DETUVIERON A CINCO GUARDIAS POR LAS TORTURAS EN MENDOZA. TRES JEFES FUERON CESANTEADOS
Encarcelan a los carceleros
El gobierno mendocino reaccionó fuerte, dispuesto a no cargar el sayo de encubrir las torturas. Cinco guardias detenidos, uno prófugo y cuatro en la lupa. Tres jefes cesanteados. La Secretaría de Derechos Humanos se presentará como querellante.
Por Horacio Cecchi
Los guardias detenidos quedaron expuestos ante las cámaras periodísticas.Imagen: Gentileza El Sol de Mendoza
Cuatro guardiacárceles de Mendoza fueron detenidos por orden judicial; un quinto –el dueño del celular con el que fueron grabadas las escenas de tortura en el penal de la calle San Felipe– se presentó por sí mismo y quedó detenido, y otro más del grupo “Milicos en acción” (como habían titulado uno de los videos) anoche permanecía prófugo. Otros cuatro penitenciarios estaban bajo la lupa. Y tres jefes del penal fueron pasados a disponibilidad y sumariados. Hoy, el procurador penitenciario Francisco Mugnolo viajará a Mendoza para entrevistar al menos a una de las víctimas de tortura, ya que se trata de un preso de la Justicia federal que fue trasladado para su protección a la alcaidía de los tribunales federales de Mendoza. La gravedad de las torturas no fue obstáculo para que sobre los videos y los cuerpos de las víctimas se montara un tira y afloja de neto corte electoral. Ayer, el debate político se concentró en si se trató de un hecho aislado (la actual administración, a cargo del justicialista Celso Jaque, obviamente sostiene, en forma un tanto arriesgada tratándose de cárceles, que se trata de una isla) y su principal opositor, el ex gobernador radical Cleto Cobos (quien sostiene que no fue un hecho aislado aunque, también obviamente, no dice ni mu sobre el archipiélago de casos de salvajismo y muertes que atravesó la Penitenciaría de Mendoza durante su gestión y que llevó al Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos).
La investigación en manos del fiscal de asuntos complejos, Santiago Garay, en dos días avanzó lo suficiente como para suponer expectativas, no necesariamente por lo hecho (detención de cinco guardias, un sexto prófugo e investigación sobre otros cuatro, y toda la aparente decisión de avanzar) sino porque se sobrepone a la larga demostración de inactividad judicial mendocina durante la noche cobista, que dejó una horrorosa cifra de muertes y un descuartizamiento, y que llevó al país ante la Corte Interamericana en el que se conoció como “Caso de las penitenciarías de Mendoza”.
Durante la mañana, cuatro de los penitenciarios que aparecían en los videos fueron detenidos, cubiertos sus rostros con camperas o remeras, del impensado otro lado del mostrador. Está claro que el gobierno de Jaque salió dispuesto a mostrar que no encubriría los hechos, lo que motivó una desusada movida de prensa para distribuir cámaras y cronistas mientras se trasladaba a los detenidos. Bah, no fue una movida desusada, habitual como megaoperativo en villa. Lo desusado fueron sus protagonistas. Incluso los nombres de los detenidos fueron difundidos de primera mano, cuestión que en términos periodísticos ocurre cada muerte de obispo: Luis D’Ambrosio, Germán Núñez y José Arredondo fueron detenidos el miércoles, mientras que ayer fue detenido Jonathan Navarro, uno de los prófugos. También se presentó y quedó detenido Daniel Perón, dueño del celular y quien se afirma que grabó las imágenes.
También la publicidad de los apellidos de tres jerárquicos investigados es un detalle novedoso y alentador. El propio jefe del penal, Leonardo Musolino, confirmó la separación de sus cargos de los tres jefes, el de seguridad interna, Leonardo Escobar; un jefe de turno de apellido Virlongo, y el de inspección, de apellido Valdez.
Eduardo Duhalde, secretario de DD.HH. de la Nación, ordenó a través de la Subsecretaría de Protección de los DD.HH., a cargo de Luis Alén, presentarse en la causa como parte querellante. La representación estará a cargo del abogado Fernando Peñaloza, que fuera representante del adolescente Ricardo Videla –condenado ilegalmente a perpetua y que apareció ahorcado en la cárcel de adultos en junio de 2005–, cuyo caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que tiene al Estado argentino en la columna del debe. Precisamente, las torturas filmadas ocurrieron mientras las cárceles de Mendoza se encontraban intervenidas por el Servicio Penitenciario Federal, hasta diciembre pasado.
“Es cierto que este gobierno (de Celso Jaque) mejoró en los últimos años la situación carcelaria –dijo Peñaloza a Página/12–. Pero también es cierto que ninguno de los tantos hechos aberrantes ocurridos antes (durante la gestión de Cobos) fueron investigados por la Justicia ni alcanzado a condenar a penitenciarios. El mensaje de la Justicia es claro: mataron a más de veinte y no se investigó ninguno. Solamente un caso tuvo condenas de guardias, en la colonia Gustavo André, cuando varios presos amotinados murieron asfixiados y los penitenciarios no hicieron nada.”
