11 de mayo de 2011

LOS JUZGA UN TRIBUNAL LOS CONDENAMOS TODOS.

LA MEJOR DEFENSA
Por José Maggi
JUICIO A LA PATOTA La camarista Cosidoy declaró ayer como testigo a pedido de los defensores de los represores. Respondió sobre su actuación como defensora oficial durante la dictadura y calificó de "mentirosos" a testigos que declararon en su contra. Violando el secreto profesional, leyo cartas de ex presos políticos que la elogiaban por su actuación.

LA CAMARISTA COSIDOY DECLARO EN EL JUICIO A DIAZ BESSONE Y CIA
De testigo a acusadora de víctimas
Fue propuesta por la defensa de los imputados, pero aprovechó para revelar supuestas cartas de ex presos que le agradecían su desempeño como ex defensora oficial durante la dictadura. El Tribunal deberá definir hoy si se anula
su testimonio.
Por José Maggi
La mitad de la sala estuvo ocupada por policías y empleados de Cosidoy.Imagen: Alberto Gentilcore
La camarista federal Laura Cosidoy trató ayer de "mentirosos" a una docena de testigos que pasaron frente al Tribunal Oral Federal N° 2 en el marco de la causa Díaz Bessone, donde declaró como testigo a pedido de uno de los defensores de los imputados. Una manera de frenar el impulso que había tomado un posible jury en su contra disparado por el secretario de los Judiciales, Julio Piumato. Cosidoy señaló a cada uno los nombres reflejados en una nota publicada por Rosario/12 con el título de "Hacen cola para pegarle".

Si bien el defensor Germán Artola le solicitó explicaciones acerca de por qué había rechazado dos hábeas corpus siendo fiscal subrogante durante la ultima dictadura, Cosidoy pidió explayarse sobre los ex presos que declararon en su contra revelando que no los asistía debidamente, o que sentían que era parte del mismo grupo que los interrogaba. La camarista, que reconoció su estrecha amistad con el general Leopoldo Galtieri, se "autorrelevó" de respetar el secreto profesional, y enumeró cada trámite judicial que hizo en favor de cada uno de ellos, logrando su sobreseimiento o su libertad.

No conforme con esto leyó supuestas cartas elogiosas que les habrían enviado sus ahora denunciantes cuando eran sus defendidos. "Creo que las personas que deliberadamente mintieron al testificar en esta audiencia de debate no han tenido de verdad en cuenta el compromiso que asume este tribunal al juzgar este tipo de hechos de semejante delicadeza y sobre todo se tienen que basar en el análisis de la prueba prácticamente en testimonios. Creo que mentir en una causa como ésta, además de lo que es la gravedad del falso testimonio, es por lo menos una irresponsabilidad", señaló.

Cosidoy se esforzó ayer para brindar un claro mensaje el momento de declarar como testigo frente al Tribunal Oral Federal N° 2, citada por la defensa de tres de los imputados por terrorismo de estado en la Causa Díaz Bessone. Como un verdadero mensaje de fortaleza mandó ocupar la mitad de las butacas de la sala de audiencias destinadas al público con los miembros de la Brigada Antinarcóticos local, encabezado por su titular Gustavo Spoletti y el ex Alejandro Franganillo. Completaron el listado de "invitados" otros empleados del tribunal.

Luego de la pregunta del defensor Artola sobre dos hábeas corpus de los detenidos Bas y Mansilla y Olga Cabrera Hansen, el fiscal de la causa, Gonzalo Stara le preguntó si recordaba cuál era la normativa que aplicaba al contestar los recursos de hábeas corpus. "La normativa que estaba vigente en ese momento dado el estado de sitio y la disponibilidad de la autoridad militar en ese sentido", respondió.

Luego se dirigió al tribunal solicitando permiso para realizar "aclaraciones" sobre algunas declaraciones de testigos, ejerciendo una suerte de derecho de réplica entre testigos no previsto en la legislación procesal. Se refirió a los dichos de Liliana Rosa Paz, Ester Koldorff, Liliana Gómez, José Berra, Mirta Castellini, José Aloisio, Marta Bertolino de Manzur, Juan Luis Girolami, Irma Justa Albelo de Canteloro, Adriana Koatz, Ana María Ferrari, Víctor Hugo Salami. Durante el desarrollo de las audiencias, estas personas manifestaron que la defensa que realizaba Cosidoy era una "farsa", un engranaje más de la cadena represiva y que intentaba convencerlos de que confesaran supuestos delitos.

