Año 3. Edición número 141. Domingo 30 de enero de 2011
Por Diego M. Vidal, desde Montevideo
Al filo de comenzar el carnaval en Uruguay, los sonidos de los tambores se mezclan con las disputas de fuerte tono que dividen a funcionarios del gabinete del presidente José PepeMujica.
El candombe que se desató en el gobierno uruguayo por la distribución de la riqueza, se reflejó en la prensa y dejó la sensación de que más de un integrante dejaría su puesto por orden del Pepe. Sin embargo, el presidente se fue de gira a Perú y Venezuela sin mover una pieza de su gestión pero con la orden de que zanjen las discrepancias antes de su vuelta y se muestren unidos aunque no lo parezca.
El enfrentamiento habría tenido epicentro entre el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, y el Ministro de Economía, Fernando Lorenzo. Según los medios locales, éstas serían las cabezas visibles de dos sectores del Frente Amplio (FA), que pugnan por cómo establecer los mecanismos de distribución de la riqueza: los astoristas (encolumnados detrás del vicepresidente Danilo Astori) y miembros del Movimiento de Participación Popular (MPP) al que pertenece Mujica. Lo cierto es que el reclamo por la aplicación de medidas tendientes a repartir de modo equitativo entre la población, el fruto del fuerte crecimiento económico alcanzado en el último año (6% del PBI), pone a la alianza de la izquierda charrúa en un forcejeo que no acaba por definir políticas sociales en el corto plazo que puedan bajar los aún altos niveles de pobreza e indigencia. Por lo pronto ya está en estudio llevar la Asignación Universal por Hijo hasta los 18 años de edad y se ha creado el Compromiso Educativo, que reúne a diversos organismos del Estado en torno al Ministerio de Desarrollo Social, “para llevar adelante programas que tienden a colaborar y acompañar los procesos de integración e inclusión de los ciudadanos que hoy todavía están en situación de vulnerabilidad", aclaró la ministra Ana Vignoli, para minimizar las divergencias existentes.
En las últimas horas, distintos referentes de la coalición gobernante salieron a enfriar los ánimos y unificar el discurso mediático sobre la unidad de criterio entre moderados y radicales del FA. Al respecto, el senador oficialista Carlos Baráibar, de Asamblea Uruguay, aseguró que “a pesar de posibles diferencias personales, el Frente Amplio está unido en sus ideas fundamentales, por ejemplo, en la necesidad de una mejor redistribución de la riqueza”. Pero poco después de que se bajaran los decibeles en el vidriado edificio frente a la Plaza Independencia de Montevideo, varios de dirigentes del Espacio 609 –sector integrado por el MPP y cuya principal figura es la senadora y primera dama, Lucía Topolansky-, el Partido Socialista y el Partido Comunista de Uruguay reclamaron en forma pública una “rápida intervención del gobierno en la economía para favorecer a los sectores de menores recursos”.
Estas polémicas internas desatadas en el comienzo del año parecen ser la punta del iceberg que esconde otras futuras que deberá saldar José Mujica a su regreso de Caracas. Es que, presionados por la oposición que azuza a la sociedad uruguaya con el temor a la creciente ola delictiva, el gobierno nacional se ha propuesto debatir la imputabilidad judicial de los menores. Un tema que se enmarca en la próxima liberación masiva de presos, bautizado como descongestionamiento carcelario, que tiene por plazo de puesta en marcha antes de mayo próximo. En este contexto, desde la derecha proponen bajar la edad punitiva de 16 a 14 años y mantener los antecedentes penales de los menores una vez cumplidos los 18, para lo cual hasta convocarán a un referendo.
Aunque la inseguridad se ha convertido en bandera de Blancos y Colorados, la posición del subsecretario de Interior Jorge Vázquez sobre este tema, en consonancia con los opositores, ya preanuncia un nuevo dolor de cabeza para el Pepe Mujica.
Fuente:MiradasalSur
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