CÓRDOBA: JUICIO D2-NUEVOS PEDIDOS DE CONDENA.

Vaca Narvaja solicitó 25 años para Menéndez y 23 años para Gómez

ALEGATOS. María Elba Martínez, a la izquierda, en la audiencia de ayer.
El querellante dijo que los pedidos de penas sobre por el secuestro, detención y tortura del albañil Morales.
Por Federico Noguera

El querellante Hugo Vaca Narvaja solicitó 25 años de prisión para el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez y 24 años para el ex cabo del Departamento de Informaciones (D2) Miguel Gómez por el secuestro, detención y tortura de Raúl Morales y aseguró que fue un “blanco” político de la última dictadura.

“Es por la privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y lesiones gravísimas de Morales que solicito 25 años de prisión para Menéndez y 23 para Gómez”, expresó.

Vaca Narvaja aseguró que Morales fue un detenido “político”, víctima del Estado represivo que hizo desaparecer a 30 mil personas en la “mayor dictadura latinoamericana”.

El abogado comenzó leyendo un pasaje del libro Vigilar y castigar, de Michel Foucault. “Vigilar y castigar era lo que hacían los militares”, dijo en su alegato de tinte político e histórico ante el Tribunal Federal Nº1 y el imputado Miguel Ángel Gómez.

Vaca Narvaja señaló que la represión en Córdoba comenzó en 1974 con el Navarrazo, específicamente con la aplicación de la doctrina de seguridad nacional importada de los países del Primer Mundo.

“El fin era la sumisión, la domesticación del pueblo, para que quienes manejaban el Estado lo pudieran hacer”, afirmó y acusó a la Iglesia, al campo y a otros sectores de apoyar el gobierno de facto comandado por Jorge Rafael Videla y “destruir el país”. La dictadura, dijo, “no estuvo comandada por generales sino por genocidas”.

“No es casual que el D2 (Departamento de Informaciones, de la Policía) estuviera a escasos metros de la Catedral”. En ese sentido, el abogado indicó que los detenidos en el D2 pasaban entre 10 y 12 días allí, donde les aplicaban torturas.

Vaca Narvaja recordó que uno de los “detenidos políticos” fue Morales, quien, desde la óptica de la represión, representaba “una amenaza para sistema político establecido”. “No, no había ningún peligro”, aseguró el querellante.

Al referirse a Gómez, el abogado señaló “es sin duda quien torturó a Morales”, ya que además de la víctima otros sobrevivientes lo habían reconocido.

Sin embargo, aclaró el entonces jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Menéndez era quien daba las órdenes de “lucha antisubversiva” a las subáreas y dependencias policiales, como el D2. De esa forma, explicó la cadena de bando represiva.

Subrayó que el represor (“el brazo armado, no ideológico” de la dictadura) siempre actuó contra la “subversión marxista, pero Morales dijo que era peronista, no marxista”, de modo que igual fue torturado.

Y apuntó además contra la Justicia Federal, que estaba subordinada al Ejército: “(El ex juez, Eudoro) Vásquez Cuestas dijo que nada podía hacer por encima de las armas ni Dios. Si estaba pintado, ¿qué hacía aferrado a su cargo?”.

También, como parte de las vinculaciones entre los militares y la política, Vaca Narvaja acusó al cura Raúl Primatesta, a los ex gobernadores Eduardo Angeloz y Ramón Mestre, al diputado electo Oscar Aguad y al presidente de la UCR, Mario Negri, de reunirse con Menéndez.

Al final del alegato, parafraseó una cita del escritor Juan Gelman: “Que las vírgenes sean vírgenes, que los obispos obispen y que los funcionarios funcionen”.
Piden 24 años para Menéndez y Gómez por tortura al albañil Morales

GÓMEZ. El "Gato", acusado de las torturas en el D2 (La Voz).
Lo solicitó una de las querellas, por el caso de Raúl Morales, quien perdió los dos riñones y sufrió otras secuelas permanantes tras caer en manos del D2.
Por Federico Noguera

La querella que representa al albañil Raúl Ernesto Morales (59), secuestrado el 22 de marzo de 1976 en Santa Rosa de Calamuchita, pidió 24 años de cárcel para el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y Miguel Gómez, ex policía del Departamento de Informaciones (D2).