Además criticó a Piumato, quien la denunció por su complicidad con los jefes militares durante la última dictadura. "No voy a repetir acá las expresiones de Piumato, no tiene ningún sentido, ya que son injuriantes, injustas y gratuitas, pero dada la impunidad en la que debe desarrollarse en su ámbito, no se tomó el trabajo de seleccionar al menos a que personas pondría como testigos, tras haber oído de ellas semejantes y desagradables frases", respondió Cosidoy.

La réplica no se hizo esperar. El abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Alvaro Baella, pidió la nulidad del testimonio. "Son nulas las declaraciones testimoniales de abogados en violación al secreto profesional", apuntó. "Acá lo hizo en perjuicio de cada una de las personas que defendió y les dijo mentirosos. La violación de secreto causa una nulidad flagrante. En ningún caso comentó quiénes de sus defendidos la habían relevado de la obligación del secreto profesional", señaló. El pedido de nulidad fue sostenido por la fiscalía y los restantes querellantes.

Entre los argumentos planteados por la Secretaría de Derechos Humanos se indicó que "los hechos que ha manifestado (Cosidoy) no son parte del objeto procesal de estos autos", y luego se puntualizó que "los testigos son un medio de prueba que deben deponer acerca de los hechos que se están juzgando". El tribunal dará a conocer hoy su resolución sobre este pedido.
Fuente:Rosario12


El corazón de Betty
La testigo de la causa Díaz Bessone, Beatriz Ifran, murió el fin de semana pasada como consecuencia de un infarto masivo. Beatriz fue secuestrada durante la última dictadura militar como su padre, Ernesto de los Santos Ifran y su marido, Fernando Moffa. Declaró el 18 de abril pasado en el juicio oral. Allí dijo: "Ellos podrían estar acá contando sus vivencias, fueron torturados, denigrados, no están acá para defenderse. Vengo por ellos y por todos los que no pudieron defenderse porque murieron". Su corazón resistió poco tiempo más. "A menos de 20 días de esas declaraciones, Betty fallece como consecuencia de un infarto masivo. Declarar en el tribunal oral es reparador pero por otro lado puede ser muy angustiante, revivir épocas muy duras que te marcan hasta hoy. Betty no lo resistió", expresó Liliana Gómez, también ex detenida política. Desde la Asamblea de Ex Presos Políticos 22 de Agosto, despidieron con "un emocionado abrazo" a Ifran.
Fuente:Rosario12


10/05/2011
Juicio Díaz Bessone
Pidieron la nulidad del testimonio de Cosidoy
Los abogados de la agrupación HIJOS promovieron el pedido de nulidad

Los abogados de las víctimas y la fiscalía pidieron la nulidad del testimonio brindado por la jueza Laura Cosidoy, quién declaró este martes en el juicio que se sigue contra los represores de la dictadura que actuaron en el Servicio de Informaciones de la policía de Rosario (SI), debido a que “planteó que por las declaraciones de los testigos, ‒que habían sido sus representados cuando fue defensora oficial‒, se veía relevada del secreto profesional; y se dedicó a leer cartas escritas por ellos, y contar hechos que hacen a la complicada situación en la que se veían sometidos por esos años los detenidos políticos”, según argumentaron desde la agrupación HIJOS.


Desde la agrupación HIJOS, informaron que tras la declaración que realizó ante los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de Rosario, la jueza Cosidoy ‒quien integra por su parte el otro TOF de la ciudad, el N°1‒, “pidió hacer una exposición sobre declaraciones que habían hecho diferentes sobrevivientes del SI, quienes declararon como testigos antes que ella, lo que provocó un planteo de nulidad realizado por parte de uno de los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación e integrante de HIJOS, Álvaro Baella, a la que se sumaron todas las querellas, y la fiscalía”.

“La jueza Cosidoy planteó que por las declaraciones hechas públicas por los testigos en el juicio, ‒que habían sido sus representados cuando ésta fue defensora oficial‒, ella se veía relevada del secreto profesional; y se dedicó a leer cartas escritas por ellos, y contar hechos que hacen a la complicada situación en la que se veían sometidos por esos años los detenidos políticos”, señaló HIJOS y agregó: “de esa manera Cosidoy pretendió realizar una especie de auto desagravio, puesto que a lo largo del proceso que está en curso su actuación como abogada de oficio se vio claramente cuestionada”.

