Si hay tiempo, y los defensores están listos, podrían producirse también los alegatos de los abogados que asisten a los siete acusados, indicó el abogado Mariano García Zavalía, uno de los secretarios del tribunal federal que entiende en el proceso, presidido por la jueza Martha Liliana Snopek.
Marcelo Arancibia y Roque López Homes asisten a los policías retirados Pedro Javier Herrera y Rubén Nelsón Herrera; mientras que los defensores oficiales Federico Petrina y Pablo Louthier, asisten a los militares Carlos Alberto Mulhall y Miguel Raúl Gentil, y los policías retirados Jaoquín Guil y Andrés del Valle Soraire y el civil Héctor Zanetto.
Si sus alegatos no alcanzaran a pronunciarse hoy, pasarían al 12 de septiembre, con lo que es probable que cambie todo el cronograma. El tribunal había previsto que ese día escucharía las últimas palabras de los acusados antes de pasar a deliberar para dar su sentencia. Pero si los alegatos de las defensas se pronuncian ese día, y si el fiscal y las querellas piden replicar (una posibilidad prevista en el procedimiento), se tendría que fijar otra fecha para que los acusados hablen antes de que se dé la sentencia. “Lo que es seguro es que el juicio termina en septiembre”, afirmó el funcionario judicial para graficar mejor que las fechas previstas están sujetas a modificación de acuerdo a cómo se desarrollan los alegatos.
En principio los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Snopek, Carlos Jiménez Montilla, Luis Giménez (más el cuarto juez, José Quiroga Uriburu), habían previsto que los alegatos solo podían durar una hora, pero, salvo el primero (de las abogadas Natalia Toro y Verónica Molina, por la acción civil y la querella de Martínez de Leal), los otros dos pronunciados el pasado 23 (del abogado Matías Duarte, por la querella de la familia Ragone y de los letrados David Leiva y Oscar Rodríguez, por la querella de la organización Encuentro Memoria, Verdad y Justicia) prácticamente doblaron ese tiempo.
FuentedeOrigen:NuevoDiariodeSalta
Fuente:Agndh
memoria/el juicio por la desaparición de miguel ragone
UN DOCENTE DE LA UNSA CONTO QUE ARMO LISTAS DE SUPUESTOS SUBVERSIVOS
El descargo del filósofo
Cesanteado en 1976, Mario Casalla pidió al Ejército que revirtiera esta decisión. Aseguró que él mismo dio de baja a otros docentes “subversivos”, y que compartió información con miembros de inteligencia policías y militares.
E.C.
El 21 de mayo de 1976 la intervención militar en la Universidad Nacional de Salta (UNSa), a cargo de los capitanes Eduardo Alberto Casal y Norberto Antonio Yommi, que había profundizado los efectos de la intervención civil iniciada en 1974 encabezada por Francisco Villada, dispuso nuevas cesantías de docentes. Entre ellos cayó el profesor de filosofía, Mario Casalla, quien hasta el 24 de marzo de 1976 había ocupado el cargo de secretario académico, como parte del gobierno de la anterior intervención.
Inexplicablemente los capitanes incluyeron a Casalla en la lista de indeseables, sobre él hicieron caer la sospecha de ser un “subversivo y/o disociador”. En desacuerdo con esta calificación el docente pidió al Destacamento de Inteligencia 143 del Ejército, con asiento en Salta, que corrigiera el error. A su favor, argumentó que él mismo había armado listas de docentes subversivos e incluso había dado de baja a algunos de ellos, tareas en las que había trabajado de manera “estrecha” con la Policía Federal, la Policía de Salta, Gendarmería y el Ejército. Su caso se hizo público el martes último en la sala de grandes juicios del Poder Judicial, cuando el abogado Matías Duarte, querellante por la familia de Miguel Ragone, lo usó para graficar cómo la Policía y el Ejército realizaban tareas de inteligencia y control sobre los habitantes.
Tras ser cesanteado en la Universidad, Casallal fue a trabajar a la cooperativa láctea Cosalta, y de ahí pasó, en 1977, al diario El Tribuno, donde fue gerente general y ejerció el periodismo con el seudónimo de Hernán Solifrano. Al Ejército le dijo que, entre otros, el subdirector de El Tribuno, el actual senador nacional Juan Carlos Romero, podía dar referencias suyas.