“Son responsables por la privación ilegítima de la libertad, tomentos agravados y lesiones gravísimas”, precisó al referirse a Menéndez y Gómez. “Por la situación de indefensión de Morales y por lo que pasó pedimos 24 años de prisión en cárcel común”, amplió.

En su alegato ante el Tribunal Federal Nº1, Martínez relató que Morales fue secuestrado el 22 de marzo de 1976 por un comando del D2 (encabezado por Carlos Villarruel), y llevado a una comisaría de Santa Rosa de Calamuchita y luego al D2 (Pasaje Santa Catalina) por ser “peronista”.

Narró que Morales fue interrogado, torturado y confesó pertenecer a una organización subversiva y su declaración firmada por el entonces jefe del D2 Raúl Telleldín, que informó al juez del Tribunal Federal Nº1, Samboni Ledesma.

Martínez narró los padecimientos de Morales, aplicados por su torturador, Gómez, e indicó que la metodología del ex cabo era presentarse como una “persona experta en torturas y se individualizaba”.

En ese sentido, recordó que Morales y los sobrevivientes Soledad García, Luis Urquiza, Samamé y Isolina Guevara a Gómez como uno de los torturadores del D2 y de una dependencia policial de Río Cuarto. De hecho, Martínez precisó que Telleldín en el legajo de Gómez lo felicitó por su trabajo “eficaz en su desempeño en Inteligencia (D2)”.

La querellante explicó que las órdenes del D2 eran bajadas por Luciano Benjamín Menéndez como jefe del Tercer Cuerpo y del Área 311, pasando por la Policía: “Menéndez conocía, planificaba y exigía información continua. Él conducía al Área 311, la parte más brutal, y tuvo el dominio del hecho de Morales”.

En ese contexto, según la abogada, “Gómez aparece como parte del engranaje de una maquinaria de poder. No se le excluye la responsabilidad directa y voluntariedad de los actos”.

“Menéndez y Gómez son los responsables de estos hechos”, dijo Martínez ante la mirada impávida de Morales en la sala de audiencias.

De este modo, indicó que el Ejército trabajaba coordinado con el Grupo Interrogatorio de Detenidos (GID) de la Policía. Este último obtenía informaciones a través de los interrogatorios y el Ejército recogía los datos y planificaba objetivos, lo que demuestra, para la querellante, la vinculación necesaria entre las partes.

Martínez también implicó a la Justicia Federal, al señalar la vez que el ex juez de Bell Ville Euduro Vásquez Cuestas declaró que el jefe de la Cuarta Brigada Aerotransportada Juan Bautista Sasiaíñ le había dicho que los jueces debían tomar declaraciones en las cárceles, tal como ocurrió con Morales en la UP1 (Penitenciaría San Martín), a donde fue trasladado.

“Vásquez Cuestas era un juez incapaz de adecuarse a sus funciones, recibía órdenes”, le cuestionó. De la UP1, Morales fue derivado a la cárcel de Sierra Chica hasta su liberación en 1978, ahora en manos del Poder Ejecutivo Nacional en forma “arbitraria”, luego de estarlo bajo el yugo policial y de la Justicia Federal.

Precisamente, la querellante afirmó que Morales y otros detenidos no representaban “un riesgo para el PEN”, sino que éste imponía su “voluntad o construcción ideológica”.

Martínez subrayó que con el secuestro, detención y tortura de Morales se comprobó que las autoridades de la dictadura “no garantizaron la defensa (de la victima), ni el juicio, ni el derecho”, por lo que su defendido estuvo “detenido sin razón”, incluso sin recibir las atenciones médicas adecuadas.

