Señalan demoras en causa ex regimiento Nº9 en Tribunal de Casación.
La Comisión Interpoderes, creada para evaluar y agilizar la marcha de los juicios por crímenes de la última dictadura –integrada por fiscales, jueces, secretarios, diputados, senadores y funcionarios del Ministerio de Justicia–, todos de la esfera nacional, resolvió exhortar a los magistrados y tribunales de todo el país a dar la máxima celeridad al trámite de esos expedientes y los procesos orales correspondientes.
La decisión del grupo de trabajo responde a que si bien ha habido avances generales importantes en el juzgamiento de los represores, persisten problemas operativos.
En ese aspecto, señaló que si bien logró un avance en materia judicial gracias a la realización de juicios orales en varias provincias, los Tribunales de Casación todavía siguen funcionando como embudo en ciertos casos, y citó que desde febrero de 2009, la causa del Regimiento 9 de Corrientes está en instancia de apelación sin resolución alguna.
El texto que aprobó la comisión en su reunión de esta semana advierte que es “imprescindible que los magistrados a cargo de los juicios de lesa humanidad encuentren aquellas soluciones que permitan agilizar las investigaciones en curso y el inicio de los juicios orales y públicos que aún no tienen fecha de debate, procurando incluir en ellos la mayor cantidad de casos posibles a los efectos de evitar su atomización, el desgaste de las partes, de los testigos y el inútil dispendio jurisdiccional en los órganos que tienen a su cargo la administración de Justicia”.
La Comisión resaltó que en ciertas provincias aún no se ha llegado a hacer ni un juicio oral, como en Jujuy, y priman criterios que fragmentan las investigaciones, lo que no sólo genera demoras, sino problemas como la exposición de los testigos a tener que declarar varias veces sobre lo mismo, y ante los acusados.
Una situación que con frecuencia preocupa en la comisión, y que suele obstaculizar los juicios en algunas provincias –en especial en las del Noroeste–, es la división de las causas a tal punto que en algunas se investiga un único caso y un único imputado.
Advirtieron sobre una “deliberada obstrucción al avance de los procesos” basada en la “continua desmembración” de “las causas”, “pese a los reiterados planteos de acumulación efectuados desde la fiscalía” con el fin de “implementar estrategias de investigación razonables y funcionales al principio básico de celeridad procesal”.
La situación de los testigos y víctimas, que a veces se ven obligados a relatar y revivir el horror más de una vez y frente a los represores, es un tema de inquietud permanente en la comisión. Al igual que el modo en que son tratados por los tribunales y la protección que reciben.
También preocupan que el paso del tiempo haga que los imputados vayan falleciendo o recuperando la libertad porque algún tribunal, como la Cámara de Casación, considera que pasó demasiado tiempo sin que llegara a juicio oral.
A eso se suman problemas burocráticos que llevan a que una vez que se llega a los juicios orales, las audiencias se prolonguen por más de un año, como el de los crímenes cometidos en la ESMA.
La Comisión está integrada por el secretario general de la Corte, Alfredo Kraut; los fiscales Pablo Parenti y Jorge Auat, de la Unidad de la Procuración General que monitorea las causas por violación a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado; el camarista Mario Fera, presidente del Consejo de la Magistratura, y el secretario de derechos humanos de ese organismo y ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel; la presidenta de la Cámara de Casación Penal, Ángela Ledesma, y el secretario de ese tribunal, Javier Carbajo; el juez federal Daniel Rafecas; la senadora Blanca Osuna; el diputado Luis Cigogna; el secretario de Justicia, Julián Alvarez; y el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena.
El grupo se reúne por lo general cada tres semanas y además de plantear políticas generales intenta resolver problemas puntuales, desde conseguir salas de audiencia hasta lograr la integración de tribunales donde los jueces han sido recusados o se han excusado de intervenir, algo frecuente en el interior del país.
Fuente:Momarandu.com
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