“Me dirijo al señor jefe del Destacamento de Inteligencia 143 de Salta, interesándolo por estos hechos. Más que una carrera universitaria de quince años frustrada, lo que me hiere moralmente es esa calificación injusta de ‘presunto subversivo o disociador’ que agravia mi realidad y mis valores más firmes. Tal cual manifestara desde los comienzos de este caso (…), no solo no soy subversivo o disociador, sino que he luchado abiertamente contra esa forma apátrida de agresión a nuestro suelo y sus instituciones, con todas las medidas y fuerzas a mi alcance (tanto como docente, o como autoridad de la UNSa)”. Sostuvo el doctor en filosofía en el pedido de “revisión de informes disponibles sobre mi persona y una correcta caracterización de mi caso”.
El golpe del 24 de marzo de 1976 encontró a Casalla en el cargo de secretario académico, en el que había asumido en septiembre de 1975. Antes, desde diciembre de 1974, había sido director del Departamento de Humanidades. Había llegado al gobierno universitario de la mano del interventor Villada, dispuesta en diciembre de 1974 (mes siguiente a la intervención al gobierno de Ragone) “por las graves irregularidades de todo tipo detectadas durante el gobierno del doctor Holver Martínez Borelli”, perseguido político que estuvo exiliado.
Casalla renunció “inmediatamente” a la secretaría académica y al cargo de docente, pero los interventores le permitieron continuar dando clases. Pero, a pesar de que colaboró “plenamente con las autoridades universitarias” militares y de que “no realizó tarea alguna sin consultar”, en mayo fue dejado cesante.
En su descargo Casalla sostuvo ante el Destacamento de Inteligencia que nunca supo los motivos para que lo rotularan de esta manera, recordó que no existía un proceso en su contra y que las autoridades universitarias y la autoridad militar había resaltado en “reiteradas oportunidades y diferentes círculos la firmeza con el que el gobierno universitario del que formé parte actuó contra la subversión”.
Entre sus antecedentes reseñó sus estudios en la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde ejerció la docencia antes de su paso por Salta (y la ejerce actualmente), al igual que en universidades privadas y en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino, el Colegio Militar de la Nación y el Centro de Estudios de Altos Estudios Militares (CAEM). Detalló haber servido “bajo las órdenes del teniente general (RE) Jorge Rafael Videla” y “del general (RE) Antonio Facundo Serrano”, que fuera gobernador de facto del Chaco. Y añadió que entre los cursantes de filosofía en el CAEM tuvo al “actual jefe de la Policía de Salta y al señor jefe del RIM 28 de Tartagal”. “Son personas de una intachable carrera y autoridad moral”, dijo, que podían referencias sobre él.
Sostuvo que tenía una formación filosófica clásica, “totalmente ajena a la doctrina marxista”. Y que en 1973 ingresó a la Universidad Nacional de Salta “sin mayores conocimientos de la gente que actuaba en la UNSa”, cuyo rector era entonces Martínez Borelli, pero que al cabo de tres meses ya le era “evidente que sus autoridades y buena parte de la comunidad universitaria comenzaron a desviarse cada vez más hacia una tendencia francamente subversiva. Mi posición fue entonces de público y notorio enfrentamiento con la subversión universitaria, a punto tal que esa conducción subversiva me persiguió por todos los medios, me creó ‘cátedras paralelas’ de orientación montonero-marxista y me colocó bajo juicio académico (popular) pocos días antes de su caída”, subrayó con mayúsculas.
Informó también que cuando estuvo en el gobierno universitario, entre 1974 y 1976, procedió a “depurar ideológicamente el departamento más conflictivo e infiltrado subversivamente de la Universidad (Humanidades), dí de baja docentes directamente ligados a la subversión (…), revisé y promulgué nuevos planes de estudios dejando de lado los anteriores contenidos marxistas y enfrenté ante la opinión pública del momento las consecuencias de todas estas medidas. De todo ello tienen constancia los organismos de seguridad de la provincia y muy especialmente la Policía Federal (Delegación Salta) entonces comandada por el comisario (Federico) Livi y con el principal Faber al frente de Inteligencia subversiva”:
Dijo que trabajó “estrechamente con todos esos organismos procediéndose a una prolija revisión de antecedentes antes de cualquier baja o alta de personal. Lo mismo puede decirse de la Policía Provincial, de Gendarmería, y de la Guarnición Militar Salta.”
A pesar de todos estos elementos, finalmente las autoridades militares llegaron a la conclusión de que no tenían “certeza absoluta de la verdadera ideología” del filósofo.
