BAHÍA BLANCA: DIEZ MARINOS PROCESADOS.

POR LA REPRESION ILEGAL EN BAHIA BLANCA FUERON PROCESADOS DIEZ MARINOS RETIRADOS Y DOS EX PENITENCIARIOS
Büsser, embarcado en delitos de lesa humanidad
El almirante retirado Carlos Alberto Büsser, quien encabezó el desembarco en las Islas Malvinas, es uno de los procesados por haber comandado en 1977 la Fuerza de Tareas 2 que actuó en Bahía Blanca. Al mismo tiempo, el juez Eduardo Tentoni excarceló a los acusados.

El almirante retirado Carlos Büsser en uno de los traslados a los tribunales.
Por Diego Martínez
Diez oficiales retirados de la Armada y dos ex miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense fueron procesados por la Justicia de Bahía Blanca por delitos de lesa humanidad en las bases de Puerto Belgrano y Baterías durante la última dictadura. La lista incluye a los contraalmirantes Carlos Alberto Büsser, famoso por encabezar el desembarco en las Islas Malvinas, y Manuel Jacinto García Tallada, ex jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales, que en estos días afronta su primer juicio por secuestros y torturas en la ESMA. Büsser fue secretario personal de Emilio Massera mientras se planificaba el último golpe de Estado y comandó en 1977 la Fuerza de Tareas 2 que actuó en la zona de Bahía Blanca.
El juez federal ad hoc Eduardo Tentoni destacó que “las condiciones de vida en los centros clandestinos eran inhumanas”, consideró que “la crueldad de los maltratos, tormentos, torturas, vejaciones y violaciones” en los centros clandestinos de la Armada “escapan a cualquier intento de descripción”, pero excarceló a los marinos. “Si la medida se extendiera a imputados por cualquier delito podría pensarse que se instituyó una garantía procesal e implicaría un avance social. Mientras sea sólo para imputados por crímenes de lesa humanidad es un privilegio sumamente discriminatorio”, consideró el fiscal federal Abel Córdoba, quien reemplazó al frente de la investigación al ex fiscal general Hugo Cañón.
La causa por los crímenes de la Armada en Bahía Blanca se reabrió a fines de 2005. En febrero de 2007 se declaró competente Tentoni, que nueve meses después ordenó una inspección ocular en Puerto Belgrano y Baterías. En junio pasado ordenó los primeros procesamientos, que incluyeron a los prefectos Félix Cornelli y Francisco Martínez Loydi, responsables del informe que recomendó “ralear” del diario La Nueva Provincia a los obreros gráficos y delegados que habían enfrentado a la familia Massot en los años previos al golpe, secuestrados, torturados y asesinados en junio de 1976.
El año pasado, por primera vez en tres décadas, un marino confirmó ante la Justicia la existencia de un centro clandestino en la base de Infantería de Marina Baterías, en la ciudad de Punta Alta. El vicealmirante Eduardo Fracassi precisó que funcionó en la sexta batería histórica, agregó que se habilitó “a los fines de trasladar detenidos de la base Puerto Belgrano, que había completado su capacidad de detención”, y que “estaba operado por personal que revistaba en Puerto Belgrano o en la Fuerza de Tareas 2”. Si bien era jefe de la base, Fracassi dijo ignorar detalles del funcionamiento del centro de torturas porque “dependía del comandante de Operaciones Navales”.
Tentoni recordó que ya en abril de 1975 un supuesto infiltrado fue torturado durante más de un mes por oficiales de la Armada en Puerto Belgrano. La víctima fue entonces el cabo principal Juan José Cozzi, que en 1984 identificó entre sus interrogadores a los marinos Juan Alberto Iglesia, Guillermo Martín Obiglio y Remo Omar Busson, entre otros. El juez se pregunta “si hubo algún cambio en el método contrainsurgente luego del golpe militar” y concluye que “la respuesta es obvia: no”.
El “operativo Rosario” no fue la única tarea de Büsser durante la dictadura. Hasta el 29 de marzo de 1976 fue secretario de Massera. Ese año prestó servicios en la Secretaría de Información Pública. En 1977 comandó la Fuerza de Tareas 2 que operó en el sur bonaerense. En 1979, según declaró ante el juez Baltasar Garzón el comandante español Alfonso Morato, Büsser junto con el teniente coronel Quezán lo secuestraron y torturaron durante ocho meses para que confesara ser un espía chileno. El marino era entonces director de Inteligencia Interior de la SIDE. En 1983, cuando las Fuerzas Armadas incineraron los archivos sobre sus crímenes, era jefe del Estado Mayor Conjunto. Durante su indagatoria admitió que comandó la FT2, dijo que se limitaron a “patrullar la zona para disuadir cualquier actividad terrorista” y que “no hubo detenciones en toda mi gestión”.
La lista de procesados incluye al contraalmirante Angel Lionel Martín, ex comandante de Aviación Naval, y seis capitanes de navío. Hugo Andrés José Mac Gaul fue jefe de Baterías en 1976. Hernán Lorenzo Payba comandó el batallón comando de la Brigada de Infantería de Baterías. Guillermo Félix Botto actuó en 1976 en la sección Inteligencia de la subjefatura Operaciones de Puerto Belgrano, cargo desde el que participó en el montaje en el que fue fusilada Susana Martinelli, vista en cautiverio en las bases de Mar del Plata y Puerto Belgrano. El aviador Domingo Ramón Negrete fue comandante de la Base Aeronaval Comandante Espora en 1976.
El capitán Alberto Gerardo Pazos, actual profesor en el Instituto Universitario Naval, actuó en 1977 en la sección de Inteligencia de la Fuerza de Apoyo Anfibio (FAPA). El juez consideró probado que adiestró “cinco unidades de la FAPA para la lucha antisubversiva” y por su cargo “participó en los interrogatorios y torturas” de varias víctimas vistas por última vez en Baterías, como Cora Pioli o Daniel Carrá, “y también en las decisiones que resolvieron su suerte”. El capitán Enrique De León, profesor de la Universidad del Salvador, fue jefe de Contrainteligencia del departamento operaciones de Baterías. Antes de ser declarado desertor, el conscripto desaparecido Horacio García Gastelú informó a su familia que estaba en una lista de “observados” e identificó en el seguimiento al “teniente De León”. También fueron procesados el capitán José Luis Ripa, el prefecto mayor Héctor Luis Selaya y el alcaide Leonardo Núñez, enlace entre los centros clandestinos y la cárcel de Villa Floresta.
Fuentedeorigen:Pagina12
Fuente:Rdendh