Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto insiste en ser beneficiado con la pensión graciable que la Provincia de Buenos Aires otorga a los presos políticos.

El Misto no contesta
Año 4. Edición número 171. Domingo 28 de agosto de 2011
Por Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal

Apesar de toda la información disponible sobre su participación en el grupo de tareas parapolicial de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto insiste en ser beneficiado con la pensión graciable que la Provincia de Buenos Aires otorga a los presos políticos y las víctimas del terrorismo de Estado. Esa pensión, que le fue otorgada a mediados del año pasado, fue anulada el 9 de septiembre de 2010 al conocerse que su detención, junto con otros miembros de la banda a fines de abril de 1976, no se debió a su supuesta condición de perseguido político por la dictadura –como alegó al hacer el pedido–, sino a su participación en una asociación ilícita cuyos miembros fueron condenados por la Justicia ordinaria a varios años de prisión por la comisión de una gran cantidad de robos.
En el dictamen revocatorio de la pensión la Secretaría de Derechos Humanos provincial explica con claridad que la anulación se realiza “en atención a la existencia de una sentencia judicial que señala una causa distinta de privación de la libertad a la alegada por el peticionante”. El informe que la Dirección de Administración Contable de la Secretaría de Derechos Humanos elevó a la titular del organismo, Sara Derotier de Cobacho, consigna que Fernández Supera y otros miembros de la banda fueron condenados el 23 de junio de 1980 en la Causa N° 715 “a la pena de cuatro años de prisión por ser autores responsables del delito de hurto de automotor, tenencia de arma de guerra e infracción del artículo 210 del código penal”. Es decir, por delitos comunes y no por ser perseguidos políticos.
El 19 de abril de este año, en un nuevo intento de lograr un beneficio que no le corresponde, Fernández Supera presentó una demanda contra el Estado provincial que se tramita en la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Isidro, donde tiene su domicilio legal. Está caratulada como “Fernández Supera Gustavo Guillermo c/ Provincia de Buenos Aires s/ Proceso sumario de ilegitimidad”. Hace poco más de 15 días fue respondida por la Fiscalía. “La contestación de la demanda consta de dos partes: la primera sobre el aspecto formal de la ilegitimidad del cobro; y la segunda, sobre un aspecto más político, si se quiere, donde como todavía no existe una imputación judicial contra Fernández Supera por su participación en los crímenes de lesa humanidad cometidos por la CNU, se señala su vinculación contra quienes sí están imputados, como El Indio Castillo y Pipi Pomares”, explicó a Miradas al Sur un integrante del equipo legal de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
Hacete la víctima. Fernández Supera es, hasta ahora, el único integrante de la patota que demandó al Estado para intentar cobrar la pensión. No lo hicieron, en cambio, sus cómplices Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, Juan José Pomares (a) Pipi, David Massota (Feiño), Ricardo Calvo (a) Richard, Juan Pedro Asaro, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho, Dardo Omar Quinteros y Alfredo Ricardo Lozano (a) Boxer, quienes también iniciaron trámites para obtener el beneficio. Todos ellos y otros miembros del grupo de tareas de la CNU –menos Asaro– fueron detenidos por la Policía y el Ejército el 29 de abril de 1976 en La Plata, cuando venían de robar una casa en la localidad de City Bell y se aprestaban a irrumpir en el domicilio de Juan Carlos El Vaca Arias, un militante de la Alianza de la Juventud Peronista (AJP), para secuestrarlo.
En los fundamentos de la demanda, se victimiza diciendo que estuvo detenido a disposición del Poder Ejecutivo y que su legajo en el Servicio Penitenciario Bonaerense tenía el sello de “subversivo”. Miradas al Sur pudo saber que tal sello de “subversivo” era todo un clásico en el SPF y que le era adjudicado a una población mucho mayor que la de los perseguidos políticos, incluyendo a muchos presos por delitos comunes. En cuanto a su detención a disposición del PEN, ésta le fue dictada un año después de haber caído preso por robos reiterados y no fue obstáculo para que en diciembre de 1979 le fuera otorgada la excarcelación para que esperara en libertad el dictado de sentencia en la Causa N°715 donde se lo procesó por “asociación ilícita, robos reiterados, privación ilegal de la libertad, falsificación de documento público, lesiones y encubrimiento de homicidio”.
Pero lo más llamativo de todo es que Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto asegura en su demanda que no conoció jamás a Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio ni a Juan José Pomares (a) Pipi, con quienes fue detenido en abril de 1976 y compartió tres años y medio en el mismo pabellón carcelario. Además, Fernández Supera asegura que nunca formó parte de la patota, lo cual torna inexplicable que, tanto él como Antonio Jesús (a) Tony, dieran el mismo domicilio a la policía: el de la casa de Fernández Supera, en la calle 524 bis N°1074. Extraña coincidencia entre gente que no se conoce. Cuando el cabo Ignacio Lara se apersonó en esa dirección para constatar el dato fue atendido por la madre del Misto, María Esther Supera, quien le aseguró que hacía meses que su hijo no vivía con ella, que lo que decía era totalmente falso, y que Tony no había vivido nunca allí.