Entre los investigadores hay coincidencia en los próximos pasos. Analizan, incluso, el rol de los médicos. Para la fecha del video de las torturas, no hay asentada en los libros médicos ninguna anormalidad, lo que da la pauta de que podría haber cobertura médica, se entiende, no de obra social.
Fuente:Pagina12
LA CUPULA DE SEGURIDAD RIONEGRINA CITADA A DECLARAR
Cinco pesos pesado a indagatoria
Por Horacio Cecchi
La causa que investiga el asesinato de Sergio Cárdenas (29) y Nicolás Carrasco (16) durante la violenta represión policial en Bariloche luego del caso de gatillo fácil que tuvo como víctima a Diego Bonefoi, el 17 de junio pasado, tendrá cinco invitados especiales. El juez Martín Lozada, a cargo de la investigación, citó a declaración indagatoria al secretario de Seguridad de Río Negro, Víctor Cufré; al jefe de la policía provincial, Jorge Villanova; a los dos jefes de la Unidad Regional III, Argentino Hermosa y Miguel Veroiza; y al entonces jefe de la comisaría 28 de Bariloche, Jorge Carrizo.
La citación a indagatoria implica el umbral del procesamiento. Luego de la declaración de los acusados, Lozada dispondrá de diez días corridos para determinar si los sobresee o no. En la causa, a falta de la comprobación de responsables directos de los crímenes, porque no se pudo determinar en forma fehaciente qué policías habían provocado la muerte de los dos jóvenes, Lozada apunta sobre los responsables del mando, quienes dan las órdenes o deberían buscar que se cumplan. Las declaraciones indagatorias se realizarán entre el miércoles y el jueves próximos.
Los hechos se desataron el 17 de junio pasadas las 4 de la mañana, cuando Diego Bonefoi (16) fue baleado en la nuca por el policía Sergio Colombil. La muerte del chico desató la furia vecinal que apedreó la comisaría 28ª. La reacción policial no se hizo esperar. El grupo Bora, de intervención represiva, atacó a tiros a los manifestantes. Aunque los responsables policiales aseguraron que se utilizaron balas de goma, Carrasco y Cárdenas murieron por balas de plomo. En la zona de la represión en Bariloche se encontraron muchas postas de balas de plomo.
El gobierno rionegrino, y especialmente el área de Seguridad, negó la participación policial en las muertes en todo momento. Incluso llegó a justificar, durante una interpelación ante el Parlamento provincial, que las fotos en que aparecían policías apuntando sus armas nueve milímetros correspondía a personal que actuaba como fuerza de apoyo.
Informe: Leonardo Rossi.
Fuente:Pagina12
04 de Febrero
REACCIONES POR LOS VIDEOS EN LA PENITENCIARÍA
Preocupación por el clima en San Felipe tras las torturas a internos
Los detenidos y el personal del penal reconocen el trabajo humanitario del director. Sin embargo, legisladores piden su renuncia y afirman que no es un hecho aislado. Ya son seis los carceleros tras la rejas y tres los jefes penitenciarios separados
Por FEDERICO LEMOS
SAN FELIPE. Legisladores pidieron al Gobierno que se realicen acciones
DENUNCIANTE. La madre del chico torturado reconocido y su abogado.
Luego de la publicación masiva de los videos donde se ve cómo guardiacárceles del Complejo Penitenciario San Felipe, ubicado en Boulogne Sur Mer, torturan a los internos, varios sectores se preocupan por el clima dentro del establecimiento. Mientras el sector político –tanto legisladores de la oposición como el Gobierno– se detienen en discutir si es o no un hecho aislado, la incertidumbre dentro del penal permanece.
“Hay abuso de autoridad, hay muchos que estamos en el período de prueba, y los celadores hacen lo que quieren y buscan reacciones”, comentó uno de los internos, que no quiso revelar su nombre por temor a represalias, haciendo referencia al maltrato de los guardias. También defendió la gestión del actual director, al reconocer que es muy humano y que este tipo de metodologías violentas por parte de algunos penitenciarios viene desde hace tiempo.
A su vez, al personal del lugar, que no cumple tareas de seguridad, les da angustia que son empleados con los que trabajan todos los días y nunca sospecharon que pasaban cosas de esta magnitud. Entre los internos no existe el enojo por lo sucedido, pero sí un pacto de silencio, porque ahora las autoridades están pendientes de las denuncias. Sin embargo, los reos saben que las instituciones no tienen realmente la garantía de que tendrán un trato adecuado después de que esta vorágine mediática pase.