FuentedeOrigen:NuevoDiariodeSalta
Fuente:Agndh
memoria/el juicio por la desaparición de miguel ragone
MAS ACUSADOS, MAS CULPABLES, MAS JUICIO Y MAS CASTIGO
La etapa final
Hay pedidos para que también se investigue a cuatro comisarios retirados, y a dos ex jueces. La primera parte de la causa está llegando a la sentencia. Pero sigue otra causa, por los otros sospechosos que aún están vivos.
ELENA CORVALAN
Tras cuatro meses de audiencias, el juicio oral por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, el homicidio del almacenero Santiago Arredes y el ataque a Margarita Martínez de Leal entró en la etapa final, con la producción de los alegatos. En septiembre se conocerá la sentencia, pero ya hay más acusados, sospechados de ser partícipes de este hecho.
Desde que comenzó el debate, el 5 de abril, declararon más de ochenta testigos. Algunos fueron observadores directos del momento del secuestro de Ragone, cometido alrededor de las 8 del 11 de marzo de 1976 en las inmediaciones del monumento a Güemes; otros se refirieron al contexto histórico, a la actividad política de aquellos años, a la personalidad del médico que fuera funcionario nacional con Ramón Carrillo y que en 1973 fue electo gobernador de Salta.
Ya durante estas declaraciones, por pedido del fiscal Horacio Azzolín, tres comisarios retirados fueron detenidos, acusados de falso testimonio: Antonio Saravia, Abel Guaymás y Santiago Pedroza (padre). Los tres fueron ya indagados, pero esas acusaciones quedarían en la nada si prosperan los nuevos pedidos para que se los investigue por hechos más graves: la participación en el secuestro. El martes el abogado David Leiva, de la querella por Encuentro Memoria Verdad y Justicia, pidió que se anulen los testimonios de los tres comisarios y se envíen copias a la Fiscalía de turno para que se los investigue por el secuestro. Matías Duarte, de la querella de la familia Ragone, agregó a Abel Murúa, y al ex juez Ricardo Lona. Leiva añadió al ex juez Marcelo Avrutín Suárez. Los alegatos van a seguir el 30, y se prevé que Martín Avila, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ampliará la lista de los acusados. Y aún resta saber qué pedidos hará en ese sentido el fiscal Azzolín.
FuentedeOrigen:NuevoDiariodeSalta
Fuente:Agndh
memoria/juicio por la desaparición de miguel ragone
DOCUMENTOS REVELAN LA VINCULACION DE ROMERO CON LA REPRESION
Quemá esos papeles
En 1983 un informe de inteligencia afirma que el romerismo había sido“infiltrado” por la oligarquía y que en sus cuadros estaba “todo el aparato represivo”. Los datos, reservados, fueron incorporados al juicio por el secuestro de Ragone.)
ELENA CORVALAN
En los alegatos que se produjeron el pasado martes en el juicio contra siete acusados por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, la querella de su familia, representada por el abogado Matías Duarte, y la querella de la organización Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, por la que hablaron los abogados David Leiva y Oscar Rodríguez, se refirieron también al papel que jugó Roberto Romero en relación al médico desaparecido. Lo hicieron simplemente para dejar aclarado el lugar histórico que le cupo a Romero padre.
Todas estas menciones, las de los testigos y de los abogados, fueron ignoradas por el diario El Tribuno, que naciera como un órgano de difusión del Partido Justicialista pero que luego pasara a manos de Roberto Romero y hoy es de sus herederos, entre ellos el senador nacional Juan Carlos Romero, ex gobernador también.
El 17 de mayo, en las audiencias del juicio, Armando Jaime, militante del Frente Revolucionario Peronista (FRP) e integrante de la Lista Verde, la que en 1973 postuló a Ragone a la gobernación, aseguró que Roberto Romero fue partícipe de la represión que acometieron la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), miembros del Ejército, de las Policías y otros sectores civiles. No hubo eco de sus dichos. Pero así como los hacedores del diario de Limache se mostraron persistentes en la negación, la realidad no se exhibió menos perseverante. Otros Territorios tuvo acceso a un informe de inteligencia que ubica, otra vez, a Roberto Romero, actuando en política junto “al aparato represivo”.
En 1983, la realización de un congreso nacional de Intransigencia y Movilización Peronista (IMP), corriente liderada por el dirigente catamarqueño Vicente Leonidas Saadi, puso a trabajar a los servicios de inteligencia. Enviaron detallados informes sobre lo que se trató en ese congreso en el que las agrupaciones se preparaban para el regreso a la democracia. Allí describieron a la agrupación que conducía Roberto Romero como vinculada al “aparato represivo”.
