Año 4. Edición número 164. Domingo 10 de julio de 2011
Por Ramiro Rearte,
desde Tucumán
José María Pérez Villalobo fue separado por los otros dos jueces del Tribunal, en Tucumán. Lo consideraron “imparcial”.
El juez cordobés José María Pérez Villalobo, uno de los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán, que debía integrar la terna de jueces para el próximo juicio por delitos de lesa humanidad que comenzará en la provincia después de la feria judicial, fue separado porque lo consideraron “imparcial”. La decisión la tomaron los otros dos magistrados, Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas. Los jueces tucumanos hicieron lugar al planteo de los genocidas Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, quienes objetaron a Pérez Villalobos, por sus opiniones públicas a Miradas al Sur, en donde habló sobre el buen trato que recibía el ex juez federal Manlio Torcuato Martínez, que participó de manera activa con los represores durante la dictadura en la provincia. La nota se publicó el domingo 17 de abril pasado y fue un argumento para apartar a Pérez Villalobos del alto tribunal.
Lo llamativo de la decisión es que Pérez Villalobos llegó hasta el Jardín de la República para reemplazar a otro juez, el santiagueño Luis Eduardo López, cuando se iniciaba el juicio Romero/Niklison, a comienzos de 2010. Es que la fiscalía local pidió que se lo apartara por la sencilla razón de que López había sido juez de instrucción durante la dictadura militar. En este caso, tanto Casas como Jiménez Montilla avalaron a López. Entonces intervino la Unidad de Fiscales por Delitos de Lesa Humanidad, coordinada por Jorge Auat y Pablo Parenti. Presentaron una denuncia penal con actas en donde se comprueba cómo López tomó declaraciones en centros clandestinos de detención en Santiago del Estero. Luego, López se excusó.
Los abogados de los genocidas argumentaron que “el doctor Pérez Villalobos trasluce parcialidad y falta de objetividad en contra de los imputados en procesos de lesa humanidad”. Y aseguraron que hay “manifestaciones públicas del magistrado respecto de su posición ideológica, que dan cuenta de parcialidad contra sus defendidos y que se revelan en los que tomó intervención –procesos de lesa humanidad desarrollados en Córdoba y en la causa juzgada en Tucumán, Romero Niklison, María Alejandra S/Su denuncia por privación ilegítima de la libertad y otros delitos– causa ésta última en la que las preguntas indicativas y las manifestaciones poco imparciales que realizara en el debate oral y público motivaron que la interposición de la vía casatoria incluyera la nulidad de la sentencia por parcialidad manifiesta”. Los jueces Jiménez Montilla y Casas hicieron lugar al pedido.
Otros argumentos para separar a Pérez Villalobos fueron dos hechos supuestamente realizados por el magistrado cordobés. El primero, por haber jurado por las víctimas de Trelew (se recuerda: el 15 de agosto de 1972, durante el gobierno dictatorial del general Lanusse, 25 presos políticos pertenecientes al PRT-ERP, las FAR y Montoneros se fugaron del penal de Rawson, en Chubut. 16 fueron asesinados y seis lograron fugar a Chile). La segunda, por haber marchado durante el Día de la Memoria en 2009.
“Tuvo participación en la marcha por la Memoria desarrollada en la ciudad de Córdoba el 24 de marzo de 2009; en la fórmula del juramento que empleara, que incluyó la expresión ‘por la memoria de los caídos en Trelew’, al momento de asumir el cargo de Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Córdoba”, dijeron tanto los jueces como los letrados de los genocidas. El juez córdobes negó ambos hechos que se le endilgan. Sin embargo, no fue escuchado.
A Pérez Villalobo se le objeta también haber declarado a Miradas al Sur que “tanto el ex juez Manlio Martínez, como la ex actuaria Donatila Rosa Carabajal, tuvieron conocimiento desde el primer día de la existencia de supuestos enfrentamientos, de la existencia de cadáveres pertenecientes a civiles abatidos, de los nombres de los mismos, de la intervención de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, ni el señor juez ni el señor fiscal de ese entonces tomaron medidas tendientes a identificar los cuerpos ni ordenaron efectuar autopsias ni identificaron al personal militar interviniente”. Para Pérez Villalobo, “esas omisiones funcionales tenían el claro propósito de encubrir el accionar delictuoso de las fuerzas del orden”. “El Poder Judicial es el único poder del Estado que no hizo su autocrítica reflexiva”, había dicho el magistrado ahora separado y sin poder participar de un nuevo proceso judicial por delitos de lesa humanidad. Ahora, se deberá esperar que la Cámara Nacional de Casación designe un nuevo magistrado para Tucumán, lo que también demorará el proceso de realización del juicio por la causa De Benedetti, que tiene como principales responsables a los genocidas Videla y Menéndez.
Al parecer, para algunos jueces decir la verdad sobre el terrorismo de Estado es ser parcial.
• FISCALÍA. “Los planteos de la defensa son insostenibles”
La respuesta del fiscal federal de Tucumán, Leopoldo Palma, fue categórica a la hora de analizar los fundamentos de la recusación del juez Pérez Villalobos, los calificó de “comentarios de pasillo”. “Los planteos de las defensas son insostenibles. Se limitan, en su primera presentación, a repetir rumores de pasillos sin ningún medio probatorio que avale sus dichos. Estos argumentos ya habían sido planteados por otros imputados y oportunamente desestimados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Córdoba, al intentar el apartamiento de este juez en la causa de la Unidad Penitenciaria N°1 de Córdoba.”
“Por otra parte, las defensas dicen en su primera presentación que el juez manifestó públicamente su postura ideológica; que ha participado en una marcha de la memoria conmemorativa del 24 de marzo; por el contenido de su juramento al asumir el cargo de juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Córdoba; y el tenor da las preguntas a los testigos en el marco del debate”, aseguró Palma en un escrito, remitido al tribunal tucumano.
Ahora, la Cámara Nacional de Casación deberá responder si queda firme la decisión de los jueces Jiménez Montilla y Casas o hace lugar al pedido del fiscal de sostener en el tribunal al magistrado Pérez Villalobo.
• MENDOZA. Romano, un camarista procesado
La Cámara Federal de Mendoza confirmó el procesamiento del camarista mendocino Otilio Romano por 17 acusaciones vinculadas a crímenes de lesa humanidad en la última dictadura, cuando se desempeñaba como fiscal federal de esa provincia. El tribunal revocó además la falta de mérito de la que gozaba el camarista y lo procesó por evitar, desde la obligación de su cargo, impulsar la persecución y enjuiciamiento de delincuentes, en el caso de una víctima. Para los jueces, “los represores conocían que podían actuar sin preocupaciones ya que desde la magistratura de la Justicia Federal de Mendoza le aseguraban una ‘zona liberada’ jurisdiccional”. Para la Cámara “este es el aporte sustancial del juez federal subrogante (Luis) Miret y del fiscal federal Romano al ‘plan represivo’, lo que nos conduce a sostener que existen pruebas que en este estadio procesal señalan que los procesados eran parte del plan”. El ex camarista Luis Miret fue destituido por el Consejo de la Magistratura tras un jury de enjuiciamiento donde se lo encontró culpable de delitos vinculados a causas por delitos de lesa humanidad.
Fuente:MiradasalSur
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