Por Irina Hauser
El juez Norberto Oyarbide y la Suprema Corte bonaerense investigarán los expedientes de adopción de todos los niños supuestamente abandonados durante la dictadura en la ciudad y la provincia, a fin de encontrar casos de apropiaciones de hijos de desaparecidos y determinar la responsabilidad de los jueces que actuaron.
LA JUSTICIA INVESTIGARA LAS ADOPCIONES DE TODOS LOS BEBES ABANDONADOS EN LA CIUDAD Y LA PROVINCIA DURANTE LA DICTADURA
En busca de la complicidad judicial en el robo de niños
El juicio por la apropiación de menores ya provocó otros efectos: el juez Norberto Oyarbide analiza los expedientes penales y tutelares de chicos supuestamente abandonados entre 1976 y 1983. Y la Corte bonaerense releva guardas y trámites de adopción en ese período.
Por Irina Hauser
La Justicia comenzó a meterse en un terreno hasta ahora poco explorado, más bien eludido, en las investigaciones sobre apropiación de hijos de desaparecidos: el de las adopciones con las que se intentó dar aspecto de legalidad a la entrega de niños nacidos en cautiverio o arrancados a sus padres secuestrados durante el terrorismo de Estado. Es una pista que inevitablemente lleva también a indagar en la responsabilidad de los jueces que intervinieron en cada caso y que pone al descubierto cómo actuaron algunos de ellos que aún están en funciones. El juez federal Norberto Oyarbide analiza ocho cajas de expedientes penales y tutelares sobre chicos supuestamente abandonados entre 1976 y 1983 que tramitaron en los tres juzgados de menores porteños. La Corte Suprema bonaerense está haciendo un relevamiento de guardas y trámites de adopción durante la dictadura, y ya informó a Abuelas de Plaza de Mayo sobre la existencia de 15 mil expedientes que servirán para cotejar información. La jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado analiza legajos de 15 adopciones que tramitó la misma jueza que intervino en las de Marcela y Felipe Noble Herrera.
“Tenemos la expectativa de poder detectar el blanqueo de apropiaciones mediante mecanismos de adopción. La posibilidad de encontrar un nieto en esa búsqueda existe y es alta. De los 104 casos resueltos, el 30 por ciento fueron chicos robados por procedimientos de guarda y adopción”, señaló Alan Iud, abogado de Abuelas, a Página/12. A la vez advirtió que hasta ahora pocos jueces se han decidido a avanzar contra sus pares envueltos en esos trámites irregulares. “Sólo en Santa Fe se llegó a procesar al juez Luis Vera Candiotti por supresión de identidad”, agregó.
Adopciones express
Simón Riquelo recuperó su identidad en 2002, cuando se comprobó que era hijo de Sara Méndez, uruguaya, secuestrada el 13 de julio de 1976 en su casa de Belgrano, en Buenos Aires, por un operativo conjunto del Plan Cóndor. A ella la trasladaron al centro clandestino de detención Automotores Orletti. A Simón, que tenía sólo veinte días, se lo llevaron. “No se preocupe, señora –le dijeron los hombres de civil, después de molerla a golpes–, al niño no le va a pasar nada, porque no es una guerra contra los niños.” Sara buscó a su hijo incansablemente, y lo encontró 26 años después. Se lo habían dado en adopción a Osvaldo Parodi, un subcomisario que habría estado vinculado con su propio secuestro, igual que el ex agente de la SIDE Eduardo Ruffo. El policía obtuvo en menos de un mes la guarda definitiva del chiquito. ¿Quién se la dio? El entonces juez de menores Gustavo Mitchell, actual integrante de la Cámara de Casación Penal.
El año pasado, un grupo de querellantes en la causa sobre el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos, encabezadas por María Isabel Chorobik de Mariani, fundadora de Abuelas, decidió denunciar penalmente a Mitchell junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Fundación Anahí. En el pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura también se presentó Hebe de Bonafini. Analizaron qué había hecho el juez al recibir la denuncia del abandono de Riquelo, hallado en teoría en la puerta del Sanatorio Norte –cerca de la casa de Sara– y cómo lo entregó a Parodi. No se hizo “la más mínima medida de investigación tendiente a localizar a los padres o la familia del menor secuestrado, y todo ello frente a la infinidad de hábeas corpus que en aquella época se presentaban”, decía la denuncia, que le tocó al juez Oyarbide, y que también pedía que se incautaran los expedientes penales y tutelares vinculados con supuestos abandonos de niños durante la última dictadura.
Oyarbide optó por empezar de la manera más amigable y mandó un oficio en el que pide en buenos términos la documentación a sus colegas de los juzgados de menores. Con este método recopiló unos cuarenta, que están en pleno análisis. El abogado Alejo Ramos Padilla, que representa a Chicha Mariani, querellante, le dijo a Página/12 que en un conjunto de expedientes de abandono de niños tramitados por Mitchell pudo observar el mismo mecanismo: “Llegaba la denuncia de abandono de los bebés, en ascensores, alguna iglesia, en un hall, donde fuera. En cuestión de horas o unos días el juez disponía hasta la guarda definitiva. La guarda provisoria a veces la daba en veinticuatro horas. Tenemos visto un expediente donde dos agentes de Coordinación Federal (centro clandestino de la Policía Federal) llevan un chiquito de dos días de vida al Hospital Elizalde. Pero el juzgado no realiza ninguna medida para ver de dónde salió ese chico o qué pasó con sus padres. Ni en éste ni en ningún trámite de los que pudimos ver”, advirtió Ramos Padilla. En el caso de Riquelo, agregó, en la primera foja hay una declaración de un policía de la comisaría 33ª, Vicente Caccaviello, que figura como quien encuentra al bebé. Sin embargo, cuando declaró en la causa contra Ruffo, dijo que ignoraba los hechos y que, si lo hubiera hallado él, obviamente “lo recordaría”.
Estela
Hace dos semanas, durante el juicio sobre apropiación de menores, la titular de Abuelas, Estela Carlotto, contó ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) una anécdota escalofriante. Cuando buscaba a su nieto en 1978 –relató– acudió a la Casa Cuna porque sabía que había allí una beba cuyos datos y fecha de nacimiento podían coincidir con los del bebé que había dado a luz su hija Laura durante su cautiverio, después del cual fue asesinada. La beba, le dijeron, sólo había estado dos días ahí, pero Estela pudo ver los papeles que decían que el juez era Mitchell. Intentó que la atendiera, pero él le mandó un mensaje a través de un emisario: “El doctor dice que se cuide; por lo que usted hace podría aparecer en una zanja”. Años más tarde, Carlotto supo a través de ex detenidas que su nieto era varón. Todavía lo busca. Su reciente testimonio dio lugar a que el TOF6 derivara denuncias al juzgado de Oyarbide y al Consejo.
El abogado Ramos Padilla había hecho una presentación que incluía ese mismo relato de la presidenta de Abuelas publicado en el libro Botín de guerra, donde además decía que en la Casa Cuna a la nena la llamaban María Julieta. Ramos Padilla sostiene que es Julieta Treviño, a quien Mitchell dio en guarda para su adopción a unos parientes suyos, también “en forma expeditiva”. Además, el abogado había cuestionado a su vez a dos funcionarios judiciales que fueron secretarios de Mitchell durante la dictadura. Uno de ellos, José Allevato, lo sucedió más tarde al frente del juzgado. Con el menemismo fue director de Asuntos Jurídicos de la SIDE. El otro, José Martínez Sobrino, integra el TOF6 que lleva adelante el juicio por robo de hijos de desaparecidos, pero por esta denuncia quedó afuera del caso.
