Política de seguridad se traduce en más violencia de género
Por Gladis Torres Ruiz (CIMAC)
En el quinto año de la administración de Felipe Calderón, la política de seguridad y la guerra emprendida contra el narcotráfico no se reflejan en la disminución de la violencia contra las mujeres y en un mayor acceso a la justicia para ellas, por el contrario, la impunidad en casos como el feminicidio va en ascenso, advierten activistas y académicas.
Lejos de estar más “seguras”, desde el 2006 las mexicanas están más expuestas a la violencia. Según estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), retomadas por el Banco de Datos del Feminicidio de Isis Internacional, de diciembre de 2006 a octubre de 2009 han sido asesinadas tres mil 726 mujeres.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) registra -con base en datos de las procuradurías estatales- que de enero de 2009 a junio de 2010, se han perpetrado mil 728 homicidios dolosos de mujeres en sólo 18 entidades de la República; de ese total, 890 casos fueron definidos como feminicidio.
Más recursos, más armas… más violencia
En cinco años de gestión, el gobierno federal ha destinado año con año cada vez más presupuesto para las dependencias que encabezan la llamada “guerra” contra el crimen.
De acuerdo con el documento “Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia”, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) señalan que el gasto público para seguridad y procuración de justicia en el ámbito federal casi se ha duplicado desde 2007.
En ese año se destinaron para ese rubro 66 mil 31 millones de pesos (mdp), mientras que para este año se aprobaron 115 mil 825 mdp.
El presupuesto destinado para el combate a la violencia de género se duplicó entre 2010 y 2011, al pasar de 65 mdp a 110 mdp. Lo paradójico es que la cifra aprobada para este rubro en 2011 representa sólo el 10 por ciento del gasto total para el combate a la criminalidad.
El monto de 110 mdp corresponde a lo asignado a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En cinco años de administración calderonista, la opacidad en el manejo de los recursos federales contra la violencia de género ha sido una constante.
Para muestra un botón: En 2008 se le asignaron a la Segob 40 mdp para crear el Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género, y el Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y las Niñas, entre otras acciones incluidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General), promulgada en 2007.
Para 2009, la Cámara de Diputados únicamente aprobó a la Segob 9 mdp para la elaboración del diagnóstico nacional, luego de que legisladoras de la Comisión de Equidad y Género detectaron que hubo subejercicio y falta de transparencia en el manejo de los 40 mdp. Hasta ahora el diagnóstico, una obligación marcada en la Ley General, sigue sin elaborarse.
Sin acceso a la Justicia
En el Diagnóstico sobre la Seguridad Pública en México, elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, la investigadora Gabriela Pérez García señala que la existencia de seguridad no se traduce necesariamente en la vigencia del Estado de Derecho, ni que esta seguridad vaya acompañada de justicia para la población, en particular para las mujeres.
“No es suficiente que una política garantice seguridad si ésta no genera justicia, ni adhesión a las leyes de la nación, y pasa por alto los Derechos Humanos y las garantías constitucionales; (en ese caso) es una política que no cumple con su cometido”, advierte.
Pérez García recalca que la seguridad tiene que ir de la mano de la justicia y el Estado de Derecho. “Las políticas que no responden a esta necesidad no son congruentes con la normatividad que regula el respeto a los derechos de la población”, insiste.
Alejandra Massolo, investigadora y consultora en temas de equidad de género y gobiernos locales, afirma que la violencia de género atenta directamente contra la ciudadanía de las mujeres y la igualdad de oportunidades de ejercer los derechos, participar en la vida pública, gozar de las libertades democráticas, y contribuir al desarrollo local y nacional.
En su estudio “Género y Seguridad Ciudadana: el papel y reto de los gobiernos locales”, indica que si la ciudadanía de las mujeres es todavía más formal que efectivamente real, la violencia que las afecta tanto en el ámbito privado como público, inhibe y desgasta sus derechos, sus espacios y su empoderamiento conquistados a lo largo de innumerables luchas, “manteniendo la normal supremacía de la ciudadanía masculina”.
