Más allá de las opiniones de los constitucionalistas Martín Risso (Universidad Católica), Felipe Rotondo (Universidad de Montevideo) y Ruben Correa Freitas (Universidad de la Empresa), el senador Rafael Michelini (FA) puntualizó: "Recordemos que lo que intenta el proyecto es devolverle los derechos a las víctimas". "En 1986 se conculcó el derecho de justicia y muchos familiares y víctimas no tuvieron el derecho de justicia que todos los uruguayos tenemos cuando somos agredidos o cuando se nos quita la vida". En función de ello, agregó, "el proyecto de ley, que ya tiene media sanción, ahora está siendo estudiado en la Comisión que presido; vino de la Universidad de la República en el mes de diciembre y ahora, con las diferentes universidades privadas, vamos a seguir recabando diversas opiniones jurídicas para ver si hay que modificar o tocar el proyecto en los aspectos jurídicos, pero no en su esencia". Respecto a la postura contraria de varios senadores oficialistas y al no existir los votos, al preguntársele a Michelini qué es lo que se puede hacer, señaló: "Ahí hay una tarea para el presidente del Frente Amplio, Brovetto, que hizo consultas en el orden político, y en la Comisión; lo que estamos estudiando son los aspectos jurídicos, y después el Senado se pronunciará. Yo espero que el Frente Amplio cumpla con lo que es la unidad de acción y que podamos aprobar un proyecto que cuente con todas las manos frenteamplistas".
Mantiene postura
Por otra parte, Eleuterio Fernández Huidobro sostuvo que mantiene la postura de su sector, CAP-L, de rechazo a la iniciativa. "Es la posición de la CAP-L que está tomada, escrita y publicada". Continuará con el estudio de la iniciativa y señaló que existirían "otros textos alternativos en danza, circulando por ahí, y sobre ellos también se va a discutir".
En Comisión del Senado. Comparecieron los doctores Rossi, Rotondo y Correa Freitas
Reparos de juristas a proyecto de ley interpretativa de la Ley de Caducidad
Los integrantes de las cátedras de Derecho Constitucional, Martín Risso (Universidad Católica), Felipe Rotondo (Universidad de Montevideo) y Ruben Correa Freitas (Universidad de la Empresa) manifestaron ayer diversos reparos jurídicos al proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad.
Con Lorier. Para Correa Freitas, la iniciativa tiene vicios de inconstitucionalidad.
El estudio del emprendimiento se encuentra radicado en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. El doctor Risso (Universidad Católica) consideró que desde su impresión "el artículo 1º del proyecto implica un retroceso en la evolución de la protección de los derechos humanos en nuestro país", por lo que "habría que ajustarlo un poco para evitar esa situación".
"Desde el punto de vista de la Ley de Caducidad la problemática es la de siempre: la retroactividad", enfatizó.
Para Risso, "lo que se está aprobando no es un proyecto interpretativo de lo que menciona el Código Civil sino que es un proyecto de ley innovativo. Habría una nueva voluntad del Parlamento de derogar con efecto retroactivo esta ley, y en materia de normas penales existe un principio que está implícito en la Constitución uruguaya pero que tiene rango expreso, por ejemplo en el artículo 9 de la Convención americana, que dice que las normas penales más gravosas para los individuos no pueden tener efecto retroactivo".
Por tanto, "esto nos lleva a que la derogación de algunos artículos de la Ley de Caducidad en cuanto puedan afectar derechos generados o derechos adquiridos por determinados individuos, no puede tener derecho retroactivo. Puede derogarse hacia adelante, respecto a nuevos casos que se planteen, pero el problema central es el efecto retroactivo.
El jurista estimó que "para la retroactividad no hay margen de actuación a nivel parlamentario. Creo que las únicas soluciones son a nivel jurisdiccional, ya sea la Corte uruguaya o la Corte Interamericana".
En tanto, Rotondo se excusó de realizar consideraciones al término del encuentro pero sí las efectuó en el seno del grupo parlamentario, según confió otro de los participantes.
Inconstitucionalidad
Correa Freitas (Universidad de la Empresa) opinó: "El proyecto de ley en general tiene vicios de inconstitucionalidad que considero que son importantes, son graves, y a mi juicio hacen aconsejable que el proyecto de ley no sea aprobado". "El proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes, en primer lugar, no es interpretativo de la Ley de Caducidad sino que en realidad es un proyecto de ley que tiene como finalidad anular la Ley de Caducidad", sostuvo. Por tanto, "como se sabe la Constitución uruguaya no le asigna esa potestad al Poder Legislativo de anular las leyes. En Uruguay el órgano competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes es la Suprema Corte de Justicia y el Poder Legislativo tiene competencias para aprobar leyes o para derogar las leyes". Correa Freitas puntualizó que "aun si el Poder Legislativo deroga la ley, la ley no puede tener efectos retroactivos. El tema es que la irretroactividad de la ley es un principio constitucional y no se puede violar la cosa juzgada ni tampoco se puede violar el principio de la seguridad jurídica". "El proyecto de ley adolece de graves vicios de inconstitucionalidad", dijo.
FuentedeOrigen:LaRepublica
Fuente:Agndh
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