Jueces y jueces
Desde que Carlotto volvió a poner el tema en el tapete, la causa de Oyarbide recuperó envión. Por lo pronto ella está citada para dar testimonio este miércoles, dijeron allegados a la causa. Abuelas se presentó como querellante. Pero además, el juzgado resolvió mandar oficios para chequear la nómina de todos los jueces y secretarios que estuvieron al frente de los juzgados de menores durante el terrorismo de Estado. Mitchell, por su parte, hizo una presentación en la que dice que entre 1976 y 1983 habrá tramitado unas cuatro denuncias de bebés que eran denunciados como “NN”, abandonados, al año.
También se presentó, de manera espontánea y con un escrito, la actual jueza federal María Servini de Cubría, que fue jueza de menores todo el período investigado. “Quiero aventar toda sospecha sobre mi actuación como magistrado en las causas en las que se involucraba a menores abandonados, tanto durante la dictadura militar, como en los gobiernos civiles constitucionales que lo precedieron y sucedieron en mi gestión de juez”, dice. “Arbitré todos los medios entonces a mi alcance para dar con los familiares de los niños encontrados y cuando pude dar con los mismos, dispuse su inmediata entrega”, agrega. Servini cuenta dos casos de bebés que aparecieron con cartelitos, uno que decía que era hijo de un miembro de Montoneros, y otro que decía su nombre, Emiliano Hueravilo. En ambos casos encontró a los abuelos con solicitadas en los diarios. Más allá de su autodefensa, Servini le avisa a Oyarbide que debería encontrar en la caja fuerte de su ex juzgado algunos expedientes que podrían dar pistas fuertes sobre apropiaciones de hijos de desaparecidos. “Ordené resguardar las actuaciones de mayor relevancia en el ámbito más seguro y reservado”, informa, con lo que deja en evidencia que los jueces sabían perfectamente de dónde podían venir esos chicos que aparecían como por arte de magia y terminaban en hospitales pediátricos.
El expediente a cargo de Oyarbide todavía está en sus inicios. “Es una investigación necesaria”, remarcó el abogado Iud. Del mismo modo, contó que el año pasado le pidieron a la Corte bonaerense un relevamiento de expedientes de adopción en la provincia de Buenos Aires, con la intención de tener datos sistematizados y accesibles sobre posibles jóvenes apropiados para cotejar con su propia información. En una acordada, ese tribunal resolvió revisar archivos y libros de mesa de entradas y, luego, al menos 15 mil expedientes. En Capital, Ramos Padilla dice que muchos expedientes tutelares fueron destruidos, quemados, ya en democracia con la excusa de falta de espacio. Sin embargo, agrega Iud, había una acordada de la Corte Suprema que ordenaba preservarlos.
La semana pasada, la jueza Arroyo Salgado, en el contexto de la causa sobre el origen de Marcela y Felipe Noble Herrera, dispuso relevar 15 expedientes de menores anotados como “NN” que tramitaron en el juzgado de Ofelia Hejt (fallecida), la misma jueza que los entregó como hijos adoptivos a la dueña de Clarín. Ramos Padilla sostiene que el expediente que instruye Oyarbide es “la demostración, a partir de Mitchell, de la complicidad judicial, que aún existe, con el sistema perverso establecido para consolidar la apropiación de niños, mediante el robo de su historia, su origen, su identidad y la entrega a los apropiadores a través de un marco de supuesta legalidad judicial”.
Fuente:Pagina12
El caso de la jueza Pons
El abogado Alan Iud cuenta que desde Abuelas de Plaza de Mayo están haciendo una investigación específica sobre el juzgado de Lomas de Zamora que estuvo a cargo de la fallecida jueza Delia Pons, ya que tienen pistas de que pudo haber dado la guarda de hijos de desaparecidos. Cuando las Abuelas visitaban los juzgados en busca de sus nietos secuestrados, la jueza Pons les decía, según cuenta el libro Botín de Guerra: “Señoras, yo personalmente estoy segura de que sus hijos eran terroristas. Para mí, terrorista es sinónimo de asesino. Y a los asesinos no pienso devolverles los hijos. Porque no sería justo hacerlo. Porque no sabrían criarlos y porque no tienen derecho, tampoco, a criarlos. Sin ir más lejos, tengo en este momento en mis manos el caso de los chicos de Julio Ramírez. Ramírez es un criminal, un terrorista confeso (...) Ha solicitado la tenencia de esos pobres niños. Yo jamás se la concederé. Y tampoco me voy a pronunciar por la devolución de ninguno de sus pretendidamente nietos...”
Hasta ahora, dice Iud, el único juez procesado por suprimir la identidad de una hija de desaparecidos, María Sol Guallane, fue el santafesino Luis Vera Candiotti.
Fuente:Pagina12
Informe elaborado por la comisión provincial de la memoria
Lo que ocultó la Policía sobre el robo de niños y de bebés
Publicado el 8 de Mayo de 2011
Desde Tribunales preveen que los datos del trabajo de la Comisión Provincial agilizarán la causa y demostrarán que la sustracción de menores formó parte de un Plan Sistemático.
En estos momentos, el contenido de un informe especial, al que accedió Tiempo Argentino a través de una fuente judicial, es analizado por la doctora María del Carmen Roqueta, presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 6, responsable de llevar adelante la investigación por el robo de bebés y el secuestro de mujeres embarazadas durante la dictadura militar como parte del denominado Plan Sistemático. El trabajo, de casi 200 carillas, fue elaborado recientemente por la Comisión Provincial por la Memoria, y se basa en material hallado en el archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), gestionado por la Comisión desde hace algunos años.
El informe está compuesto por una introducción y cinco capítulos: La persecución a la organización Abuelas de Plaza de Mayo como parte de la estrategia de control; Los niños en el archivo de la DIPPBA; Legajos que demuestran la aplicación de la violencia estatal sobre las mujeres embarazadas; Las víctimas; y Esquemas de la estructura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Su análisis, más allá de la descripción de distintas acciones represivas y la mención de casos puntuales que forman parte de este suplemento, aporta a la causa dos datos reveladores en los que se basaría Roqueta para determinar que después del golpe de Estado de 1976, las sustracciones de menores no fueron casos aislados, sino parte de un plan criminal: el detalle de operativos en los que las mujeres que estaban a punto de parir eran el objetivo principal de las desapariciones; y el sistema que la DIPPBA montó para clasificar a cada uno de los niños secuestrados –mediante fichas personales, y a los que etiquetaba como “subversivos” aunque tuvieran pocos meses de vida–, hasta entregarlos a sus “nuevas” familias.
“Otra línea de investigación desarrollada –explica el informe– gira en torno a la responsabilidad de algunos miembros del Poder Judicial que intervienen en el proceso de entrega de los niños nacidos en cautiverio a través de un sistema de tutelas. En el Archivo existen expedientes enviados directamente por los Tribunales de Menores, estos documentos judiciales abiertos por personas que buscaban saber sobre el paradero de sus nietos se transforma, en un material de inteligencia para la persecución de los familiares de las víctimas.” Muchos de los casos investigados corresponden al llamado “Circuito Camps”, donde la Policía Bonaerense fue clave dentro de una planificación que incluía el trabajo de profesionales médicos, el montaje de maternidades clandestinas en los campos de concentración, y un sistema ilegal público que cambiaba la identidad de los menores.