Esa vieja costumbre de mentir. Fernández Supera (a) El Misto, no sólo fue detenido junto con Castillo, Pomares y otros miembros de la banda sino que la investigación que viene realizando Miradas al Sur sobre el accionar de la CNU lo ubica en varias operaciones criminales realizadas por el grupo de tareas bajo las órdenes de Castillo. Entre ellos, los secuestros y asesinatos de Luisa Marta Córica, de los delegados de Propulsora Siderúrgica Salvador De Laturi y Carlos Escafide, y de cinco changarines del Mercado Central de La Plata. En otras palabras, en lugar de víctima del terrorismo de Estado fue parte, junto a Castillo y Pomares, de sus grupos operativos.
Además, Fernández Supera y Pomares trabajaron juntos en el Registro de la Propiedad del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, y en 1975 y 1976 integraron el grupo de la CNU que, con cargos de preceptores, se transformó en una suerte de ejército de ocupación en el Colegio Nacional Rafael Hernández, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata. Allí, se dedicaron a reprimir a los estudiantes y a marcar blancos para las operaciones del grupo de tareas. “Supera llegó después de la intervención de Ivanissevich. Era bastante joven, apenas un poco mayor que nosotros, flaquito y rubito. Creo que estaba en el núcleo que dirigía todo. Con los compañeros le decíamos, a sus espaldas claro, ‘Pajarito’. Además de la tensión general que instalaron con su ‘nuevo orden’, recuerdo como situación tensa particular una que me hicieron vivir Supera y otros en una ocasión que, luego de la salida del colegio, me ‘invitaron a subir’, en patota, al auto en que se desplazaban (un Torino rojo si no me falla la memoria) con comentarios sobre qué lindo estaba el día para ir a la Balandra y otras zonas del río, cuando todos sabíamos que por ahí tiraban los cadáveres”, recordó para Miradas al Sur un ex alumno del Colegio Nacional.
“A Supera lo recuerdo perfectamente por la cara de pendejo que tenía, y porque al ser tan flaquito el bulto del fierro se le notaba más. Lo llevaba en una sobaquera”, relató otro egresado del Colegio consultado por este dominical. Y agregó: “Me acuerdo perfectamente de un acto que improvisaron en el aniversario del vuelo que fue desviado a las Malvinas para poner una bandera argentina. Sin informar para qué, nos hicieron salir a todos los alumnos de las aulas y nos hicieron formar por división en el patio central. Recuerdo que reinaba un silencio horrible. Como cinco o seis tipos, mostrando que debajo de sus sacos estaban armados, se quedaron en el primer piso, observando a los alumnos. Sentíamos su presencia y la impotencia de saber que todo había cambiado y que ya nada era igual a lo que habíamos logrado hacer del Nacional, un espacio de libertad, de reivindicación, de toma de conciencia. Lo recuerdo a Fernández Supera y creo, que entre los del primer piso, estaba también Richard Calvo”. Otros ex alumnos recordaron a Pomares, a Actis (a) El Loco, a Osses y a otro patotero de apellido Scher como integrantes del grupo de preceptores de la CNU que iban ostensiblemente armados al Colegio Nacional.

¿Yo, señor? ¡No, señor! Para preguntarle sobre la demanda presentada contra el Estado provincial y sobre la extraña afirmación de que no conoce a Castillo ni a Pomares, uno de los autores de esta investigación llamó al teléfono celular personal de Fernández Supera y registró el siguiente diálogo.
–Hola…
–¿El señor Fernández Supera?
–¿Quién habla?
–Lo llamo de Miradas al Sur.
–¿De dónde?
–De Miradas al Sur.
–(Silencio) ¿Por qué?
–Para preguntarle sobre la demanda que acaba de presentar contra el Estado para obtener una pensión graciable.
–(Largo silencio) Yo no soy el señor Fernández Supera, pero le voy a avisar para que le devuelva el llamado.
Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto no volvió a contestar los llamados de Miradas al Sur ni se comunicó con los autores de esta investigación.

• FIRMAS
El domingo pasado Miradas al Sur identificó al ex senador Juan Amondarain como uno de los firmantes del “aval moral” en favor de la liberación de Juan José Pomares (a) Pipi, mientras dure el proceso que se le sigue por crímenes de lesa humanidad. Amondarain se comunicó con este dominical y aseguró: “Yo no firmé nada, ni siquiera sabía que existía esa lista”. La información publicada les fue confirmada a los autores de esta investigación por tres fuentes, dos de ellas de la Legislatura provincial.
Fuente:MiradasalSur