Los hechos de gravedad institucional en la Justicia Federal de Mendoza no paran. Esta vez, la Cámara decidió nombra al ex camarista Carlos Pereyra González como conjuez para subrogar al titular del Juzgado Federal 1, Walter Bento, quien viajó a Estados Unidos para oficiar como veedor internacional en las elecciones legislativas de ese país.
Carlos Pereyra fue denunciado tanto por organismos de Derechos Humanos como por el tribunal oral que actuó en los juicios por la verdad en San Luis, por haber sido cómplice de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
En el juicio realizado en esa provincia, hubo testigos que lo señalaron por haber estado al tanto de las sesiones de torturas que se realizan en los centros clandestinos de detención. En ese momento, se desempeñaba como secretario de la Justicia Federal en San Luis. Y jamás denunció los hechos.
Luego de ser denunciado, y al ver que la situación en su contra se complicaba, Pereyra González presentó la renuncia como camarista federal y se jubiló.
El nombramiento de Pereyra González como conjuez fue decidido por la Cámara Federal de Mendoza, que tiene a tres de sus integrantes (Otilio Romano, Luis Miret y Julio Petra) denunciados en el Consejo de la Magistratura por haber frenado las causas contra los represores en Cuyo. Dos de ellos (Romano y Miret), además, están imputados por ser cómplices de los crímenes llevados a cabo por el terrorismo de Estado entre 1975 y 1983.
Salvo los casos que están siendo juzgados en San Rafael, Walter Bento es el juez de primera instancia que instuye e instruyó todos los expediente vinculados con la represión ilegal en Mendoza. En condiciones normales, Pereyra González no podría haber sido designado para subrogar a Bento, ya que está sospechado de ser integrante del plan sistemático de exterminio que operó en nuestro país durante esos años. Por lo tanto, eso lo convierte en "parte" en todas las causas,según explicaron jueces federales consultados.
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La Cámara Federal nombró como juez a un ex camarista cuestionado
La cuestionada Cámara Federal de Apelaciones nombró a Carlos Pereyra González como remplazante de Walter Bento mientras este se encuentre de vacaciones. El actualmente jubilado ex camarista había renunciado para evitar un juicio político.
Por Daniel Calivares
La Cámara Federal de Apelaciones nombró como juez suberogante del Juzgado Federal 1 a Carlos Pereyra González, quien remplazará hasta la semana que viene a Walter Bento, quien viajó a Estados Unidos a desempeñar el rol de veedor internacional en las elecciones legislativas de ese país.
Pereyra González integró la cuestionada Cámara Federal de Apelaciones hasta que renunció el año pasado luego de que su nombre fuera mencionado por varios testigos en un juicio por delitos de lesa humanidad en San Luis. Allí varios testigos habían relatado que el ex camarista había presenciado las torturas y no había hecho nada para evitarlas.
Finalmente, tras pedir un careo al que nunca se presentó, Pereyra González decidió evitar el juicio político presentando su renuncia ante el Poder Ejecutivo Nacional, la que finalmente fue aceptada.
Sin embargo, volvió a pisar la Justicia Federal esta semana para remplazar a Bento, justamente el juez que fue apartado por sus ex colegas de la Cámara Federal de Apelaciones justamente cuando éste investigaba a Otilio Romano y Luis Miret, quienes también integran la cuestionada Cámara.
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LOS CAMARISTAS OTILIO ROMANO Y JULIO PETRA FUERON CITADOS POR EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Un paso más cerca del juicio político
Los jueces mendocinos, acusados por amparar a los represores y favorecerse entre sí, fueron citados como sospechosos de “mal desempeño”. El caso deberá ser concluido por los nuevos consejeros que asumen en quince días.
Los jueces Julio Petra y Otilio Romano comieron juntos luego del fallo que apartó al juez Walter Bento.
Por Irina Hauser
Los camaristas federales de Mendoza Otilio Romano y Julio Demetrio Petra Fernández, investigados por su complicidad con los crímenes de la última dictadura militar, fueron citados a declarar por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura como sospechosos de “mal desempeño” y quedaron más cerca de un posible juicio político. A Romano, en este caso, se lo acusa de haber promovido y conseguido un amparo ilegal para frenar todas la actuaciones en su contra en el Consejo por su posible responsabilidad en delitos de lesa humanidad. Un conjuez amigo suyo que hizo lugar a la medida cautelar, el abogado Carlos Parellada, también será indagado por los consejeros. A Petra Fernández se le agregaron imputaciones a las que ya tenía por la liberación irregular de represores y por falta de imparcialidad. Una de las nuevas es haber sustraído el expediente de la apelación al amparo de su colega Romano y anular –aunque estaba excusado– la designación de jueces suplentes que debían resolverlo, y que no son de su círculo de confianza.