EL SEGUIMIENTO A LAS ABUELAS. El texto detalla legajos que la Comisión encontró en el archivo de la DIPPBA, y que los efectivos de Inteligencia denominaban “abuelas”: fichas personales con datos y movimientos diarios de integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo que buscaban a sus nietos. Se encuentran, entre otros, los de Estela Carlotto, Elba Rosa Montiveros de Ford, María Isabel Chorobik de Mariani, Clara Jurado, Elsa Beatriz Pavón de Aguilar y Alicia Zubasnabar de De la Cuadra. Las fichas fueron elaboradas entre 1976 y el comienzo del período democrático, dentro de la Mesa “DS” (Delincuente Subversivo). En uno de esos legajos se lee: “Información relacionada con acción panfletaria de Abuelas de Plaza de Mayo en la localidad de Quilmes… medios propios (se refiere a los agentes infiltrados) han logrado establecer que la Agrupación denominada Abuelas de Plaza de Mayo, realizaron una acción panfletaria en la zona céntrica de Quilmes.” Y otro legajo brinda detalles de uno de los seguimientos: “Medios propios obtuvieron ejemplar de folleto editado por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo” que “describe algunos de los niños desaparecidos con sus fotos”, “… en la fecha personal de esta delegación actuando en cobertura en la Facultad de Bellas Artes, obtuvo el original de una carta que las Abuelas de Plaza de Mayo enviaron a los alumnos de la UNLP por el ayuno para la libertad de los presos políticos”.
Por otro lado, la Dirección de Inteligencia también seleccionaba toda la información publicada en diferentes medios sobre apropiación de niños, recortes de prensa con reclamos de paradero, y hasta notas acerca de exhumación de cadáveres. “Cumplo en informar a Ud. que de acuerdo a directivas oportunamente emanadas, se practicó el control audiovisual del programa ‘Compromiso’”, dice otro expediente. El material enviado al juzgado de la doctora Roqueta acerca algunos nombres de los responsables que en ese momento la DIPPBA designaba para esas tareas: por ejemplo, el subcomisario Pedro Domingo Costilla se encargaba de concentrar la información en la delegación La Plata, y el coronel Enrique Nicolás Rospide (asesor del general Ramón Camps en la Jefatura III de Operaciones del Estado Mayor General Policial) centralizaba los datos de la provincia. El informe menciona a otros represores, como los comisarios Francisco Loza, jefe de la Delegación Inteligencia de Lanús; Roberto Marcelo Slocker, de la delegación Mercedes; Antonio Enrique Hudson, de la delegación Bahía Blanca; y los subcomisarios Alberto Videla, que espiaba regularmente a los organismos en la zona de Luján, y Oscar Diego Galarco, de La Plata.
Los documentos brindan ejemplos clarísimos de cómo Inteligencia de la provincia desviaba pesquisas, y “aconsejaba” investigar a los damnificados en lugar de buscar a los responsables de los hechos. En la Carpeta Nº 24.832 caratulada “Amenazas a Abuelas de Plaza de Mayo en La Plata”, ocurridas en junio de 1986, el entonces oficial principal Carlos Alberto Bula, jefe de la delegación platense de la DIPPBA, informa acerca de un apriete contra las Abuelas de parte del autodenominado Movimiento de la Paz y el Olvido, y transcribe un fragmento de las amenazas: “A todos los integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Abuelas (locas de nietos muertos) y a todos los colaboradores… Dejen a los niños con las familias que los criaron o ustedes van a pagar muy caro.” Bula no se preocupa por desenmascarar a los integrantes del grupo, pero sí recomienda estudiar los movimientos del abogado de Abuelas, Horacio Torres Molina, anexando sus “Antecedentes político-ideológicos” ordenados cronológicamente desde 1959 hasta 1984.
LAS CARPETAS DE LOS “DS”. La cantidad de legajos que demuestran la existencia de un Plan Sistemático de sustracción de menores que la doctora Roqueta tiene sobre su escritorio abruma. La comisión los sintetiza en el informe, pero a su vez cada uno puede ser el punto de partida para nuevas investigaciones. En una época en que todo se guardaba por escrito, los expedientes, numerados, ocupaban distintas “Mesas” de recopilación. Los referidos a embarazadas y menores de edad nacidos en cautiverio integraban los ficheros de “Delincuentes Subversivos”.
En el legajo 14409, el comisario inspector Jorge Héctor San Félix explica detalles de la detención de Silvia Mabel Isabella Valenzi “por personal de la Brigada de Quilmes”, quien “habría tenido una nena prematura en el Hospital de Quilmes. Nunca más se supo nada de ella”. El 20304 habla del caso de Adriana Gatti: “Por declaraciones de un refugiado político se pudo determinar que los muertos durante el tiroteo fueron Eduardo Testa y su compañera Norma Inés Masuyama. La persona que falleció durante el viaje al Hospital Alvear se supone que era Adriana Gatti Casal. Por las mismas informaciones se sabe que Norma Masuyama estaba en el noveno mes de embarazo y que Adriana Gatti Casal se encontraba en el séptimo mes de gravidez.” Y el legajo 21940, vinculado al secuestro de Liliana Amalia Galarza, deja constancia “del nacimiento de María Mercedes Galarza, hija de Liliana, nacida durante su cautiverio” en la calle 55 Nº 930, sede de la brigada bonaerense en La Plata.
Además del material gráfico, el trabajo de la CPM reseña imágenes de casi 800 casetes de video VHS y voces de 160 casetes de audio, muchos de ellos referidos al tema de la sustracción de menores. En cuanto a los VHS, se trata de recortes de programas televisivos y filmaciones propias que “marcaban” a futuros secuestrados vistos en marchas, actos políticos, congresos universitarios y actividades de Madres y Abuelas.
BOTÍN DE GUERRA. Una de las informaciones que la DIPPBA guardaba con mayor recelo era la referida a las mujeres embarazadas desaparecidas, trasladadas a las “maternidades” de distintos CCD y por lo general asesinadas inmediatamente después del parto. El trabajo de la Comisión revela un memorándum firmado por el responsable platense de la Dirección relacionado con un listado que él mismo cataloga de “parcial”, con los nombres de 103 embarazadas secuestradas en el transcurso de los años 1976, 1977 y 1978, con las correspondientes fechas de cada operativo. María Claudia García de Gelman, Stella Maris Montesano de Ogando, Laura Estela Carlotto, María Hilda Pérez de Donda, Patricia Julia Roisinblit de Pérez, Ana María Lancilotta de Menna, Laura Beatriz Cegarra, Adriana Leonor Tasca, María del Carmen Moyano de Poblete, María Graciela Tauro de Rocheinstein, Cristina Silvia Navajas de Santucho, Alicia Elena Alfonsín de Cabandié y Lucía Rosalina Tartaglia son algunas de las que integran esa lista.
Pero un apartado especial del informe es el correspondiente a los bebés considerados “subversivos” por los secuestradores. “Es de destacar por ejemplo el caso de Clara Anahí Mariani –dice el texto–, quien con sólo cinco meses de vida posee un legajo en la que se la cataloga como ‘extremista’ y a quien se le homologan lo que la DIPPBA llama ‘antecedentes’, es decir el documento que la inteligencia policial construye a partir del asecho y del seguimiento de su padre, Daniel Enrique Mariani, que es colocado como parte de ‘los antecedentes’ de la niña.” El capítulo también menciona otros casos de criaturas consideradas peligrosas por los militares, como Gabriel Matías Cevasco, secuestrado junto con su madre María Delia Leiva de Cevasco en el partido de San Martín, y María José Lavalle Lemos, luego devuelta a su familia biológica. En otro memorándum, las bandas de la Bonaerense dejan constancia de una amenaza explícita a Juan Ramos Padilla, en momentos en que el ex juez federal luchaba por la restitución de bebés secuestrados: “…es probable que R. P. intente hacer alguna otra cosa en la zona. Adoptamos las previsiones del caso y lo esperamos confiadamente.”
