OPINIÓN.

Los testigos y la “sobreactuación”
Por Graciela Daleo *

Una de las dimensiones que se vienen debatiendo en relación con el juzgamiento a los genocidas de la dictadura es la referida a su difusión, en particular las audiencias orales y públicas, que culminan con la sentencia. En varios procesos se probó que los represores perpetraron los crímenes por los que fueron acusados, y aun cuando hubo medios de comunicación presentes, e incluso algunos tramos fueron reproducidos por canales públicos de TV no comerciales –acusación, alegatos, sentencia, algunas declaraciones testimoniales—, hubo condenas sin que se violaran las “garantías del debido proceso”, temor que agita el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 5 para reducir a su mínima expresión la difusión de las audiencias.

Coincido con conceptos ya vertidos por algunos sobrevivientes, abogados de las querellas, periodistas, juristas, etc.: registro fílmico del juicio –que no esté a cargo de la Policía Federal dada su participación institucional en los hechos que están siendo juzgados. La TV pública podría hacerlo, por ejemplo–; transmisión y difusión de las jornadas de acusación, de alegatos, y de sentencia. Respecto de sobrevivientes y familiares de las víctimas, requieren un tratamiento que les garantice la integridad, el derecho a no ser revictimizados con innumerables repeticiones de lo ya manifestado; y respetar la voluntad de quienes se opongan a la difusión masiva de su imagen o sus dichos. En cuanto al contenido de las declaraciones, su edición deberá garantizar que vía manipulación no terminen fabricando conceptos que no reflejen lo expresado, como tantas veces ocurre.Pero no es ése el “cuidado” que propone León Arslanian –cabeza de la Cámara Federal durante el juicio a los ex comandantes de la dictadura, en 1985– en su nota “Proteger a los testigos". Como el TOF Nº 5, presupone, apoyado en “abundante literatura”, que la presencia de los medios –específicamente la televisión– llevaría a una “sobreactuación del testigo que se sabe visto y escuchado”. Hay “testigos que necesitan la audiencia o se quieren agrandar cuando declaran”, aventura. En las numerosas sesiones a las que asistí, como público y como testimoniante, lo que hicieron/hicimos quienes dimos cuenta del accionar criminal de los dictadores fue exponer lo vivido y muerto en los campos de concentración –los sobrevivientes—, la incansable búsqueda de los detenidos-desaparecidos –los familiares y organizaciones de derechos humanos—, y aquello que compañeros, vecinos y parientes de las víctimas presenciaron. Ni especulación, ni actuación, ni agrandarse para salir en la TV. Dignidad, verdad, exigencia de justicia, vivir como intolerable la impunidad de los poderosos. Enhebrar esa multiplicidad de hechos en una contundente denuncia: no hubo ni excesos ni bandas descontroladas. Hubo un plan genocida, condición necesaria para la pretensión de erradicar del pueblo argentino las relaciones sociales solidarias, participativas y fraternas.

¿Expresan cuidado las palabras de un ex juez ante quien sí “sobreactuaron” en el ’85 los defensores de Videla y cía., que acosaban a los testigos interrogándolos sobre sus amistades, sus ideas políticas, sus relaciones personales, y no por los crímenes cometidos por sus clientes? (Las reservas Arslanian cuadrarían más para Moreno Ocampo, que en los ’90 pasó de fiscal a jugar el personaje en un show de TV.) Para aquel proceso, dice, eran adecuadas las cámaras: querían tener “alguna garantía de la opinión pública” de que eran imparciales. Pequeño propósito el de los jueces: cuidar su prestigio, quedarse con la palabra. (Ahora entiendo por qué en aquellos breves flashes nunca se escuchó la voz de los testigos.)

No se me escapa que con los medios que estén presentes deben acordarse pautas que aseguren el respeto a quienes declaren, y se impida cualquier acoso “publicitario”. En síntesis: que no se reedite el “show del horror” desplegado a fines de la dictadura, con poco afán de justicia y mucho de multiplicación del terror. Los testigos no buscan fama, exigen justicia.

Pero creo necesario que todas las instancias estatales propuestas y dispuestas a “proteger a los testigos” anoten que hacerlo exige que haya real compromiso con esclarecer las amenazas y atentados que éstos vienen sufriendo; con que todos los represores estén en cárceles comunes y sin privilegios; con que la causa por la desaparición de Julio López sea un instrumento para llegar a Julio y condenar a los responsables, y no botín de internas judiciales; con que los abogados de los genocidas no se erijan en fiscales y acusadores de sobrevivientes y familiares. Exige que asuman que vivir en un país sin impunidad es un derecho de todo nuestro pueblo, y de cuya garantía y vigencia nadie pueden desentenderse. Menos aún el Poder Judicial.

* Sobreviviente y querellante en la causa ESMA.

