Tribunal confirmó procesamiento del general Dalmao
La Justicia confirmó el procesamiento del general Miguel Dalmao por el crimen de Nibia Sabalsagaray, en las entrañas del Batallón de Transmisiones Nº 1, en 1974.
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 3º Turno confirmó ayer el procesamiento con prisión del general Miguel Dalmao y el coronel (r) José Chialanza, como coautores del "homicidio muy especialmente agravado" de la militante de la UJC Nibia Sabalsagaray. La defensa de ambos militares había cuestionado el fallo del juez penal de 10º Turno, Rolando Vomero, por la presunta inexistencia de pruebas sobre la muerte en torturas de Sabalsagaray.
Empero, "la Sala comparte con el a-quo que asistimos a un caso de homicidio y no de suicidio". "Y también se comparte (...) que dicho homicidio tuvo lugar durante el interrogatorio llevado a cabo luego de su detención, en el que por lo menos se ejerció violencia física sobre Sabalsagaray", expresa el fallo al cual accedió LA REPÚBLICA.
En este sentido, el cúmulo de pruebas incorporadas a la causa avalan la tesis del homicidio, por cuanto la misma "debe ser contextualizada debidamente", en virtud del "marco histórico en que acaecieron los hechos y los sujetos que vertieron luego los elementos para entramar la 'historia oficial' de 'autoeliminación'", señala la Sala. "Tampoco puede perderse de vista que los sujetos que sentaron las bases para la hipótesis judicial de suicidio son justamente los indagados en autos, y que los mismos actuaron bajo el manto y favorecidos por la oscuridad del sistema represivo imperante", agrega.
La muerte de Sabalsagaray "tuvo lugar durante un interrogatorio en el que la víctima fue sometida a apremios, y dentro los que se destaca la compresión del cuello -sea mediante 'submarino seco' o sea mediante otro procedimiento que importara compresión del cuello a nivel hioideo y por parte del o los interrogadores- causante de la ahorcadura y que devino en la causa de la muerte", expresa la Sala.
Asimismo, el TAP considera "materialmente imposible" que la joven cometiera suicidio (por su altura) y convalida la imputación contra Dalmao por tratarse del encargado en forma interina del servicio S-2 de la unidad militar, así como los constantes cambios en su testimonio sobre los hechos.
El fallo contextualiza además la muerte de Sabalsagaray en "la circunstancia" en que "las detenciones en unidades militares eran llevadas a cabo en aquel tiempo", el desarrollo de interrogatorios "pautados por la violencia física o psicológica", así como el intento de promover la tesis del suicidio por parte de los responsables de la unidad militar, "sirviéndose de las particularidades políticas de entonces, y que pautaban la vida social, en donde imperaba el secreto, el miedo, y la represión".
FRASES
* TAP de 3º Turno. "Una joven militante detenida y encapuchada, puesta en una sala de aislamiento del cuartel, bajo la vigilancia ininterrumpida de la guardia, resulta para la Sala ingenuo y hasta pueril sostener que se ahorcó con un pañuelo de seda que por error se le permitió permanecer consigo".
* "El encausado Dalmao, en su calidad de Oficial S-2, cumpliendo con la misión que de suyo le correspondía cual era la de interrogatorio de los detenidos en la lucha contra la subversión, interrogó a Sabalsagaray y se sirvió de la violencia para obtener la información que requería, sobreviniendo la muerte de la referida en tales circunstancias".
Fuente:LaRepublica
Otra estocada a la impunidad
El fallo del Tribunal de Apelaciones en lo Penal -que confirma el procesamiento del general Dalmao por el homicidio muy especialmente agravado de la militante comunista Nibia Sabalsagaray- es otro hecho de enorme trascendencia que golpea con particular contundencia a la impunidad vergonzosa que se otorgó a los terroristas de Estado. Es, asimismo, una prueba más de la insobornable independencia de nuestro sistema judicial, jueces y fiscales.
Pero tal vez lo más destacable es que, a través de las indagatorias dispuestas por la sede penal, la verdad empieza a resplandecer para demoler todo el edificio de mentiras erigido por los motineros y sus cómplices civiles. Los gobiernos conservadores de Sanguinetti y Lacalle se prestaron a la infame tarea de torcer la historia negando con desparpajo las atrocidades cometidas al amparo del terrorismo de Estado; para la versión oficial no había desaparecidos, y las muertes de militantes opositores se debían a la lógica de una guerra de la que eran responsables. Así se fue urdiendo la teoría de los dos demonios, con la que se pretendió confundir a la población haciendo aparecer a la resistencia contra la dictadura como un movimiento ilegítimo, siendo que estaba perfectamente legitimado por el hecho de que se vivía bajo un régimen de facto, un gobierno -ese sí- carente de toda legitimidad.
Nibia Sabalsagaray, como tantos otros patriotas, se sumó a la lucha contra la dictadura y sufrió -como tantos otros- la sevicia de los terroristas de Estado; padeció tormentos físicos y psicológicos practicados con especial saña, no solo con el fin de obtener información sobre la resistencia clandestina sino, también, para satisfacer los más brutales instintos de los represores, cuya insanía no conocía límites: la tortura fue practicada sistemáticamente como castigo suplementario a la privación de libertad.
Desde el retorno a la normalidad institucional, los sectores conservadores pretendieron silenciar las denuncias de las atrocidades cometidas en dictadura, y se propusieron como meta la inmoralidad de que la comunidad olvidara todo el horror de los años de plomo; quisieron borrar el pasado de un plumazo con la consigna de "no tener ojos en la nuca".
El gobierno de Lacalle y el segundo de Sanguinetti transitaron por ese camino de oprobio. El del doctor Jorge Batlle, en cambio, se diferenció de sus antecesores al instalar la Comisión para la Paz, un tímido pero no menos valioso intento de conocer la verdad sobre las desapariciones forzadas; allí se abrió una rendija, se produjo una rajadura en el silencio oficial.
Y aunque estuvo ausente la posibilidad de hacer justicia, de someter a juicio a los terroristas de Estado, por primera vez la población pudo conocer, oficialmente, cómo actuaban las fuerzas represoras en dictadura y los crímenes y vesanias de que eran capaces.
El resto es historia conocida. Con la llegada al gobierno del Frente Amplio, y a pesar de la vigencia de la Ley 15.848 (a la que Tabaré Vázquez supo dar una interpretación cabal), la justicia empezó a abrirse paso y la impunidad de los motineros quedó herida de muerte; asistimos al procesamiento de figuras emblemáticas de la barbarie, como Gavazzo, Silveira y otros.
Ya no hay marcha atrás. Sólo queda esperar que la prescripción no entorpezca a la Justicia.
Fuente:LaRepublica
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