LOS JUZGA UN TRIBUNAL LOS CONDENAMOS TODOS.

También está en la mira Alberto Julio Candioti, un colaborador jurídico de la AFA
Santa Fe: piden indagar por homicidios y desapariciones al represor Martínez Door

El ex comisario Martínez Door está preso en el penal de Las Flores.
El abogado Horacio Coutaz presentó este martes un escrito en el que solicitó la indagatoria de un ex comisario preso por delitos de lesa humanidad. El pedido hace referencia a Roberto José Martínez Door, alias Morrongo, quien se desempeñó durante la última dictadura militar como agente en comisarías y como operario de calle en Santa Fe. Precisamente, fue una “felicitación” de la policía santafesina a su labor -y que aparece en su legajo personal- la que termina poniéndolo otra vez como protagonista de un delito gravísimo. En el escrito, Coutaz también solicitó que se informe sobre el rol que cumplió un ex militar y actual colaborador jurídico de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Alberto Julio Candioti. Morrongo está preso en el penal de Las Flores en Santa Fe, procesado por privación ilegal de la libertad, tormentos y encubrimiento en perjuicio del ex militante de la UES Froilán Aguirre, quien lo denunció en el 2006 en sede judicial. Martínez Door llegó a ocupar el cargo de jefe de la Unidad Regional V (Departamento Castellanos), último destino antes de jubilarse.
De acuerdo a los antecedentes, Morrongo participó de un operativo policial y militar que acabó con la vida de Luis Viustaz y Miguel Ángel Fonseca, el 6 de septiembre de1976. El procedimiento se realizó en una casa ubicada en Martín Zapata 2526 de Santa Fe, en el que además fuera secuestrada Vilma Pompeya Gómez. Precisamente, ésta última impulsa la investigación de las muertes y desapariciones de Viustaz y Fonseca en una mega causa que acumula y tramita el juez federal santafesino Reinaldo Rodríguez.
“Felicitación”
Según consta en el apartado “Actos Meritorios” del legajo de Martínez Door, en la fecha 13 de septiembre de 1976: “El jefe de la URI felicita al causante y personal actuante del Comando Radioeléctrico con motivo de los hechos acaecidos en la finca de calle Martín Zapata 2526 de esta ciudad, por la destacada solvencia, virilidad y espíritu de sacrificio puesto de manifiesto en el citado enfrentamiento armado, exhortándolo a proseguir con igual entusiasmo y dedicación en su cometido para el logro definitivo del restablecimiento del orden público, y moral en nuestra patria”.
El asesor jurídico de la AFA
El escrito de Coutaz también solicita que se oficie al Ministerio de Defensa de la Nación para que se remita a la Justicia santafesina el legajo de Alberto Julio Candioti, quien revistó con el grado de Teniente Primero en el nefasto Batallón de Inteligencia 601 en Buenos Aires, según consta en el listado que el propio Ejército envió a la Justicia porteña en el marco de la desclasificación de las listas de espías, civiles o militares, que actuaron en la represión ilegal.
Concretamente, a Candioti se lo señaló como presunto autor de la desaparición del conscripto Roberto Daniel Suarez, en agosto 1977. El colimba cumplía el servicio militar obligatoria en el Batallón de Anfibios de Santo Tomé y fue enviado por personal de esa guarnición a llevar un sobre cerrado a un teniente en la costanera de Santa Fe. Su hermano dijo ante la Conadep que fue muerto de un tiro en la cabeza y que sus restos fueron trasladados en una barcaza del Ejército, envueltos en una lona verde para ser enterrado en la clandestinidad. Su mujer dijo en el juicio que se siguió a Brusa y Cía el año pasado, que a ella cuando la detuvieron y la mantuvieron en cautiverio la interrogó el capitán del Destacamento de Inteligencia 122, Domingo Morales, que le preguntaba por su pareja. El conscripto Suarez, a quien conocían como el mudito, desapareció un año después de la detención de su entonces mujer.
Al menos dos testimonios brindados en la Justicia federal santafesina dan cuenta de la participación que habría tenido Candioti en el secuestro y desaparición de Suarez. De esas declaraciones surge que el actual asesor legal de la AFA fue el que interceptó al mudito Suarez cuando bajaba de un colectivo de la línea 14 en la costanera santafesina ese invierno del 77, desde cuando no se supo más de él.
Por la desaparición de Suarez está imputado Mario Carmelo Ferger, que en 1977 era el jefe inmediato de Suarez.
En cuanto a Alberto Julio Candioti, es desde hace casi dos décadas uno de los hombres más importantes dentro de la estructura de poder de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). “Los que circulan sin credencial por los pasillos del edificio de calle Viamonte lo señalan, sin dudarlo, como la mano derecha de Julio Humberto Grondona, el dirigente que maneja los destinos de la pasión nacional desde 1979, y que supo cómo relacionarse con todos los gobiernos, democráticos o de facto, para permanecer en ese lugar”, publicó el sitio Notife.
Fuentedeorigen:Notife
Fuente:Rdendh