En su propuesta de seguridad, presentada a principios de este mes, la UNAM y el IIDC apuntan que el acelerado crecimiento presupuestal para la policía y el Poder Judicial implica un estimado de 300 pesos per cápita, lo cual -aducen- sería incompatible con la participación de 100 pesos per cápita para el sistema de procuración de justicia, el cual incluye a la policía de investigación.
“Lo que muestra la común tentación de enfocar el desarrollo institucional solamente en una de las áreas relevantes para el combate a la corrupción y la reducción de la violencia”, explican las instituciones académicas.
Expertas en el combate a la violencia de género observan que hay una “gran desconexión” entre el incremento del presupuesto y los resultados en materia de seguridad pública. Aseguran que no hay un decremento de la violencia contra las mujeres, y que por el contrario ambas variables (presupuesto y criminalidad) aumentaron a la par.
Impunidad
María de la Luz Estrada, coordinadora general del OCNF, considera que en cinco años de administración de Felipe Calderón, hay un incremento sustancial de muertes violentas de mujeres, lo que atribuye a que en este sexenio no se ha entrado de fondo en el combate de este flagelo.
“(Calderón) se ha esforzado por acabar con violencia a la delincuencia organizada propiciando más violencia; no ha hecho una cosa mínima para atacar la violencia contra las mujeres, y en cambio sí ha abierto muchos frentes en contra de ellas (el aumento del feminicidio y la trata de personas), lo que propicia un ambiente de permisividad para violentar a las mujeres al negarles su acceso a la justicia y violentar sus Derechos Humanos”, explica.
Luz Estrada critica a instancias federales creadas en este sexenio para combatir la violencia de género, como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contras las Mujeres (Conavim), por considerar que “no dan el ancho” y carecen de “compromisos reales” en el tema.
“Hasta el momento no hay registros de homicidios dolosos de mujeres, tampoco de desaparecidas”, lo cual nos tiene en alerta, enfatiza la activista.
Abunda que ahora con la “guerra” de Calderón contra el crimen como política de Estado, las organizaciones de mujeres tienen nuevos frentes para atacar la violencia de género. “Ya no sólo es el feminicidio, ahora también está la trata de personas vinculada a la delincuencia organizada”, subraya.
Estrada acota que el OCNF ahora está documentando “levantones de mujeres” en Chihuahua y Sinaloa, y que en el caso de Guerrero, donde recientemente se tipificó el feminicidio, ahora a las habitantes “las sacan de su casas, las matan, las violan y se cometen un sinfín de vejaciones en su contra”.
Fuente:Argenpress
miércoles 31 de agosto de 2011
Felipe Calderón eliminó el Estado de Derecho
Por Anayeli García Martínez (CIMAC)
Para el doctor en Ciencia Política por la UNAM José Enrique González Ruiz así se resumen cinco años de gestión calderonista en materia de DH. “La impunidad sigue siendo la regla, los perpetradores de delitos graves contra las personas nunca son sancionados. Por eso necesitamos un cambio, una transformación total del Estado”, demanda en entrevista.
Es larga la lista de pendientes de la actual gestión federal por el número de violaciones a los DH presentadas ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, la impunidad es el rasgo común en casos como el de los asesinatos de las activistas Josefina Reyes, Marisela Escobedo, Josefina Chávez y Beatriz Cariño; y en el de las periodistas Elvira Hernández Galeana y Yolanda Ordaz.
Recuento de los daños
Con Felipe Calderón al frente del Ejecutivo federal, el Estado mexicano ha sido condenado en cinco ocasiones por incurrir en graves violaciones a los DH. De este modo, México es el país, sólo después de Colombia, con el mayor número de denuncias (232) ante la CIDH.
En noviembre 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió la primera sentencia contra el Estado mexicano. Se trata de tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, perpetrados en 2001 en el predio conocido como Campo Algodonero.
La segunda condena la recibió en diciembre de 2009, la cual se refiere a la desaparición forzada del luchador social Rosendo Radilla, en Guerrero, en 1974.