La agrupación defensora de los derechos humanos repudió los dichos de la jueza “ya que se dedicó a atacar a los compañeros sobrevivientes, con agravios insultantes, al punto de que los llamó lisa y llanamente «mentirosos», y cometió la barbaridad jurídica de auto relevarse del secreto profesional”.

Los argumentos del pedido de nulidad
En el marco de la audiencia, Baella, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación –y militante de HIJOS– señaló que la querella “primero escuchó largamente a la testigo” y luego de detectar un sinnúmero de irregularidades en su deposición, todas causantes de nulidad, “solicitó al tribunal que aplique la normativa que no permita la continuación de la misma”.

Entre los argumentos planteados por la Secretaría de Derechos Humanos se indicó que “los hechos que ha manifestado (Cosidoy) no son parte del objeto procesal de estos autos”, y luego se puntualizó que “los testigos son un medio de prueba que deben deponer acerca de los hechos que se están juzgando”.

La querella recordó además que “muchas veces escuchamos como este mismo tribunal limitó las declaraciones de testigos que depusieron sobre hechos que lamentablemente no se están juzgando aún hoy”.

Otros de los señalamientos que fundamentaron la nulidad de la declaración de Cosidoy fue que la testigo “reveló correspondencia privada entre abogado y defendido”.

Por último los integrantes de HIJOS recordaron a través de un comunicado de prensa que el artículo del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) que indica las causales de nulidad de una declaración, plantea textualmente: “deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, bajo pena de nulidad: los ministros de un culto admitido; los abogados, procuradores y escribanos; los médicos, farmacéuticos, parteras y demás auxiliares del arte de curar; los militares y funcionarios públicos sobre secretos de Estado”.

Datos de la causa
En este juicio, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF) de Rosario están sentados en el banquillo de los acusados al ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; a los ex policías rosarinos José Rubén Lo Fiego, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote y José Carlos Scortechini; y al civil Ricardo Miguel Chomicky.

Los imputados están están acusados de integrar el aparto represivo que operó entre 1976 y 1979 en el entonces Servicio de Informaciones (SI) de la policía rosarina, el centro clandestino de detenciones más importante del sur de la provincia de Santa Fe.

El SI funcionó en la ochava de Dorrego y San Lorenzo, en pleno centro de esta ciudad, en un viejo edificio donde estuvo durante años la Jefatura de Policía de Rosario y que ahora alberga a la sede local de la Gobernación. Se estima que por ese lugar pasaron al menos 1.800 detenidos-desaparecidos.

Esta parte de la causa Díaz Bessone que fue elevada a juicio oral, tiene 91 víctimas del terrorismo de Estado y más de 160 testigos que aportarán sus relatos sobre lo ocurrido en el SI durante el primer año de la última dictadura.

El TOF 2 está integrado por los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Varaban y Jorge Venegas Echagüe, mientras que el equipo fiscal que lleva adelante la acusación está conformado por Gonzalo Stara y Mario Gambacorta.
Foto: Graciela Borda Osella
Fuente:RedaccionRosario


Cosidoy declaró y la querella pidió nulidad del testimonio
En su exposición, la jueza federal dijo que los testigos de la causa Díaz Bessone “faltaron a la verdad”.
11 may, 2011
En el marco del juicio que se sigue contra los represores de la dictadura que actuaron en el Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario (SI), los abogados de las víctimas y la Fiscalía pidieron la nulidad del testimonio brindado ayer por la jueza federal Laura Cosidoy, por “violar el secreto profesional”. Propuesta como testigo por los defensores de los acusados, la ex defensora oficial durante la época de la dictadura leyó pasajes de cartas que le habían enviado sus defendidos de aquella época y las contrapuso con los testimonios ya vertidos en la causa, acusándolos de “faltar a la verdad” con respecto a su actuación.

“La jueza Cosidoy planteó que por las declaraciones hechas públicas por los testigos en el juicio –que habían sido sus representados cuando ésta fue defensora oficial–, ella se veía relevada del secreto profesional; y se dedicó a leer cartas escritas por ellos y contar hechos que hacen a la complicada situación en la que se veían sometidos por esos años los detenidos políticos”, señalaron desde la agrupación Hijos, y agregaron: “De esa manera Cosidoy pretendió realizar una especie de auto desagravio, puesto que a lo largo del proceso que está en curso su actuación como abogada de oficio se vio claramente cuestionada”.