Dentro de la DIPPBA, cada una de las presentaciones judiciales que las Abuelas realizaban para encontrar a sus nietos merecía un legajo propio, donde se detallaban gestiones ante los Tribunales de Menores, declaraciones públicas, trámites, entrevistas con funcionarios, testimonios individuales y movimientos en general. El informe explica que “El expediente judicial abierto por personas que buscaban saber sobre el paradero de sus nietos se transforma de esta manera en un material de inteligencia para la persecución de los familiares de las víctimas que reclaman, y para el análisis al interior de la comunidad informativa de la información que las abuelas tenían respecto del secuestro de niños y mujeres embarazadas.”
Por otro lado, gran parte de las 200 carillas que analiza la doctora Roqueta están dedicadas a aportar datos que se encontraban en la DIPPBA referidos a los 33 casos de mujeres embarazadas al momento de su secuestro, y que son tratados en el actual juicio por apropiación. Esa nómina la integran Norma Tato, Silvia Mónica Quintela Dallasta, María Eloísa Castellini, Stella Maris Montesanto, Gabriela Carriquiriborde, Aída Cecilia Sanz Fernández, María Asunción Artigas Nilo, Yolanda Iris Casco Ghelpi, Mónica Sofía Grinspon, Inés Beatriz Ortega, Elena de De la Cuadra, Laura Estela Carlotto, María Elena Corvalán, Sara Rita de Lompodio, María Claudia García Iruretagoyena, María del Carmen Moyano de Poblete, Liliana Clelia Fontana, Hilda Pérez de Donda, Ana Rubel de Castro, Susana Leonor Siver, Liliana Carmen Pereyra, Graciela Tauro, Susana Beatriz Pegoraro, Alicia Elena Alfonsín de Cabandié, Silvia Dameri, María Emilia Islas Gatti, Victoria Grisonas, Hilda Ramona Torres, Diana Esmeralda Teruggi de Mariani, Rosa Luján Taranto, Gertrudis Marta Hlaczik, Cecilia Marina Viñas y Patricia Julia Roisinblit.
“El relevamiento de la documentación Archivo DIPPBA peritado para esta causa –finaliza el trabajo– permite observar la repetición de esquemas dentro de la Inteligencia Policial y dentro de la misma Policía Bonaerense. A partir de analizar la documentación que refiere a la persecución de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, como a otros organismos de Derechos Humanos, se observa que el resultado de esa acción es siempre concentrar en un responsable policial la totalidad de la información sensible. En el caso de la Jefatura de Policía, la centralización y sistematización de la información la conservaba el coronel Enrique Nicolás Rospide, quien intervino en algunos de los casos cuyas víctimas se encontraban embarazadas y/o cuyos niños fueron secuestrados. De la misma manera aparece vinculado en acciones represivas y de control sobre víctimas de esta causa el comisario inspector Alberto Rousse. De la misma manera proceden en la DIPPBA Regional La Plata, centralizando la información sobre Abuelas, Madres y organismos el comisario Pedro Costilla.”
Elaboró fichas de varias de ellas entre los ’70 y los ’80
La policía espiaba a Abuelas para llegar hasta los niños
Publicado el 8 de Mayo de 2011
La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires observaba minuciosamente las actividades de denuncia de las Abuelas e intentaba controlar lo que ellas sabían sobre sus nietos.
El subcomisario Pedro Domingo Costilla se encargaba de concentrar la información de la delegación La Plata. El coronel Rospide centralizaba la información del resto de la provincia.
Las que siguen son algunas de las fichas personales que fueron encontradas: María Ferrarese de Urrúa, Eva Márquez de Castillo Barrios, Vilma Gutiérrez, Mirta Acuña de Baravalle, María Isabel Chorobik de Mariano, Alicia Zuasnabar de De la Cuadra, Elba Montiveros de Ford, Beatriz Aicardi de Neuhaus, Estela Barnez de Carlotto, Vilma Sesarego de Gutiérrez, Julia Rebollo de Grandi, Delia Giovela de Califano, Clara Jurado, Elsa Pavón de Aguilar, Raquel Radio de Marizcurrena, María Sueyro de Leiva.
“MEDIOS PROPIOS”. Los agentes de inteligencia mencionan en los informes que es a través de sus propios medios que obtienen la información, que se infiltran para conocer las actividades. “Medios propios obtuvieron un ejemplar de folleto editado por la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo (…) el mismo describe algunos de los niños desaparecidos con sus fotos” (Legajo Mesa de Referencia, N° 18133).
Las fichas personales de las abuelas fueron elaboradas entre los años ’70 y principios de los ’80, y algunas de ellas se confeccionaron en el período democrático.
El seguimiento y la persecución se pueden observar en varios de los legajos que la inteligencia bonaerense elaboró y archivó en la Mesa “DS”. Los diversos motivos de la pesquisa realizada sobre abuelas y sobre sus familias demuestran la magnitud del acecho. Disímiles fueron los motivos que originaron el control estatal sobre cada actividad que desarrollaban.
LOS LEGAJOS COMO PRUEBA. Las que siguen son anotaciones textuales realizadas por el personal de la DIPBA.
Legajo Mesa Referencia, N° 18133, caratulado: “Agrupación Abuelas de Plaza de Mayo”, tomo 1. Se inicia el 20 de marzo de 1984, con un memorando proveniente del jefe de la Delegación Inteligencia La Plata, subcomisario, Pedro Domingo Costilla, para el director General de Inteligencia. Le remite un informe (el manuscrito dice: “Desaparecidos - Para considerar - Hacer legajo - Legajo Abuelas”), sobre la aparición de un afiche en La Plata, del que se dan las dimensiones y el texto: “Mi abuela me está buscando ayúdela a encontrarme 10/12. Día Universal de los Derechos Humanos”, refrendado por la “Organización de Solidaridad Abuelas de Plaza de Mayo”. Se aclara que se tomaron fotos que serán enviadas a ese Mando General.
Un segundo memorando de la misma fecha, también firmado por el subcomisario, Pedro Costilla, en manuscrito: “Legajo Abuelas - Desaparecidos para considerar.” El motivo es la “Actividad relacionada con la Organización de Solidaridad denominada Abuelas de Plaza de Mayo”. En el informe se habla de otros afiches “en los cuales se observan fotografías de niños desaparecidos y sobre algunas de ellas se halla colocado el sello “APARECIDO” y “APARECIDO ASESINADO”. Se transcribe el texto del afiche y se transcribe una lista de once niños que ya estaban localizados en diciembre de 1983. Figuran los nombres (no apellidos), la fecha de localización y en algunos casos fecha de nacimiento y secuestro. Se informa que en el afiche hay otra inscripción. “Ayudemos a encontrar a los centenares que aún faltan localizar”, debajo hay fotografías de niños desaparecidos, entre los que se mencionan a:
–Paula Eva Logares: nacida el 10/6/76, desaparecida el 18/5/78, en Montevideo.
–Gabriel Matías Sebasco: nacido el 14/10/76, desaparecido el 11/1/77, en San Martín, provincia de Buenos Aires.
–María Eugencia Gatica: nacida el 6/2/76, desaparecida el 27/7/76, en La Plata.
–Pablo G. Laschak: nacido el 29/10/75, desaparecido el 15/4/76, en Buenos Aires.
