El gobierno refuerza el plan para garantizar la seguridad ciudadana
Publicado el 3 de Marzo de 2011
Por Martín Piqué
La presidenta Cristina Fernández ordenó una batería de medidas en materia de seguridad y justicia que se anunciará de manera gradual en las próximas semanas. Tras confirmar el traspaso de la confección de los pasaportes de la Policía Federal al Ministerio del Interior, la presidenta pondrá especial atención al combate al delito y la violencia: el viernes 11 de marzo, Cristina relanzará el Plan Nacional de Desarme, que promueve la devolución y destrucción de armas de uso civil. El lunes 21 de marzo, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, pondrá en marcha el Plan Nacional de Participación Comunitaria, programa destinado a poner en práctica la participación de los vecinos en el control de las Fuerzas de Seguridad que dependen del Ejecutivo, sobre todo de la Policía Federal.
La catarata de decisiones del gobierno pretende contestar con hechos concretos a los dichos de la oposición, que parece haber elegido a la seguridad como el eje de la puja electoral. “Nos gustaría saber cuáles son las políticas públicas en el nuevo Ministerio de Seguridad, que hasta ahora no las conocemos”, chicaneó hace unos días el jefe de la bancada radical en Diputados, Ricardo Gil Lavedra. “Nos frenan el miedo y la inseguridad. El miedo es el mayor enemigo del progreso y eso es lo que pasa hoy en la Argentina”, se sumó anoche el senador mendocino Ernesto Sanz, uno de los tres candidatos presidenciales de la UCR.
La estrategia de la Casa Rosada será responder con anuncios y gestos fuertes. Una de las apuestas más importantes es el control de la Policía Federal por parte de los vecinos. El plan prevé la creación de 53 mesas de participación comunitaria –una para cada una de las 53 comisarías de la Policía Federal que existen en la Ciudad de Buenos Aires– más otras tantas según el número de delegaciones de la PFA en el interior del país. El objetivo, que se alcanzará de manera progresiva, es que haya una mesa por cada repartición de la PFA: tanto en el distrito porteño como en las 23 provincias, ya que se trata de una fuerza con presencia en todo el territorio nacional.
El plan se lanzará desde la Biblioteca Nacional. En la cartera de Garré tienen ciertas prevenciones a la hora de poner en marcha la iniciativa. Quieren evitar que las mesas o foros de la Ciudad de Buenos Aires terminen “cooptados” por la propia institución a controlar: el peligro podrían ser los vecinos, empresarios y comerciantes que integran las asociaciones de amigos de las distintas seccionales. La misma inquietud comparten algunas de las 700 ONG con experiencia en el área, convocadas a sumarse.
Otra clave del paquete es el Plan Nacional de Desarme Civil. Aprobado por ley en el Congreso, ese programa prevé una amnistía para todo aquel ciudadano que no haya registrado sus armas en el Registro Nacional de Armas (Renar) y que decida, de manera anónima, entregarlas al Estado para su posterior inutilización. También ofrece una remuneración de 200 a 600 pesos para que los portadores de armas de uso civil entreguen su arsenal doméstico, incluso si este estuviera declarado ante el Renar. Para impulsar el desarme, el Estado convocó a diversas ONG y cultos religiosos.
En el gobierno aseguran que una baja drástica en la portación de armas sería clave para disminuir el índice de homicidios. “En la Argentina el 65% de los homicidios dolosos que se cometen al año son por un conflicto interpersonal: entre marido y mujer, padre e hijo, vecino y vecina o hincha de fútbol contra hincha de fútbol. En esos casos, si el arma homicida no hubiera estado a mano del agresor, ese conflicto no habría terminado en crimen sino en lesiones”, subrayó ayer el ministro de Justicia, Julio Alak, en diálogo con Tiempo Argentino.
La Casa Rosada también apelará a hechos que impliquen un giro histórico. No se descarta una visita al interior de una cárcel de mujeres, aún no confirmada. La visita podría concretarse el jueves 17 de marzo, fecha en la que está prevista la ampliación de la Unidad 3 del Instituto Correccional de Mujeres de Ezeiza. Dicha unidad es una cárcel modelo que depende del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El Ejecutivo pondrá en funcionamiento un centro de rehabilitación para las reclusas y habilitará nuevas plazas.
El último presidente que visitó los interiores de una cárcel fue Juan Domingo Perón: ocurrió en su primer mandato, cuando el entonces director general de asuntos penales, Roberto Pettinato, padre del homónimo conductor de TV, intentaba llevar a la práctica el concepto de “humanizar el castigo” propuesto por el propio Perón en su Plan Quinquenal.
Fuente:TiempoArgentino
No hay comentarios:
Publicar un comentario