“No revelé ningún secreto profesional”, dijo Cosidoy en diálogo con El Ciudadano. “Esas personas (los testigos) me relevaron del secreto profesional al haber hablado de mi función como su defensora durante el juicio”, dijo la jueza.

Sin embargo, uno de los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación e integrante de Hijos, Álvaro Baella, dijo en diálogo con este diario que “el único motivo que la eximiría de guardar el secreto profesional sería ante un pedido del interesado, y esto no sucedió”.

Baella descalificó las causas esgrimidas por Cosidoy y especuló que el Tribunal Oral Federal Nº2 (TOF2) deberá definir hoy el planteo, “según dieron a entender en la jornada de ayer”. Además, insistió Baella, Cosidoy “pone en duda la veracidad de los testimonios, y nunca el secreto profesional se puede relevar en perjuicio de su defendido”.

En el marco de la audiencia, Baella señaló que la querella “primero escuchó largamente a la testigo”, y luego de detectar un sinnúmero de irregularidades en su deposición, todas causantes de nulidad, “solicitó al tribunal que aplique la normativa que no permita la continuación de la misma”.

Entre los argumentos planteados por la Secretaría de Derechos Humanos se indicó que “los hechos que ha manifestado (Cosidoy) no son parte del objeto procesal de estos autos”, y luego se puntualizó que “los testigos son un medio de prueba que deben deponer acerca de los hechos que se están juzgando”.

La querella, por su parte, recordó: “Muchas veces escuchamos cómo este mismo tribunal limitó las declaraciones de testigos que depusieron sobre hechos que lamentablemente no se están juzgando aún hoy”.

La agrupación Hijos repudió los dichos de la jueza, “ya que se dedicó a atacar a los compañeros sobrevivientes, con agravios insultantes, al punto de que los llamó lisa y llanamente «mentirosos», y cometió la barbaridad jurídica de auto relevarse del secreto profesional”.

Además, recordaron a través de un comunicado de prensa que el artículo del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) que indica las causales de nulidad de una declaración, plantea textualmente: “Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, bajo pena de nulidad: los ministros de un culto admitido; los abogados, procuradores y escribanos; los médicos, farmacéuticos, parteras y demás auxiliares del arte de curar; los militares y funcionarios públicos sobre secretos de Estado”.

En este juicio, que lleva adelante el TOF 2 de Rosario están sentados en el banquillo de los acusados al ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; los ex policías rosarinos José Rubén Lo Fiego, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote y José Carlos Scortechini; y el civil Ricardo Miguel Chomicky.

Esta parte de la causa Díaz Bessone, que fue elevada a juicio oral, tiene 91 víctimas del terrorismo de Estado y más de 160 testigos que aportarán sus relatos sobre lo ocurrido en el SI durante el primer año de la última dictadura.
Fuente:ElCiudadanoylaGente