–Andrés Moscazo Lagruta: nacido el 25/1/77, desaparecido en abril/77, en San Fernando, provincia de Buenos Aires.
–Amaraes García: nacida en 1971, desaparecida el 8/11/74, en Buenos Aires.
–Claudia Poblet: nacida el 25/3/78, desaparecida el 28/11/78, en Guernica, provincia de Buenos Aires.
–Carla G. Rutilo: nacida el 25/3/78, desaparecida el 29/8/78, en Oruro, Bolivia.
–Gimena Vicario: nacida el 12/5/76, desaparecida el 5/12/77, en Capital Federal. Martín Viamonte: nacido el 22/11/74, desaparecido el 29/6/78 en Buenos Aires (localizado).
–Simón Arriqueiro: nacido el 26/6/76, desaparecido el 13/7/76, en Capital Federal.
–Jorgelina Planas: nacida el 5/8/73, desaparecida en mayo de 1977, en Lanas.
–Mariana Safaroni: nacida el 22/3/75, desaparecida el 29/9/76, en Florida, provincia de Buenos Aires.
Pedro Luis García: nacido el 29/5/75, desaparecido el 5/8/76, en Capital Federal
–Clara Anahí Mariel: nacida 12/8/76, desaparecida el 24/11/76, en La Plata.
–Beatriz Lourdes, Washington Fernando y Andrea Viviana: desaparecidos en el año 1977 en Beccar, provincia de Buenos Aires, siendo hermanos.
–José Savino Abdala: nacido el 27/4/74, desaparecido el 16/3/77, en La Plata.
–Roberto Lanuscoub: nacido el 30/8/70, desaparecido el 4-5/9/76, en San Isidro (localizado asesinado).
–Bárbara Lanuscoub: nacida el 9/2/76, desaparecida el 4-5/9/76, en San Isidro (localizada asesinada).
–Matilde Lanuscoub: nacida el 4/4/76, desaparecida el 4-5/9/76, en San Isidro (localizada asesinada)
-Astrid Patiño: nacida el 12/4/73, desaparecida el 3/4/76, en Córdoba (localizada).
–Claudia Caielli: nacida el 17/6/77, desaparecida el 17/7/77, (localizada asesinada).
–Felipe Martín Gatica: nacido el 23/12/76, desaparecido en Berisso, el 27/7/77.
En el afiche figura una larga lista de jóvenes madres que fueran secuestradas embarazadas y la pregunta: “¿Dónde están sus bebés nacidos en cautiverio?”
En memorandos siguientes, se le envía al director general de Inteligencia copias de las fotografías tomadas con fecha 21/3/84. En las fojas subsiguientes, hay recortes de prensa, del 24, 25 y 26 de marzo de 1984, en los que consta la denuncia de la Sra. de Mariani, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, sobre el recrudecimiento de las amenazas hacia dicha entidad. El parte policial N°356, del 25/4/84, de Quilmes, sin firma ni sello, para ser distribuido al DGIPBA (Dirección General de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires) y Archivo; remite: “Medios Propios, han logrado obtener, mediante infiltración hecha en Abuelas de Plaza de Mayo, fotocopia de comunicado cuyo título es Situación 1°; Localización de niños Post Mortem”, adjuntándole copia del comunicado obtenido por esos métodos (infiltración), en el marco de vigilancia, que todavía se ejercía, en abril de 1984, sobre Abuelas.
En el parte se describe la actividad, cantidad de Abuelas participantes, recorrido y horario, el volante que se difundía, titulado “Un llamado a las conciencias”, sobre el caso de Rosita, nacida en cautiverio en el Hospital de Quilmes el 2/4/77. Se adjunta copia del volante.
Recortes de prensa muestran diversas actividades y denuncias efectuadas por Abuelas y otros organismos, por ejemplo en rechazo de los Tribunales Militares. Asi mismo, recortes donde la información involucre la participación de efectivos policiales en la apropiación de niños, por ejemplo Rubén Lavallén, quien anotó como hija propia a Paula Eva Logares, secuestrada con sus padres en Uruguay.
Sin escalas, de la justicia a la comisaría
Habeas corpus convertidos en “solicitudes de paradero”
Publicado el 8 de Mayo de 2011
Existen en el archivo DIPPBA legajos construidos a partir de la presentación de habeas corpus que los familiares de las víctimas presentan ante las autoridades judiciales, explica el informe de la Comisión Provincial por la Memoria. Esos amparos se trataron en la inteligencia policial como “Solicitudes de Paradero”, y se abrió un legajo por cada uno de los pedidos. Es interesante observar, cómo en ese período se incrementó la cantidad de legajos. El pedido de informe para saber el destino de una persona se tornó un formulismo más del sistema burocrático autoritario.
En los casos en que la inteligencia crea acontecimientos fraguados, por ejemplo falsos enfrentamientos donde identifica a las víctimas ingresando por los canales orgánicos los datos de las mismas, no utiliza esta información luego para contestar los habeas corpus presentados por las familias. Las solicitudes parecen tener siempre una respuesta formal y burocrática. No queda registrado ningún pedido posterior de las autoridades judiciales. Esas repuestas negativas dan cuenta al menos de una decisión planificada y coordinada.
OTRA VEZ, TRAS ABUELAS. Además de las acciones individuales por cada una de las víctimas, existen en el interior del Archivo DIPBBA legajos que demuestran el seguimiento a las acciones judiciales de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
El legajo Mesa Referencia N° 18018, por ejemplo, corresponde a una copia de la denuncia elevada por las Abuelas de Plaza de Mayo al Tribunal de Menores de Junín en 1980. La denuncia presentada por los familiares de las víctimas se organizaba a manera de dossier, con el titulo de “Niños ‘Desaparecidos’ en la Argentina desde 1976”. Contenía una lista de los chicos, las solicitadas publicadas, testimonios individuales, trámites realizados y algunos ejemplos de niños desaparecidos.
El expediente fue caratulado, por el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, como “Velásquez de Toranzo, Ilda Angélica Ferrarese de Urra, María Paulina” y se tramitó ante el Tribunal de Menores de Junín, Secretaria 2, en la causa 2117 a cargo del Juez de Menores de Junín Juan José Roggero, quien envió una copia de la totalidad del expediente al comisario de Ciudadela, quien a su vez envió copia a la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
El expediente judicial abierto por personas que buscaban saber sobre el paradero de sus nietos se transformó en material de inteligencia para la persecución de los familiares de las víctimas que reclamaban, y para el análisis al interior de la comunidad de la información que las Abuelas tenían respecto de el secuestro de niños y mujeres embarazadas.
La DIPPBA central intervino sobre la documentación y procedió abrir fichas sobre las personas que denunciaban la desaparición de sus familiares.
El dossier que fue entregado por Abuelas al Tribunal de Menores de Junín, y que luego ingresó a la DIPPBA y fue foliado e intervenido por agentes policiales. Las denuncias poseen cada una foto de la víctima. Los datos filiatorios y un relato de los hechos. Por ejemplo: “Fue secuestrada el 17 de enero de 1977, a las 9:30 en Hipólito Irigoyen y vías del ferrocarril Mitre. Ese mismo día, por la noche, siete hombres vestidos de civil que dijeron ser de la policía, armados llegaron a mi domicilio. Entraron y revisaron todo, avisándome que mi hija había sido detenida. Anteriormente, el 24 de junio de 1976, un grupo de hombres fuertemente armado, con máscaras, entraron al departamento, revolviendo todo y llevándome a mi y a mi hijo no sabemos dónde, encapuchados y esposados, teniéndonos detenidos por 48 horas. A fines de septiembre volvieron, era otro grupo de siete hombres jóvenes, armados. Revolvieron toda la casa, llevándose dinero, alhajas, ropas.”
