreza y las necesidades de las mayorías.
Algo que Miguel Ragone no estuvo dispuesto a avalar.Para cerrar esta coherencia actual, basta entrar a su salón para observar la imagen gigante del principal beneficiado por la desaparición del ex gobernador, Roberto Romero, quien además fue un acérrimo opositor y conspirador desde las páginas del ex diario del partido peronista El Tribuno, del que se apropió en sus días de comando civil allá por 1955.
Romero, gobernador entre 1983 y 1987 ni siquiera pudo validar su supuesta chapa de caudillo en 1991 cuando perdió las elecciones a mano del ex gobernador de facto Roberto Ulloa.
Demasiado poco.En definitiva el Juicio Histórico no puede prescindir del análisis ni del compromiso político, en tanto éste es el punto de reunión entre el pasado y nuestro presente.
Disputar el pasado, es construir un memoria crítica y propia para desde allí pensar un futuro también propio.
Se trata de practicar la fórmula propuesta por el historiador francés Jean Chesnaux: -pensar históricamente el presente, pensando políticamente el pasado.
* Ramiro Daniel Escotorin, Sec. Adj. CTA Salta. Historiador. Autor del libro “Salta montonera – La actuación de los sectores populares en la provincia de Salta 1972 – 1976” – CTA ediciones 2007.
(Fuente:AgenciaALC-Elortiba).
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