Durante el congreso, realizado en la sede de la Agrupación de Profesionales Peronistas de IMP, en Buenos Aires, se analizó la situación del movimiento peronista en las provincias, según detallaba un informe de inteligencia que integra la documentación recogida en la Comisión de la Memoria de la provincia de Buenos Aires y que ha sido incorporado a la causa por el secuestro de Ragone.
El informe hace un resumen de los análisis sobre la situación del peronismo en Capital Federal y en las provincias de Buenos Aires, Catamarca (la residencia de Saadi) y Salta.
Precisamente, sobre Salta, reseña el informe, “existen cuatro corrientes del PJ”: Unidad y Renovación, Unidad Peronista, Agrupaciones Peronistas e Intransigencia y Movilización Peronista. “Unidad y Renovación Peronista (sector Romero): está infiltrada por la oligarquía, la apoya el ingenio Tabacal, tiene en sus cuadros todo el aparato represivo. A nivel nacional apoya a ‘Gestión y Enlace’. 67.000 afiliados”, describe el informe, con algunos errores de tipeo.
El mismo informe identifica a Unidad Peronista como el “sector Caro. Adherido al MUSO”; cuenta asimismo que Agrupaciones Peronistas reunía a “los que quedan de la Lista Verde” y que en Intransigencia y Movilización Peronista se habían reunido los de la Lista Verde “sector Ragone”, la Agrupación Juan Domingo Perón y la JP de Salta. Y del total de 90 mil afiliados peronistas en la provincia, ocho mil estaban en IMP.
El nuevo dato viene a sumarse a los ya conocidos. A estas alturas ya es de público conocimiento que varios de los comisarios investigados, detenidos y dados de baja (durante el gobierno de Ragone) por apremios ilegales y torturas, entre ellos Joaquín Guil (que está siendo juzgado por el crimen contra Ragone), encontraron trabajo, realizando tareas de vigilancia, en el diario de Romero.
En las testimoniales durante el juicio Jaime afirmó que los integrantes de la Lista Verde fueron perseguidos antes y durante la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976. Afirmó que, además de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), de las fuerzas policiales y del Ejército y de grupos de la derecha de Buenos Aires, de esa represión “participa (también) Roberto Romero, que quería sacar a Miguel Ragone para ser candidato del Partido Justicialista”.
También el periodista e historiador Gregorio Caro Figueroa incluyó a Roberto Romero en la lista de adversarios de Ragone. Sostuvo que el enfrentamiento excedía las diferencias ideológicas: Romero quería un cargo en el gobierno, deseo al que el gobernador no accedió; luego se disputaron acciones de Canal 11, por ese entonces el único canal abierto de la ciudad, y posteriormente diputados ragonistas impulsaron la expropiación de El Tribuno, que había pertenecido al PJ.
Jaime hizo una comparación esclarecedora: observó que con tener en cuenta la nómina de desaparecidos en Salta se puede advertir que había una persecución dirigida. “(De los desaparecidos) el que no era de la Lista Verde, era simpatizante”. Enumeró: Felipe Burgos, Berta y Elsa Torres, Eduardo Fronda, Luciano Jaime, Guillermo Alzaga. “¿Qué muertos tiene Roberto Romero? ¿Qué muertos tiene Horacio Bravo Herrera? La dictadura no les podía hacer desaparecer a nadie porque había un vínculo”, razonó.
Sobre Romero insistió en “que colaboraba a través de El Tribuno”. “Roberto Romero tenía una estrecha relación con los grupos represivos de Salta. Y a la vez una estrecha relación con Horacio Bravo Herrera”, ex legislador nacional.
En 1983 Roberto Romero se postuló a la gobernación de Salta, lo hizo como conductor de la línea Unidad y Renovación, con la que se enfrentó a Unidad Peronista, conducida por Carlos Caro. Antes de participar de internas, tuvo que sortear la oposición de la conducción partidaria, que no aceptaba su afiliación al peronismo. La ayuda le llegó por el lado del ex juez federal Ricardo Lona, también sospechado de haber sido una pieza de la represión, quien dictó un fallo a favor de su afiliación. El 30 de octubre de 1983 Roberto Romero obtuvo la gobernación y se inició otra historia, distinta a la de Ragone.
FuentedeOrigen:NuevoDiariodeSalta
Fuente:Agndh
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