El expediente enviado por el Juzgado de Menores de Junín tiene la firma del doctor Juan José Roggero, juez de menores y de la doctora Rita Gavernet, secretaria de dicho tribunal.
Los niños en los archivos
Publicado el 8 de Mayo de 2011
Las fichas con los nombres de los niños secuestrados fueron elaboradas por la DIPPBA y conducen a diversos legajos ubicados en la Mesa “DS” lo que, para la Comisión por la Memoria, convalida la idea que la policía de Camps tenía respecto de ellos : eran “hijos de subversivos” y, por lo tanto, víctimas de la violencia del estatal.
BEBES EXTREMISTAS. A Clara Anahí Mariani, entonces una beba de cinco meses de vida, se le abrió un legajo con “antecedentes” en el que se la cataloga de “extremista”. El documento de inteligencia fue reconstruido a partir del seguimiento de su padre, Daniel Enrique Mariano. En el caso de Gabriel Matías Cevasco, la denuncia fue realizada por el director del establecimiento textil donde trabajaba su madre quien fue secuestrada junto con Gabriel. El legajo, que abrió la Unidad Regional de San Martín, fue caratulado como “Secuestro de María Delia Leiva”, tiene una declaración pormenorizada: “El 11/1/77, a las 14.30 hs., María Delia Leiva de Cevasco esperaba el colectivo junto con algunos de sus compañeros de trabajo en los establecimientos textiles San Andrés. Llevaba en brazos a su hijito, Gabriel Matías Cevasco. Rodeada por varios vehículos, ocupados por gente armada, es obligada a subir a uno de ellos, que partió con rumbo desconocido. El mismo día a las 24 hs, fue allanado el domicilio donde María Delia vivía con su madre y el pequeño secuestrado”. El legajo estaba en la Mesa “DS”,- delincuente subversivo- y no indica ninguna acción ha realizar para conocer el paradero de ambos.
El legajo de la nena María José Lavalle Lemos da testimonio del seguimiento efectuado los agentes estatales. En momento de su restitución, se encontraba en Mar del Plata, la DIPPBA realiza a ella un seguimiento pormenorizado.
La Comisión destaca la preocupación de los agentes policiales respecto de la detención de la ex sargento primero Teresa Isabel González. Así lo destaca un informe confidencial: “Se sabe que la criatura se la entregaron en la Brigada de San Justo y que el Certificado de Nacimiento lo firmó Vidal (al parecer dio la posta (...)a raíz de algún disgusto familiar comenzó a enviar anónimos a distintos lugares, diciendo que la menor no era hija de González, sino de una desaparecida. La cuestión llegó a las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes tomaron contacto con Sonia y finalmente se concretó una denuncia en el Juzgado de Ramos Padilla, firmado por las Abuelas”.
Previendo el estado público que tomaría el hecho especulan con que “es evidente que tanto por el asunto de Brigada, como por Vidal, la Policía de la Provincia volverá a estar en los diarios. Es probable que Ramos Padilla intente hacer alguna otra cosa en la zona. Adoptamos las previsiones del caso y lo esperamos confiadamente”.
Figuraban como “ds”
Paradero sólo para los menores de ocho años
Publicado el 8 de Mayo de 2011
Algunos de los legajos contienen solicitudes de paradero. Todos los nombrados son menores de ocho años. Tal es el caso, por ejemplo de “Mesa DS, Legajo N° 14730”, caratulado “Solicitud paradero de José Sabino Abdala y 12 más”. Fechado en septiembre de 1979 tiene como remitente la Dirección General de Seguridad Interior y como destinatario al Jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires y Jefatura y Personal (Departamento Enlace y Reg) Emge. Los menores que figuraban son los siguientes: José Sabino Abdala, nacido el 27/07/74, quien en La Plata “habría sido detenido en su domicilio el 16/03/77”, Alonso, hijo de Guillermo Alonso, desaparecido el 1/06/76, Pablo Atanasiv de un año de edad, desaparecido el 14/04/76 en Buenos Aires, Alejandro Balizi de 15 meses de edad y Sergio Balizi de un mes de edad, desaparecidos en Martín Coronado, Buenos Aires, Victoria del Carmen Delard de cinco meses de edad, desaparecida el 7/01/77 en Haedo, Buenos Aires, Máximo Fernández de cuatro meses, desaparecido el 17/05/76, García: de tres años de edad, desaparecido el 12/01/77 en Villa Adelina, Buenos Aires, Amaral García de tres años de edad, desaparecido el 8/11/74, los hijos de María Heinz, de ocho y siete años de edad, desaparecidos el 7/05/76, Andrea Viviana Hernández Hobbas de tres años de edad, desaparecida en julio de 1977, Heitala Gali, hijo de Guillermo Heitala, de tres años de edad, desaparecido el 15/08/77. Laura M. Jotar de un año y Fabiana Jotar de seis, desaparecidas en diciembre de 1977, en la ciudad de Buenos Aires. Andrés Lablunda Moscazo de tres meses de edad, desaparecido en abril de 1977 en Buenos Aires, Paula Eva Logares de dos años de edad, desaparecida el 18/05/78, Clara Anahí Mariano de cinco meses de edad, desaparecida el 24/11/76 en La Plata, Sebastián Márquez de cuatro años de edad, desaparecido en mayo de 1977, Matosa, hijo de Horacio Matosa, de 11 meses de edad, Juan Pablo Moyano de un año de edad, desaparecido el 18/08/77 en Buenos Aires, Diego Victoriano Nadal de cuatro meses de edad, desaparecido el 23/09/78, Vladimiro Nadal de nueve años, desaparecido el 23/09/78. Carmela Nadal de 7 años, desaparecida el 23/09/78. Horacio Pietragalia de tres meses de edad, desaparecido en julio de 1976, Julia Pini nacida el 2/01/76, desaparecida el 21/04/76, Ramírez, hijo de Julio Ramírez, de nueve años de edad, Simón Riquelo de un mes de edad, desaparecido el 13/07/76. Rodríguez, hijo de Abraham Rodríguez, desaparecido entre 1975 y 1976, Rossi Galíndez, hija de Cristina Galíndez de Rossi de cinco años, desaparecida el 1/07/76, Carmen Santz, nacida el 27/12/77. Serva, hijo de María Serva, de tres meses de edad, desaparecido el 11/06/77.
Al final de la nómina aparece firmado por el Director General de Seguridad Interior del Ministerio del Interior, y que quien transmitió fue el Operador 395 (DGSI) y la firma de Alberto José Antonaitis.
Sus datos figuraban en el archivo de inteligencia de la dippba
El caso Madariaga Quintela y Francisco, otro nieto recuperado
Publicado el 8 de Mayo de 2011
Silvia Mónica Quintela Dallasta estaba casada con Abel Madariaga y esperaba su primer hijo. Había pertenecido a la Juventud Peronista en la facultad, era médica y atendía en una clínica en Beccar, cerca de la villa La Cava. A las 9:30 de la mañana del 17 de enero de 1977, iba a la estación de trenes por Hipólito Irigoyen en Florida, provincia de Buenos Aires, cuando tres Ford Falcon la rodearon. Hombres vestidos de civiles, que pertenecían al 1º Cuerpo del Ejército la metieron en un auto y se la llevaron. Esa tarde, siete hombres allanaron la casa de su madre, Luisa Quintela, y le dijeron que Silvia, que tenía cuatro meses de embarazo, había sido detenida. Informaciones proporcionadas por sobrevivientes del centro clandestino de detención “El Campito”, que funcionaba en la guarnición militar de Campo de Mayo, indican que Silvia permaneció detenida allí y que al momento del parto, a fines de julio de 1977, fue trasladada al Hospital Militar de Campo de Mayo. Allí dio a luz por cesárea a un varón al que llamó Francisco. El bebé le fue retirado horas después del parto.
