Víctor David "El Japonés" Becerra dejó de existir ayer en la madrugada en el Complejo Sanitario San Luis, a consecuencia de una "descompensación generalizada" que se venía agravando a raíz de su diabetes, según confirmó ayer por la tarde el Director del Complejo Sanitario San Luis, Eduardo Cantero.
"A las seis de la mañana de hoy (por ayer) se produjo su fallecimiento, a raíz de las descompensaciones que produjo su enfermedad de base -crónica-, la diabetes. Los fallos de los distintos órganos, producto de la descompensación que en forma crónica produjo su diabetes", fueron los que determinaron su deceso, abundó.
Tras la condena, producida en marzo último, la salud de Becerra, de 71 años de edad, se fue deteriorando y debieron amputarle ambos miembros inferiores. En la madrugada de ayer ocurrió el desenlace.
Quien fuera su abogado defensor en el juicio que se sustanció entre los meses de octubre y marzo, Hernán Vidal, en diálogo desde Buenos Aires, visiblemente molesto, señaló: "Ocurrió lo que el doctor Vidal, con sus canas y su conocimientos le dijo al Tribunal hace muchos meses; que este señor no estaba en condiciones de ir a un juicio, que estaba muy enfermo, que le iban a cortar las piernas y se las cortaron, y que además de eso, se iba a morir. Y que después no solo iban a rendirle cuentas a sus conciencias, sino al Consejo de la Magistratura, además de a los organismos de derechos humanos".
Aseguró que "el juicio empeoró la salud y ahí tenemos los resultados", dijo el letrado que manifestó no conocer la causa del deceso, pero "seguramente debe ser paro cardíaco o respiratorio no traumático. No quiero pensar que los adversarios políticos combatientes de otra época lo hayan ultimado dentro del hospital en la sacrosanta provincia que gobierna Rodríguez Saá", ironizó.
Luego cargó contra el Tribunal que juzgó a Becerra con otra ironía: "Me tomé el trabajo de ir a los libros, que no muerden, pero los miembros del Tribunal deben tenerle miedo a las mordidas o a los libros. Allí pude averiguar que la diabetes, frente a situaciones de stress va causando crisis cada vez mayores y uno puede pasar de DBT2, que no es insulino dependiente, a DBT1. Cuando una persona está sometida a un proceso y si a eso le sumamos que no le damos la atención debida -recuerde que este hombre entró caminando a la cárcel, se entregó solo- y todo el encierro y el trato judicial, no hizo nada mas, ni nada menos, que a la postre generarle la muerte, muerte que no le deseo a ninguno de los tres jueces que actuaron. Pero bueno, Dios es justo", sentenció.
El ex policía, jefe del Departamento Informaciones D2 durante la dictadura, fue hallado culpable por la desaparición de Pedro Valentín Ledesma, "Sandro" Santana Alcaraz, el asesinato de Graciela Fiochetti y las torturas sufridas por Víctor "El Gringo" Fernández.
Había sido condenado a prisión perpetua conjuntamente con los militares Carlos Esteban Pla y Miguel Ángel Fernández Gez y sus camaradas de armas Juan Carlos Pérez y LUis Orozco.
Durante las audiencias, Becerra había sido recordado por sus víctimas como uno de los represores que más se ensañaba en las sesiones de tortura.
Las muertes después del juicio
Aunque racionalmente no exista ninguna explicación, ya que lo único certero al final del camino de hombres y mujeres es la muerte, no deja de llamar la atención que después de finalizado el juicio a los represores que tuvieron actuación en San Luis se han producido -en menos de dos meses- cuatro decesos de personas relacionadas directamente con el mismo.
El primero fue el de la hermana de "Sandro" Santana Alcaraz, María del Carmen, cuyos órganos sirvieron para prolongar la vida de cuatro receptores de la ablación.
A las pocas horas, un tiro disparado por él mismo, terminó con la vida de Wenceslao Garro, a quien se le iba a abrir compulsa por su participación en la represión llevada adelante por la dictadura cívico mlitar.
El domingo pasado la comunidad lloró la pérdida del ingeniero Carlos "Carlitos" Britos, cofundador y copresidente de la APDH San Luis, organismo que actuó como querellante en el juicio.
Habían pasado apenas cuatro días cuando se conoció la muerte de Becerra, tras una vieja enfermedad que lo aquejaba.
Informe:Gustavo Senn
"A las seis de la mañana de hoy (por ayer) se produjo su fallecimiento, a raíz de las descompensaciones que produjo su enfermedad de base -crónica-, la diabetes. Los fallos de los distintos órganos, producto de la descompensación que en forma crónica produjo su diabetes", fueron los que determinaron su deceso, abundó.