Otro de los puntos que preocupa es conocer cuáles serán las expectativas de vida de esa persona después de ser torturada. Por otro lado, existe un proyecto de ley en el Senado que propone crear un protocolo para prevenir la tortura. Estará conformado por organizaciones de Derechos Humanos y permitirá ingresar a los penales con filmadoras, realizar inspecciones, entrevistas a los internos y hacer propuestas a las autoridades.
El 29 de noviembre del 2010 se realizó una jornada para discutir el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas y los Estados Federales: implementación de medidas en el ámbito, en el salón de los Pasos Perdidos, en el Senado. Luis Petri, diputado de UCR y miembro de la Bicameral de Seguridad, indicó que se aprobó hace tiempo y que aún no avanza. Además, como miembro de la comisión de Derechos y Garantías de Diputados, explicó que no fue un hecho aislado, porque las filmaciones son de diferentes épocas y en distintos pabellones.
“Hay que investigar si existe un escuadrón de tortura y si hay más guardias involucrados”, dijo Petri. Sergio Bruni, presidente de la Bicameral de Seguridad, coincidió con el diputado al asegurar que estos hechos no son aislados, como afirma el Ejecutivo (ver página 3). El senador también le pidió a la administración jaquista, a través de Elevediez, que actúe con responsabilidad y separe del cargo al director del penal, porque “el grado de impunidad con el que actuaron los guardiacárceles implica que hay una línea de complicidad que les garantiza el silencio”.
El legislador reconoció que este Gobierno “hizo avances penitenciarios y está comprometido con la defensa de los derechos humanos”, pero no destacó que lo ocurrido es de una gravedad extrema, que implica una importante frustración. Los cinco penitenciarios arrestados, en primer lugar, fueron trasladados a los calabozos de Contraventores y expuestos para las cámaras, en una clara intención del Gobierno de mostrarse en contra de las prácticas crueles vistas en los videos que se difundieron este miércoles.
La madre de un preso golpeado hizo denuncia por maltrato
La madre de uno de los chicos torturados que se visualizan en los videos realizó una denuncia en los Juzgados Federales Nº1, que tiene a cargo el juez Walter Bento, por las torturas. Además, trasladarán al interno reconocido a los Tribunales para resguardar su integridad física. Cuando Susana González escuchó la voz del joven en el video que pasaban en televisión, reconoció que era su hijo que estaba preso en San Felipe desde hace un año y medio, por una causa por tenencia de drogas. González sabía que le habían pegado a su hijo, porque cuando lo fue a visitar, después de la sanción, lo notó deprimido, y cuando lo abrazó, el joven le dijo que le dolían las costillas pero no le contó nada de las torturas.
“Le pregunté por qué le habían pegado y me contó que fue por los lentes. Que los guardiacárceles me insultaron y mi hijo reaccionó y les respondió. Allí fue cuando le pegaron”, informó la madre. Ella quiso hablar por este problema con alguna autoridad, pero su hijo le pidió que no lo hiciera, porque después sufriría otras consecuencias. “Nunca me imaginé que le habían pegado así, atándolo y tratándolo de esa manera”, relató la mujer.
William Vargas, de 19 años, es el joven maltratado reconocido, que está cumpliendo una condena de tres años por tenencia de droga. Ya lleva un año y medio, por lo tanto, podría gozar de libertad. Raúl Ricardo Sánchez, abogado que lo defiende, explicó que el hecho filmado tiene que haber sucedido el 6 de junio ya que la sanción se notificó el 22 de junio. Sánchez contó que el chico tuvo un juicio abreviado en setiembre, pero le negaron la excarcelación por una sanción que le impusieron el mismo día que lo torturaron.
Hoy los imputarán
El fiscal especial Santiago Garay imputará hoy por la mañana a los cinco carceleros involucrados en la causa. Se trata de Daniel Perón, Luis D’Ambrosio, Germán Núñez, José Arredondo, Maximiliano Elizaguirre y Jonathan Navarro, quien se entregó ayer y quedó detenido. De acuerdo con la participación de cada uno de ellos, Garay determinará la imputación que corresponda.
Los delitos por los que son investigados son tres: tortura, vejamenes y severidad, y omisión de denuncia.De esta manera, quedan dos guardias por capturar: un sexto penitenciario, que ya ha sido identificado y para quien se pidió orden de captura, y otro agente que aún no ha podido ser individualizado. En horas de la tarde de ayer se presentó un interno a denunciar como víctima de los maltratos y tres jefes de seguridad de San Felipe, que reconocieron a los guardias involucrados.
Por su parte, el Gobierno pasó a disponibilidad a dos jefes de seguridad más de San Felipe (primero había sido el turno de Leonardo Escobar), se trata de un jefe de turno y un inspector principal, de apellidos Virlanga y Valdéz. Además, a las víctimas de los maltratos se las puso bajo custodia especial en una celda apartada del complejo San Felipe.
Fuente:ElSolDiario
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