Francisco Madariaga Quintela, hijo de Silvia y de Abel, es ese bebé, el nieto 101 recuperado por Abuelas. Su padre, exiliado, regresó al país en 1983. Se integró a Abuelas como coordinador de los equipos técnicos y hoy es secretario de esa institución. La búsqueda de Francisco, en dictadura, la llevaron adelante sus abuelas, Sara Elena de Madariaga y Ernestina “Tina” Dallasta de Quintela. El miércoles 17 de febrero de 2010, la jueza Sandra Arroyo, del Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, llamó a la Asociación para que se le comunicara a Abel que habían encontrado a su hijo.
Silvia Quintela tenía un legajo abierto en la DIPPBA. La ficha de Silvia fue iniciada el 6/6/77.
Mesa “DS”, Carpeta Varios, legajo Nº 8838, caratulado: “Antecedentes de Roberto Eugenio Luis Cabri; Ana María Caruso de Cabri; Silvia Mónica Quintela; Carlos A. Leguizamón; Jorge S. Wahbi y Carlos O. Dandrea”. En la foja 1 se responde que no existen antecedentes de ninguno de los nombrados en la carátula. Se repite la respuesta en la siguiente foja con fecha 30 de mayo de 1977 por memorando de la DGIPBA.
Mesa DS, Carpeta Varios, legajo Nº 10438, caratulado: “Secuestro de Silvia Mónica Quintela. Vicente López 2da. Florida. R.I.D. 5/8/77.” El legajo consta de una foja en la que se consigna: “Vicente López, 2ª: El 3 del corriente se recibieron actuaciones procedentes del Ministerio del Interior, que refieren que el día 17 de enero ppdo. A las 9.30 hs. varios N.N. armados, en calle Irigoyen y vías del F.C.N.Gral. Mitre privaron de su libertad a Silvia Mónica Quintela, argentina, 28 años, médica, domiciliada en Calle Urquiza Nº 254 de la localidad de Acassuso”.
Mesa DS, Carpeta Varios, legajo 11108, caratulado: “Actividad de la B.D.S. ‘Montoneros’ en Europa, en relación con la desaparición de Silvia Mónica Quintela Dallasta. Fecha 20/1/1978”. Se inicia el legajo con un memorando fechado el 19 de enero de 1978 producido por el jefe de la Delegación Capital Federal de la DGIPBA para información del Director General de Informaciones. El memorando eleva información “relacionada con una postal que la BDS Montoneros le envió al Jefe del Departamento de Relaciones Humanas del Cdo. Gral. de Ejército”. En la foja siguiente, con el título “Actividad de la Banda Subversiva Montoneros en el exterior”, se consigna: “Adjunto al presente informe fotografía de Mónica Dallasta, la que fue enviada al Sr. Cnel. Raúl Ortiz, Jefe del Deto. De Relaciones Humanas del Cdo. Gral. del Ejército:”. El legajo presenta posteriormente la fotografía que se señala como correspondiente a Mónica Dallasta y en la foja siguiente el siguiente texto: “Silvia Mónica Quintela Dallasta, 28 años, médico, está embarazada, detenida en Buenos Aires 17 de enero de 1977. Se encuentra desaparecida. Exigimos a Ud. Respeto a su vida y a su libertad. Envíe esta tarjeta en un sobre a una de estas direcciones (Se repite este texto en inglés) Sr. Presidente General Jorge Videla. Coronel Raúl Ortiz, Depto. De Relaciones Humanas, Comando General del Ejército, Azopardo 270, Buenos Aires. ARGENTINA.”
Mesa DS, Carpeta Varios, legajo N° 14911, caratulado: “Paradero de Quintela Dallasta, Silvia Mónica y otros” se abre con parte fechado el 06/09/79 que solicita el paradero de cinco personas entre las que se encuentra: “Quintela Dallasta, Silvia Mónica: argentina, soltera, nacida el 27/10/48, L.C. 5.800.521, médica, domiciliada en Urquiza 254 8º “J”, de Acassuso. Quien habría sido detenida el 17/01/77.” En el curso del legajo se informa sobre un antecedente previo: “Exp. Nº 414597/77, 9/9/77 Archivo Gral.”; y sobre cinco habeas corpus interpuestos en su favor: “C.A. 1911 Expte. 390.710, Juez Federal Dr. Spangenberg, Depto. Judicial San Martín, contestado negativo el día 19/5. C.A. 4035 Expte. 423.504, Juez Penal Dr. Pelle, Depto. Judicial Lomas de Zamora, contestado negativo el día 8/4. C.A. 729 Expte. 520.893, Juez Nacional Dr. Rivarola, Palacio de Justicia, contestado negativo el día 31/3. C.A. 782 Expte. 680.069, Juez Federal Dr. Gitard, Depto. Judicial San Martín, contestado negativo el día 21/4. C.A. 1365 Expte. 709.210, Juez Federal Dr. Gitard, Depto. Judicial San Martín, contestado negativo el día 26/6”. La solicitud de paradero se cierra con respuesta negativa el día 16/1/80.
Mesa DS, Carpeta Varios, legajo N° 15839, caratulado: “Solicitud de paradero de Quintela Dallasta, Silvia Mónica; Esteban Rubén Alonso y Di Piazza, Graciela Beatriz. Alfonsín Alicia Elena de Cobandie”, se abre con un parte fechado el 02/06/80 que solicita el paradero de cuatro personas entre las que se encuentra: “Quintela Dallasta, Silvia Mónica”, se reiteran los datos personales consignados en los legajos, que presenta la información sobre los habeas corpus interpuestos en su favor señalados en el legajo N° 14911 y se cierra con respuesta negativa el 10/07/80.
Mesa DS, Carpeta Varios, legajo N° 18018. A fojas 35 se encuentra la denuncia efectuada por Ernestina Luisa Dallasta de Quintela, madre de Silvia, que posee una foto de la víctima, datos filiatorios y un relato de los hechos: “Fue secuestrada el 17 de enero de 1977, a las 9,30 en Hipólito Irigoyen y vías del ferrocarril Mitre. Ese mismo día por la noche, siete hombres vestidos de civil que dijeron ser de la policía, armados llegaron a mi domicilio. Entraron y revisaron todo, avisándome que mi hija había sido detenida. El 24 de junio de 1976, un grupo de hombres fuertemente armados, con máscaras, entraron al departamento revolviendo todo y llevándome a mí y a mi hijo no sabemos donde, encapuchados y esposados, teniéndonos detenidos por 48 horas. A fines de septiembre volvieron, era otro grupo de siete hombres jóvenes, armados. Revolvieron toda la casa, llevándose dinero, alhajas, ropas”. El expediente enviado por el Juzgado de Menores de Junín tiene la firma del Dr. Juan José Roggero, Juez de Menores, y de la Dra. Rita Gavernet, secretaria de dicho Tribunal.