Ordenan detener a un ex juez por cómplice de la dictadura
Por Diego Martínez

La entrada al centro clandestino de detención La Escuelita, de Bahía Blanca.
Entre 1975 y 1978 fue la pata judicial del terrorismo de Estado en Bahía Blanca. Por las noches visitaba a los jefes del Cuerpo V de Ejército “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión”, según contó el general Adel Vilas. De día, como juez federal, rechazaba los hábeas corpus a favor de desaparecidos y archivaba sin investigar los fusilamientos que los comunicados oficiales publicitaban como enfrentamientos. En 2001, como miembro del Tribunal Oral Federal 5, condenó al apropiador de una hija de desaparecidos, juicio que concluyó con las Abuelas de Plaza de Mayo cantando “Como a los nazis les va a pasar...”. En 2004 Página/12 publicó su historia negra y el Centro de Estudios Legales y Sociales pidió su juicio político. Cuando el Consejo de la Magistratura comenzaba a investigarlo, renunció. En octubre de 2006 el fiscal federal Hugo Cañón pidió su detención, que ahora, dos años y medio después, ordenó el juez federal Alcindo Alvarez Canale. El protagonista de la historia es Guillermo Federico Madueño, un símbolo de la inserción en las instituciones democráticas de cómplices civiles del terrorismo de Estado.
En diciembre de 1975 el flamante juez archivó sin investigar la causa del primer desaparecido bahiense. El comando a cargo del general Carlos Suárez Mason adujo que mientras lo trasladaban en patrullero, esposado y custodiado por tres policías, Daniel Bombara abrió la puerta y se tiró al asfalto. Para no entregar su cuerpo con rastros de tortura, al día siguiente simularon que “desconocidos” lo habían robado mientras una ambulancia lo trasladaba a la morgue. “Robaron ayer el cadáver de un extremista”, informó La Nueva Provincia. Al mes, el juez archivó la causa.
En abril de 1976, una mujer secuestrada junto con Bombara declaró ante el juez y su secretario, Hugo Sierra, que “un patrullero” los llevó hasta un lugar que no pudo determinar y “con los ojos vendados” fue sometida “a toda clase de torturas”. El magistrado hizo oídos sordos, no investigó las torturas ni reabrió la causa Bombara. En agosto, para mantener en prisión a un militante de la Juventud Peronista, Sierra le propuso al juez usar un dato de la declaración del desaparecido, “no firmada por el declarante ni por los funcionarios interrogantes” (sic) por razones que prefirió no analizar. El juez no se animó a tanto. Sierra aún no está imputado en la causa y es profesor de derecho en la Universidad Nacional del Sur.En plena dictadura Madueño se reunía en la casa del general René Azpitarte, jefe del Cuerpo V, “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión y el terrorismo, lo que dio intervención al juez a hacer la investigación de la UNS”, declaró en 1987 el general Vilas, impune por insania. La investigación fue una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista” que un grupo de profesores padeció con años de humillaciones en las cárceles de la dictadura, y que el diario La Nueva Provincia y la revista Cabildo publicitaron como ejemplo de la lucha contra la subversión. Vilas contó ante la Cámara Federal bahiense que invitó al juez a visitar el centro clandestino La Escuelita y que Madueño se negó, aunque admitió: “Ya estoy integrado. Menudo trabajo tengo con la investigación en la universidad”. El juez Alvarez Canale ordenó la detención de su ex colega. El defensor oficial Luis Angel Devaux respondió que Madueño padece una enfermedad grave, que se presentará si lo citan y pidió la eximición de prisión. El juez la rechazó.

Confirman procesamientos
La Sala II de la Cámara Federal de La Plata confirmó los procesamientos de un grupo de represores del Pozo de Arana, incluidos los ex comisarios Miguel Etchecolatz y Miguel Kearney, y sugirió al juez federal Arnaldo Corazza unificar la causa junto con las que investigan los delitos de lesa humanidad en la Brigada de Investigaciones y en la Comisaría 5ª de La Plata, que también formaban parte del circuito represivo a cargo del jefe de la Policía Bonaerense, general Ramón Camps. Los procesamientos confirmados incluyen a Rodolfo Aníbal Campos, Rubén Oscar Páez, Pedro Antonio Ferriole, Bernabé Jesús Corrales, Fernando Svedas, Mario Sita, Raúl Machuca, Roberto Omar Grillo, Daniel Jorge Lencinas y Julio César Argüello. El tribunal sobreseyó por fallecimiento a Mario Jaime, Mario Tocho, Carlos Vercellone y Rodolfo González Conti. El juez Corazza deberá decidir entre elevar a juicio la causa Comisaría 5ª, tal como ya lo requirieron la fiscalía y las querellas, o retrasar el trámite a la espera del avance de las otras causas, como aconseja la Cámara.
(Fuente:Rdendh).