FISCAL COLALONGO
Delitos masivos
"Nadie actuó coaccionado, nadie dijo si no torturás, te torturo, si no matás, te mato. Las órdenes de matar, torturar, violar, sustraer identidad de menores, no debían ser cumplidas, debieron oponerse. Todo lo hicieron convencidos. No son crímenes de guerra ni excesos, son delitos de lesa humanidad dentro de un plan sistemático". De este modo contundente se expresó ayer la fiscal federal Mabel Colalongo ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 al describir el accionar delictivo de los cinco imputados en la causa Guerrieri-Amelong.
Básicamente la fiscal se refirió ayer a "la responsabilidad de los imputados en los hechos de la causa analizando la prueba de cargo". De los diversos testimonios prestados en la causa y de la prueba documental la fiscal Colalongo consideró "probada la participación de los mismos en los ilícitos que se les atribuyen". Se refería a Oscar Pascual Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Jorge Fariña, Walter Pagano y Eduardo Costanzo.
La representante del Ministerio Público reiteró que "todos ellos eran miembros del Destacamento de Inteligencia del Batallón 121 por lo cual era muy difícil que desconocieran el funcionamiento de los Centros Clandestinos de Detención". En este sentido, recordó "la declaración de Agustín Feced ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas donde expresamente dijo que el Servicio de Informaciones estaba bajo control operacional de las FFAA y bajo las órdenes del Servicio de Inteligencia, y la Orden 404 que imponía la presencia obligatoria del personal de Inteligencia en procedimientos de detención de elementos subversivos". Colalongo remarcó que "a diferencia de la vincha de Amelong pidiendo legalidad, este juicio se ajustó a la única legalidad posible que es la del Estado de Derecho".
La fiscal también analizó "el encuadre de las conductas de los imputados en los tipos penales correspondientes, calificando las mismas como privaciones ilegítimas de la libertad agravadas mediante el uso de violencias y amenazas, agravadas también por dirigirse contra perseguidos políticos, por haber durado más de un mes en muchos de los casos, delito de tormentos y homicidios agravados por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse cometido en procura de lograr la impunidad de los autores", agregando que, "todos estos delitos no fueron cometidos en forma aislada sino masiva por los que el Derecho Internacional los incorpora como delitos de lesa humanidad".
En otro tramo del alegato la fiscal se refirió a la participación de los imputados en los hechos, señalando que "en todos los casos se los debe considerar como coautores ya que, por el rol preponderante de la Inteligencia, tenían el dominio de los hechos y la decisión final, aún en los casos en que entregaban a los secuestrados a otra área o sub zona, como en los casos de Hilda Cardozo o Jaime Dri, y además tenían presencia activa en los lugares clandestinos de detención, por lo que no es casual que todas las víctimas los mencionen".
La fiscalía descartó que "los imputados hayan actuado bajo obediencia debida o coacción". En relación al cumplimiento de órdenes, destacó que "aún en el derecho militar, no es necesario acatar una orden manifiestamente ilegal", y que "discutir estas cuestiones es una ofensa a la racionalidad, que las víctimas aceptan con una paciencia claramente admirable. Nadie actuó coaccionado".
Las audiencias continuarán el lunes 8 a partir de las 9.30 cuando seguirá alegando la representante del Ministerio Público Fiscal. Posteriormente continuarán los alegatos de las defensas.
Fuentedeorigen:Rosario12
Fuente:Rdendh