Chicha mariani, una de las más perseguidas
La Abuela a la que Inteligencia no dejaba ni a sol ni sombra
Publicado el 8 de Mayo de 2011
Legajo mesa “DS” carpeta Varios N° 19091, caratulado: “Regreso al país de la Sra. Mariani (Integrante de Abuelas de Plaza de Mayo). El informe elaborado por el Centro Provincial por la Memoria señala que el documento contiene información elaborada el 17 de marzo de 1982 sobre el regreso al país de Mariani, después de su participación en el Congreso de Derechos Humanos organizado por Amnesty Internacional. El agente de la DIPPBA que realiza el informe demuestra conocimiento del caso. El informe tiene unas recomendaciones colocadas a mano en donde se sugiere la intervención de DIPPBA Capital, y que se pase la información al Coronel Rospide para que colabore.
Mesa DS, varios, Nº 32186, caratulado “Tomo IV. Exhumación de Cadáveres de NN-Cementerio: R. Calzada. U.R. Lanús”. Este legajo se inicia con memorando fechado el 26/12/83 y se trata sobre la exhumación de cadáveres en el Cementerio de Rafael Calzada y fojas 9 se encuentra un recorte periodístico sobre este hecho, donde nombran como asistentes al lugar a María I. de Mariani y Estela de Carlotto. El legajo se encuentra tanto en una de las fichas de Estela de Carlotto como en una de las de María de Mariani, lo que indica el interés en cuanto a la exhumación de cadáveres y la relación de las Abuelas con este tema que, como se sabe, luego de los procesos pertinentes, permite develar la identidad de la persona, las condiciones en las que se produjo su deceso, etcétera, y si la víctima era mujer se puede saber si estaba embaraza, si el embarazo llegó a término, lo que es fundamental para el trabajo que las Abuelas llevan adelante.
Otros legajos son los que se elaboran a partir de una investigación sobre alguna Abuela en particular, como son los Legajos Mesa DS Varios Nº 11550, iniciado en abril de 1978 y Mesa DS Varios Nº 12079, iniciado también en abril de 1978, que versan sobre Aicardi, Beatriz Haydee Catalina y Acuña de Baravalle Mirta, respectivamente. La investigación es sobre su domicilio, datos filiatorios, personas con quien vive e identificación de los hechos, lugar de trabajo, amplio informe vecinal y todo dato de interés que surja de la investigación.
Mesa “DS” Varios N° 6976, que se acompaña con la presente. Caratulado “investigación sobre Esperanza Gurevich y Tomás Fusini - 29/11/76”. El expediente se compone de un pedido de investigación elevado desde el Batallón de Inteligencia 601 a la DIPPBA, solicitando se averigüe , sobre dos profesionales, la ginecóloga y el dentista, que atendieron a Diana María Teruggi. En el Memorando Secc. C, Nº 4388, se informa sobre el resultado de la investigación, que al parecer se hace en el Instituto Médico Platense, llama la atención que la investigación se concentre en la asistencia recibida por Diana María Teruggi durante su embarazo y que se señale también la fecha de parto: “La Dra. Gurevich, asistió a Diana Teruggi de Mariani, durante todo el período de gestación de aquella, hasta culminar con el alumbramiento, que se produjera con fecha 10 de septiembre de corriente año y prosiguiendo con postratamiento luego del parto, hasta que dicha paciente, resultara muerta en un procedimiento llevado a cabo por fuerzas de seguridad, en la finca ubicada en la intersección de las calles 30 y 56 de La Plata.”
Elaborada con varios legajos en 1980
Laura, la hija de Estela de Carlotto, tenía una ficha en la Bonaerense
Publicado el 8 de Mayo de 2011
Legajo Mesa DS Varios N° 15209, caratulado “S/Paradero de Laura Estela Carlotto”. La denuncia es de septiembre de 1979, el caso tiene el número el 4801 y se lee que: “Laura fue secuestrada el 26 de noviembre de 1977 en la Capital Federal, en una confitería. Luego los padres tuvieron noticias de su cautiverio en varias oportunidades. La nombrada estaba embarazada de dos meses y medio al ser secuestrada. En abril de 1978 se encontraba embarazada de seis meses y medio, según referencias de una persona que estuvo con ella en el cautiverio. El 25 de agosto de 1978, los padres recibieron una citación de la Comisaría 9ª de La Plata, manifestándose a los mismos que deberían ir a la Sub-Comisaría de Isidro Casanova “a efectos que se lo comunicarían”. Los atendió el Subcomisario y les informó que la hija había fallecido en un operativo de control de automóviles, que se había resistido y fue muerta. Habría intervenido el Área Operacional 114 de La Matanza. Sin embargo, ello contrastaba con los hechos, ya que la hija se encontraba secuestrada desde meses atrás. Luego de largos trámites le fue entregado el cadáver, que tenía mitad del rostro destrozado por itakazos y perforación de bala en el vientre. El cadáver les fue entregado por una funeraria donde fuera depositado por la Policía. Acerca del cautiverio de su hija tuvo versiones emanadas de personas allegadas a las esferas militares y oficiales; se le aconsejó tomara los recaudos para el nacimiento de la nieta y desde junio comenzó a visitar casas-cuna, establecimientos hospitalarios, etc., sin resultado. Según una familia –de Berisso– la hija de la denunciante habría tenido el bebé”.
El 27 de febrero de 1980, en La Plata, firmada por el Comisario General Secretario General Patricio Salatino, hay una nota dirigida al Subsecretario del Interior Coronel (R.E.) José Ruia Palacios “en función de la denuncia formulada por familiares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” donde informan que a través de la “investigación realizada por esta Jefatura, se ha podido determinar lo siguiente: 1) Existe como única constancia en ese Organismo, copia de un memorando producido por el Jefe de la Unidad Regional de Morón (N° 84), en que informa sobre un enfrentamiento ocurrido el 25-8-78 a las 01:20 horas, en la intersección de la Ruta Nacional N° 3 y Cristianía, Isidro Casanova, con fuerzas conjuntas, dependientes del Área Militar 114, en el cual fueron abatidos los ocupantes de un automotor Renault 12, blanco, tratándose de un hombre de 25 años de edad, que carecía de toda documentación y de una mujer que poseía un DNI N° 11614026 a nombre e Laura Estela Carlotto”. El Memorando está firmado por el Comisario Inspector Jefe Unidad Regional I Morón Alberto Rousse.
La foja 5 contiene una carátula del Juzgado Federal de Primera Instancia N° de La Plata, Secretaría en lo Criminal, titulada “Carlotto, Laura Estela s/ interpone recurso de H. Corpus” iniciado el 18 de julio de 1978 con los sellos del Juez Federal Leopoldo Russo y la Secretaria Ana Beatriz Aparicio, que contiene la denuncia de Estela de Carlotto sobre la desaparición de su hija. Desde dicho Juzgado a través del Habeas Corpus N° 27820-G interpuesto en favor de Laura Carlotto se dirigen al Comandante en Jefe del Ejército Argentino y al Ministro del Interior General Albano Harguindeguy. Desde la Dirección General de Seguridad Interior le contestan que “por disposición de S.E. el señor Ministro del Interior, tengo el agrado de dirigirme a V.SA., con motivo del recurso de Habeas Corpus interpuesto en favor de Laura Estela de Carlotto al respecto y de conformidad con lo solicitado, llevo a su conocimiento que el poder Ejecutivo Nacional, hasta la fecha horas 16:00, no ha dictado medidas de libertad en la persona de la causante” y lleva la firma del Coronel (RE) Director General de Seguridad Interior Vicente Manuel San Román.
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agndh
1 comentario:
mi esposo nacio en mariano I Loza sabemos que fue entregado a sus papas adoptivos y anotado en corrientes partido de mercedes el quiere saber quienes fueron sus papas su nombre es claudio luis porpora nacido el 5 de noviembre de 1975
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