martes 10 de mayo de 2011
Juicio Díaz Bessone: Pidieron que el testimonio de la jueza Cosidoy sea nulo
Por Juane Basso.
Abogados de las víctimas y fiscalía reclamaron la nulidad del testimonio de la jueza Laura Cosidoy, quién declaró este martes en el juicio contra los represores de la dictadura que actuaron en el Servicio de Informaciones de la policía de Rosario (SI). Cosidoy había sido propuesta como testigo por los defensores de los acusados.
La audiencia de este martes se puso caliente. Lo que parecía que iba a ser una exposición para lucirse, se convirtió en un verdadero problema para la jueza federal Laura Inés Cosidoy, ya que tras su declaración, toda la parte acusadora del juicio reclamó la nulidad de su testimonio.
La sala de audiencias estaba llena. El público se repartió en partes iguales entre los habituales partícipes del “aguante” del juicio –familiares de los desaparecidos y referentes de la lucha por los derechos humanos de la ciudad–, e integrantes de la corporación judicial, que llamativamente se acercaron en gran número.
Como la jueza Cosidoy había sido propuesta como testigo por los abogados de los represores, comenzaron estos haciéndole preguntas, que la magistrada respondió sin sobresaltarse.
Pero el aire se fue poniendo espeso, luego de que la jueza testigo ‒quien integra por su parte el otro TOF de la ciudad, el N°1‒, pidiera “hacer una exposición” en respuesta a declaraciones que habían hecho diferentes sobrevivientes del SI, quienes declararon como testigos antes que ella.
La jueza Cosidoy planteó entonces que por las declaraciones hechas públicas por los testigos en el juicio, ‒que habían sido sus representados cuando ésta fue defensora oficial‒, ella se veía relevada del secreto profesional; y luego se dedicó a leer cartas escritas por ellos, y contar hechos que hacen a la complicada situación en la que se veían sometidos por esos años los detenidos políticos, en lo que pareció ser una especie de auto desagravio, puesto que a lo largo del proceso que está en curso su actuación como abogada de oficio se vio claramente cuestionada.
La liviandad con la que Cosidoy se refirió a los secuestrados, torturados y detenidos ilegalmente, fue levantando el termómetro de los presentes en la audiencia, hasta que uno de los abogados querellantes pidió la palabra y marcó que los dichos de Cosidoy se estaban llendo del sentido por el cual se la había llamado a declarar.
En ese momento, uno de los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación e integrante de HIJOS, Álvaro Baella, realizó un planteo de nulidad del testimonio de Cosidoy al que se sumaron todas las querellas, y la fiscalía, y al que se opusieron los defensores de los represores.
Luego de un contrapunto entre abogados defensores y de las víctimas, el tribunal resolvió hacer un cuarto intermedio hasta mañana, en el que darán a conocer su respuesta.
Al término de la audiencia desde la agrupación HIJOS se repudiaron los dichos de la jueza. “Se dedicó a atacar a los compañeros sobrevivientes, con agravios insultantes, al punto de que los llamó lisa y llanamente «mentirosos», y cometió la barbaridad jurídica de auto relevarse del secreto profesional”, expresaron desde el organismo de derechos humanos.

Fundamentos de la nulidad
En el marco de la audiencia, Baella, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación –y militante de HIJOS– señaló que la querella “primero escuchó largamente a la testigo” y luego de detectar un sinnúmero de irregularidades en su deposición, todas causantes de nulidad, “solicitó al tribunal que aplique la normativa que no permita la continuación de la misma”.
Entre los argumentos planteados por la Secretaría de Derechos Humanos se indicó que “los hechos que ha manifestado (Cosidoy) no son parte del objeto procesal de estos autos”, y luego se puntualizó que “los testigos son un medio de prueba que deben deponer acerca de los hechos que se están juzgando”.
La querella recordó además que “muchas veces escuchamos como este mismo tribunal limitó las declaraciones de testigos que depusieron sobre hechos que lamentablemente no se están juzgando aún hoy”.
Otros de los señalamientos que fundamentaron la nulidad de la declaración de Cosidoy fue que la testigo “reveló correspondencia privada entre abogado y defendido”.
Por último los integrantes de HIJOS recordaron a través de un comunicado de prensa que el artículo del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) que indica las causales de nulidad de una declaración, plantea textualmente: “deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, bajo pena de nulidad: los ministros de un culto admitido; los abogados, procuradores y escribanos; los médicos, farmacéuticos, parteras y demás auxiliares del arte de curar; los militares y funcionarios públicos sobre secretos de Estado”.

La causa
En este juicio, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF) de Rosario están sentados en el banquillo de los acusados al ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; a los ex policías rosarinos José Rubén Lo Fiego, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote y José Carlos Scortechini; y al civil Ricardo Miguel Chomicky.
Los imputados están están acusados de integrar el aparto represivo que operó entre 1976 y 1979 en el entonces Servicio de Informaciones (SI) de la policía rosarina, el centro clandestino de detenciones más importante del sur de la provincia de Santa Fe.
El SI funcionó en la ochava de Dorrego y San Lorenzo, en pleno centro de esta ciudad, en un viejo edificio donde estuvo durante años la Jefatura de Policía de Rosario y que ahora alberga a la sede local de la Gobernación. Se estima que por ese lugar pasaron al menos 1.800 detenidos-desaparecidos.
Esta parte de la causa Díaz Bessone que fue elevada a juicio oral, tiene 91 víctimas del terrorismo de Estado y más de 160 testigos que aportarán sus relatos sobre lo ocurrido en el SI durante el primer año de la última dictadura.
El TOF 2 está integrado por los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Varaban y Jorge Venegas Echagüe, mientras que el equipo fiscal que lleva adelante la acusación está conformado por Gonzalo Stara y Mario Gambacorta.
Fuente:DiariodelJuicio                                                   

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