Tras la condena, producida en marzo último, la salud de Becerra, de 71 años de edad, se fue deteriorando y debieron amputarle ambos miembros inferiores. En la madrugada de ayer ocurrió el desenlace.
Quien fuera su abogado defensor en el juicio que se sustanció entre los meses de octubre y marzo, Hernán Vidal, en diálogo desde Buenos Aires, visiblemente molesto, señaló: "Ocurrió lo que el doctor Vidal, con sus canas y su conocimientos le dijo al Tribunal hace muchos meses; que este señor no estaba en condiciones de ir a un juicio, que estaba muy enfermo, que le iban a cortar las piernas y se las cortaron, y que además de eso, se iba a morir. Y que después no solo iban a rendirle cuentas a sus conciencias, sino al Consejo de la Magistratura, además de a los organismos de derechos humanos".
Aseguró que "el juicio empeoró la salud y ahí tenemos los resultados", dijo el letrado que manifestó no conocer la causa del deceso, pero "seguramente debe ser paro cardíaco o respiratorio no traumático. No quiero pensar que los adversarios políticos combatientes de otra época lo hayan ultimado dentro del hospital en la sacrosanta provincia que gobierna Rodríguez Saá", ironizó.
Luego cargó contra el Tribunal que juzgó a Becerra con otra ironía: "Me tomé el trabajo de ir a los libros, que no muerden, pero los miembros del Tribunal deben tenerle miedo a las mordidas o a los libros. Allí pude averiguar que la diabetes, frente a situaciones de stress va causando crisis cada vez mayores y uno puede pasar de DBT2, que no es insulino dependiente, a DBT1. Cuando una persona está sometida a un proceso y si a eso le sumamos que no le damos la atención debida -recuerde que este hombre entró caminando a la cárcel, se entregó solo- y todo el encierro y el trato judicial, no hizo nada mas, ni nada menos, que a la postre generarle la muerte, muerte que no le deseo a ninguno de los tres jueces que actuaron. Pero bueno, Dios es justo", sentenció.
El ex policía, jefe del Departamento Informaciones D2 durante la dictadura, fue hallado culpable por la desaparición de Pedro Valentín Ledesma, "Sandro" Santana Alcaraz, el asesinato de Graciela Fiochetti y las torturas sufridas por Víctor "El Gringo" Fernández.
Había sido condenado a prisión perpetua conjuntamente con los militares Carlos Esteban Pla y Miguel Ángel Fernández Gez y sus camaradas de armas Juan Carlos Pérez y LUis Orozco.
Durante las audiencias, Becerra había sido recordado por sus víctimas como uno de los represores que más se ensañaba en las sesiones de tortura.
Las muertes después del juicio
Aunque racionalmente no exista ninguna explicación, ya que lo único certero al final del camino de hombres y mujeres es la muerte, no deja de llamar la atención que después de finalizado el juicio a los represores que tuvieron actuación en San Luis se han producido -en menos de dos meses- cuatro decesos de personas relacionadas directamente con el mismo.
El primero fue el de la hermana de "Sandro" Santana Alcaraz, María del Carmen, cuyos órganos sirvieron para prolongar la vida de cuatro receptores de la ablación.
A las pocas horas, un tiro disparado por él mismo, terminó con la vida de Wenceslao Garro, a quien se le iba a abrir compulsa por su participación en la represión llevada adelante por la dictadura cívico mlitar.
El domingo pasado la comunidad lloró la pérdida del ingeniero Carlos "Carlitos" Britos, cofundador y copresidente de la APDH San Luis, organismo que actuó como querellante en el juicio.
Habían pasado apenas cuatro días cuando se conoció la muerte de Becerra, tras una vieja enfermedad que lo aquejaba.
Informe:Gustavo Senn
COMUNICADO.
Durante los días 13, 14 y 15 del corriente mes se realizó una nueva etapa de trabajo de búsqueda de un probable enterramiento humano en el campo de tiro de la Fuerza Aérea Las Lajas donde funcionó un centro clandestino de detención en los años 1976 y 1977. La medida se cumplió con orden judicial dada por el Juez Federal en el fuero penal Dr. Walter Bento quien entiende en la causa Nº 171 F en la que se investiga la denuncia promovida por los querellantes Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Estuvieron presentes en el marco de la legalidad de la medida, el Dr. Omar Palermo, Fiscal especial de la Justicia Federal, con dos integrantes de la Unidad Fiscal. Un oficial de Justicia designado por el Juzgado Nº 1. Participó la Lic. Raquel Odasso, Directora de Derechos Humanos de la Municipalidad de Las Heras y otros funcionarios del municipio, que aportó las máquinas empleadas y personal para el trabajo de campo. Los gastos de traslado de los peritos desde sus ciudades de origen, la estadía en Mendoza, igualmente de los ayudantes y otros costos derivados de la actividad cumplida por el equipo de trabajo, se encuentran cubiertos por un subsidio otorgado por el Gobierno de Mendoza por gestión de la Dra. María José Ubaldini, Directora de Derechos Humanos de la Provincia.
