EL SALVADOR.

martes 16 de agosto de 2011
Víctimas de la guerra exigen verdad y justicia en caso jesuitas
Por Geovani Montalvo (COLATINO)
Guadalupe Mejía es una de las muchas madres que perdieron a algún ser querido durante la época del conflicto armado en El Salvador, su esposo, Justo Mejía, fue asesinado por la Guardia Nacional el nueve de noviembre de 1977 en Dulce Nombre de María, Chalatenango.

Guadalupe es integrante del Comité de Madres Monseñor Oscar Arnulfo Romero, al igual que María Virginia Guzmán, madre de José Arturo Vásquez, desaparecido el 17 de diciembre de 1980, cuando su hijo tenía 20 años.

“Pido verdad, justicia y reparación”, expresó Virgina. “Como madre anhelo que estuviera con vida, no he querido pensar que él está muerto”, agregó. Así como Guadalupe y Virgina, diversas organizaciones y familiares de las víctimas de la guerra reclamaron justicia en el caso del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres, en 1989.

La Concertación por la Paz, la Dignidad y la Justicia Social; el Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra de las Comunidades Indígenas, Campesinas y Urbanas de El Salvador; el Movimiento Patria Exacta; el Servicio Social Pasionista; la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, la Concertación Monseñor Romero y la fundación para la Aplicación del Derecho (FESPAD), exigieron “más respeto a las víctimas y no más impunidad”.

De acuerdo a las organizaciones, el asesinato de los religioso jesuitas, la empleada y su hija, es uno de los crímenes más execrables y lamentables de esa época, que se unió a una larga lista de asesinatos y violentas masacres.

Lejos de olvidarse, estos hechos deberían servir de memoria histórica para recordar con respeto a las víctimas y para que nunca más se repitan estos sucesos. El derecho a la verdad es lo que debe predominar, como antesala imprescindible de la reconciliación nacional.

Abraham Ábrego, subdirector de FESPAD, recordó que el proceso seguido por la Audiencia Española, en el caso de los jesuitas, solo es consecuencia del incumplimiento por parte del Estado Salvadoreño con su deber internacional de investigar, juzgar y reparar a las víctimas de las violaciones de derechos humanos.

En este sentido, las organizaciones firmaron una carta en la que pidieron que las autoridades de la Policía Nacional Civil y la Corte Suprema de Justicia tramiten el pedido de la Audiencia Española de detención preventiva con respecto al Tratado de Extradición vigente entre España y El Salvador.

Ima Guirola, de la institución feminista CEMUJER, enfatizó que las autoridades nacionales deben acatar el derecho internacional relativos a la difusión roja de detención girada por la Policía Internacional (INTERPOL) contra los nueve ex jefes militares Rafael Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes, Juan Zepeda, Mariano Grimaldi, José Espinoza, Gonzalo Cerritos, Antonio Ávalos y Tomas Zarpate Castillo.

Los procesados son implicados en la masacre de los sacerdotes jesuitas, en su mayoría españoles, Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Martín Baró, Amando López, Ramón Moreno y Joaquín López, la empleada Elba Ramos y su hija Celina, en noviembre del año 1989.
Fuente:Argepress