La situación de la Justicia mendocina ha sido señalada en varios plenarios como de extrema gravedad. El Consejo, con el voto de todos los sectores, ya suspendió y mandó a juicio político al camarista provincial Luis Miret por “actitud colaboracionista con la comisión de delitos de lesa humanidad” cuando era juez de primera instancia. En el plano penal, Miret ya fue indagado también por 31 secuestros, torturas y desapariciones. En la misma causa está imputado Romano, por 55 privaciones ilegales de la libertad y 39 hechos de torturas en sus tiempos de fiscal. Pero Romano viene esquivando todo: eludió la indagatoria con un certificado médico; en el ínterin, la Cámara de Mendoza –integrada por jueces aliados, como Petra– apartó a pedido suyo al juez de la causa, Walter Bento; y frenó dos expedientes en el Consejo por su presunta vinculación con delitos de lesa humanidad con una medida cautelar que le concedió el juez ad hoc Parellada, nombrado por la propia Cámara, que dijo que no lo podían juzgar por lo que hizo como fiscal.
La movida de Romano generó grandes deliberaciones en el Consejo y fue denunciada por el procurador general Esteban Righi. Algunos consejeros llegaron a plantear que había que desconocer la cautelar, aunque se decidió plantear el tema a la Corte Suprema, que aún no respondió. La diputada Diana Conti (Frente para la Victoria) impulsó entonces un dictamen que fue aprobado ayer por unanimidad en la Comisión de Acusación y que dispuso citar tanto a Romano como a Parellada como sospechosos (una especie de indagatoria) de mal desempeño para luego votar si los enjuician. A Parellada, que no es juez, como mucho pueden sacarlo de la lista de conjueces.
Según el dictamen, la medida cautelar contraría la Ley del Consejo de la Magistratura que establece que la acusación a un juez no puede ser revisada judicialmente como, en cambio, puede serlo la destitución. Como las investigaciones contra jueces caducan a los tres años, ese plazo podría beneficiar “a quienes dilatan el trámite”. “La conducta de Romano (...) afecta profundamente nuestro sistema de división de poderes, impidiendo el ejercicio de la facultad de controlar a los magistrados”, dice el texto aprobado. Suma, como agravante, la aparente relación entre el camarista y el conjuez, cuya hija “fue designada y promovida en dos oportunidades por la Cámara Federal de Mendoza”.
En el plenario de ayer se discutió la posibilidad de votar en el acto la suspensión de Petra y la apertura de su enjuiciamiento propuesta por Héctor Masquelet (representante del Poder Ejecutivo) en base a dos cargos por los que ya declaró. Pero hubo consejeros, como el juez Luis Cabral y el radical Ernesto Sanz, que propusieron sumar otras cinco imputaciones pendientes y volverlo a citar. El argumento era dar más sustento a la posible futura acusación. A la vez, sacarse el asunto de encima, y que quede para los nuevos consejeros (sólo quedarán Masquelet y Marcelo Fuentes), que asumen en quince días. Petra tendrá que dar explicaciones por:
- Hacer desaparecer el expediente del amparo de su amigo Romano que frenó su investigación en el Consejo. La Cámara mendocina en pleno, Petra inclusive, se había excusado de fallar en la apelación del organismo, y se sortearon subrogantes. Uno de ellos, Antonio González Macías, denunció que no podía resolver porque el expediente no estaba. Es que Petra, con supuestas facultades de superintendencia, anuló el nombramiento de los suplentes y envió todo “en consulta” a la Corte, que ratificaría a los jueces recién la semana próxima.
- Su posible parcialidad, al haber firmado el fallo que desplazó al juez Walter Bento que había citado a indagatoria a Romano. La amistad entre Petra y Romano es conocida en Mendoza y como prueba de ella, un dictamen de Masquelet señala que después de aquel fallo fueron fotografiados festejando con vino y champán.
- Haber favorecido al teniente coronel Luis Stuhldreher, intendente de facto en 1976 con una falta de mérito extendida a expedientes que nunca habían llegado al tribunal, donde se le imputaban 18 desapariciones.