En esa línea, la abogada citó el diagnóstico que realizó el médico José Flores de los riñones de Morales, tras las feroces golpizas, cuyas consecuencias derivaron en un trasplante, confirmando el tratamiento del D2.

Posteriormente, Martínez señaló que tanto Villarruel y Gómez, al ser consultados por la Justicia sobre los hechos denunciados por el albañil, ambos respondieron que seguían órdenes.

El fiscal comparó la dictadura con el exterminio de judíos
Carlos Gonella responsabilizó al represor Menéndez y ex cabo del D2 Gómez por la detención de Morales.
El fiscal del segundo juicio por la represión en Córdoba, Carlos Gonella, responsabilizó al ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez y el ex cabo del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía por el secuestro de Raúl Morales y comparó la dictadura con el exterminio de judíos por el nazismo.

En la primera de las tres causas (las otras dos son “Albareda” y “Moyano”) que se siguen en el juicio, dijo que “la detención de Morales por parte de Menéndez y Gómez fue arbitraria e ilegítima”.

Gonella completará su alegato ante el Tribunal Federal Nº1 el martes próximo, donde expondrá las otros casos y solicitará los pedidos de sentencia para los seis imputados.

Con Gómez sentado en el banquillo de los acusados, el fiscal primero explicó el golpe de Estado en el país al señalar que la dictadura provocó un “terror profundo” en la sociedad, amordazo a la prensa y ordeno “aniquilar las organizaciones armadas”.

“La Junta Militar era la suma del poder público y la ilegalidad de la Policía quedaba bajo la ilegalidad del Ejército”, resaltó. Para explicar el aparato represivo citó al sobreviviente y ex liceísta Oscar Samamé, quien declaró que las brigadas del Ejército dependían de los cuerpos de esta fuerza, que a su vez respondían a la Presidencia de la Nación.

Dijo además que Menéndez dirigía el Área 311, destinada a la “lucha antisubversiva”, por donde pasaban todas las órdenes dadas por el represor por “izquierda o por derecha” o por el Poder Ejecutivo.

Recordó que el ex juez Eudoro Vásquez Cuestas había dicho que por encima de esa área “no había nada, sólo Dios. Afirmación patética”, que comprueba para el fiscal la subordinación de la Justicia Federal a la dictadura. Gonella nombró incluso la declaración del ex militar y subordinado de Menéndez Bruno Laborda, quien confesó haber “participado de las ‘disposiciones finales’” consistentes en recoger los “desechos de hombres y mujeres (...) y esparcirlos”. “Esto es similar a la ‘Solución Final’ nazi.

Con esto, pretendo demostrar el grado de autor mediato por antonomasia de Menéndez (en la represión)”, comparó. Según detalló, es posible acreditar una cadena de mando desde la cúspide máxima en Córdoba, encabezada por Menéndez, “quien nombró a todos jefes de la Policía que tenían carrera militar: Rodolfo Campos, Juan Reynoso (ex jefe del D2), César Cejas (ex segundo jefe del D2)”, entre otros.

“Esto demuestra que Menéndez ponía a personal militar al mando policial, que se rigieran por los mismos códigos”, aseguró y agregó que había un alto grado de “dependencia” al dictador. Es así que Menéndez, aclaró el fiscal, “ordenaba intensificar la búsqueda de subversivos en zonas serranas y Morales era de Santa Rosa de Calamuchita”, donde fue apresado por el D2.

Gonella expresó que “Gómez es uno de los que torturaba a Morales” en el D2. Para reforzar los hechos, citó a sobrevivientes que reconocieron al policía como “Gato”, de quien el fiscal dijo que tenía un “poder diabólico”.

Gonella también subrayó que los testimonios sobre los tipos de torturas en el D2 coincidían.

(Fuente:Rdendh-Lavoz).