Esta cuarta etapa de la pericia fue cumplida por peritos geofísicos, geólogos y antropólogos, quienes dispusieron excavaciones con máquina retroexcavadora sobre sectores del campo previamente explorados y referenciados que presentan modificaciones del suelo. El resultado obtenido hasta el presente es negativo. Se proyecta la continuación del trabajo y se analizan las características de la próxima etapa.
El MEDH destaca el apoyo que el área de defensa de los derechos humanos, tanto desde la Secretaría de la Nación como las Direcciones de la Provincia y de Las Heras, han brindado al justo reclamo de los familiares de víctimas de la dictadura militar que buscan desde hace más de treinta años, los restos de sus seres queridos desaparecidos y que se preguntan día tras día: ¿DONDE ESTAN?
María del Carmen Gil de Camín – LC 3.043.466
Elba Morales – DNI 3.499.576
MEDH Regional Mendoza – San Lorenzo 478 - Ciudad
Concedieron la excarcelación a Guil y Alzugaray en la causa por Eduardo Fronda
La Cámara Nacional de Casación Penal concedió la excarcelación a los represores Joaquín Guil y Juan Carlos Alzugaray en la causa en la que se investiga el homicidio del militante justicialista Eduardo Fronda, cometido el 8 de enero de 1975.
Durante los días 13, 14 y 15 del corriente mes se realizó una nueva etapa de trabajo de búsqueda de un probable enterramiento humano en el campo de tiro de la Fuerza Aérea Las Lajas donde funcionó un centro clandestino de detención en los años 1976 y 1977. La medida se cumplió con orden judicial dada por el Juez Federal en el fuero penal Dr. Walter Bento quien entiende en la causa Nº 171 F en la que se investiga la denuncia promovida por los querellantes Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Estuvieron presentes en el marco de la legalidad de la medida, el Dr. Omar Palermo, Fiscal especial de la Justicia Federal, con dos integrantes de la Unidad Fiscal. Un oficial de Justicia designado por el Juzgado Nº 1. Participó la Lic. Raquel Odasso, Directora de Derechos Humanos de la Municipalidad de Las Heras y otros funcionarios del municipio, que aportó las máquinas empleadas y personal para el trabajo de campo. Los gastos de traslado de los peritos desde sus ciudades de origen, la estadía en Mendoza, igualmente de los ayudantes y otros costos derivados de la actividad cumplida por el equipo de trabajo, se encuentran cubiertos por un subsidio otorgado por el Gobierno de Mendoza por gestión de la Dra. María José Ubaldini, Directora de Derechos Humanos de la Provincia.
Esta cuarta etapa de la pericia fue cumplida por peritos geofísicos, geólogos y antropólogos, quienes dispusieron excavaciones con máquina retroexcavadora sobre sectores del campo previamente explorados y referenciados que presentan modificaciones del suelo. El resultado obtenido hasta el presente es negativo. Se proyecta la continuación del trabajo y se analizan las características de la próxima etapa.
El MEDH destaca el apoyo que el área de defensa de los derechos humanos, tanto desde la Secretaría de la Nación como las Direcciones de la Provincia y de Las Heras, han brindado al justo reclamo de los familiares de víctimas de la dictadura militar que buscan desde hace más de treinta años, los restos de sus seres queridos desaparecidos y que se preguntan día tras día: ¿DONDE ESTAN?
María del Carmen Gil de Camín – LC 3.043.466
Elba Morales – DNI 3.499.576
MEDH Regional Mendoza – San Lorenzo 478 - Ciudad
Concedieron la excarcelación a Guil y Alzugaray en la causa por Eduardo Fronda
La Cámara Nacional de Casación Penal concedió la excarcelación a los represores Joaquín Guil y Juan Carlos Alzugaray en la causa en la que se investiga el homicidio del militante justicialista Eduardo Fronda, cometido el 8 de enero de 1975.

Joaquín Guil
De todos modos, los represores siguen con prisión preventiva en otras causas por violaciones a los derechos humanos durante la pasada dictadura. Aunque solo Alzugaray está detenido, debido a que Guil cuenta con el beneficio de la prisión domiciliaria.