En 2010 el Estado mexicano recibió tres veredictos más: en octubre tuvo dos condenas por la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo a manos de militares en 2002.
Y en diciembre la CoIDH condenó a nuestro país por la detención arbitraria y tortura de dos campesinos ecologistas de Guerrero, en 1999.
Si bien todas estas violaciones a los DH no se cometieron durante la actual administración federal, sí corresponde a Felipe Calderón castigar a los responsables y resarcir el daño a las víctimas.
A estas condenas en proceso de cumplimiento, se suma el aumento de 45 por ciento entre 2010 y 2011 de quejas por presuntas violaciones a DH ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Simulación
En un lustro, el Estado mexicano ha sido cuestionado a nivel internacional porque lejos de reducir la delincuencia y garantizar la vigencia de los DH, implementó una política de seguridad que simula el respeto de esos derechos.
En el Examen Periódico Universal 2009, elaborado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, México recibió 83 recomendaciones del mecanismo internacional en temas como justicia, armonización legislativa, políticas públicas, discriminación, violencia contra las mujeres, protección de periodistas y derechos de los pueblos indígenas y migrantes, entre otros.
En cinco años, representantes de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos han visitado el país, entre ellos los relatores de Libertad de Expresión, de Defensores de Derechos Humanos, de Migrantes, de Independencia de Jueces y Abogados, y de Personas Privadas de la Libertad.
En sus observaciones preliminares las y los relatores constataron el clima de zozobra que afecta la vigencia de los DH de la población, y manifestaron su preocupación por la violencia y el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
En 2010, organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que el Estado mexicano simula cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de DH.
Tal es el caso de instancias ciudadanas como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Las agrupaciones acusaron al Estado mexicano durante la revisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Respecto a la sentencia de la CoIDH sobre el caso Campo Algodonero, igualmente la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y Justicia para Nuestras Hijas no se han cansado de reiterar el incumplimiento de las autoridades respecto al castigo a los responsables de feminicidio y la reparación del daño.
Defensoras y periodistas
En el documento “Protección para periodistas y defensores de Derechos Humanos”, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señala como necesaria la implementación de políticas de seguridad ciudadana acordes con el pleno respeto y garantía de los DH.
La oficina reconoce que periodistas y defensores de DH se han convertido en uno de los sectores de la sociedad más vulnerables a la violencia e inseguridad, lo cual tiene un impacto negativo en las condiciones en que ejercen sus actividades.
Del 1 de enero de 2006 al 31 de agosto de 2009, la instancia de Naciones Unidas contabiliza un total de 36 defensoras, 72 defensores, 17 organizaciones civiles y seis familiares que fueron presuntamente víctimas de algún tipo de agresión.
En el caso de periodistas, las organizaciones civiles Cencos y Artículo 19 informan que en 2010 29 mujeres periodistas fueron víctimas de agresión, las cuales se caracterizaron por amenazas con componentes sexuales y con alusiones hacia sus familias.
De acuerdo con la OACNUDH, las amenazas, intimidaciones, actos de hostigamiento, detenciones arbitrarias, interposición de acciones legales infundadas, asesinatos y otras formas de agresión, muestran el grave entorno en el que desarrollan sus actividades.
Fin a políticas represivas
En opinión del coordinador del programa de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), José Enrique González Ruiz, el concepto de seguridad tiene que ser de “seguridad humana” y no “democrática”.
Explica que la seguridad democrática hace referencia a políticas represivas mientras que la seguridad humana toma en cuenta el respeto de los DH y no deja en vulnerabilidad a la ciudadanía.
En sus informes, la OACNUDH observa que México atraviesa por un momento crítico debido a que la violencia plantea serios retos para las autoridades.
En diciembre de 2009 la ONU y la OEA elaboraron el “Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos”, en el que afirman que el concepto de seguridad en nuestro país debe cambiar para dejar de concentrarse sólo en más “policías y cárceles”.
Foto: México - Vestido de militar, el presidente Felipe Calderón rinde "tributo" a las Fuerzas Armadas. / Autor: LA JORNADA
Fuente:Argenpress
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