- Demoras en las causas de derechos humanos, en las que liberó en forma masiva a represores de Mendoza, San Juan y San Luis.
- Ya hay un dictamen acusatorio por liberar a un sargento procesado por crímenes de lesa humanidad y “falta de imparcialidad” al no excusarse en una causa de derechos humanos.
Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, uno de los denunciantes, está convencido de que “por más que cambie la integración del Consejo, aunque estos jueces hayan especulado con eso, son tantas y tan graves las irregularidades que han cometido que seguramente van a quedar suspendidos”.
FuentedeOrigen:Pagina12
Fuente:Agndh
JUICIO SAN RAFAEL
Juicio por delitos de lesa humanidad: el 16 de noviembre habrá sentencia
Aproximándonos al final de esta historia por la que pasaron más de 100 testigos, ayer concluyeron los alegatos de todas las partes, el derecho a réplica y a dúplica, y finalmente el Tribunal Oral Nº2 determinó que el martes 16 de este mes se hará lectura de la sentencia para los 4 imputados.
El lunes comenzó la última semana antes de la sentencia con los alegatos de los abogados defensores del único militar imputado en la causa, el ex teniente Aníbal Guevara. Sus representantes hablaron a cerca del bajo rango que tenía ese joven de 24 años por aquel entonces y también de los muchos testigos que ni siquiera lo conocían. Esos alegatos se extendieron hasta el martes, día en que además estuvieron presentes en el juicio los miembros de la Asociación por la Justicia y la Concordia, que luego en una conferencia de prensa manifestaron su desagrado por la situación de Guevara, ya que en un juicio común, “cuando tantos testigos son los que niegan conocer a un imputado, el juez lo absuelve inmediatamente”. Por su parte los abogados defensores pidieron la absolución del militar ya que entienden que “no hay pruebas para inculparlo de los gravísimos delitos que se le imputan”.
Luego de finalizados los alegatos de los defensores de Guevara, siguió el turno del defensor del ex comisario de la Policía de Mendoza Raúl Ruiz Soppe, Dr. Rufino Troyano, quien haciendo un poco de historia buscó situar a su defendido en el lugar de un policía que si bien tenía alto rango, estaba subordinado completamente a las órdenes de los militares, comandados por el Mayor Suárez. Finalizó la jornada con el pedido de absolución de su “defendido y amigo” Ruiz Soppe ya que también encontró contradicciones de testigos y falta de pruebas.
La 49º jornada del juicio comenzó con los alegatos del Dr. Ramiro Dylon, defensor del policía Juan Labarta y del abogado Raúl Egea Bernal. Explicó que no queda claro cuál es el delito puntual que se les imputa a sus defendidos. Se los ha puesto en determinados lugares ocupando un “rol” pero según este letrado, “el rol no es prueba”. Pidió compulsa contra testigos cuyos testimonios lejos de clarificar las aguas dejaron sombras que el abogado considera que perjudicaron a sus pupilos. Por lo que considera “fueron vicios” también pidió la nulidad de los alegatos de la Querella y la Fiscalía.
Luego del extenso alegato de Dylon que también pidió la absolución de sus defendidos, el Presidente del Tribunal, Dr. Burad decidió hacer un cuarto intermedio para que la Querella y la Fiscalía prepararan la réplica a lo dicho por los abogados defensores de los cuatro imputados. Vale aclarar que la Querella había pedido prisión perpetua para Labarta, Ruiz Soppe y Guevara, y 12 años para Egea, en tanto que la Fiscalía pidió prisión perpetua para los tres primeros y para Egea 6 años.
En la parte de réplica y dúplica, los abogados de las diferentes partes “se tiraron con la biblioteca” ya que utilizaron todos los “artilugios” que permite el derecho para ratificar los querellantes y fiscales, los pedidos de pena que entienden, son los más justos. Por otra parte consideraron que “no se puede pedir la nulidad” de los alegatos. El querellante Guevara manifestó que anular los alegatos “vulnera los derechos de sus representados”.
Los defensores también se mantuvieron en sus respectivas posturas en esta instancia y luego de finalizada el Tribunal decidió que en la 50º jornada de debate que será el martes 16 del corriente, dictarán sentencia.
Habrá sentencia, sin dudas, pero la pregunta que más resuena es ¿habrá justicia? Cuatro imputados la están esperando, cuatro desaparecidos también.
FuentedeOrigen: http://www.mdzol.com
Fuente:Agndh
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