La resolución excarcelatoria, de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, es del 20 de octubre de 2008, pero recién fue dada a difusión ayer, día en que también se enteró el querellante, Luis Fronda, hermano de Eduardo. La Sala III anuló una resolución por la que la Cámara Federal de Apelaciones de Salta había denegado la excarcelación a Alzugaray y a Guil.
Córdoba
Denuncian a jueces de la Cámara de Casación por el beneficio a Menéndez
De todos modos, los represores siguen con prisión preventiva en otras causas por violaciones a los derechos humanos durante la pasada dictadura. Aunque solo Alzugaray está detenido, debido a que Guil cuenta con el beneficio de la prisión domiciliaria.
La resolución excarcelatoria, de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, es del 20 de octubre de 2008, pero recién fue dada a difusión ayer, día en que también se enteró el querellante, Luis Fronda, hermano de Eduardo. La Sala III anuló una resolución por la que la Cámara Federal de Apelaciones de Salta había denegado la excarcelación a Alzugaray y a Guil.
Córdoba
Denuncian a jueces de la Cámara de Casación por el beneficio a Menéndez
La senadora Giri presentó la denuncia ante el Consejo de la Magistratura. El represor, además de Manzanelli y Vega, obtendrían en los próximos días el arresto domiciliario.
La senadora nacional por Córdoba, Haidé Giri, presentó hoy una denuncia contra los jueces Federales de la Cámara Nacional de Casación por el beneficio de arresto domiciliario otorgado al represor Luciano Benjamín Menéndez, que se concretaría en pocos días. Giri efectuó la denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación contra los integrantes de la Sala III de Casación: Guillermo José Tragant, Eduardo Rafael Riggi y Angela Ester Ledesma. La senadora consideró que la condena dispuesta por el Tribunal Criminal Federal Nº1 a Menéndez, en julio de 2008, reivindicaba el "buen nombre y honor" de la Justicia Argentina. Sin embargo, indicó, el beneficio al represor "desnaturalizó" esa sentencia, en "beneficio de quienes han cometidos los más aberrantes delitos de los que tengamos memoria los argentinos". Beneficios. Menéndez, además de Luis Manzanelli y Carlos Vega se sumarán en los próximos días al beneficio que ya obtuvo Hermes Rodríguez, el primero de los ocho represores condenados el año pasado en el primer juicio por la dictadura en Córdoba. La jueza Cristina Garzón de Lascano puede concretar en estos días el fallo de la Cámara Nacional de Casación, que ordenó otorgar el beneficio a los represores al considerar que la sentencia no estaba firme y que son mayores de 70 años. La decisión de Casación fue criticada por organismos de derechos humanos y funcionarios judiciales como la fiscal federal Graciela López de Filoñuk y los jueces que el año pasado condenaron a Menéndez y sus subordinados, porque la Cámara resolvió sólo una parte de los planteos y no la cuestión de fondo, para dejar firme la sentencia.
(Fuente:Rdendh).
La senadora nacional por Córdoba, Haidé Giri, presentó hoy una denuncia contra los jueces Federales de la Cámara Nacional de Casación por el beneficio de arresto domiciliario otorgado al represor Luciano Benjamín Menéndez, que se concretaría en pocos días. Giri efectuó la denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación contra los integrantes de la Sala III de Casación: Guillermo José Tragant, Eduardo Rafael Riggi y Angela Ester Ledesma. La senadora consideró que la condena dispuesta por el Tribunal Criminal Federal Nº1 a Menéndez, en julio de 2008, reivindicaba el "buen nombre y honor" de la Justicia Argentina. Sin embargo, indicó, el beneficio al represor "desnaturalizó" esa sentencia, en "beneficio de quienes han cometidos los más aberrantes delitos de los que tengamos memoria los argentinos". Beneficios. Menéndez, además de Luis Manzanelli y Carlos Vega se sumarán en los próximos días al beneficio que ya obtuvo Hermes Rodríguez, el primero de los ocho represores condenados el año pasado en el primer juicio por la dictadura en Córdoba. La jueza Cristina Garzón de Lascano puede concretar en estos días el fallo de la Cámara Nacional de Casación, que ordenó otorgar el beneficio a los represores al considerar que la sentencia no estaba firme y que son mayores de 70 años. La decisión de Casación fue criticada por organismos de derechos humanos y funcionarios judiciales como la fiscal federal Graciela López de Filoñuk y los jueces que el año pasado condenaron a Menéndez y sus subordinados, porque la Cámara resolvió sólo una parte de los planteos y no la cuestión de fondo, para dejar firme la sentencia.
(Fuente:Rdendh).
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